Cartagena, 10 jul (SP). “Quiero saludarlos muy respetuosamente.
Podríamos enmarcar esta reunión afirmando, apreciados compatriotas, que cuando el mundo señaló serias falencias a las regulaciones del sistema financiero internacional, que lo llevaron a cambiar la noción de que el capital es un activo de creación de riqueza social, por aquella equivocada noción de que el capital es un activo inagotable de especulación, Colombia se había puesto a salvo de ese riesgo, con un manejo, durante muchos años, siempre en avance de unas regulaciones severas, sin ser desequilibradas, que ayudaron a llegar a esta crisis con un sistema financiero sólido.
Quiero destacar, uno ve las reuniones del G-20, del G-8, todos afanosamente buscando cuáles son las nuevas regulaciones que hay que introducir y Colombia se había anticipado bastante.
Al hablar de tres hechos importantes, podemos decir que este es el primero:
Llegamos a esta crisis con un sistema financiero sólido, por fortuna.
Yo veo que en la crítica democrática se habla de las utilidades del sistema financiero, pero poco se resaltan otras dos circunstancias: su contribución real a las finanzas de los municipios, a las finanzas de la Nación, y poco se resalta la circunstancia de que es muy positivo para el país haber podido llegar a esta crisis con un sistema financiero sólido.
El segundo hecho:
Durante estos años de Gobierno hemos pagado con puntualidad los bonos de Fogafin. Años de 900 mil millones de deuda del Presupuesto Nacional; años de un billón 100 mil millones. Hemos cumplido rigurosamente con esos bonos que en su momento permitieron el rescate fundamental de la banca pública.
Yo creo que ahí hay un punto de ahorro bien importante para destacar. En estos años, el seguro de depósito ha pasado de 400 millones de dólares a 3 mil. Un ahorro bien importante y bien cuantioso.
Para qué hablar de otros indicadores del sistema financiero colombiano. Uno ve en algunos países desarrollados enormes dificultades, porque el índice de solvencia se les cayó por debajo del 7, del 6 por ciento. En Colombia se ha sostenido por encima del 14. Y aquí, las coberturas que llegaron a situarse en un 0,39, en los últimos tres meses han oscilado entre el 1,11 y recientemente el 1,09.
Otro hecho importante para resaltar es que una vez saneados los bancos estatales y los bancos intervenidos, se vendieron bien, oportunamente, y de manera transparente.
Habría que pensar qué estaría ocurriendo de no haber hecho eso en el momento en que se tomó la decisión de adelantarlo.
No puedo avanzar en estas palabras, apreciados compatriotas, sin regresar a algo elemental:
Los gobiernos necesitan tener unos objetivos; compartirlos con los ciudadanos diariamente; mejorar el camino para alcanzarlos, y ser, por convicción, repetitivos, a fin de cimentarlos solidamente en la conciencia de la Nación.
Nuestro objetivo fundamental es uno: profundizar la confianza en Colombia, sobre tres elementos: la seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social.
Yo diría que Colombia ha adelantado en los años una política bien balanceada. Algo que debe honrar a nuestra democracia es que a medida que hemos avanzado en el rescate de la seguridad, también hemos logrado mayores tasas de inversión y mejores coberturas sociales.
Una política balanceada que es fundamental para la gobernabilidad social.
Colombia es un país que a mi juicio tiene más debate político que confrontación social. Y el debate político, por supuesto, no deja ver los avances en el tema de la gobernabilidad y del acuerdo social; en el tema de la reducción de la confrontación social.
Esa reducción en buena parte está explicada por la adopción y desarrollo de una política bien balanceada. Balance en el cual todo lo que es la cobertura social ha estado acompañando, con toda la fuerza, al avance en seguridad.
Avances en Seguridad Democrática
En seguridad hemos avanzado. Los hechos demuestran que todavía no hemos llegado a un punto en el cual la Seguridad Democrática sea irreversible. Hay riesgos de que en el tema se reverse. Por eso hay que proceder todos los días y hablar con toda claridad sobre el tema con todos los compatriotas.
No quiero fatigarlos con cifras. Voy a referirme a algunos intangibles de la Seguridad Democrática.
Hemos recuperado dos monopolios que el Estado nunca debió perder: el monopolio para combatir a los violentos y el monopolio de la Justicia.
Hemos desmantelado el paramilitarismo. La palabra ‘paramilitar’ se utilizó en Colombia para denominar las bandas privadas criminales, cuyo objetivo era combatir a la guerrilla.
En el país tenemos hoy narcotráfico y guerrilla narcotraficante. Ellos se mantienen en una relación mafiosa. En algunas partes del país están unidos, y en otras partes del país se pelean. Se unen o se enfrentan alrededor del botín del narcotráfico.
Pero lo fundamental en todo el país es que es el Estado, a través de su institución constitucional armada, el único que confronta la criminalidad. Es un gran paso haber recuperado ese monopolio.
En muchas regiones de Colombia los cabecillas paramilitares y guerrilleros habían desplazado y reemplazado la Justicia. Los pleitos de familia, los pleitos entre vecinos, crímenes mayores y menores no eran ya conocidos por los fiscales y por los jueces, sino por los cabecillas de las organizaciones criminales.
