Bogotá, 6 mar (SP). La Vicepresidencia de la República consideró que “el informe anual presentado ayer por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refleja una visión integral, comprensiva y amplia sobre la dinámica de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia”.
“El Gobierno de Colombia aprecia los reconocimientos que se hicieron y reitera su compromiso con los retos que allí se presentan y que han sido abiertamente reconocidos por este Gobierno, con el mayor interés de seguir trabajando para superarlos”, consideró la Vicepresidencia.
Destacó aspectos positivos del informe relacionados con temas como homicidios fuera de combate; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares; Ley de Justicia y Paz; investigaciones por presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares; población desplazada por la violencia; justicia penal militar; víctimas, y defensores y defensoras de derechos humanos y sindicalistas.
El siguiente es un documento entregado por la Vicepresidencia en relación con el tema:
“La Vicepresidencia de la República considera que el informe anual presentado ayer por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refleja una visión integral, comprensiva y amplia sobre la dinámica de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia.
El informe presenta los avances y desafíos que existen en Colombia en esta materia. El Gobierno de Colombia aprecia los reconocimientos que se hicieron y reitera su compromiso con los retos que allí se presentan y que han sido abiertamente reconocidos por este Gobierno, con el mayor interés de seguir trabajando para superarlos.
La ONU destacó en su informe que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, han tenido una mayor relevancia en las agendas política y pública durante el 2008. Igualmente reconoce el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en materia de derechos humanos, tal y como demostró durante las sesiones del examen periódico universal.
Durante la presentación del informe, la Alta Comisionada, Navy Pillay, dijo que “mi primera visita fue a Colombia en octubre en donde conocí al Presidente Uribe y a otros altos oficiales, al igual que a representantes de la sociedad civil. Yo elogié los esfuerzos del gobierno en la promoción efectiva de rendición de cuentas, en proveer resarcimiento a las víctimas, promover el respeto por los derechos humanos dentro de las fuerzas militares y desmovilizar grupos paramilitares. Coincidió con mi visita el retiro más grande de oficiales del Ejército por su supuesta participación o por negligencia en desapariciones y homicidios fuera de combate. Sin embargo, persisten violaciones a los derechos humanos en ese país”.
Para Colombia es muy importante el reconocimiento a su política de apertura frente a la comunidad internacional. El Informe demuestra que la independencia y el compromiso con los derechos humanos no se oponen al reconocimiento de las acciones positivas y realizaciones lideradas por el Estado.
Sobre los casos aislados que se conocieron de homicidios fuera de combate, el Estado colombiano resalta que desde el mes de octubre de 2008 no se han presentado denuncias sobre este tipo de casos y que se están tomando medidas contundentes, para evitar que se vuelvan a presentar. Igualmente continuarán las investigaciones y colaboración con la justicia para sancionar cualquier violación a los derechos humanos.
El informe registra que los grupos armados ilegales que surgieron a lo largo del proceso de desmovilización de grupos paramilitares, tienen una motivación principal en el negocio del narcotráfico o el crimen organizado; que no son homogéneos ni están estructurados como organizaciones militares y que muchas de sus acciones obedecen a ajustes de cuentas o pretendidas limpiezas sociales.
El Estado de Colombia reitera su agradecimiento a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU por su compromiso con los más altos ideales de la humanidad expresados en los derechos humanos y su contribución a los logros que el Informe exalta; esos logros son el resultado del trabajo conjunto de la Oficina, la sociedad colombiana, algunos sectores de la comunidad internacional y las instituciones de Colombia.
Aspectos positivos
Tomado textualmente del Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina de la Alta Comisionada y del Secretario General
- Se reconoce que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación han tenido una mayor relevancia en las agendas política y pública durante 2008.
- La Alta Comisionada reconoce el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en materia de derechos humanos, tal y como demostró durante las sesiones del examen periódico universal.
Homicidios fuera de combate
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El Gobierno demostró buena voluntad y realizó importantes esfuerzos, que deberían continuar para garantizar la efectividad y estricto cumplimiento de las políticas institucionales.
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La destitución por el Presidente en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, así como otras medidas disciplinarias, por “una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción” fue una importante señal para reforzar la política de “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos. En noviembre de 2008, el Comandante del Ejército renunció, el Ministro de Defensa anunció medidas adicionales y el Presidente inició una serie de sesiones periódicas de rendición de cuentas con los altos mandos militares para responder a las denuncias por ejecuciones extrajudiciales
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
El Gobierno ha dado pasos importantes para capacitar a funcionarios públicos y oficiales y suboficiales militares en los estándares internacionales de prevención de la tortura. Sin embargo, como fue reconocido por el mismo Gobierno, los retos siguen vigentes. El Gobierno daría un paso significativo para enfrentar estos retos aceptando ser parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, a lo que se comprometió el Gobierno durante el proceso del EPU en diciembre de 2008, sería un paso significativo para garantizar una respuesta efectiva y completa a las reclamaciones de las víctimas.
Grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares
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Incluso si estos grupos pudieran tener alguna clase de jerarquía, estarían lejos de estar estructurados como organizaciones de tipo militar y no parece que ejerzan control territorial de manera exclusiva. Además, en muchas localidades, no parecen actuar de forma coordinada, sostenida o concertada.
