Cartagena, 19 jun (SP). “Muchas gracias por el esfuerzo que hacen en este Congreso tan útil para los avances en el Estado.

Quiero destacar a dos funcionarios excelentes, que han tenido unos equipos excelentes y que han hecho una tarea discreta, pero muy útil para Colombia: el señor Director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y la señora Directora de la Función Pública (Elizabeth Rodríguez Taylor). Pido para ellos un aplauso.

Yo creo que el país ha tenido un notable progreso en estas entidades en estos últimos años. Y nos vamos a dar más, por supuesto. Están acreditados. Entonces, hay que exigirles más. Cuando se acreditan, más que para agradecerles es para exigirles más.

Vamos a presentar el 20 de julio, Dios mediante, un nuevo proyecto antitrámites. En este Gobierno ya se aprobó uno, pero ahora toca examinar cuáles otros trámites se pueden eliminar, se pueden simplificar, y presentar el proyecto el 20 de julio.

Los gobiernos no se pueden estancar. Hay que vivir en mejoramiento continuo. Yo creo que es una norma fundamental en la vida del Estado.

El que piense que se puede estancar, que porque tuvo un pequeño éxito ayer ya todo está hecho, está en la olla.

Aquí lo que hay que hacer es trabajar todos los días, y todos los días amanecer con renovadas energías, mirar nuevas metas y aprestarse a cumplirlas.

Y por el lado de la Función Pública ese reto, que le sumen a muchos logros. Yo pienso que hay unos logros bien importantes: el mejoramiento en el fenecimiento de las cuentas.

Es que el Estado es la empresa privada más importante, porque es la empresa privada propiedad de todos los ciudadanos. Si la empresa privada individual hay que manejarla bien, con mucha más razón hay que mejorar bien, manejar mejor, la empresa privada de todos los ciudadanos que es el Estado.

¿En qué empresa privada se acepta que no haya un visto bueno del Revisor Fiscal? Por eso, en el Estado necesitamos el fenecimiento, en todas las entidades. Y la calificación de mejoramiento. Y en eso se ha avanzado, a pesar de que todavía tenemos muchos retos por delante.

Entonces, tiene que seguir la Función Pública en la tarea de seguir agregando valor. Estoy hablando, ahora tomando el ejemplo de la Función Pública, para significar, apreciados compatriotas y visitantes, cómo tenemos que pensar todos los días cómo avanzamos.

La Esap. La Esap se tiene que convertir en un modelo de universidad virtual para la eficiencia del Estado.

La verdad es que para poderles llegar a todos los colombianos que aspiran a ser parte de la gran familia universitaria de la Esap, se tiene que convertir en una universidad virtual masiva, de la mejor calidad y con la mejor tecnología.

Entonces, estos dos distinguidos funcionarios del Estado que han hecho cosas muy buenas, hoy tienen mayores retos.

Cómo es aquello del mejoramiento continuo. Yo creo que el mejoramiento continuo tiene dos enemigos: el estancamiento y los bandazos. No se puede entrar en el extremo del estancamiento y no se puede entrar en el extremo de los bandazos.

Entonces, ¿qué es el mejoramiento continuo? Dentro de una senda que se traza, hay que dar un paso adelante todos los días. Nosotros, por ejemplo, creemos que la senda la tienen que trazar los gobiernos, que tienen el mandato popular y, por supuesto, todos los días revisarla y pulirla.

Se acaban de cumplir 150 años del centenario de nacimiento del General (Rafael) Uribe Uribe, uno de los mejores líderes de Colombia.

Cuando terminó la Guerra de los Mil Días, que terminó por allá a finales de 1902, con tres pactos de paz: uno en una finca del Magdalena que se llama Neerlandia, otro en Chinácota (Norte de Santander), y otro en el Buque Wisconsin, que estaba en Panamá.

Al General le tocó acudir a firmar el pacto de paz en la Hacienda Neerlandia. Pronunció un bellísimo discurso ese día. En alguno de los apartes decía: ‘Hoy he renunciado a ser un revolucionario con las armas, pero jamás renunciaré a ser un revolucionario con las ideas’.

Por eso, cada mañana, toco la Diana, paso revista a las ideas que he venido profesando, doy de baja aquellas que considero inútiles y obsoletas y las sustituyo por otras más fuertes y robustas.

Hay que estar dándole valor a la tarea pública, con ideas fuertes y robustas cada mañana.

El derrotero

Los gobiernos tienen que tener unos principios que los guíen, elementales y profundos, y perseverar en ellos; repetirlos y practicarlos.

Para nosotros la palabra fundamental que nos guía es la palabra confianza: construir confianza en Colombia.

¿Por qué?

