Aún no estamos en un punto irreversible en el rescate de la seguridad; el consenso sobre tal imperativo es aparente, todavía no logra un genuino comprometimiento de las diferentes tendencias.
La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven.
Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para administrar justicia. La palabra ‘paramilitar’ se utilizó para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda determinación.
En muchas regiones cabecillas guerrilleros y paramilitares habían desplazado y reemplazado a la justicia; usurpaban el conocimiento de querellas de vecinos, pleitos de familia, crímenes menores y mayores. La Seguridad Democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio.
Se ha reversado la tendencia de los ciudadanos a buscar resolver el problema de seguridad por cuenta propia, ya se acude crecientemente a la fuerza pública, la comunidad percibe que hoy existe a quien quejarse, a donde acudir, a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas.
Las víctimas reclaman, se han registrado 240 mil, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil. El tema no pasaba de expresiones de pésame en los funerales. En los años recientes las víctimas han sido apoyadas con recursos estatales que superan los 300 millones de dólares. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, a las normas reglamentarias sobre conciliación administrativa y al presupuesto incluido por ustedes, honorables congresistas, se ha iniciado el proceso del componente monetario de la reparación, que este año desembolsa 200 mil millones de pesos y llega a más de 10 mil víctimas.
Reparación total no se da, sin embargo, estos esfuerzos anulan gérmenes de venganza y odio. Nos hemos propuesto esforzarnos, a pesar de las restricciones fiscales, sin comprometernos en cuantías impagables. Mantenemos el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas, pues ello estimularía parálisis en las fuerzas del orden por temor a que cada acción legítima contra el delincuente sea objeto de falsa acusación, de mandato de reparación y de riesgo de cobro de repetición al frágil pecunio del policía o soldado.
La mínima exigencia de las víctimas es que no se repitan las acciones violentas, la garantía de este derecho reposa en la permanencia firme y sostenida de la Seguridad Democrática.
Valioso intangible de nuestra seguridad es su discurrir por el camino de la legislación ordinaria contrario a las normas marciales. Se ha adelantado con respeto a las libertades, las garantías civiles, los derechos políticos. Esto honra a nuestra democracia que ha enfrentado un terrorismo que se sentía victorioso y ha sido excesivamente rico por el narcotráfico.
La sostenibilidad de esta política reposa en su credibilidad que a su vez depende de la eficacia y la transparencia. Esta última da autoridad moral para producir resultados. Estos se buscan con más empeño cuando se tiene la tranquilidad de conciencia derivada de proceder con observancia de los derechos humanos, cuyas violaciones se sancionan sin vacilación.
La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del Presidente, los Ministros y Comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad.
Colombia se ha sometido al examen de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con frecuencia el Ministro de Defensa, los Altos Mandos y el Presidente de la República acuden a audiencias en televisión para recibir y responder por las quejas de los ciudadanos en relación con integrantes de las Fuerzas Armadas.
Reinserción
El énfasis de la política de seguridad es producir la desmovilización y acoger la reinserción. Más de 50 mil integrantes de los grupos violentos han sido recibidos como desmovilizados, suma que no incluye a aquellos simplemente sometidos a la justicia. El número de desmovilizados supera en más de tres veces a los dados de baja.
El programa de reinserción es enorme. El promedio mes es de 11 mil que estudian primaria, otro tanto en validación de bachillerato y 2 mil en alfabetización. En 2008 más de 7 mil acudieron a formarse en el Sena. Al adicionar las familias el total de beneficiarios promedia en 120 mil. En el campo laboral contamos con 16 mil en trabajos estables, pero 70% en actividades informales.
Desplazados
No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Estos se mostraban desconcertados porque un día recibían uniformados que decían ser guerrilleros, al siguiente, uniformados que se identificaban como paramilitares y finalmente llegaba el Ejército. El Coronel, enlace de confianza, disipó la confusión. Allí la situación ha mejorado ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los desplazamientos.
Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en coordinación con Acción Social, que además de su contribución en asistencia humanitaria a desplazados nos ayude con un conocimiento previo de los operativos para construir tranquilidad en los pobladores y evitar desplazamientos.
El presupuesto de atención a desplazados ha aumentado en más de 10 veces. El 85% está afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud. Al programa Familias en Acción han ingresado 340 mil familias desplazadas. En educación también es notorio el avance.
No obstante que 700 mil personas han regresado a sus sitios de origen, aún se les considera desplazados por no haber superado la pobreza. El atraso se da en vivienda y en recuperación y acceso a la tierra. De los 80 mil subsidios adjudicados 45 mil cuentan con vivienda efectiva. Cada año se entregan 30 mil subsidios adicionales.
Bajo la conducción del Vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos, ha sido instalada la primera de las doce comisiones de restitución de bienes.
Existen varias preocupaciones sobre el alcance del programa de atención a desplazados; por ejemplo, en 2008, entre los registrados aparecen 150 mil personas que alegan desplazamientos sucedidos en el período de 1951 a 1987.
Confianza Inversionista
Nuestro País necesita una tasa elevada y sostenida de inversión. Esta ha pasado del 14% del PIB a porcentajes entre el 24% y el 28%. Aun en medio de las dificultades de la economía, en el primer trimestre se situó en 25% del PIB. La inversión extranjera directa ha crecido de picos de 2 mil millones de dólares anuales a cifras de 8 mil, 9 mil 28, 10 mil 564. A cierre de junio acumulaba 4 mil 149 millones de dólares, con un 11.9% de disminución frente a 2008 pero sensiblemente superior al comportamiento tradicional.
A pesar de que en el mundo el turismo se ha reducido en un 8%, en Colombia, en medio de la crisis, durante el primer semestre de este año se presentó un incremento del 10% de visitantes internacionales que pasaron de 578 mil a 638 mil. La Asociación Nacional de Anunciantes, Anda, ha reportado que durante el período enero a junio se dio un crecimiento del 8% en el total de la pauta publicitaria.
Nuestro objetivo es que Colombia sea un País líder en inversión con responsabilidad social. Responsabilidad social significa transparencia en las relaciones entre inversionistas y el Estado, compromiso con el bienestar comunitario, por ejemplo en temas ambientales, fraternidad en las relaciones laborales por oposición al odio de clases y al capitalismo salvaje, y además el concepto del capital como factor de creación de riqueza social y no como activo de especulación, distorsión que originó la actual crisis de la economía mundial.
La confianza inversionista requiere seguridad física y jurídica, determinación política para estimularla, buen manejo de la economía y capacidad de introducir ajustes en cada momento. Ajustes dentro de la senda que conduzca a objetivos definidos con claridad, sin incurrir en el extremo del estancamiento y tampoco en alteraciones bruscas de rumbo, o bandazos.
El Congreso ha aprobado reformas estructurales con gran valor político, a pesar del riesgo derivado del discurso antagónico. La nueva legislatura trae afanes en reformas a la justicia, para su descongestión, los recursos del arancel judicial y el tratamiento de las pequeñas causas con el propósito de superar la impunidad. Millones de colombianos esperan con ilusión la penalización de la dosis personal de droga que ha sido una puerta que vincula niños al crimen organizado.
El Gobierno por su parte debe continuar la reforma de la administración, que se ha dado en 427 entidades y se constituye en el mejor legado a las finanzas públicas, con un ahorro equivalente a 6.28% del PIB, con soluciones a los pensionados como en Telecom, a las necesidades de inversión como en Ecopetrol y a la calidad de los servicios a los ciudadanos como en las clínicas del Seguro Social, que hacen el tránsito del desgreño estatal a la eficiencia social, del estado burocrático acaparado por politiquería y exceso de costos, al estado comunitario con austeridad y eficiencia.
Los tratados de comercio, promoción de inversiones y desmonte de la doble tributación, son señales de mucho impacto para generar inversión. Debemos continuar avanzando en ellos, en casos como los Estados Unidos con esa difícil mezcla entre urgencia y paciencia.
