Prevenir la amenaza de las minas antipersonal y crear conciencia sobre la necesaria atención a las víctimas de estos artefactos, hacen parte de las acciones que busca Colombia al ser la sede de la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa, que se celebrará en Cartagena, del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

Ginebra, Suiza, 2 mar (SP). El Vicepresidente Francisco Santos Calderón afirmó hoy que la Cumbre de Cartagena, donde se realizará la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa, debe ser una oportunidad para “renovar, profundizar y ampliar” los compromisos y voluntades de países y organizaciones internacionales y de la sociedad civil con la “erradicación definitiva de este flagelo”.

En Ginebra (Suiza), durante el lanzamiento mundial de la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa -que se llevará a cabo en Cartagena del 30 de noviembre al 4 de diciembre-, el alto funcionario reiteró que las Farc y el Eln son los principales responsables de la siembra de minas en el país.

Al respecto, pidió que la realización de esta conferencia sea una “oportunidad sincera y franca para condenar, sin vacilaciones y sin ningún tipo de consideración o justificación, sin ninguna posición permisiva o tolerante, a los grupos terroristas que utilizan las minas dentro de sus tácticas de destrucción”.

Igualmente, denunció que a la reciente masacre de 8 indígenas Awá perpetrada por las Farc, se suma la muerte de por lo menos 13 indígenas de esta comunidad a causa de minas sembradas por el grupo insurgente.

“En esta misma región, desde el 2005, 46 militares han perdido la vida y 83 han sido mutilados por acción de las minas antipersonal, cuando cumplían su labor de protección a la comunidad Awá. Estos hechos son inaceptables y merecen el rechazo y la condena de todos”, señaló Santos.

El Vicepresidente dijo que en Colombia “las minas causan desplazamiento forzado y perjudican la calidad de vida, en especial de las poblaciones rurales del país”, al tiempo que han obstaculizado las posibilidades de desarrollo social y económico de muchas comunidades.

Recordó que entre 1990 y 2008, 7.451 colombianos fueron víctimas de minas, dentro de los que se cuentan 722 niños.

También destacó el compromiso del Gobierno Nacional y sus instituciones por erradicar el problema, mediante el cumplimiento de las obligaciones internacionales de desminado y garantizando un adecuado proceso de rehabilitación para las víctimas.
“Hemos impulsado una estrategia de amplia de prevención para llegar a las comunidades más afectadas, a través de la difusión de mensajes de protección y educación en el riesgo de minas”, dijo Santos.

Agregó que frente a la grave crisis económica, es necesario hacer un llamado a la comunidad internacional, a los Estados Parte de la Convención de Ottawa y al Sistema de las Naciones Unidas, para que la problemática de las minas y los países afectados cuenten con “la asistencia técnica y financiera” que se requiere para avanzar en la superación de los daños a las comunidades afectadas. “Este es un enorme desafío para el futuro de la Convención”.