Era el año 2000, el año 2001, el año 2002, y en foros universitarios preguntaba yo a los jóvenes si querían irse de Colombia; quiénes querían irse de Colombia sin tiquete de regreso. Y me preocupaba porque la inmensa mayoría levantaba la mano. Una especie de desprendimiento de la Patria, de anulación del capital social. Una especie de desarraigo.

Y eso nos inspiró a hablar de confianza como la palabra guía de una acción de Gobierno, soportada en tres pilares: la seguridad con valores democráticos. Esto es, la seguridad con libertades, la seguridad con pluralismo, la seguridad sin Estado de Sitio, sin legislación marcial. La inversión con responsabilidad social y el avance de la cohesión social.

Y cómo se integran.

En una Patria de 46 millones de habitantes con dificultades geográficas, creo que alguna conciencia tenemos que crear en eso que nos obligue a esforzarnos más.

Esta Patria tiene un millón 150 mil kilómetros cuadrados, pero hay 578 mil kilómetros en selva, que tenemos que proteger. Tenemos que proteger como la gran contribución a la lucha contra el calentamiento global. Ese es el tesoro de respaldo de las generaciones que habrán de venir.

Esta Patria tiene unas inmensas zonas montañosas, unas zonas de inundación y de sequías. Aquí vivimos 46 millones de colombianos que densifican muchísimo, densificamos muchísimo la Región Andina y la Costa Caribe colombiana, con escasez de muchos recursos.

A uno le dicen: no, que el país riquísimo en recursos naturales. Sí y no.

Bolivia tiene 70 trillones de pies cúbicos de gas en reservas probadas. Y Bolivia tiene 8 ó 9 millones de habitantes. Setenta trillones. Nosotros tenemos alrededor de 6 trillones.

Nosotros tenemos autosuficiencia petrolera hoy hasta el año 2019 y encontramos gotica tras gotica. Estamos en la misma Cordillera Andina, de grandes potencias mineras como Chile y Perú y nosotros no.

Es un país que tiene que hacer superiores esfuerzos. Y la verdad es que para poder resolver los problemas se requiere seguridad. Sin seguridad no hay inversión. Y en la ausencia de seguridad y de inversión no aparecen los recursos para poder adelantar la política de cohesión social. Y una política de cohesión social, a su vez, se va constituyendo en el gran factor que convalida, que legitima en la conciencia popular la seguridad y la inversión; van de la mano.

Creo que hay que superar esos viejos conceptos. Aquel concepto que creía que la seguridad era una categoría de derecha, militarista, fascista, y que se excluía con lo social.

La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Es un requisito para que se dé la inversión, que es la fuente de los recursos para la cohesión social.

Y, por supuesto, también hay que superar aquello que algunas minorías piensan, que creen que el desarrollo social viene de manera natural a consecuencia del progreso económico. No. Hay que construirlo y hay que construirlo con ese papel que tiene que jugar el Estado como constructor de cohesión social, que produce esa acción de réplica, ese factor de legitimación, de la seguridad y de la inversión.

Y uno tiene, en estos tres factores, que vivir todos los días innovando, ajustando, mejorando.

Entonces, ahí hay un elemento: tener un derrotero, puros conceptos, persistir en ellos, grabarlos en la conciencia popular y procurar mejorar todos los días.

Resultados de la Seguridad Democrática

En el tema de seguridad nos permite hablar de tres elementos: valores democráticos, monopolios necesarios y colaboración ciudadana. Valores democráticos, derechos políticos, libertades.

Colombia ha tenido que enfrentar uno de los terrorismos más ricos y peligrosos del mundo, pero lo hemos hecho con total respeto a las libertades.

Cuando se estudia la historia universal se encuentra que, no antaño, sino hace pocos años, en otros países, incluso cercanos, se anularon las libertades, se censuró la prensa, se afectaron los derechos políticos, los valores democráticos en nombre de la seguridad. Aquí se busca la seguridad con valores democráticos.

Monopolios necesarios. Creo que se han recuperado dos monopolios que nunca debieron perderse: el monopolio del Estado para combatir a los violentos y el monopolio del Estado para administrar Justicia.

Hemos desmontado el paramilitarismo. La palabra paramilitar surgió en Colombia para denominar bandas privadas criminales cuyo objetivo era combatir a la guerrilla. Hoy se ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a todos los criminales.

En el territorio nacional uno encuentra guerrillas y las bandas del narcotráfico, las bacrim (bandas criminales) que llaman. Pero tienen entre ellas una relación mafiosa. En unas partes del país se unen y en otras se enfrentan, todo por el narcotráfico.

Entonces, en este proceso en el cual hay avances, pero falta mucho en materia de seguridad, el gran intangible es haber recuperado ese monopolio del Estado.