Situación fiscal y ajuste tributario
Los niveles que alcanzaron el déficit y el endeudamiento empezaron a crear dudas sobre la tradicional estabilidad macroeconómica de Colombia. Luego de reducir el endeudamiento del 48% del PIB al 22% y el déficit en el gobierno central del 6.5% al 2.34%, porcentajes que incluyen las transferencias al Seguro Social para el pago de pensiones, estamos obligados a elevarlos para enfrentar la crisis de la economía, siempre con el cuidado de no regresar a tendencias de grave riesgo.
Propondremos al Congreso un ajuste tributario como decisión de responsabilidad fiscal frente a la crisis, sin afectar la esencia de los estímulos a la inversión aprobados por el Congreso en los últimos años. Sería absurdo desmontarlos cuando apenas empiezan a producir frutos. Las decisiones de inversión no se toman de la noche a la mañana, en muchos casos se empieza a conocer a Colombia, estos procesos demandan plazos para madurar. Una reforma estructural, de tarifa plana reducida, eliminaría la progresividad, necesaria en la justicia social, y también aboliría el tratamiento más favorable a la inversión.
La democracia colombiana se ha honrado con el hecho de que los sectores más pudientes hayan financiado la Seguridad Democrática con el impuesto al patrimonio. Se pedirá un nuevo esfuerzo, transitorio, con contribuciones que empiecen a recaudarse en 2011.
En 2006 el Congreso elevó del 30 al 40% la deducción tributaria que promueve la reinversión de utilidades y la hizo definitiva. Proponemos regresarla al 30% de 2003 y mantener la norma más reciente que no la deroga al darse un reparto posterior de utilidades.
El proyecto prohíbe acumular los estímulos de zona franca y deducción de inversiones.
Los contratos de estabilidad, también autorizados por el Congreso, son necesarios como instrumento de seguridad jurídica en el largo plazo, que hace posible la decisión de inversión. Los contratos no han incluido la suma de los estímulos de zona franca y deducción de inversiones, se ha resuelto garantizar como deducción un tope del 30% de la inversión y no excluir la posibilidad de tarifas transitorias al patrimonio.
Pensamos que estos ajustes equilibran la seguridad sobre las reglas de juego y las necesidades fiscales de la Nación. La confianza inversionista necesita tanto de los estímulos como de la estabilidad fiscal, que son variables inseparables.
Estos ajustes contribuyen a recuperar el grado de inversión y a obtener financiación en momentos tan difíciles de la economía. Nos apartamos de la tesis de que en lugar del impuesto al patrimonio se debería incrementar el endeudamiento; resulta lógico que sin el impuesto la obtención del crédito puede ser más costosa y por qué no, más difícil.
A propósito del gravamen a los patrimonios es bueno anotar que gracias a la actividad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, durante el período de Gobierno, el avalúo inmobiliario, que no refiere a los cuatro catastros autónomos, ha pasado de 204 billones de pesos a 452, con un aumento promedio anual del 10.6%.
Normas laborales y Empleo
El tema laboral es un asunto normativo de mucha sensibilidad. No estamos de acuerdo con derogar beneficios a los trabajadores ni con crear obstáculos al empleo. Eliminar los parafiscales traería incertidumbre al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las cajas de compensación, que tanto aportan a la equidad. Aprobar la contrarreforma laboral acarrearía dificultades a millones de empleos en los servicios como hospitales, hoteles y otros, que trabajan 24 horas, dominicales y festivos. El aumento de la beca a las madres comunitarias las ha motivado, pero de laboralizarlas se decretaría la liquidación del Icbf. Las cooperativas de trabajo asociado deben garantizar estabilidad, la remuneración de todos los factores, afiliación a la seguridad social y no deben ser intermediarios laborales.
Colombia, en sucesivas reformas laborales, ha logrado un equilibrio entre las garantías de estabilidad a los trabajadores y el margen de flexibilidad para los empleadores. El análisis crítico de los costos laborales debería hacerse en concordancia con la tributación en general y los incentivos a la inversión en particular.
