Junio 18

   

Comunicado

Bogotá, 18 jun (SP). Con ocasión de la visita a Colombia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston, el Gobierno Nacional se permite informar que:

1. Agradece el reconocimiento que hizo el Relator Especial sobre los avances que en materia de seguridad ha tenido el país en los últimos años y, en particular, los esfuerzos de buena fe para investigar y sancionar a los responsables de las llamadas ejecuciones extrajudiciales. También, su reconocimiento a la disciplina y efectividad del Ejército de Colombia.

2. Desde que tuvo conocimiento de los primeros casos, el Gobierno Nacional solicitó a los organismos judiciales las investigaciones que condujeran al esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los responsables.

3. También solicitó dar traslado de la competencia sobre denuncias por hechos violatorios de los derechos humanos, presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, a la justicia ordinaria. En la actualidad, hechos como los ocurridos en Guaitarilla y Cajamarca, en el año 2004; Jamundí, en 2006, y Soacha, el año pasado, son investigados con plenas garantías por la Justicia Penal Ordinaria.

4. El Presidente de la República, el Ministro de la Defensa y los Altos Mandos Militares y de Policía atienden de manera periódica, a través de los medios de comunicación, denuncias sobre violaciones a los derechos humanos presentadas por la comunidad.

5. Como consecuencia de las medidas adoptadas, en lo corrido del presente año no se ha registrado ningún caso de esta naturaleza. El Gobierno seguirá vigilante para que no se repitan.

6. Durante la visita del Relator Especial, se brindaron todas las facilidades y apoyo para el desarrollo de su labor, dentro del marco de la independencia propia de su misión.

7. El calendario de visitas, en atención a invitaciones formuladas por el Gobierno, se extenderá a lo largo de 2009 con la presencia de los relatores para los derechos de los pueblos indígenas, para la independencia judicial y para los defensores de derechos humanos.

El Gobierno Nacional reitera su política de cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos, y su compromiso de enfrentar los desafíos que aún persisten, con transparencia y de cara a la opinión pública y la comunidad internacional.
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