Y el otro monopolio, el de administrar Justicia. Muchos de ustedes lo vivieron en sus regiones, apreciados compatriotas, que la Justicia había sido desplazada y reemplazada. En muchas partes eran los cabecillas paramilitares y guerrilleros los que dirimían los pleitos entre vecinos, las querellas de familia, etc. Creemos haber recuperado ese monopolio.

En un país de opinión como este. Yo llamo Estado de Opinión esa fase superior del Estado de Derecho donde hay un gran equilibrio entre la democracia representativa y participativa. Yo creo que el Estado Democrático es mucho más que el sometimiento del gobernante a la Ley, que fue el principio fundamental que lo caracterizó. El Estado de Derecho tiene que evolucionar, el Estado Democrático, hacia ese gran Estado de Opinión.

En este país las víctimas no reclamaban por temor o porque lo encontraban inútil.

Los colombianos han perdido el temor. Hoy tenemos registradas más de 220 mil víctimas. Vamos a empezar ahora, dentro de pocos días, a repararlas en el componente monetario. Ya tenemos los primeros 100 millones de dólares en medio de estas enormes dificultades presupuestales, para empezar esa reparación.

Reparación total no hay, pero todo esfuerzo de reparación elimina odio, elimina gérmenes de venganza. Yo creo que eso es bien importante en los valores democráticos, que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de reclamar.

Este país, cuando nosotros asumimos, tenía 400 alcaldes que no podían ejercer en su municipio, amenazados por los grupos violentos. Hoy todos están en su municipio.

Cuando nosotros llegamos este país tenía 35 mil asesinatos al año. Todavía hay muchos. El año pasado se presentaron 17.140 y este año llevamos 320 menos que el año pasado.

En los últimos tres años anteriores a nuestro Gobierno habían destruido 200 municipios en Colombia. En los últimos tres años de nuestro Gobierno no han destruido un municipio.

Cuando nuestro Gobierno llegó, una región como el Golfo de Morrosquillo, en el departamento de Sucre, estaba en manos de narcotráfico y paramilitares. Y las sabanas de Sucre estaban en manos de las Farc y de paramilitares. Hoy en Sucre se ha recuperado bastante la seguridad como en todo el país.

Ahora, tranquilamente, yo sí les voy a decir a mis compatriotas en todas partes, que no nos volvamos a dejar engañar para regresar a una época en la cual aquí había total permisividad con la violencia y con la sangre, y mientras el país más se hundía, más permisividad había.

Una de las cosas importantes de esta democracia es que cualquier violación de derechos humanos hoy se conoce.

Este Gobierno ha tenido que garantizar que se puedan exhumar las fosas del pasado. Porque desaparecían los ciudadanos y nada se sabía. Había un gran temor a la denuncia.

Hoy los colombianos denuncian. El primero en respaldar las Fuerzas Armadas de Colombia soy yo.

¿Qué es preferible? ¿Los Montes de María en poder de los paramilitares que están extraditados, de otros paramilitares que están en la cárcel, en poder de las Farc de Martín Caballero o con la protección de la Fuerza Pública?

En cada ocasión que ha habido una prueba de violación de derechos humanos, el Gobierno ha tomado las más drásticas decisiones, las más drásticas decisiones. Este es el Gobierno que más ha apoyado la Fuerza Pública, y que también más la ha sancionado.

En este Gobierno han salido, por facultad discrecional del ejecutivo, 750 integrantes de las Fuerza Pública. Eso no tiene parangón en el mundo entero. En el Gobierno que más apoya la Fuerza Pública.

Este es el Gobierno en el cual el Presidente de la República acude con frecuencia, en compañía de los Altos Mandos y en compañía del Ministro de Defensa, a la televisión, a escuchar y a responder por las quejas de los ciudadanos en materia de derechos humanos.

Yo creo que aquí hay un ejercicio de firmeza y de libertades, que le permite a uno dar la cara en todas partes.

Participación ciudadana

Entonces, estábamos en el tema de los valores democráticos, de los monopolios necesarios y de la participación ciudadana.

Yo creo que la participación ciudadana es un factor fundamental del Estado. Y en seguridad sí que se da. Un país con un millón 150, 160 mil kilómetros cuadrados, 578 mil kilómetros en selva, todas las dificultades de la naturaleza, para restablecer plenamente la seguridad no basta con la Fuerza Pública. Se requiere una gran compenetración de la ciudadanía y la Fuerza Pública.

La participación ciudadana para apoyar la Fuerza Pública es fundamental.