Se ha recuperado la Justicia en todo el territorio.
Reparación a las víctimas
Algo bien importante: el tema de las víctimas.
De las víctimas se hablaba en los funerales, pero las víctimas no reclamaban por temor o porque lo encontraban inútil. Su reparación no tenía importancia en la agenda pública nacional. Hemos avanzado.
Hoy tenemos 240 mil víctimas registradas y hemos empezado el proceso de reparación en su componente monetario.
La semana pasada, el domingo, en la ciudad de Popayán (Cauca) se inició el proceso. Este domingo continuará en la ciudad de Montería.
Este año se aplican los primeros 100 millones de dólares para unas 10 mil víctimas, y se incluirá para el presupuesto de 2010 y de la preparación del anteproyecto del presupuesto de 2011, partidas para avanzar en el proceso de reparación pecuniaria de las víctimas.
Reparación total no hay, pero cualquier esfuerzo de reparación, todo esfuerzo de reparación, ayuda a anular gérmenes de venganza y de odio.
El país tiene que hacer un gran esfuerzo fiscal en el tema. Nuestra legislación ha avanzado. Lo que no podemos es que por afanes electorales, de vísperas de comicios democráticos, expidamos leyes de la República que, por exageradas en sus cuantías, terminen con una imposibilidad de aplicación que finalmente niegue la reparación de las víctimas.
El proyecto de ley que el Congreso rechazó, y que finalmente teníamos todas las alternativas que se venían construyendo desde la Ley de Reparación, Justicia y Paz, el proyecto rechazado le habría costado al erario 85 billones de pesos, en un sector público nacional que recauda este año alrededor de 67 billones.
Otro tema bien importante:
Colombia ha enfrentado un desafío terrorista, el más grave del continente, un terrorismo criminal y rico, con más que autosuficiencia en materia de recursos, Colombia lo ha enfrentado con legislación ordinaria, no con legislación marcial. Lo ha enfrentado sin suspender libertades; con plenas garantías a los derechos políticos. Creo que eso honra a nuestra democracia.
Los colombianos estaban en la tendencia en muchas regiones de la Patria de buscar resolver el problema de seguridad por sus propios medios.
Hoy se ha recuperado la confianza en las instituciones. Es creciente el número de compatriotas que acuden a las instituciones en búsqueda del servicio público de seguridad, y que coopera con ellas.
Se empieza a recuperar algo bien importante que el país no puede perder de vista: tanto en Bogotá como en las regiones ya hay a quien llamar; ya hay representantes de las instituciones a quienes acudir en búsqueda del servicio de seguridad.
En Bogotá, la ciudadanía era permanentemente martirizada por las milicias Antonio Nariño de las Farc, por los grupos paramilitares de Miguel Arroyave y otros.
Eso se desconocía. La ciudadanía lo sufría, y las instituciones querían ocultarlo. Y así pasaba en todas las regiones de Colombia.
Debo repetir diariamente a mis compatriotas que es muy importante comprometer a los funcionarios en la tarea de estar atentos en todos los momentos para recibir las quejas, atender los reclamos de los ciudadanos en materia de seguridad.
Financiación de la Seguridad
Esta tarea de seguridad se ha financiado sin sacrificar lo social.
Qué grave sería que aquel argumento que se esgrimió al inicio de la Seguridad Democrática de que el país entraba en la guerra en desmedro de lo social, hubiera tenido sustento en la realidad.
Hemos financiado la seguridad con un esfuerzo de los sectores más pudientes de la Nación. No hemos financiado la seguridad a expensas de la política social.
Basta ver, como ya lo decía, cómo el avance de la seguridad ha sido acompañado por las inversiones sociales. Ese segundo gran punto para la construcción de confianza, la confianza de inversión.
Y a esto no es ajeno al sector financiero. Yo sé que se puede discutir acerca de la regulación; que en unos países se alega la falta de regulaciones, y en el caso de Colombia también se alega el exceso de regulación.
Sé que se puede discutir sobre ese impuesto antitécnico que es el 4 por mil, hoy deducible en un punto, y que además no se le aplica a las cuentas de alguna cuantía, aproximadamente hasta ocho millones de pesos de movimiento mensual, que pueda tener hoy cada ciudadano.
Yo sé que se puede discutir si la economía política permite o no, si aconseja o no, que el Estado tenga techos de usura.
Todo eso se puede discutir, apreciados compatriotas.
Pero la confianza hoy en el contexto latinoamericano depende de un punto mucho más de fondo: la garantía política a la iniciativa privada. La garantía política al emprendimiento no está asegurada hoy en el continente. Se encuentra en riesgo en muchos países.
Diría yo que es el primer punto que distingue a Colombia: es un país avanzando en la garantía política al emprendimiento, en la garantía política a la empresa privada, y esto es fundamental, por supuesto, con la exigencia de responsabilidad social.
Responsabilidad social que entendemos en las relaciones de transparencia entre la inversión y el sector público; en los compromisos de la inversión con los sectores vulnerables de la Nación, como el creciente compromiso que agradezco del sector financiero con el programa de Banca de Oportunidades.
Responsabilidad social que se traduce también en la fraternidad en las relaciones laborales, por oposición al odio de clases o al capitalismo salvaje. Responsabilidad social que implica volver por el camino de reconocer que el capital es un factor de construcción de riqueza social, y no un factor de especulación.
