Montería, 12 jul (SP). “Nos reunimos hoy por segunda ocasión, para avanzar en este proceso.

Todo esfuerzo que se haga por la reparación, no alcanza a reparar. Ese dolor acompaña al ser humano durante toda su existencia. Pero todo esfuerzo que se haga por la reparación, ayuda a que el dolor no se convierta en odio ni en venganza, ayuda a que el dolor se convierta en un factor que oriente al ser humano a saber integrarse mejor al prójimo.

La política de Seguridad Democrática tiene las siguientes características: Primero, busca la derrota de los violentos de todos los orígenes. Segundo, es generosa con los que se reintegran a la vida constitucional, con aquellos que se desmovilicen. Tercero, es firme y severa con aquellos que reincidan en el crimen.

Cuarto, respeta los derechos democráticos. En Colombia esta política se ha adelantado con legislación ordinaria, sin legislación marcial, se ha adelantado sin suspender libertades, se ha adelantado respetando los derechos políticos, los valores democráticos, con vigilancia de la comunidad internacional.

Otros países que tuvieron problemas de seguridad menos graves que los que ha sufrido Colombia, cerraron la vigilancia de la comunidad internacional. Colombia la ha permitido, sin restricciones.

Otros países con problemas de seguridad menos graves, en nombre del rescate de la seguridad suspendieron las libertades. Colombia ha permitido el disfrute total de las libertades.

Otra característica de esta política es la preocupación por los desplazados y la preocupación por las víctimas. Antes se dedicaban al año 80 mil millones (de pesos) para ayudar a los desplazados, hoy más de un billón (de pesos) al año.

Hemos avanzado mucho para los desplazados en tres cosas: salud, educación y Familias en Acción. Estamos muy atrasados en vivienda. El Gobierno tiene que procurar tener la mayor objetividad, y estar mirando caminos a ver cómo se avanza.

Esta política de Seguridad Democrática tiene un componente fundamental que es la reparación a las víctimas, en el entendido que reparación total no hay. Una reparación como un camino de construcción de solidaridad en la sociedad colombiana.

¿Cómo se ha avanzado?

Primero, la Ley de Justicia y Paz ordena la reparación, e impone como requisito a las personas que quieran obtener los beneficios de esa Ley, que entreguen la riqueza mal habida para poder llevarla a un fondo de reparación de víctimas.

Segundo, el Gobierno ha sido categórico en no aceptar dilaciones para entregar esa riqueza. Por eso, entre otras razones, el Gobierno no ha vacilado en tomar decisiones de extradición.

Entonces se aplica otro mecanismo, que es buscar esa riqueza, cuando no la entregan en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, buscarla a través de la Ley de Extinción de Dominio, que este Gobierno la mejoró sustancialmente, que el Congreso nos aprobó ese proyecto. Una Ley de Extinción de Dominio que hoy da más agilidad para interceptar los bienes mal habidos, para investigarlos y para concluir con una sentencia que declare la extinción de ese dominio.

Quiero agradecer a todos los que han participado: a la Comisión Nacional de Reparación, muchas gracias a las aquí presentes, que prestan un servicio infinito a la democracia colombiana.

Muchas gracias doctor Eduardo Pizarro Leongómez (Presidente de la Comisión Nacional de Reparación) muchas gracias doctora Patricia Perdomo Gonzalez (Representante de las Víctimas de la Comisión Nacional de Reparación) muchas gracias a todos los integrantes de la Comisión. Nos ayudan inmensamente. Muchas gracias al Vicepresidente de la República (Francisco Santos).

Hoy nos narraba el doctor Eduardo cómo el viernes estuvieron en Medellín, en un proceso que va paralelo con éste, que es el de restitución de bienes.

Muchas gracias señora Gobernadora (de Córdoba, Marta Saénz Correa) y señor Alcalde (de Montería, Marcos Daniel Pineda García).

Muchas al Congreso, que nos ha aprobado estas normas. Muchas gracias a toda la cooperación internacional, muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Ministro del Interior (Fabio Valencia Cossio) al señor Viceministro (de Justicia, Miguel Ceballos Arévalo), a la Iglesia, muchas gracias.