Por eso, en los consejos de Seguridad Regionales que nosotros adelantamos, la primera parte siempre la dedicamos a escuchar los ciudadanos que se constituyen en el gran factor de denuncia y en el gran factor que ayuda a conocer la realidad, a mejorarla, y en el gran factor de cooperación con la Fuerza Pública.

Nosotros creemos que se requiere, en general en el Estado, una gran participación ciudadana: participación ciudadana para la toma de decisiones del Estado, para la ejecución de decisiones del Estado y para la vigilancia de las decisiones del Estado.

Cito el tema de la seguridad como un ejemplo, pero se requiere en todo.

Inversión

Veamos el tema de la inversión: requiere de responsabilidad social. Y eso nos permite hablar de esa categoría que es responsabilidad social de manera general.

¿Qué es la responsabilidad social?

La responsabilidad social, primero que todo, es transparencia en las relaciones de la inversión y el Estado. Y eso nos lleva al punto de la participación ciudadana.

Nosotros creemos que la participación ciudadana es fundamental para la transparencia en la gestión pública. Por eso, antes de la nueva Ley de Contratación, el Gobierno dictó un Decreto Reglamentario de contratos que exigió el prepliego, la audiencia pública.

Hoy, toda licitación del Estado central en Colombia, antes de sacar adelante unos pliegos, entra en la etapa de prepliego, para que la ciudadanía pueda criticar esos prepliegos, para que en el momento que vayan a salir los pliegos definitivos se haya hecho ese proceso de evaluación y de crítica, que permita que los pliegos no estén amañados al interés de un potencial contratista, sino que sean pliegos totalmente objetivos.

La participación de la ciudadanía en la crítica, en el análisis de los prepliegos, es un presupuesto bien importante para la transparencia en esa etapa del contrato.

Hoy, todos los contratos en el Estado central en Colombia se adjudican en audiencia pública.

Acabamos de adjudicar unos Corredores de Competitividad. Vienen otras licitaciones de gran importancia. Todo eso se está adjudicando en audiencia pública. Y esa elevada participación ciudadana garantiza transparencia.

Otra expresión de responsabilidad social se llama: el papel que debe jugarse frente a grandes reclamos de la comunidad, como los reclamos ambientales. Voy a citar ejemplos.

Cuando vinieron todos los reclamos de los compatriotas de la Jagua (Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar) frente a algunas de las compañías que son productoras de carbón allí, el Gobierno no adoptó posturas históricas, no adoptó la postura de reprimir a la comunidad; tampoco adoptó la postura de ahuyentar al inversionista. Ni un extremo ni el otro.

Lo que hicimos fue promover un amplio diálogo. Un amplio diálogo con la comunidad, con los inversionistas, que llevó a unos acuerdos que se vienen cumpliendo y que van garantizando armonía social.

Ahí hay otro papel del Estado.

El Estado tiene que buscar ser un catalizador de estos intereses. El Estado, en aras de la responsabilidad social, tiene que procurar entender muy bien los reclamos de la comunidad y los imperativos de la inversión.

El Estado tiene que ser un gran catalizador. El Estado tiene que ser un gran catalizador de los intereses de la comunidad, cuando los intereses de la comunidad están en frente, por ejemplo, de intereses de la inversión. No se pueden anular unos intereses ni desistir de la necesidad de tener los otros.

En el tema de cohesión social voy a referirme a algunos puntos de la mayor importancia.

Yo creo que la mejor institución democrática que tiene Colombia es la descentralización.

Y no fue fácil avanzar en descentralización. Colombia elige hoy 1.102 alcaldes y 32 gobernadores.

El debate por la elección popular de alcaldes fue un debate que tomó más de cien años en Colombia.

Yo recuerdo que en los años 70 estaba yo en la universidad pública, y la guerrilla enviaba allí comunicados diciendo que en el momento en que Colombia introdujera la elección popular de alcaldes y la elección popular de gobernadores ellos harían la paz.

No la hicieron. Se convirtieron en sicarios de alcaldes, se convirtieron en factores de presión de los gobernadores, se convirtieron en factores de penetración indebida de la política, y le enseñaron el mismo camino a los paramilitares.

Es bueno recordarlo ante los visitantes internacionales.

Este país tiene unas instituciones tan sólidas de descentralización, que todo el mundo las tiene que respetar.

Este Gobierno ha procurado entenderse con los 1.102 alcaldes de Colombia y con los 32 gobernadores, independientemente del origen político de su elección.

Yo creo que ese es un logro importante.

En Colombia faltan recursos, pero hay bastante descentralización. De cada cien pesos que invierte el sector público colombiano, el 51 por ciento, 51, 52 pesos son invertidos en las entidades territoriales.