Para cimentar esa confianza, Colombia ha hecho una serie de reformas y otras están pendientes. Y muchas de esas reformas se han introducido enfrentando una oposición de muchos años frente a los temas.
La reforma a las transferencias la aprobó valerosamente al Congreso, cuando la Plaza de Bolívar estaba abarrotada de ciudadanos que se oponían a esa reforma.
Algo semejante ocurrió con la reforma que desmontó los regímenes privilegiados de pensiones.
Reforma Administrativa
Se han introducido reformas de gran importancia en lo laboral, en lo pensional, diría yo que la más importante de ellas es la reforma administrativa, que nos permite ir haciendo el tránsito de En estado burocrático que destruye valor, a un Estado Comunitario que construye valor.
Hemos reformado 427 entidades del Estado. Seguiremos reformando entidades del Estado hasta el último día de Gobierno.
Esa reforma le ha ahorrado al presupuesto 6.28 por ciento del PIB. Esa reforma ha incluido empresas como Telecom, como Ecopetrol, como las clínicas del Seguro Social.
Si ustedes van a la clínica del Seguro Social de Cartagena, la Clínica Enrique de la Vega, encuentran que ha hecho un gran tránsito: el tránsito del desgreño estatal a la eficiencia social.
Este Gobierno no ha cerrado hospitales, pero ha reformado muchos y culminará con la reforma de todas las clínicas del Seguro Social.
En Bogotá, por ejemplo, esas clínicas ya no están manejadas por la politiquería y los excesos sindicales, sino por una asociación entre la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, la Caja de Compensación Compensar y la Universidad del Rosario.
Reformamos a Ecopetrol, en contra de la tendencia política prevaleciente en América Latina.
Cuando algún fundamentalismo latinoamericano advertía que no se permitía que el sector privado participara en las empresas estatales de petróleo, aquí no solamente hicimos la reforma laboral y pensional de Ecopetrol, sino que también avanzamos para que más de un 10 por ciento de su estructura de capital fuera aportada por cerca de 500 mil colombianos.
Pero la Reforma Administrativa tiene que continuar todos los días y ese es un compromiso del Gobierno.
Agenda legislativa aprobada por el Congreso
Celebró la reciente agenda legislativa que aprobó el Congreso de la República.
Creo que hay aspectos muy importantes para dar más confianza en la transparencia del sistema financiero, como las publicaciones a las cuales se acaba de referir, en su muy acuciosa intervención, la doctora María Mercedes Cuéllar, Presidenta de Asobancaria.
Destaco de esa reforma:
La mayor flexibilidad para poder manejar con mejores resultados los fondos de pensiones. Los tres niveles: el nivel para las cuentas de los trabajadores más jóvenes; el nivel para las cuentas de los trabajadores intermedios, y el nivel para el manejo de los ahorros de los trabajadores que tienen una expectativa de pensión más próxima.
Y un segundo punto: uno de los problemas graves que tiene Colombia en el área social es que a pesar del crecimiento en la afiliación de los colombianos al sistema de pensiones, de nuestros casi 19 millones de ciudadanos que hacen parte de la población ocupada, más de 10 millones parecería que no tienen expectativa de pensión.
Un problema grande de la sociedad colombiana que tiene que resolverse para las nuevas generaciones, a medida que recuperemos un ritmo de crecimiento y que ese ritmo de crecimiento nos permita ir haciendo este tránsito de los altos niveles de informalidad, a mayores porcentajes de formalidad.
La Reforma Constitucional de 2005 autorizó al Gobierno para que en virtud de la Ley pueda garantizar un ingreso de retiro a los trabajadores de los sectores vulnerables sin expectativa de pensión.
La Reforma Financiera legal que acaba de aprobar el Congreso ya hizo ese reglamento ordenado por la Constitución.
El Gobierno, en el periodo que le resta, avanzará con toda la velocidad que le permitan los recursos del Fondo de Solidaridad, para invitar a los colombianos de los sectores vulnerables a que vayan abriendo sus cuentas de retiro y el Gobierno vaya certificando la entrega de unos recursos que acompañen esas cuentas de retiro, para que estos compatriotas, en el momento que cumplan la edad de la Ley, puedan tener un ingreso de retiro que no es equivalente a la pensión, porque la pensión en Colombia, por definición constitucional, no puede ser inferior al salario mínimo.
Pero yo creo que ahí damos un paso práctico social de gran importancia, mientras el país va vinculando a la cobertura del sistema pensional a un mayor número de ciudadanos.
Tenemos reformas pendientes de mucha importancia.
Aspiramos que en el periodo congresional que se inicia el 20 de julio, se dé aprobación a varias reformas de la Justicia, una de las cuales es aquella que agiliza trámites para poder descongestionar estructuralmente la Justicia.
Este proceso, el de la seguridad, el del aseguramiento político al emprendimiento, el de las diferentes reformas, ha logrado bastantes buenos resultados en el frente de la inversión.
El 19 de junio se certificó que en Colombia este año se han recibido como inversión extranjera directa más de 3.800 millones de dólares. Por supuesto, es menos que el año pasado, pero es mucho más que en cualquiera de los años del promedio anterior.