Ley de Justicia y Paz
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Durante las versiones libres se han revelado numerosos hechos que le han permitido a la Fiscalía General de la Nación iniciar o reabrir investigaciones sobre casos que permanecían impunes. Estos casos incluyen algunos relacionados con servidores públicos de alto nivel presuntamente vinculados con grupos paramilitares, así como otros en los cuales las víctimas eran sindicalistas o miembros del partido político Unión Patriótica.
- Entre los resultados tangibles de la implementación de la ley se destacan las exhumaciones de fosas clandestinas y de otros lugares donde las víctimas de los paramilitares fueron abandonadas, así como la recuperación de restos humanos.
Según la Fiscalía General de la Nación, en 2008 se encontraron más de 410 fosas clandestinas y se recuperaron los restos de más de 560 víctimas, para un total estimado de 1.420 fosas y 1.750 restos recuperados desde el inicio de las versiones libres. Sin embargo, aún se requiere un esfuerzo adicional para acelerar la debida identificación y entrega de los restos a las familias de acuerdo con los estándares internacionales aceptados.
La comunidad internacional también debería aumentar su apoyo a las autoridades colombianas para resolver este tema específico. A la fecha de cierre de este informe, sólo se habían entregado los restos de 249 víctimas a sus familias.
Investigaciones por presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares
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Estos procesos judiciales constituyen un paso positivo en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho, que debe ser preservado y protegido de cualquier forma de politización. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia debería profundizar la solidez de sus decisiones, por ejemplo mediante el uso riguroso de órdenes de captura y de la detención preventiva, la consistencia de sus pronunciamientos, y la garantía del derecho a la doble instancia.
Población desplazada por la violencia
- La sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004, y los autos de seguimiento subsiguientes, han señalado la persistencia del “estado de cosas inconstitucional” con relación a la atención que se le brinda a la población desplazada.
En abril y en octubre de 2008 la Corte reconoció los esfuerzos financieros que había hecho el Gobierno para atender a las personas desplazadas, pero declaró que la política de atención pública continuaba presentando deficiencias en varios aspectos, en particular con relación a la falta de atención diferencial para niños, niñas y adolescentes, así como para los pueblos y comunidades indígenas y grupos afrocolombianas.
Justicia penal militar
La oficina en Colombia valora positivamente que la Corte Constitucional, en su sentencia C-533 de julio de 2008, aceptara la objeción presidencial sobre el alcance del fuero militar, con el fin de garantizar que no incluya violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Esta decisión está en consonancia con los principios y estándares internacionales de derechos humanos. Como resultado de esta decisión, en noviembre de 2008, el Congreso aprobó una nueva redacción del artículo relevante del Código de Justicia Penal Militar, que a la fecha de cierre de este informe, aún tiene que ser revisada una vez más por la Corte Constitucional.
Víctimas
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En el año 2008, la situación y los derechos de las víctimas obtuvieron reconocimiento en las agendas política y pública.
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La adopción por el Gobierno del Decreto 1290 de abril de 2008 por el que se creó un programa administrativo de reparaciones para las víctimas de grupos armados ilegales, fue un paso positivo para satisfacer el derecho a la reparación.
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Se han registrado algunos progresos en el establecimiento de la verdad sobre delitos cometidos en el pasado, lo cual ha contribuido a desarrollar una mejor comprensión social de la importancia de garantizar el derecho a la verdad.
Las versiones libres de la Ley de Justicia y Paz han confirmado violaciones de derechos humanos anteriormente denunciadas y han permitido que muchas víctimas recuperen sus recuerdos y se reconcilien con sus muertos. No obstante, es urgente abordar aspectos tales como la lentitud en el avance de los procesos judiciales, la falta de colaboración, y a veces incluso la inasistencia a las sesiones por parte de los postulados, o la insuficiente participación de las víctimas en estas sesiones.
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Otra iniciativa importante en esta área es el informe sobre los delitos cometidos en Trujillo (Valle del Cauca) entre 1988 y 1994, publicado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en septiembre de 2008, en el cual se documentan delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada contra 342 víctimas. Según el informe, el ELN, las organizaciones paramilitares y miembros de la fuerza pública tendrían responsabilidad por estos crímenes.
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Con la reforma del marco legal que regula el derecho a la huelga, se han incorporado importantes principios internacionales en la legislación nacional. Por ejemplo, a partir de ahora, son los tribunales los que deciden sobre la legalidad de las huelgas y no el Gobierno como anteriormente; y la aceptación de ambas partes es ahora necesaria para que se solicite la intervención de una instancia de arbitraje que pueda resolver una huelga.
Adicionalmente, el Congreso está considerando adoptar una serie de medidas legislativas para asegurar el derecho al agua. Se ha iniciado también el proceso de ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero su Protocolo facultativo no ha sido firmado aún por el Gobierno.
Defensores y defensoras de derechos humanos y sindicalistas
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La oficina en Colombia reconoce los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, que proporciona atención, entre otros, a defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, persiste el reto de minimizar los riesgos para su vida y seguridad, en particular debido a la estigmatización de su trabajo legítimo”.
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