Y no obstante que hay un direccionamiento sectorial desde la constitución -que salud, que saneamiento básico, etcétera, que atención a la primera infancia-, de todas maneras hay una gran autonomía en las entidades para poder adelantar la gestión de esos recursos.

Yo diría que la descentralización es hoy la institución que mejor caracteriza el estado de libertades en Colombia.

De pronto un examen que deberían hacer los politólogos es cuantificar los orígenes políticos de los alcaldes. Yo creo que eso nos demuestra la enorme diversidad. Una diversidad que honra la democracia colombiana.

Y en Colombia a esa descentralización se le respeta todos los días, independientemente de las concepciones políticas.

Cuando la descentralización se pone en duda en tantas partes, es bueno repetir la solidez de la descentralización en Colombia.

Veamos algunos avances y dificultades en educación, avances y dificultades en salud, preocupaciones por otros programas sociales.

Política social

En educación, el país tenía un 78 por ciento de cobertura en la básica. En muchas partes del país se está llegando al ciento por ciento.

Yo creo que ahí hay un gran avance en cobertura. Reconozco -porque aquí hay que procurar hacer una evaluación con la menos subjetividad todos los días- reconozco que hay un desbordamiento en materia de infraestructura. Que ha crecido tanto la cobertura, que nos quedaron chiquitos todos los colegios del país y que se necesita hacer una gran inversión en infraestructura.

Hay unos recursos que pueden utilizar las autoridades territoriales para infraestructura. Recursos propios, recursos de calidad. Están los recursos del Ley 21 y unos recursos extraordinarios, como los recursos para los colegios de excelencia, que se están construyendo en grandes ciudades, en las zonas más pobres, como aquí en Cartagena (Bolívar).

En educación media hemos pasado de una cobertura del 57 por ciento a una cobertura del 78 por ciento.

En educación universitaria el país tenía antes de este Gobierno menos de un millón de estudiantes universitarios. Hoy, con el nuevo plan 250 mil del Sena, va a superar millón 700 mil estudiantes universitarios.

Yo pienso que es un gran salto, reconociendo todo lo que falta.

Esta mañana miré en el Icetex las cifras. Nos aproximamos a 300 mil créditos. Eran 60 mil. Y un altísimo porcentaje es de estratos 1, 2. Estratos 1, 2 y 3 tienen el 95 por ciento de los créditos del Icetex.

Y una entidad donde, hoy, para un crédito no se necesita una recomendación política. El estudiante puede acceder desde su universidad, a través de Internet.

Porque algo que tiene que garantizar una política social, en una tarea pública, es hacerla de manera neutral, focalizada a quienes la necesitan; no orientada con sesgo politiquero.

Nosotros hemos procurado que toda nuestra política social esté focalizada a quienes la necesitan, y que no esté sesgada por razones politiqueras. El Icetex es un ejemplo.

El Sena. El Sena nos da el ejemplo para decir lo siguiente: uno no puede cometer el error de estatizarlo todo ni el error de desmontar el Estado.

El Sena, como todos los sabemos, se nutre con esos dos puntos de la nómina que pagan los empleadores.

¿Qué ha pasado en este Gobierno? El Sena le llegaba a un millón 150 mil estudiantes al año. Este año le llega a seis millones. Tenía matriculados, en técnicas y tecnologías, 41 mil muchachos. Ahora tiene 295 mil.

Y le está sumando otros 250 mil. Y en nuevos oficios, porque pensamos que la crisis de la economía va a dejar sepultados muchos de los viejos oficios. Le está sumando, en matriculas técnicas y tecnológicas para nuevos oficios, otros 250 mil cupos.

Una de las críticas es que contrata mucho con fundaciones particulares, es verdad. Pero eso está regido por una institución como el Sena, que es de Derecho Público, que maneja una parafiscalidad que finalmente es un recurso del Estado, y que también garantiza calidad.

El Sena nos ha dicho, su director (Darío Montoya): si hubiéramos dado ese salto de un millón 100 mil estudiantes por año a seis millones y todo lo hiciéramos con nómina oficial, no alcanzaríamos.

Un estudiante hace dos días me decía: ‘Presidente, eso es privatización’. Yo le decía: ‘No, privatización sería que anuláramos el Sena, que le quitáramos la fuente de recursos, como algunos lo han pedido. Ese dos por ciento que pagan los empleadores. Y que, entonces, los estudiantes del Sena tuvieran que ir a una entidad privada y sacar del bolsillo exhausto de sus familias el dinero para matricularse y sostenerse’.

Me decía: ‘Presidente, pero es que contratan con muchas fundaciones privadas’.

Le dije: ‘Sí. Esta bien, pero porque son de buena calidad y les pagamos con recursos públicos y les tienen que dar a ustedes, los estudiantes, educación gratuita, que es la norma del Sena’.