En los años anteriores, la inversión extranjera directa se situaba en 500, 700, 1.000; picos de 2 mil millones de dólares.
En los últimos años hemos tenido inversiones de 8 mil 500 (millones), 6 mil 500. En el 2007, 9 mil 28 millones de dólares. El año pasado 10 mil 564, y a 19 de junio una cifra por encima de tres mil 800 (millones de dólares).
El país está de moda. Yo creo que es un tema bien importante para la inversión en todos los sectores de economía, y para la inversión en el sector financiero.
Creo que es un tema fundamental. Y consolidar esa confianza en el país tiene que ser un propósito de las grandes mayorías de compatriotas.
Yo no veo, apreciados compatriotas, manera distinta, en una sociedad de 46 millones de ciudadanos, de superar la pobreza y de construir equidad, no veo manera distinta a la de mantener una tasa alta de inversión, sostenida en el tiempo. Que depende mucho, también, de la inversión doméstica; del regreso de la inversión de los colombianos que se habían fugado del país, a nuestro territorio.
Esa tasa de inversión ha pasado en estos años del 14 por ciento a niveles entre el 24 y el 28. En el primer trimestre de este año, no obstante las dificultades de la economía, esa tasa se situó en el 25 por ciento.
Tenemos que hacer el esfuerzo para que la tasa de inversión en Colombia no se reduzca por debajo del 25 por ciento.
Cohesión social
En el tema de cohesión social quiero referirme a algunas de las políticas en las cuales hemos avanzado.
El tema educativo:
En estos años la cobertura de educación básica ha pasado del 78 por ciento y está logrando el ciento por ciento.
La cobertura de educación media ha pasado del 57, casi al 80 por ciento.
Hoy tenemos alrededor de un millón 700 mil estudiantes universitarios. Teníamos menos de un millón.
En el Sena se ha presentado un gran avance. Colombia es el país líder, hoy, en formación vocacional en la región latinoamericana.
Hemos pasado de formar un millón 100 mil colombianos por año; el año pasado formamos seis millones, y este año repetiremos con seis millones.
En el Sena teníamos matriculados 41 mil colombianos en programas técnicos y tecnológicos. Hoy, 295 mil.
Pero como parte de la política anticíclica, ahora se han abierto cupos en el Sena para otros 250 mil colombianos, especialmente orientados a los nuevos oficios, porque entendemos que la crisis económica, en todo el mundo, dejará sepultados, sin posibilidades de resurrección, muchos de los empleos perdidos.
El Sena hoy se apresta a llegar a un millón de colombianos que reciben clases de inglés a través de Internet. La mayoría de los profesores desde San Andrés (Providencia y Santa Catalina).
Creo que se ha convertido el Sena en la institución líder para promover la enseñanza del inglés, como la segunda lengua masiva en nuestro país.
El Ministerio de Comunicaciones ya ha contratado la instalación del cable submarino, para remplazar la transmisión satelital desde San Andrés y hacer de San Andrés un gran centro de informática y de todos sus servicios.
Una de las instituciones reformadas es el Icetex. Tenía préstamos a 60 mil colombianos. Hoy se aproxima a 300 mil colombianos con esos créditos.
Si ustedes me preguntaran sobre preocupaciones por deficiencias en educación, les diría que el tema de infraestructura. Las coberturas han desbordado la infraestructura. Ahí tiene que hacer el país un inmenso esfuerzo.
Si bien hemos tenido un gran desatraso en telefonía celular, todavía tenemos un trabajo muy grande para ponernos al día en conectividad con banda ancha.
Hoy el país entrega, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 14 millones 156 porciones alimentarias al día. El país ha avanzado enormemente en nutrición, pero hay un gran atraso en cobertura de educación para la primera infancia.
Apenas este año vamos a lograr 300 mil niñitos de los sectores más pobres en los programas de cobertura de educación para la primera infancia.
Creemos que la calidad tiene que mejorar mucho, pues además de las pruebas del Icetex tradicionales, se han introducido las pruebas Saber, para todos los niveles de educación. Las pruebas para aquellos que se gradúan en los diferentes programas universitarios. Ya los profesores no se nombran por recomendación política, se nombran por concurso.
Hemos adoptado un nuevo escalafón para el magisterio, que premia más la calidad en la enseñanza, el nivel de preparación de los profesores, y ya hay 60 mil profesores en el nuevo escalafón.
Quiero agradecer a ustedes su cooperación en Banca de Oportunidades.
Es un sistema que hace pocos días, en esta ciudad, lo vió con admiración el profesor (Muhammad) Yunus (Premio Nobel de la Paz 2006) en el cual participan, por igual, el sector público y el privado; las instituciones financieras del primer piso y los bancos de segundo piso; las instituciones financieras sometidas a la supervisón y las instituciones de las organizaciones no gubernamentales.
Nos hemos propuesto, como parte de la política anticíclica, entregar este año, en la compañía de ustedes, millón y medio de microcréditos. Para el cuatrienio se habían definido cinco millones de microcréditos.
Un corte a fecha reciente nos muestra que ya habíamos logrado tres millones 900 mil. De ellos, más de un millón 100 mil corresponden a colombianos que por primera vez han recibido un crédito institucional, y que han hecho el transito del mercado negro de la usura al crédito institucional.
