Durante un acto, en el Palacio de San Carlos, el Gobierno reconoció responsabilidad en el caso Pueblo Bello y se comprometió con los familiares de las víctimas en la búsqueda de la reconciliación y la paz para garantizar su reparación integral. La sentencia se refiere a hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, cuando un grupo de paramilitares, bajo el mando de Fidel Castaño, irrumpieron en el corregimiento y, con lista en mano, se llevaron a 43 campesinos.

Bogotá, 4 mar (SP). El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, presidió este miércoles en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso Pueblo Bello.

Esta sentencia se refiere a hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, fecha en la cual un grupo de paramilitares, bajo el mando de Fidel Castaño, irrumpieron en el corregimiento de Pueblo Bello, en Turbo (Urabá antioqueño) y, con lista en mano, se llevaron a 43 campesinos.

La Corte al respecto consideró que “independientemente de la vía recorrida por [los camiones], Colombia no adoptó las medidas de prevención suficientes para evitar que un grupo de paramilitares ingresara al municipio Pueblo Bello, en horas en las que estaba restringida la circulación de vehículos, y luego saliera de dicha zona después de haber detenido a las 43 víctimas del presente caso”.

Como una de las medidas de reparación, la Corte ordenó que el Estado realizara un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en la sentencia y de desagravio a las personas desaparecidas, a las privadas de la vida y a sus familiares.

El acto contó con la presencia de altas autoridades del Estado, los familiares de las víctimas y la sociedad civil.

Con este reconocimiento público de responsabilidad, el Estado colombiano cumplió así con sus obligaciones internacionales y con las sentencias proferidas por el Tribunal Interamericano.

El reconocimiento representó una importante oportunidad para comprometerse directamente con los familiares de las víctimas en la búsqueda de la reconciliación y la paz, para garantizar su reparación integral y como una garantía de no repetición de los hechos que ocurrieron hace más de 19 años.