Pensamos que hoy el empleo no depende de nuevas normas laborales, sino de la posibilidad de recuperar un alto nivel de actividad económica, de sostenidas y altas tasas de inversión, de mejorar la productividad a través de la educación y la infraestructura, y de apoyar más la competitividad con la investigación y la exploración de los nuevos oficios.
Política social
La política social se erige en el gran validador de la Seguridad Democrática y la confianza inversionista, a su vez depende del marco de prosperidad que estas dos construyan. Además de los recursos asignados a desplazados, víctimas y desmovilizados, las coberturas sociales se han incrementado notablemente. En la medida que los programas, con excepción de la atención de ancianos, apuntan a crear condiciones de equidad distributiva, forman una estrategia estructural que trasciende lo meramente asistencial.
Educación
La cobertura de educación básica estaba en el 78%, ahora se aproxima al 100%. Se gradúan cerca de 650 mil bachilleres, antes lo hacían poco más de 400 mil. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios, con los nuevos cupos técnicos y tecnológicos del Sena estaremos superando el número de un millón 700 mil. El Icetex financiaba 60 mil estudiantes, 300 mil es su nueva meta después de haber llegado a 250 mil.
El liderazgo del Sena es de reconocimiento internacional en formación vocacional, en técnicas y tecnológicas. Capacitaba a un millón 100 mil colombianos y este año llega a 6 millones. Contaba con 41 mil matriculados en formación titulada técnica y tecnológica y ahora llega a 295 mil. Ya ha empezado a incrementar otros 250 mil cupos, orientados a nuevos oficios, emprendimientos y sectores de la economía que el País se propone dinamizar para dejar atrás la crisis económica.
La entidad completará este año un millón de estudiantes de inglés como segunda lengua, a través de Internet, la mayoría desde San Andrés y Providencia, por transmisión satelital que será reemplazada por un cable submarino contratado por el Ministerio de Comunicaciones que potenciará al Archipiélago como bastión de informática.
La aprobación en el Congreso de los programas y recursos para gratuidad educativa y Familias en Acción ha sido definitiva para aumentar la cobertura, disminuir la deserción y fomentar la expectativa cierta de completar los ciclos educativos. La gratuidad apoya a 5 millones de niños y en Familias en Acción se han inscrito más de dos millones 700 mil familias.
Las diferentes pruebas a estudiantes, egresados y profesores, el concurso de maestros, el nuevo escalafón con mejor remuneración, son factores que redundarán en la calidad. Aspiramos, en breve, que el 80% de los estudiantes de matrícula pública tenga acceso a conectividad de banda ancha.
Las coberturas han desbordado la infraestructura. Los recursos de Ley 21 son insuficientes. Aspiramos que el aumento elevado de los recursos descentralizados de participación contribuya al desatraso en construcciones y dotaciones escolares.
Con apropiaciones nacionales diferentes a las transferencias territoriales, el Ministerio de Educación tiene a su cargo la construcción de 50 colegios de excelencia, localizados en asentamientos de compatriotas de la mayor pobreza.
El Instituto de Bienestar Familiar ha elevado a cerca de 14 millones 500 mil las porciones alimentarias, que han pasado de 122 días a 156 de una meta de 180. Nuestro compromiso es plena cobertura en nutrición infantil, a pesar de las dificultades de las trochas y caños para proveer comunidades en la selva.
Para confrontar el rezago en escolaridad de la primera infancia de los sectores pobres, con partidas nacionales y territoriales, deben ser escolarizados 300 mil niñitos este año y 400 mil en 2010, todos menores de cinco años. Son de mucha ayuda los nuevos recursos destinados por el Congreso, recibidos en dos ocasiones por las alcaldías, y la construcción por el Icbf de hogares múltiples, jardines infantiles y la reparación de aquellos que ya existían.