Era el año 2007 y veíamos que era muy difícil avanzar en estos gestos de reparación.

Nos reunimos con el Fiscal General, el entonces Ministro del Interior, Acción Socia, la Comisión Nacional de Reparación, en una oficinita de las instalaciones militares y presidenciales del Aeropuerto Eldorado, y nos propusimos en la tarea de buscar unos mecanismos más ágiles.

Aquel día dijimos: ‘bueno, si se permite la conciliación administrativa en Colombia, trasladémosla a esta materia’. Y eso fue bien recibido por todos, y aquel día un buen escritor como el doctor Eduardo (Pizarro) –creo que alguna vez se los narrará a las nuevas generaciones de colombianos- tomamos la decisión, se aceptó la propuesta de que expidiéramos un decreto para avanzar en esta etapa por la vía de la reparación administrativa.

Después se introdujeron los primeros aportes, esos primeros seis millones de dólares a los que refería el doctor Miguel (Ceballos) el Viceministro (de Justicia) que ahora se empiezan a aplicar. Esta es la segunda etapa apreciados compatriotas.

Esfuerzo económico

La primera. A lo largo de todos estos años de Gobierno nosotros hemos dado este gesto a unas 39 mil personas afectadas en Colombia por varios delitos; familiares de personas asesinadas, con desaparición forzosa, con secuestro, reclutamiento de menores, destrucción de viviendas.

Por una serie de delitos el Gobierno ha dado lo que se llama ese primer apoyo. Es un esfuerzo que nos ha costado en estos años de Gobierno más de 300 millones de dólares.

Señalo la cifra por esto: en un país donde sobra el dinero esto no es difícil, aquí donde vivimos en la crisis económica, el déficit, el faltante de recursos, esto se vuelve muy difícil, esto se vuelve muy difícil.

Si ustedes tradujeran los 300 millones de dólares que hemos dedicado en estos años de Gobierno a apoyar víctimas, en kilómetros de carreteras, en escuelas, cuánto se habría hecho, pero se le ha dado prioridad con esos 300 millones de dólares a ese gesto de afecto, de construcción de solidaridad.

Con dificultades en el presupuesto de este año se invierten, se dedican a este gesto de reparación, 100 millones de dólares del presupuesto nacional, y se introduce otra partida para el presupuesto nacional de 2010.

Y a este Gobierno le toca, en el primer semestre del año entrante, preparar el anteproyecto de presupuesto de 2011, donde también se propondrá la respectiva partida. Hemos buscado hacer esto con afecto, con compromiso, pero también con realismo.

Yo pienso y lo digo muy afectuosamente, apreciados compatriotas, que una ley de reparación de víctimas con excesos se convierte en un engaño a la gente.

En nombre de la reparación se obtienen muchos aplausos, y eso todo desemboca en una gran frustración, porque se hace imposible.

Colombia este año, el Estado colombiano, recauda 67 billones, la Nación, y las necesidades superan los 150 billones. Entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos en hacer una cosa que implica esfuerzo, pero que no se convierta en engaño. Ni el extremo del negativismo puro, ni el extremo de la oferta imposible de cumplir.

No puede ser un Gobierno que diga: ‘qué voy a pagar yo, aquí no hay plata, estamos quebrados, en déficit’. Tampoco puede ser que ofrezcamos una ley con cuantías tan significativas que no seamos capaces de cumplir.

Entonces hacer un esfuerzo y grande, pero cumplible, apreciados compatriotas, para que la seriedad del Estado vaya recuperando solidez de credibilidad en las instituciones democráticas.

Quiero referirme, finalmente, a dos aspectos: unos aspectos puntuales de este proceso y una referencia en grandes pinceladas, podríamos decir, al proceso evolutivo del departamento de Córdoba.

Reparación no necesita intermediarios

Este proceso: primero, esto no necesita intermediarios, esto no necesita abogados.