Entonces, yo veo que ahí hay un buen ejemplo de un proceso público con participación privada. Un ejemplo que nos indica que ha sido equivocado el periodo en el cual América Latina creyó que el Estado se debía desmantelar y ha sido equivocado el periodo en el cual América Latina creyó que todo se debía estatizar.

Ni estatizarlo todo ni desmontar el Estado. Esa ha sido una norma de este Gobierno.

Hemos avanzado mucho en nutrición.

Hoy, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en muchas partes con la ayuda de gobernaciones y alcaldías, está entregando 14 millones 156 mil porciones alimentarias. Eso se ha triplicado en este Gobierno.

Pero en un país con tanta pobreza, mientras más se avance en política social hay más demanda. Hemos avanzado en el apoyo a las madres comunitarias, pero aquí vienen unos equilibrios.

Nosotros hemos avanzado mucho en la beca de la madre comunitaria. Lo que no podemos es laboralizarlas.

Y nos hemos tenido que oponer a un proyecto de ley que quiere laboralizarlas. Y hemos dicho que el día que eso se haga, los costos obligarían a cerrar a Bienestar Familiar.

Entonces, ahí también hay que guardar un equilibrio entre lo que cuesta la administración de una entidad y los beneficios a la comunidad.

¿Qué ganamos si todo el dinero del Estado se va en el caso de Bienestar Familiar para pagar las nóminas, y no llega a donde tiene que llegar, que es a las comunidades?

Cuando nosotros hablamos de Estado Comunitario significamos que el Estado no puede estar al servicio de clientelas políticas, que el Estado no puede estar al servicio de excesos sindicales, que el Estado tiene que estar al servicio, fundamentalmente, de los superiores intereses de la comunidad.

Ahora, faltantes:

En educación de primera infancia hay un gran atraso en Colombia para los sectores pobres. Apenas es el segundo año en el cual estamos entregando el recurso para los hogares múltiples, para los jardines infantiles, que le ha sido girado a las alcaldías.

El Conpes 115, el Conpes 123. Aspiramos llegar, antes de agosto del año entrante, a una cobertura escolar de 400 mil niñitos menores de 6 años. Ahí el país tiene un atraso.

Hemos avanzado en el tema de gratuidad educativa. Es el segundo año en el cual se giran en las alcaldías recursos de las transferencias para gratuidad educativa.

Creo que este año, en gratuidad educativa, con apoyo del Gobierno Nacional, 30 mil pesos por estudiante, estratos 1 y 2, vamos a tener alrededor de cinco millones de estudiantes en Colombia.

Conectividad

Está bien ya en algunas ciudades. En las ciudades intermedias, municipios alejados, todavía muy mal. Con problemas de falta de banda, pero hoy empezamos a tener más problema de falta de buen servicio de energía.

En los últimos consejos comunitarios la queja ha sido: ‘Presidente, sí, nos mandaron los computadores. Tenemos conectividad. Pero falla mucho el servicio de energía’.

También hay otro problema: nosotros hemos empezado, prácticamente con gratuidad para la conectividad, pero no permanente, sino transitoria, en la necesidad de que eso se vaya transfiriendo como una obligación de las escuelas, alcaldías, etc.

La Nación no alcanza a sostener la gratuidad de ese servicio indefinidamente.

Por eso, el programa Compartel empieza con más horas y va disminuyendo el número de horas a medida que pasa el tiempo, porque vamos a tener que transferir esos costos a las regiones. La Nación no alcanza a pagarlos.

Me decía la Ministra Consejera (Claudia Jiménez) que una de las críticas aquí al programa de Familias en Acción es porque se considera un incentivo perverso.

Uno de los requisitos de Familias en Acción es que cuando una familia entra al programa, los hijitos que nazcan, a partir de ese momento, no pueden ser cubiertos por el programa.

Le hemos pedido a Luis Alfonso Hoyos (Director de Acción Social) que difunda eso ampliamente. Porque aquí no se busca proponer un incentivo perverso. Aquí lo que se busca es ayudar a los sectores más pobres a educar a los hijos.

El programa se orienta a los sectores más pobres y durante todo el ciclo escolar.

La única manera que tienen las familias pobres de Colombia de garantizar que haya movilidad social, que sus hijitos no estén condenados a ser pobres, es en la medida que puedan garantizar la educación de sus hijos. Esa es la razón de Familias en Acción, programa que ha dado un gran salto.

Nosotros teníamos 220 mil Familias en Acción. Hoy tenemos dos millones 600 mil. Ojalá rápidamente pudiéramos llegar a tres millones.

Yo creo que las zonas más pobres de Cartagena sienten hoy, en ese programa, un gran alivio.