Salud
El País va hacia la meta de plena cobertura en salud, 41 millones de colombianos tienen cupo en el sistema de aseguramiento. No hemos cerrado un solo hospital, varios centenares han sido reestructurados, faltan muchos. Exploramos opciones para acelerar la costosa nivelación entre el régimen subsidiado y el contributivo. Además de lo que pueda hacerse en recursos, en subsidios parciales para acceder al contributivo y en otras opciones, la ruta más segura es la formalización laboral que jalone personas desde el subsidiado, sistema que aún vincula a muchos afiliados que deberían inscribirse en el contributivo.
El paso inmediato debe ser acudir al nuevo Sisbén para identificar quiénes, de los 11 millones de integrantes de la población ocupada que reciben los beneficios del Régimen Subsidiado, deben registrarse en el Contributivo, aun con la condición de un subsidio estatal parcial de la cotización, durante algún tiempo, con la suma equivalente al costo actual de cada persona del Subsidiado.
Reconocemos problemas subsistentes en calidad y faltantes de financiación, especialmente en los departamentos, cuyas soluciones estamos trabajando.
Red Juntos
La Red Juntos tiene como objetivo eliminar la pobreza extrema. Pretende reunir 45 metas básicas en un millón 500 mil familias en temas educativos, de salud, nutrición, vivienda, bancarización y ahorro, dinámica familiar, acceso a la justicia, trabajo, emprendimiento e ingresos. A la fecha ha vinculado 610 mil familias apoyadas por 6 mil 820 cogestores.
Política anticíclica
La crisis de la economía ha frenado la dinámica de crecimiento que el País había logrado.
Nuestra política anticíclica contiene elementos que se habían incorporado en los últimos años, en cuyos desarrollos hemos estado aplicados, y además incluye nuevas herramientas. La circunstancia de haber actuado con conciencia de crisis y determinación de superarla, desde el inicio del Gobierno, explica que no hayamos tenido que salir a improvisar medidas para afrontar la aguda recesión internacional.
Especial énfasis se hace en cuatro elementos de política anticíclica, son ellos: infraestructura, red de protección social, confianza inversionista y financiación del Estado y los empleadores.
Infraestructura
En infraestructura, el atraso y la necesidad de obras, en combinación con la confianza para invertir en Colombia y aportar financiación, nos dan grandes oportunidades. Hemos reemprendido el progreso en puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Nuestra Armada vigilaba la navegación en 3 mil de los 16 mil kilómetros de ríos navegables, actualmente lo hace en cerca de 14 mil.
En nueve ciudades se construyen los sistemas de transporte masivo. En Bogotá, con aportes nacionales del 70%, hemos pasado de 34 a 84 kilómetros de Transmilenio y se adecúan otros 20 kilómetros. Recientemente se inauguró el Mío de Cali, que es el tercero en servicio después de Megabus de Pereira.
Solamente referiré a algunas carreteras.
El Plan 2.500 registra la ejecución de más de dos mil 300 kilómetros. Hemos adjudicado y contratado mil 500 kilómetros en corredores de competitividad. Todas las concesiones de primera generación han restablecido ritmos de obra gracias a la superación de anteriores disputas. Todas las concesiones adjudicadas por este Gobierno están operando debidamente. El recorrido colombiano de la carretera Caracas-Buenaventura muestra visos de concreta realidad: con regalías de Arauca e ingeniería y ejecución del Ejército está concluido un tramo significativo entre Tame y la capital del Departamento; en los corredores de competitividad ha sido contratado el trayecto de Cusiana a Sogamoso; están construidos más de 115 kilómetros de doble calzada entre Sogamoso y Bogotá; se ejecuta la doble calzada Bogotá-Girardot-Ibagué-Cajamarca, que a la altura del Sumapaz contará con el túnel Guillermo León Valencia, en honor del ilustre ex presidente, obra ya excavada que se dará al servicio en pocos meses; en contados días empezará la ejecución del túnel de tráfico del Segundo Centenario, en la Línea, que ya dispone del túnel de prueba; los tramos cafeteros y vallecaucanos son excelentes; la doble calzada entre Buga y Buenaventura, sueño vallecaucano, está contratada en su totalidad, además, en ejecución.