Ya se han recibido muchas quejas de que hay personas cobrando comisiones y cobrando honorarios para acompañar a las víctimas a acercarse a este proceso.

Eso hay que rechazarlo. No necesita intermediarios, no necesita abogados, y hay que difundirlo ampliamente en todo el país.

Uno de los grandes avances de la política de Seguridad Democrática es que en Colombia ya se les asigna importancia a las víctimas, antes no. Se hablaba de las víctimas en los funerales, pero después nos olvidábamos de las víctimas. Esta Seguridad Democrática tiene muchos resultados. Un resultado es eso.

Otro resultado: ustedes saben que en muchas regiones del país los jueces y los fiscales habían sido desplazados y reemplazados, y la justicia había sido usurpada por cabecillas guerrilleros y paramilitares, que resolvían problemas de familia, juzgaban, castigaban, asesinaban, habían reemplazado a la justicia.

Eso se ha acabado en Colombia. Hemos recuperado la vigencia de la justicia, hemos recuperado también aquel principio de que solamente el Estado es el único que puede, en las democracias, combatir a los criminales.

Se ha practicado esta política de Seguridad Democrática con respeto a la legislación civil, sin legislación marcial, sin estado de sitio, sin supresión de libertades y se les ha asignado toda la importancia a las víctimas. Por eso les pido difundir en todas partes que esto no necesita intermediarios, que esto no necesita pagar abogados.

¿Dónde se puede acudir a inscribirse? Antes no se inscribían las víctimas, por temor o porque lo encontraban inútil, ahora tenemos personas inscritas en número de 240 mil. Se pueden inscribir a través de una solicitud con destino al Comité de Reparaciones Administrativas.

¿El formulario dónde lo pueden reclamar? En las alcaldías, en las personerías, en las procuradurías, en la Defensoría del Pueblo, en las sedes de la Comisión Nacional de Reparación, en las unidades de fiscalías para la Justicia y Paz.

En todas estas entidades pueden reclamar el formulario, diligenciarlo con destino al Comité de Reparaciones Administrativas, y no necesitan pagar intermediarios, no necesitan pagar honorarios.

Ayúdennos a difundir eso, para que esto se haga como tiene que ser, con toda la transparencia.

Proceso evolutivo de Córdoba

Quiero hacer unas referencias al proceso evolutivo del departamento de Córdoba, los historiadores algún día entrarán en detalle.

En este departamento aparecieron las guerrillas en los primeros años de los años 60, empezaron a secuestrar, a extorsionar, a asesinar, y no aparecía el Estado a defender a los ciudadanos.

Los paramilitares llegan más o menos en el año (19)88, en ese momento llevaba este departamento 23 - 25 años de sufrimiento guerrillero, y empieza el otro padecimiento. Y los paramilitares hacen lo mismo: la extorsión, el incendio, el asesinato. Y esos fenómenos maltratan a la comunidad, unos y otros.

Yo diría que en esos años tuvimos apenas unos esfuerzos. Recuerdo un esfuerzo del Presidente (Guillermo León) Valencia, otro del Presidente (Julio César) Turbay y en Córdoba recuerdo uno, cuando aquí en la administración Barco llegó una brigada móvil a Montelíbano, pero la norma era que aquí avanzaba la violencia y no había Estado que se preocupara, no había ante quién quejarse, no había a quién solicitarle protección.

Por eso, yo no vacilo en decir que muchos de los que están en la cárcel son inocentes, que fueron víctimas de los grupos violentos, que por pasividad y omisión del Estado se apoderaron de la región. Y eso hay que decirlo con todo el valor.

No había Estado que protegiera, no había Estado para que los ciudadanos reclamaran, no había Estado para que un ciudadano dijera: Estado defiéndame de este guerrillero, defiéndame de este paramilitar, defiéndame de esta extorsión, defiéndame de esta amenaza, defiéndame de este secuestro. No había Estado. Y es un proceso que empieza en los primeros años de los años 60.