Eso está en concordancia con la apreciación de la doctora María Mercedes (Cuellar, Presidente Asobancaria), en el sentido de que en los últimos años, tres millones de colombianos han permitido un aumento proporcional en la bancarización.
Si bien esa bancarización ha crecido 20 puntos en este Gobierno, su nivel actual, entre el 57 y el 60 por ciento, todavía es muy bajo, y queremos hacer con ustedes todos los esfuerzos para estimularla.
Por eso vemos con mucho optimismo el esfuerzo de que todos los colombianos beneficiarios de la Red Juntos, esas dos millones 700 mil familias colombianas que están hoy en el programa Familias en Acción, programa que estaba en 220 mil familias, que todos ellos estén vinculados a las instituciones financieras, tengan allí su semilla de ahorro y que esos pagos que hace el Gobierno lleguen a esas cuentas.
Qué bueno que en los próximos días quede perfeccionado el acuerdo entre Acción Social y Asobancaria.
El programa de Familias en Acción es uno de los programas estructurales sociales más importantes, porque garantiza que las familias del nivel uno y las familias desplazadas reciban un subsidio condicionado del Estado, para garantizar la asistencia escolar de sus hijos durante todo el ciclo.
Eso es lo que definitivamente, en la medida que tenga sostenibilidad y dinamismo, puede abrir las avenidas del ascenso social, que son fundamentales en las democracias.
Quiero omitir, por hoy, el tema de infraestructura y referirme al tema de la tributación, al tema de las normas laborales y al tema de las instituciones democráticas.
Tributación
Nosotros hemos buscado en este Gobierno una política tributaria que estimule la inversión. Nuestra idea no ha sido la de introducir privilegios ni tampoco la de rebajar, sustancialmente, las tarifas para todos los contribuyentes.
El principio que nos ha guiado es el de dar un tratamiento estimulante al inversionista; el de hacer saber al inversionista que él recibe en Colombia un tratamiento diferente, en comparación con aquel contribuyente que no invierte.
Hemos introducido unos incentivos de gran importancia, sectoriales y generales: el incentivo a los cultivos de tardío rendimiento, el incentivo a los combustibles biológicos, el incentivo al software, el incentivo a otras actividades como el turismo. Y la inversión ha respondido.
Y también incentivos generales: el incentivo de las zonas francas, la deducción del 40 por ciento. Y a eso se han sumado lo de los acuerdos de estabilidad.
Porque la ciudadanía pregunta: ‘bueno, a mi me ofrecen hoy unos incentivos. Me atraen a invertir, pero ¿cómo me van a dar seguridad de que mañana no me van a cambiar las reglas de juego?’.
Por esa razón elemental el Congreso (de la República) nos aprobó, finalmente, la Ley que nos permite los acuerdos de estabilidad en las reglas de juego.
Nosotros creemos que un país que hace poco introdujo estos incentivos, que apenas está en los primeros dos años de aprobación del nuevo concepto de zona franca, que apenas está con los primeros contratos de estabilidad, es un país que tiene que demostrar visión de largo plazo; que no puede, por razones de la afugia de la crisis económica, entrar a echar reversa en estos pasos tan importantes para atraer inversión.
Por eso, el Gobierno ha dicho que debemos hacer ajustes, pero manteniéndonos dentro de la línea trazada.
Los gobiernos deben trabajar por unos objetivos, deben avanzar en busca de esos objetivos. El avance implica no caer en el extremo del estancamiento, tampoco caer en el extremo de los ‘bandazos’. Ni estancamiento ni ‘bandazos’.
Por eso, ahora necesitamos hacer un ajuste tributario que no se saldrá de la política de incentivos de estímulos a la inversión.
Por ejemplo, en cuanto a la reinversión de utilidades, inicialmente se aprobó en nuestra Reforma Tributaria de 2003, una deducción para todos los sectores de la economía que ha sido ampliamente conveniente, también, para el sector financiero, del 30 por ciento. Pero fue un diferimiento.
Definida la norma que en el momento que la respectiva entidad contribuyente tomará la decisión de repartir utilidades en cabeza de los accionistas se pagaría el costo de la deducción.
En la Reforma Tributaria de 2006 el Gobierno introdujo dos modificaciones: elevó la deducción del 30 al 40 por ciento y la convirtió en deducción consolidada.
¿Qué vamos a proponerle ahora al Congreso y al país?
Que se regrese al nivel de 2003, a la deducción del 30 por ciento, que se consideró que era suficiente para estimular la reinversión de utilidades, pero que se mantenga el concepto de 2006.
Esto es una deducción en firme, no un diferimiento, porque lo que sí se ha comprobado es que los inversionistas reaccionan mejor cuando la deducción es en firme y no cuando se constituye en una deducción precaria, que se convierte simplemente en un diferimiento.
En cuanto aquello del patrimonio: si algo honra nuestra democracia, repito, es que los sectores más pudientes de Colombia hayan llevado la responsabilidad de financiar la política de seguridad.
Coméntenlo ustedes con sus compañeros de trabajo y con sus familias; piensen en aquel escenario que se habría dado si hubiéramos permitido en los hechos, en la política del Gobierno, que tuviera razón el argumento con el cual se enfrentaba la Seguridad Democrática, en el sentido de que avanzaría a expensas de la política social.