Está en licitación la Ruta del Sol, de Bogotá a Santa Marta, en doble calzada. Todas las concesiones del Caribe empiezan a mostrar obras y estamos en el proceso para que los diferentes trayectos queden fusionados en la Transversal de las Américas, entre Palo de Letras en la frontera con Panamá y el puente de Paraguachón en la frontera con Venezuela. Autopistas de la Montaña se adelanta en la fase precontractual, con la novedad de incorporar a Interconexión Eléctrica, ISA, como concesionario sin riesgo, en contrato de confianza que contaría con cuantiosos aportes de Antioquia y Medellín. También se tramita la financiación del tramo de doble calzada en la autopista Bogotá-Villavicencio.
Colombia tenía 53 kilómetros de doble calzada, hasta hoy se han completado 649, este año se agregarán 160 y hay el propósito de ejecutar 200 por año.
Lo que se anuncia, aun aquello que se construya, es poco en relación con las necesidades del País. Por tercer año consecutivo se remiten a los municipios los recursos indicados por el Congreso para las vías de su jurisdicción. Donde se coordinan esfuerzos con los departamentos, como los bancos de maquinaria de Caldas, los recursos rinden a pesar de la limitada cuantía. Facilitamos esos bancos de maquinaria con la advertencia de evitar pleitos laborales por la operación y corrupción en el mantenimiento.
Las tragedias naturales han devorado los recursos del Fondo de Regalías. Con insuficiencia presupuestal hemos procurado asistirlas en todos los casos. Especial prioridad se ha dado a las inundaciones del Bajo Magdalena a través de la respectiva corporación.
Planes Departamentales de Agua
Los Planes Departamentales de Agua agrupan a los municipios alrededor de los departamentos, con lo cual se resalta la importancia de los entes intermedios de Gobierno y se evita que recursos diferentes al Sistema General de Participaciones, transferencias, se asignen sin reglas de equidad.
Los Planes Departamentales deben invertir alrededor de 5.6 billones y en el presente año la meta es de 1.7 billones.
Vivienda
Hay indicaciones de recuperación de la construcción de vivienda. A la tendencia de normalización de las tasas de interés se agrega el sustancial incremento de los recursos presupuestales que para subsidios de vivienda social han variado de 150 mil millones a 840 mil millones. No obstante, reconocemos que el incremento es aún insuficiente frente al faltante cuantitativo y cualitativo de esta vivienda.
El Gobierno, con apoyo del Banco de la República, decidió utilizar los montos ahorrados en el Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, FRECH, para subsidiar tasas de interés, durante siete años, en los créditos para vivienda nueva, de valor hasta 167 millones, con gran beneficio para los compatriotas de ingresos bajos y medios. Se calcula un total de 80 mil créditos subsidiados.
Insistimos en que las cajas de compensación familiar, de acuerdo con su responsabilidad social, deben hacer préstamos para mejoramiento de vivienda a afiliados y no afiliados.
En varias ciudades se desarrollan macro proyectos, que aplican la norma que se introdujo en el Plan de Desarrollo. Norma que introduce agilidad e imprime celeridad.
El Fondo Nacional de Ahorro aprobará este año 60 mil créditos, con participación creciente de ahorradores pobres como las madres comunitarias, gracias a la reforma que aprobó el Congreso. En este período ha superado el número de créditos de toda su vida anterior.
Nos abriga la expectativa que en los próximos meses se observe una nueva dinámica en la actividad constructora con su efecto en el empleo y la economía en general.
Red de Protección Social
El aumento de las coberturas sociales se constituye en la necesaria protección a los pobres, que no son los culpables de la crisis que los amenaza.
El impulso a Familias en Acción, Régimen Subsidiado de Salud, alimentación infantil y de ancianos, se complementa con el cuidado para no disminuir la afiliación a la seguridad social. En el período se han registrado aumentos de beneficiarios en Régimen Contributivo de Salud, riesgos profesionales y pensiones del orden del 45%.