Yo hacía esta mañana una cuenta rápida: en el siglo anterior este departamento estuvo, solamente en el siglo anterior, en la última parte, 36 años asistiendo al crecimiento de la violencia con una norma general: el Estado dando la espalda, los ciudadanos aquí sometidos, victimizados por las violencias de todos los orígenes. Eso es bien grave.

Claro que nos falta en la Seguridad Democrática. Yo repito hoy mi queja: hay que acabar las bandas esas del narcotráfico, no puede ser. Y le pido a mi coronel (Juan Pablo) Forero (Comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército) y a mi coronel (Alfredo) López (Comandante de la Policía de Córdoba) que desde hoy se introduzca contrainteligencia, porque no puede ser que entonces acuda la Fuerza Pública a Ayapel (Córdoba) y allá le dicen: ‘no, esto está tranquilo’. Enseguida todos los ciudadanos buscándome a mí, que allá siguen esas bandas criminales del narcotráfico extorsionando a la gente, matando a la gente. Eso en el lado de Ayapel, allá lindando con Antioquia, con Bolívar y con Sucre. Esto hay que enfrentarlo.

Lo único que garantiza el derecho de no repetición es nuestra fortaleza, señores coroneles, nuestra fortaleza. Y ustedes saben que a mí como Presidente de la República no me tiembla la mano para enfrentar a los violentos.

Que yo quiero poder tener la mirada tranquila, para que en el futuro –si Dios me preserva unos años- pueda mirar a mis compatriotas a la cara, tranquilo en la conciencia de que enfrenté todas las delincuencias, cualquiera su origen.

Esto no es el pasado, donde a los ciudadanos no se les protegía. Hay que acabar lo que nos queda.

Aquí se ha hecho un gran esfuerzo en el desmonte del paramilitarismo y en combatir todo lo de la guerrilla, especialmente en Paramillo.

Contrainteligencia para acabar con las bandas

Pero tenemos un problema muy grave con estas bandas del narcotráfico. Bandas del narcotráfico que viven en una alianza mafiosa con la guerrilla. En unas partes se unen con la guerrilla y en otras partes se enfrentan, todo por el botín del narcotráfico.

Entonces a mí me llegan las quejas. Que en Ayapel, que en Buenavista, que en Planeta Rica, que en Montelíbano, que en Puerto Libertador. Enseguida la gente de San Antero, que en esa costa están sometidos al miedo por los crímenes. Estas bandas tratando de apoderarse de la costa, para poder hacer desde ahí los despachos del narcotráfico. Y en el otro lado, en Canalete.

Sé que esto es muy difícil, porque estas bandas saben pasar agazapadas, saben mimetizarse, no aparecen como grandes grupos que le den frente a las Fuerzas del Estado.

Esto necesita inteligencia y contrainteligencia. Ojala desde hoy mismo haya contrainteligencia en algunos sitios, como Ayapel.

Pero estas bandas hay que acabarlas, hay que acabarlas.

Nosotros tenemos que garantizarle a estas comunidades el derecho de no repetición, apreciados compatriotas.

El sometimiento de los criminales a la Justicia nace de una norma: la firmeza del Estado para combatirlos, sino no se someten. Eso con los criminales no es jugando ‘pisingaña´, eso con los criminales, aconsejo, no es. Eso, si no es con fortaleza del Estado no se someten.

La fortaleza del Estado es lo único que obliga a los criminales a someterse a la justicia. Cuando ellos sienten que el Estado va a llegar por ellos, los va a poner presos o los va a dar de baja.

Entonces yo sí pido que en un departamento que sufrió en los últimos años de la última centuria, 36 años, primero de guerrilla y después de guerrilla y paramilitares, con una regla general que fue el descuido del Estado, yo pido que nosotros en nombre de la Constitución, de las Fuerzas Institucionales, derrotemos estas bandas criminales.

Pero que las derrotemos, que la ciudadanía sienta el alivio porque nos vea avanzando. No podemos ser inferiores a este compromiso.

Alguien decía aquí, decía Miguel Ceballos, el Viceministro (de Justicia): ‘todo este esfuerzo tiene una razón de ser, que las nuevas generaciones vivan felices en Colombia’.