Eso nos habría creado una controversia social que haría insostenible la Seguridad Democrática.
Ha sido muy importante para aclimatar la Seguridad Democrática, acompañarla de la política social y poder decir, con fundamento en los hechos, que los sectores más pudientes de la Nación han financiado la Seguridad Democrática.
Por eso, vamos a pedir ahora otro esfuerzo en la reforma que se va a presentar el 20 de julio. Creo que es un esfuerzo bien importante para la disminución del conflicto social de Colombia, para la sostenibilidad de la Seguridad Democrática, y también para la confianza doméstica e internacional en el país.
Por supuesto, un esfuerzo prudente. Y nos proponemos mantener, con el ajuste indicado, los estímulos a la inversión.
Contratos de estabilidad
En cuanto a los contratos de estabilidad, el Gobierno ha sido consciente que no pueden acumularse dos beneficios: el beneficio de la zona franca y el beneficio de las deducciones.
Por eso, el Gobierno no ha permitido, con los contratos de estabilidad, se introduzca la garantía sobre los dos beneficios.
El Gobierno va a promover ahora lo que estuvo a punto de convertirse en ley en el proyecto que no se aprobó de estímulos a la segunda vivienda; que el beneficio de la deducción del 30 por ciento no sea adicional al beneficio de la zona franca. O lo uno o lo otro.
Además, creemos que los contratos de estabilidad no deben incluir, mientras se aprueba la reforma, techos en deducción superiores al 30 por ciento de las inversiones.
Y, además, creemos que los contratos de estabilidad no deben incluir tarifas transitorias de patrimonio, porque también los contribuyentes deben saber que así como el Estado les da todas la garantías por su inversión, el Estado también necesita enfrentar contingencias. Eso da confianza, eso da seguridad.
He leído con toda atención la preocupación de ustedes para que haya prudencia en las nuevas propuestas tributarias. Y así procederá el Gobierno.
Los invito a que nos acompañen en la idea de mantener y difundir los incentivos. Ha sido muy importante para ayudar a construir más confianza inversionista en Colombia.
Tomar decisiones de inversión en Colombia no ha sido fácil.
Ayer me reunía con un señor que hasta hace algunos años fue presidente de Walt Disney y hoy es uno de los grandes fabricantes mundiales de confites y de productos asociados con algunos deportes.
Me decía que tiene una fábrica en China, otra en Tailandia. Que necesita una este hemisferio. Que jamás había pensado en Colombia y que ahora está próximo a tomar la decisión de instalar esa factoría en Colombia.
Si ustedes visitan la zona industrial de Mamonal, díganle a la señora Alcaldesa (Judith Pinedo) que les haga un tour. Encontraran allí una gran cantidad de factorías en proceso de construcción, a pesar de esta crisis. Y ha sido muy incidente, en esos nuevos proyectos, aquella política de los estímulos a la tributación.
Cuando apenas se está dando a conocer esta política, cuando apenas algunas personas empiezan a mirar a Colombia, cuando a penas algunos proyectos se empiezan a estudiar para instalarse en Colombia, creo que haríamos un enorme mal si echamos para atrás esos instrumentos.
Comparto con la doctora María Mercedes (Cuéllar) su afirmación de que la solución al problema del desempleo no es el desmonte de los parafiscales. En un país con tanta pobreza, con tanta inequidad, los parafiscales ayudan enormemente.
Yo diría que la inequidad en la distribución del ingreso en Colombia se debe es a la informalidad, porque las cargas laborales, prestacionales y parafiscales de los empleadores del sector formal están orientadas a construir una gran equidad.
En otros países del continente la afiliación a la seguridad social la paga en su totalidad el trabajador. Aquí casi en su totalidad la paga el empleador.
Los empleadores pagan ocho puntos de los 12 en salud. Pagan 10 puntos de los 13 y medio, 14 y medio en pensiones. Los empleadores pagan la totalidad del costo de riesgos profesionales, y los empleadores pagan la totalidad de los nueve puntos del Sena, las cajas de Compensación y Bienestar Familiar.
Y el país no puede olvidar el conjunto de reformas que se han venido introduciendo en estas materias. La doctora María Mercedes se refería a la Ley 50 de 1990 y a nuestra Reforma Laboral de 2002.
Los mayores en esta reunión recordamos aquel daño que se creaba para las empresas con el viejo sistema de retroactividad de las cesantías y para los trabajadores. Se quebró Aerocóndor. Los trabajadores tenían en los libros unas acreencias muy importantes y esas acreencias quedaron defraudadas.
Cuando se habla de nuevas reformas laborales se debe hacer el recorrido de lo que han sido las reformas laborales del país.
Yo diría que el momento es para lograr una gran estabilidad en las normas laborales.
Le hemos pedido al Congreso que nosotros no podemos quitarles beneficios a los trabajadores ni aumentar los obstáculos al empleo.
El Congreso, con toda responsabilidad, evitó el desmonte de la Reforma Laboral de 2002.
¿Qué hubiera pasado sin en esa Reforma Laboral, en los almacenes de cadena, en los hospitales, en los restaurantes, en eso sectores que tienen que trabajar de día y de noche, que tienen que trabajar dominicales y festivos?