Nuestra preocupación hacia el futuro es el envejecimiento de nueve millones de colombianos trabajadores que no han construido expectativa de pensión. Bienvenida la reciente reforma financiera que autoriza al Gobierno a aportar a las cuentas de ahorro de los ciudadanos vulnerables para que obtengan un ingreso permanente de retiro.
El sistema de Banca de Oportunidades debe desembolsar este año un millón 500 mil microcréditos. De la meta de cinco millones de créditos para el cuatrienio, ha colocado más de cuatro millones, de los cuales un millón 200 mil corresponden a personas que por primera vez reciben un crédito institucional, que en buen porcentaje habían acudido al mercado negro de la usura.
La política social agrega fuerza a la demanda interna y compensa parcialmente la problemática creada por la contracción de las exportaciones. El combate a la pobreza y a la inequidad hace del mercado interno una gran posibilidad.
Instituciones democráticas
Congreso
Expreso nuestra gratitud al Congreso, a las mesas directivas salientes, encabezadas por el Presidente del Senado, doctor Hernán Andrade, y el Presidente de la Cámara, doctor Germán Varón. Gratitud por la agenda legislativa tramitada con disposiciones tan importantes como la Reforma Política para la severa sanción de la penetración del crimen en la política; el aumento de las penas para asesinos de personas que requieren especial protección como los sindicalistas; las disposiciones que regulan la inteligencia del Estado; convenios internacionales de comercio y de eliminación de la doble tributación; normas de competencias y de adaptación contable a las reglas internacionales para la confianza inversionista; los beneficios de retiro para los trabajadores vulnerables que incluye el estatuto financiero.
Son 24 nuevas normas de la mayor conveniencia para el País y 40 que continúan su proceso legislativo.
Expreso nuestra gratitud al Congreso por el valor civil para negar proyectos inconvenientes al bien general. Sir Winston Churchill manifestaba que al Congreso se le debe juzgar no por las leyes aprobadas sino por la capacidad de negar los proyectos dañinos.
La época vivida ha sido muy difícil para el Congreso por el juicio de hechos anteriores a este Gobierno, cuyo último responsable es el descuido del Estado que permitió el dominio del terrorismo sobre vastas áreas de la geografía. El buen resultado de la actividad legislativa y de control político ha constituido el motor de superación de la Institución, a la que muchos le extendían partida de defunción.
El trámite resuelto y exitoso de las diferentes iniciativas pondrá al Congreso a la altura de las más positivas expectativas de la Nación.
El Estado de Opinión: fase superior del Estado Social de Derecho
Colombia goza de un Estado de Opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. El Estado de Opinión el resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo, que empezara hace un milenio en Inglaterra con la Carta Magna de Juan Sin Tierra.
Sin Estado de Opinión se desdibujan las virtudes democráticas que reposan en la independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control.
Estado de Opinión no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios de comunicación; es el seguro de la descentralización, que en Colombia impide su suplantación.
Estado de Opinión es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas.
El derecho de la participación conlleva el debate a la decisión del legislador y el derecho de la representación protege sus decisiones contra la tipificación como delito.
Sobre las bases del Estado de Opinión nuestro País cuenta con una sólida institucionalidad democrática: elegimos 32 gobernadores y mil 102 alcaldes, concejales y diputados, de los más diversos orígenes políticos, y con la práctica diaria del Estado de Opinión, construimos con ellos esa concertación que denominan gobernabilidad, que es la mínima unidad de Patria.
La justicia es independiente y autónoma. El ejecutivo no participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Es respetuoso de los órganos de control originados en el Congreso y de su misión imparcial. Envía ternas para elegir tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional e interviene en la formación de una de las salas del Consejo de la Judicatura.
Bicentenario
Esta mañana en Tame, Arauca, tuvimos el epicentro del Gran Concierto Nacional que se escuchó en mil cien municipios con la participación de más de 200 mil artistas. Se inició la representación viva que nuestras Fuerzas Armadas realizan de la epopeya de la libertad. Estará acompañada de la televisión que en cada noche hará un resumen especialmente orientado a los niños, y habrá transmisión por Internet. Nos encontraremos en un Consejo Comunitario en la cordillera boyacense y los esperaremos el 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Es el anticipo del Bicentenario de la Independencia, que será bella oportunidad de estudio de la historia, revisión del alma nacional y de cada ciudadano y de reflexión sobre el futuro.