La violencia en Colombia cesó un poquito entre el final de la Guerra de los Mil Días, que fue por allá en los últimos meses del año 1902, que se hicieron tres pactos: uno en Santander, en Norte de Santander, en Chinácota, lo firmó el general Ramón González Valencia; el otro pacto en un buque que estaba en Panamá, si la memoria no me falla allí estaba el general Benjamín Herrera; y el otro pacto en una hacienda del departamento del Magdalena, que lo firmó el general Rafael Uribe Uribe.

El país quedó destruido.

Estos días leía yo las estadísticas de ciudadanos muertos en la Segunda Guerra Mundial, y de soldados norteamericanos muertos en la Segunda Guerra Mundial, y esa Guerra de los Mil Días en Colombia, proporcionalmente, fue igual o todavía más cruel.

El país quedó en la banca rota. Y un año después se fue Panamá, y los cordobeses que la tiene ahí cerquitica y que la aprecian, saben que en ese momento Colombia perdió lo mejor. La cabeza, el istmo.

Y el país vivió entre la pobreza y una relativa paz hasta mitad de los años 1940, cuando vinieron los enfrentamientos violentos entre los partidos históricos. Eso se apaciguó a finales de los años 50 –esto no es con rigor de historiador, esto es en grandes pinceladas, tratando de tener la menor subjetividad- y los remanentes de esas guerrillas partidistas se convierten en guerrillas marxistas, para tratar replicar la revolución cubana, y crecen.

Y empieza todo ese proceso, que este departamento vivió, y después aparecen los paramilitares. Y finalmente unos y otros apoyados en Colombia por el narcotráfico.

En otros países ha sido menos difícil porque no ha habido narcotráfico. Cuando uno estudia por qué se hizo el proceso de paz de El Salvador, confluyeron varios elementos.

Primero hubo un compromiso de lo que se llamaría allá la sucesión de Gobiernos, para garantizar instituciones democráticas en El Salvador. Venían de unas dictaduras. Nosotros tenemos una democracia muy sólida, basta mirar esta reunión, la composición de todas estas instituciones que aquí concurren.

Segundo, allá se había llegando a un avance militar de la insurgencia que se congeló. Aquí internamente los hemos derrotado y los estamos derrotando, pero solamente se van a sentir totalmente derrotados, en la necesidad de hacer la paz, cuando sientan que no se puedan esconder en el extranjero. ¿Qué reflexiones mis compatriotas?

Allá, cuentan los historiadores, una niña que hizo una tesis doctoral, una niña canadiense, sobre el problema de El Salvador, que también la guerrilla se aprestó a hacer la paz porque se quedó sin plata. Que le llegaban los recursos de ONG de Europa occidental.

Yo mantenía, doctor Eduardo (Pizarro) la gran curiosidad de cómo había sido la contribución de la Cortina de Hierro. Y las tesis doctorales dicen lo contrario: que el gran aporte económico les llegaba era de Europa Occidental. Les dejaron de enviar dinero y eso forzó la paz.

Aquí no han dependido del extranjero, porque tienen todo este dinero del narcotráfico. Por eso se necesita en Colombia derrotan ese narcotráfico.

Han sido muchos años de violencia, pero nosotros no podemos quedarnos hablando del pasado, sino enfrentar nuestras responsabilidades. Y en este departamento hoy tenemos una responsabilidad, que es enfrentar a las bandas criminales.

Yo no puedo como Presidente de la República, en este acto –que lo llamamos entre comillas de reparación de víctimas, porque esto no alcanza a ser reparación, nada repara, ese dolor es muy duro y uno lo lleva hasta la tumba, lo único que logra esto es crear condiciones de solidaridad y afecto entre los colombianos, evitar venganzas y odios- yo no puedo en este acto ignorar una responsabilidad de nuestros días, que es derrotar en este departamento totalmente esos residuos de bandas criminales, para que los ciudadanos de este departamento puedan notar por siempre la diferencia, y para que los ciudadanos de las nuevas generaciones puedan vivir felices.

A todos muchas gracias".