¿Es un programa social asistencialista o estructural? Eso nos sirve también para examinar el papel del Estado en cuanto a la orientación de la política social.

¿Qué definiría yo cómo política social asistencial, y la estructural por oposición?

La estructural es aquella que contribuye a que se abran avenidas de movilidad social, a que se pueda superar la pobreza, mejorar la equidad distributiva.

La asistencial simplemente da un alivio, pero no crea posibilidades de cambiar la estructura social. En la medida en que los jóvenes puedan estudiar, que los niños puedan estudiar, se dan las bases para hacer los cambios estructurales de la sociedad. Por eso creemos que ese programa hace parte de una serie de programas sociales estructurales.

Diría yo que el programa asistencial que tenemos nosotros es el programa de los ancianos. Ese sí, reconozco, es un programa puramente asistencial, pero necesario en una democracia.

Este país atendía 60 mil ancianos. Hoy atiende 860 mil, un poquito más. Un gran salto, pero no suficiente. Necesitaríamos atender dos millones de ancianos. Todas las alcaldías me reclaman hoy: ‘Presidente, necesitamos más cobertura del programa de tercera edad’.

Y uno de los problemas grandes que tiene el país es este: nosotros tenemos 19 millones de trabajadores. Hay más de ocho millones afiliados al sistema pensional, pero un poquito menos de seis que pagan cumplidamente la cotización. El número de trabajadores con riesgo de no tener pensión en Colombia es muy alto, muy alto.

Uno de los éxitos de este Congreso es que ayer se aprobó una norma que desarrolla el Acto Legislativo del 2005. En virtud de esa norma, el Estado podrá empezar a pagar un aporte a los trabajadores vulnerables que hagan un ahorro, para garantizarles un beneficio de retiro.

Reto social de Colombia: avanzar para garantizarles a los trabajadores vulnerables que no tienen posibilidades de pensionarse un ahorro de retiro. Va a ser un ingreso de retiro.

El drama va a crecer si no avanzamos por ese camino, porque la población se envejece, la población pierde su capacidad para laborar y para obtener unos ingresos, y se queda estrecho el sistema pensional. Ese es uno de los grandes retos que a mi juicio tiene Colombia.

En el tema de la salud hay avances y hay desafíos.

Nosotros teníamos 10 millones 600 mil colombianos en el Régimen Subsidiado. Hoy tenemos 23 millones de cupos. Teníamos 13 millones de colombianos en el Régimen Contributivo. Hoy tenemos más de 17 millones.

Yo diría que en cobertura básica el país está dando un gran salto.

¿Qué problema tenemos?

Que el plan de atención a los sectores subsidiados es muy inferior frente al plan de atención a los sectores formales.

¿Cuánto cuesta nivelarlos?

Cuesta seis billones de hoy. Allí tenemos un obstáculo.

La sentencia de la Corte Constitucional no solamente la respetamos sino que la compartimos. Y el país tiene que buscar cómo logramos nivelar el sector subsidiado con el sector contributivo. La vía menos difícil es que esta economía vuelva a tener dinámica de crecimiento, y que podamos, crecientemente, afiliar trabajadores al Régimen Contributivo, donde es menor el esfuerzo del Estado porque la contribución la pagan los empleadores y los trabajadores.

Tema hospitalario

En este Gobierno no se ha cerrado un solo hospital. Se han reestructurado muchos, no se ha cerrado uno solo.

¿Qué ha pasado con las clínicas de Seguro Social? Por ejemplo la de aquí de Cartagena, la de Santa Marta, las de Bogotá. Las estamos reformando sin cerrarlas.

La de aquí de Cartagena, la de Enrique de la Vega, era una clínica inviable: politiquería y excesos de costos. Se la entregamos a la Fundación de San Juan de Dios. Visítenla. Hoy es una clínica ejemplar.

A mi me decían: ‘Presidente, esa reforma va a ser muy mal recibida’. Y cuando visité esas clínicas por primera vez, después de la reforma, yo iba con temor. ¿Cómo será la crítica? Encontré contentos a todos. Más contentos los pacientes, ya no los tratan como animales, tirados en un pasillo, arrumados; contentas las enfermeras, contentos los médicos, contento el personal administrativo.

Y así estamos avanzando en muchas clínicas del Seguro.

Mañana vamos a revisar cómo va la administración de los hospitales de Simití, Mompós y Magangué, que eran un desastre.

Hoy Mompós y Magangué están administrados por el sector de las comunicaciones, por Caprecom, y eso se ha convertido en un operador transitorio, a ver cómo llegamos a un operador que garantice la mayor sostenibilidad, la mayor eficiencia en el largo plazo.