Acuerdo con los Estados Unidos
El terrorismo y los violentos son cadenas de esclavitud aún no rotas en su totalidad, financiadas por el narcotráfico. Por eso el acuerdo con los Estados Unidos de América es para erradicarlos por siempre.
El Acuerdo con los Estados Unidos se enmarca en los convenios bilaterales con ese País y en las convenciones de las cuales ambos, Colombia y Estados Unidos, son signatarios. Su propósito es la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas. Incluye la posibilidad de ampliar la cooperación regional y mundial contra estos flagelos en virtud de la responsabilidad compartida.
El desarrollo del Acuerdo con los Estados Unidos procedería en cada actividad con la autorización del Gobierno de Colombia y por mutuo consentimiento.
El Acuerdo será regido por principios como la Igualdad Soberana, la Integridad Territorial y la No Intervención en Asuntos Internos de otros Estados.
Para su cumplimiento se permitirá a los Estados Unidos el uso y acceso limitado a instalaciones de bases militares colombianas.
Para respetar los principios de Jurisdicción Nacional sobre Personal Militar y Soberanía del Territorio, se estudia un procedimiento para que la inmunidad no sea impunidad.
El Acuerdo es para fortalecer bases militares colombianas, no para abrir bases norteamericanas.
El Acuerdo es para recuperar el derecho de los colombianos a vivir tranquilos.
Al finalizar la Guerra de los Mil Días, en 1902, el País entró en una especie de temporada de paz, que fue truncada por el estallido de la violencia partidista en los años cuarenta de la anterior centuria. Superada por el advenimiento del Frente Nacional, irrumpieron las guerrillas marxistas, años después transformadas en mercenarios del narcotráfico. Llegó con igual crueldad la reacción paramilitar, que también desembocó en el narcotráfico.
Vamos ganando esta lucha, pero no hemos ganado todavía, muchos son los riesgos y amenazas que todavía nos acechan para dejar atrás esta violencia que ha afectado a tantas generaciones.
Los violentos practican terrorismo y sangre en Colombia e intentan hacer política en el extranjero. Asesinan y pretenden interferir las relaciones exteriores del País.
Los Estados Unidos nos han ayudado de manera respetuosa, nos han ayudado en forma práctica en el Plan Colombia. Nada ganamos con voces de solidaridad y pésame de la comunidad internacional mientras la sangre se derrama aquí y Colombia sufre el secuestro. La cooperación debe ser efectiva y no simbólica. Efectiva ha sido la cooperación del Plan Colombia. Efectiva será la cooperación del nuevo acuerdo.
El terrorismo debe quedar notificado que no nos va a engañar con falsos nacionalismos, improcedentes en nuestra era de crimen internacional.
El terrorismo debe quedar notificado que para nosotros la seguridad no es una opción sino un imperativo.
El terrorismo debe quedar notificado que el abandono de la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la negociación de buena fe y el sometimiento a la ley, no es una posibilidad a criterio y capricho de los terroristas, sino una exigencia del pueblo.
El servicio a Colombia es una determinación irrenunciable en procura del bienestar de las nuevas generaciones. El servicio a Colombia no es un trabajo de cálculo político.
En una de sus epístolas, el Apóstol nos dice: “Si el sonido que emite la trompeta es incierto y débil, ¿quién acudirá al campo de batalla?”.
Respetados Senadores y Representantes, compatriotas todos: Tengamos certeza en los objetivos y acciones en procura de una Colombia próspera y equitativa. Tengamos fortaleza en la lucha para lograrlo.
Declaro formalmente instalado el periodo de sesiones del Congreso de la República.
Muchas gracias.
Bogotá, 20 de julio de 2009”. |