Creemos que esa Reforma fue de gran importancia.
La tuvieron subjudice hasta hace poco. Y, además, diariamente se le combate en el debate político.
Me decían algunos congresistas amigos: ‘Presidente, es que para nosotros es muy difícil. Si nosotros negamos esta contrarreforma nos van a acusar de enemigos de los trabajadores, y estamos en las vísperas electorales’.
Creo que las mayorías del Congreso procedieron con toda visión y con toda responsabilidad.
Pero así como hemos defendido que en nombre del halago a los trabajadores en vísperas electorales no le creemos nuevos obstáculos al empleo, también creemos que Colombia tiene que mejorar todos los días a Bienestar Familiar, al Sena y a las Cajas de Compensación, pero no puede desmontar beneficios de los trabajadores.
Yo diría, apreciados compatriotas, que tenemos una legislación laboral muy equilibrada: con un suficiente margen de flexibilidad para los empleadores, y con un margen de estabilidad bien importante para los trabajadores.
Que en los últimos años hemos avanzado al obligar a las cooperativas de trabajo asociado a pagar todas las obligaciones prestacionales y afiliación a la seguridad social, parafiscales, al prohibir que las cooperativas de trabajo asociado sean intermediarios laborales.
Que hemos avanzado, también, al transferir del Ejecutivo a la Justicia, por Ley de la República, la competencia para declarar que una huelga es ilegal.
Creo que hemos introducido unos ajustes laborales que han ayudado a consolidar ese equilibrio.
Por eso mi invitación es a que el país, especialmente en este momento, haga una reflexión sobre la necesidad de estabilidad en las normas laborales.
Tema bien riesgoso. Porque diariamente vemos propuestas en uno u otro sentido, antagónicas. Y por el Congreso pasan 60 proyectos, y hoy, en esa materia, la labor más benéfica del Congreso para el país en su conjunto no es producir leyes, sino evitar proyectos peligrosos.
Churchill (Winston Churchill, estadista inglés) lo decía: ‘Se suele medir a los congresos por las leyes aprobadas, y en muchas ocasiones hay que medirlos por las leyes que han dejado de aprobar’.
Llamo la atención sobre la necesidad de rechazar gran cantidad de proyectos que nos pueden crear enormes dificultades laborales.
Nosotros hemos avanzado mucho ten el tema de Bienestar Familiar.
Ya les di la cifra de 14 millones 156 mil porciones alimentarias al día. El país va logrando un gran avance en nutrición infantil. Yo creo que vamos a lograr el ciento por ciento de cobertura en nutrición infantil.
El Congreso ha mejorado la beca a las madres comunitarias. Se están instalando los Hogares Múltiples en el país. El Congreso introdujo la gratuidad educativa. El Congreso introdujo los nuevos recursos para los niños menores de 5 años.
Pero ahora lo que no se puede permitir es la laboralización de las madres comunitarias. Ese día cierran a Bienestar Familiar.
Yo se los he dicho a ellas en el país, y se los repetiré mañana aquí en Cartagena: está bien vincularlas al Fondo Nacional de Ahorro, gracias a la reforma del Fondo del Ahorro; mejorarles su beca; vincularlas a las Cajas de Compensación; avanzar con ustedes en los Hogares Múltiples. Pero, si nosotros aprobamos el proyecto de ley que va a convertir la relación de servicios que ustedes tienen con el Estado en una relación laboral, ese día tendríamos que cerrar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Entonces, me preguntarán muchos compatriotas: ‘¿Si la solución al empleo no está en las normas laborales, dónde está?’.
Yo diría que en una tasa sostenida, elevada, prolongada en el tiempo, de inversión, apreciados compatriotas.
Les he preguntado a los economistas si ellos ven hoy medidas que estimulen al empleo, distintas a las medidas que estimulan inversión. Y ese es un debate que no alcanzan a sostener.
En una economía que todos los días se integra más a la economía internacional, la norma parecería ser que las únicas medidas que contribuyen a la expansión del empleo de buena calidad, son aquellas medidas que contribuyen a la inversión.
Por eso, nuestro afán de seguir en esa tarea de estimular la inversión.
Y en eso de afiliación a la seguridad social también hay pasos muy importantes:
El país no puede olvidarse que en el año 2000 tuvimos desempleos del 20 por ciento; en el 2002, desempleos entre el 16, el 18 y 19 por ciento. Que en el último año, a pesar de que el último registro del Dane muestra un desempleo mensual del 11,7 -que no es escandaloso frente a la tendencia internacional- que en el último año, con excepción de ciudades como Pereira, Medellín e Ibagué, en el conjunto el país continuamos creando empleo.
Lo que pasa es que ha aumentado enormemente la tasa de participación. Ha aumentado por encima del número de empleos creados.
Nosotros confiamos que si el país mantiene el atractivo de inversión, lo consolida, da señales de largo plazo, se recupera la economía y, con un producto más alto logramos sostener una tasa de inversión no inferior al 25 por ciento, tiene que crecer más dinámicamente, más velozmente el empleo.
Apreciados compatriotas, hoy tenemos 41 millones de colombianos con seguro de salud, en un país de 46 millones de habitantes.