Entonces, nosotros creemos que allí el papel del Estado es: no cierre hospitales públicos, pero búsqueles un manejo austero, un manejo eficiente, un manejo que dé sostenibilidad.

Porque finalmente el Estado burocrático y el neoliberalismo se parecen. Se proyectan desde diferentes esquinas, pero se juntan. Los dos destruyen el Estado. El neoliberalismo lo desmonta por decreto, y el burocratismo lo quiebra.

Ahora, tampoco se puede llegar al extremo de pasar de exceso de costos laborales a una contratación precaria. Por eso el Gobierno impulsó y se aprobó la ley que obliga a las cooperativas de trabajo asociado a pagar todas las obligaciones laborales.

Y le hemos pedido al Ministerio (de Protección Social) que mire todos los hospitales reestructurados del país, para que no haya precariedad laboral, a través de la contratación con las cooperativas. Porque es muy grave pasar del extremo de los excesos sindicales y politiqueros, al extremo de abusos de algunos intermediarios laborales. La nueva legislación no permite que las cooperativas de trabajo asociado sean intermediarios laborales.

El país va avanzando en el tema de banca para los sectores más pobres. Con inmensas dificultades.

Me dicen los muchachos del Sena: ‘Presidente, mire, sí, ya nos formaron aquí, queremos emprender, pero no tenemos un crédito para empezar esta empresa’.

Allí hay un gran faltante: en el crédito de emprendimiento para quienes inician proyectos.

Con el esquema Banca de Oportunidades en este segundo Gobierno se han logrado entregar tres millones 900 mil créditos. Este año se va a entregar un millón y medio. El gran énfasis es para personas que nunca han recibido un crédito, que dependen de la usura, del ‘gota a gota’.

Hemos trasladado un millón 190 mil microempresarios que dependían del ‘gota a gota’, al mercado financiero institucional.

¿Cómo puede ayudar ahí el Estado?

El Gobierno Nacional reglamentando, promoviendo, con recursos de Bancoldex. Alcaldías, gobernaciones, ¿cómo pueden ayudar? Haciendo acuerdos para rebajar tasa de interés; subsidiando parcialmente la tasa de interés; ayudándole al Fondo de Garantías. Hay muchas maneras de hacerlo.

Lo que uno no recomienda es que el Estado se convierta directamente en prestamista. Porque hay mucha dificultad en la asignación transparente de los recursos; mucha dificultad en la administración de la cartera.

En el tema de la participación de opinión hemos considerado muy importante los consejos comunitarios. Terminaría con esto para recibir algunas preguntas de ustedes.

Primero, ha sido un ejercicio de franqueza con respeto. Mis compatriotas, en los consejos comunitarios, presentan todas sus quejas, sus críticas. Pero eso se ha constituido en una gran pedagogía de respeto.

Segundo, se ha despejado una duda. Se decía: eso va a ser promesa tras promesa.

Yo diría que lo bueno es que el Consejo Comunitario no es de promesas, pero tampoco de olvidos.

Si uno se pone a hacer promesas, en un Gobierno que cada dos o tres días tiene que darle la cara a la ciudadanía, pues pierde la credibilidad. Y por encima, por encima de la favorabilidad hay que tener credibilidad. Que digan: mire, yo discrepo de este Gobierno, pero se le puede creer.

Ahora, un gran logro de los consejos comunitarios es que mantiene al Gobierno muy exigido.

Por ejemplo, a finales del año pasado, con las inundaciones en el río Magdalena, el Gobierno estuvo muy exigido. Pero mañana tiene que responder por las obras que se están haciendo. Por cada una de esas obras tiene que responder mañana en el Consejo Comunitario en Mompós (Bolívar).

O sea que un Gobierno que tiene que estar dándole la cara en rendición de cuentas a la comunidad, periódicamente, es un Gobierno que no se puede dormir. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Y yo diría que la ciudadanía, que también ha servido mucho para la participación ciudadana en ese diálogo, porque la ciudadanía hoy es más ordenada en sus pedidos. El discurso ciudadano en Colombia es hoy más ordenado que el discurso político. Y también la ciudadanía ha aprendido muchísimo a priorizar.

Al principio, en el diálogo, era una escopeta de regadera pidiendo de todo. La ciudadanía hoy tiene mucha, mucha más elevada conciencia, mucho más elevado conocimiento de priorización.

Ese Estado de de Participación Comunitaria ayuda enormemente.

A este país le interesaba era el diálogo con los violentos. Pero en la vida institucional se dialogaba muy poquito.

Este Gobierno ha querido orientar el diálogo con todos los colombianos que viven al amparo y con observancia de las instituciones democráticas. Creemos que ese es el gran reto de la participación.