Cuando uno ve lo que se discute en el Congreso de Estados Unidos en reforma de salud, considera que en Colombia se ha avanzado mucho.
Claro que nos quedan problemas: Claro que nos quedan problemas. Muchos compatriotas dicen: ‘bueno, pero es que el sistema de beneficios para los trabajadores vulnerables del Régimen Subsidiado es muy inferior al sistema de beneficio para los trabajadores de Régimen Contributivo’. Ese es un problema. Resolverlo nos vale seis billones. Por eso hay que ir etapa por etapa.
Yo comparto, además de que respeto, la sentencia de la Corte Constitucional. Pero la situación fiscal del Gobierno no le permitiría atender ese requerimiento de la noche a la mañana. Y el mejor camino para atender este requerimiento es mantener el acelerador en la tasa de inversión, a fin de que avance la formalización en el empleo.
Nosotros, de esos 41 millones tenemos ya 18 millones de beneficiarios en lo que es el Régimen Contributivo, que mayormente lo pagan los empleadores.
Si logramos mantener esa tasa de inversión con celeridad y se recupera el ritmo de crecimiento de la economía, nosotros advertimos que vamos a tener una creciente transferencia de trabajadores del Régimen Subsidiado al Régimen Contributivo, con el consiguiente alivio para las finanzas del Estado.
En estos años hemos pasado de 10 millones 600 mil colombianos del Régimen Subsidiado, a 23 millones; en Régimen Contributivo, de 13 millones de beneficiarios, a casi 18 millones de beneficiarios.
En Riesgos Profesionales hemos pasado de 4 millones de trabajadores afiliados, a seis millones 600 mil.
En el Sistema General de Pensiones tenemos hoy ocho millones 761 mil colombianos afiliados. No obstante que hemos crecido en afiliación un 85 por ciento en estos años, todavía es una afiliación baja frente a una población ocupada de casi 19 millones de colombianos.
Por eso la importancia de la última reforma del Congreso.
Trabajamos en un país de una profunda democracia.
La institución democrática más importante –y es bueno entrar en el debate de las instituciones en concreto, no simplemente en la afirmación de interés político, es bueno dar el debate de las instituciones en concreto- tenemos la institución más sólida de todas: la descentralización.
De cada cien pesos de gasto público, las regiones gastan 51.
Hay falta de recursos en todas partes: en los municipios, en los departamentos, en la Nación, pero la descentralización colombiana es sumamente sólida.
El país elige con muy diversos orígenes políticos 32 gobernadores, 1.102 alcaldes. Nosotros hemos procurado crear unidad de Patria, gobernabilidad, entendiendo que el Gobierno Nacional debe colaborar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores, independientemente del origen político de su elección.
Esta es una democracia de opinión, que es mucho más allá que una democracia plebiscitaria. Aquí no se ha aprobado una Ley de la República de importancia, sin un gran debate de opinión.
Lo acabamos de oír en el testimonio de la doctora María Mercedes (Cuéllar, Presidente de Asobancaria): dos años discutiendo en el Congreso de la República esta reforma financiera.
Aquí hemos logrado llegar a esa fase superior del Estado de Derecho que es el Estado de Opinión.
Aquí hay independencia en la Justicia. De los nueve miembros de la Corte Constitucional, tres provienen de ternas que le representa el Gobierno al Congreso de la Republica para periodos de ocho años. Los otros seis de orígenes diferentes.
Solamente una de las salas del Consejo de la Judicatura tiene relación, en su origen, con ternas del Gobierno. El Gobierno no participa en la integración del Consejo del Estado ni participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia.
Si bien el Gobierno presenta las personas para integrar la Junta Directiva del Banco Central, los periodos de ocho años son una gran garantía de su independencia. Y creo que la elección, en dos oportunidades durante este Gobierno, del Presidente del Banco Central ha demostrado nuestro respeto por las instituciones.
Aquí hay un debate político todos los días.
El Presidente de la Republica invita con entusiasmo a sus compatriotas a no desmayar en la búsqueda de la Seguridad Democrática; a acordarnos de dónde venimos; a no desmayar en la búsqueda de mantener una gran confianza inversionista en Colombia; a acordarnos dónde estábamos en materia de empleo.
Invito a los colombianos a acompañar la política social, para que la política social se constituya en el gran aval de la política de seguridad.
Que esto se mantenga en un gran debate democrático.
Y también invito a los colombianos a tener confianza en la solidez de nuestras instituciones democráticas. Las iba a derogar el terrorismo.
La Seguridad Democrática se ha constituido en el gran elemento de recuperación de las instituciones democráticas.
El 8 de agosto del 2002, cuando el Gobierno instalado, en la tarde del día anterior, acudió todavía sin que despuntara el sol en la ciudad de Valledupar, de esta ciudad no se podía salir ni a Riohacha, ni a Santa Marta ni a Bucaramanga, por los retenes de la guerrilla y por los retenes del paramilitarismo.
Y en la tarde encontramos la totalidad de los alcaldes del departamento del Caquetá en la capital de Florencia, porque los grupos terroristas no los dejaban cumplir los mandatos populares en sus municipios. En esta situación había 400 alcaldes en Colombia.
Muchas gracias, apreciados compatriotas”.
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