Bogotá, 20 may (SP). “Quiero saludarlos muy respetuosamente a todos ustedes. Nos congrega hoy una nueva tertulia económica sobre política de vivienda, las medidas anticíclicas.

Quería introducir con dos comentarios y una explicación.

El Gobierno ha venido estudiando la legislación laboral y la legislación tributaria. Creemos que hay que hacer una gran pedagogía en estos momentos de crisis y dificultades, para pedirle al país, al Congreso de la República, que demos una señal contundente de estabilidad en estas normas.

Colombia ha logrado una tributación muy atractiva para la inversión. Apenas está empezando a producir sus frutos. Los proyectos no se improvisan. Apenas la comunidad internacional está empezando a tener a Colombia como un gran referente de inversión.

No obstante la crisis, en los primeros cuatro meses del año el país recibió más de 2 mil 500 millones de dólares de inversión extranjera directa, cuando los promedios anteriores eran, en el año, de 700 millones (de dólares) picos de mil 500 (millones de dólares).

Y llevamos una serie bien importante con 8 mil 500, 6 mil 500, 9 mil 28, el año pasado 10 mil 564 y en este momento de crisis, primeros cuatro meses, más de 2 mil 500 (millones de dólares).

Y las tasas de inversión, los flujos de inversión en proporción al producto también han crecido de manera sustancial: han pasado del 12 - 14 por ciento al 22 – 25 - 26 (por ciento). La meta del Gobierno es que no se caigan por debajo del 25 (por ciento).

Un país con todas las dificultades de nuestra Patria, con 46 millones de habitantes, necesita mantener unos constante de inversión elevados, ojalá no inferiores al 25 por ciento del PIB sumando tanto la inversión doméstica como la inversión internacional.

Y las normas tributarias han ayudado muchísimo. Ustedes saben que en lugar de haber reducido las tarifas sustancialmente para todo el mundo, el Gobierno y el Congreso introdujeron los estímulos a la inversión para no darle el mismo tratamiento a quien invierte, que el tratamiento que se le da a quien no invierte.

Estímulos sectoriales y estímulos generales: que estímulos al software, que estímulos a los biocombustibles, que a los cultivos de tardío rendimiento, que al turismo ambiental, etcétera. Y estímulos generales como el estímulo de las zonas francas, el estímulo de la deducción tributaria del 40 por ciento, los acuerdos de estabilidad a 20 años con los inversionistas.

Creemos que esto ha contribuido bastante a hacer de Colombia un gran referente para la inversión.

Y nos preocupa que la crisis de la economía nos lleve, en medio del desespero, a cuestionar esta legislación que apenas empieza a producir sus ventajas.

Por supuesto, había otras opciones. Una opción que había era una reforma que algunos llaman estructural.

Decían: ‘hay que eliminar todas las exenciones, poner una tarifa plana, baja para todo el mundo’. ¿Qué inconveniente le encontrábamos? La primera exención que habría sido necesario eliminar es la de los dividendos, que en buena hora en la administración (del Presidente Virgilio) Barco el país la eliminó cuando desmontó la doble tributación.

La exención del Banco de la República para estos efectos es inocua, porque las utilidades del Banco de la República las traslada al presupuesto nacional.

Y haber tomado la decisión de lo que se llama hoy la característica fundamental de una reforma estructural, que es una tarifa plana, baja, igual para todo el mundo, tendría –a juicio del Gobierno- dos problemas: primero, eliminaría la distinción que hemos acentuado en el tratamiento a quien invierte frente a quien no invierte; y segundo, eliminaría la progresividad, que en una sociedad con pobreza y con dificultades no se debería eliminar.

Nosotros creemos que lo que se ha hecho de estímulo a la inversión es bien importante y que tenemos que hacer una gran esfuerzo pedagógico para tratar de crear una gran conciencia en defensa de la estabilidad en estas normas.

Legislación laboral

Lo mismo en el tema laboral. Por un lado nosotros escuchamos la necesidad de flexibilizar más la legislación, de desmotar por ejemplo parafiscales, de introducir un nuevo concepto en salario mínimo, incluso de considerar como salario mínimo legal una suma inferior a la actual, que sería no cambiar la realidad de la pobreza sino clasificarla de una manera más indulgente.

Y de otro lado, tenemos 60 proyectos en el Congreso de la República altamente peligrosos. Ya logramos que el Congreso le dijera no a un proyecto que proponía desmontar la Reforma Laboral de 2002.

Los congresistas aquí reunidos me decían: ‘Presidente, muy difícil porque entonces a nosotros nos llaman enemigos de los trabajadores, por votar con el Gobierno para que no se desmonte esa Reforma Laboral, y quienes se oponen a nosotros tienen la bandera facilista de decir que ellos impulsaron eso en beneficio de los trabajadores, pero que el Gobierno y la coalición del Gobierno no lo permitieron’.

El Gobierno dio todas las razones para manifestar la inconveniencia.

Una Reforma Laboral no suficientemente que ha incidido mucho en todo el sector servicios. Qué habríamos hecho sin esa Reforma Laboral para el gran crecimiento que han tenido en Colombia hoteles, restaurantes, el sector médico. Sectores que tienen tanto futuro, por ejemplo las zonas francas hospitalarias, el turismo, etcétera. Y ha contribuido a formalizar.

El Gobierno ha examinado, entre muchas, solamente una cifra: en estos años el número de los trabajadores afiliados al sistema pensional ha pasado de algo menos de cinco millones a algo más de ocho millones y medio.

Nosotros hemos vinculado al sistema pensional en estos años, casi cuatro millones de trabajadores.

Donde se ha presentado la mayor lentitud en afiliación a la seguridad social, cifra mucho mayor al número de empleos creados en estos años, que ha sido de dos millones 200 mil empleos.

Cuando hay una mayor afiliación al sistema de seguridad social, que el número de empleos creados, eso significa que ha habido mayor formalización. Y eso, es una cifra contundente para rebatir la afirmación de que ha crecido la informalidad. Yo creo que esa cifra le permite al Gobierno decir de manera totalmente objetiva que la informalidad ha venido reduciéndose, aunque no en las proporciones que el país lo requiere.

Nosotros creemos que quedaríamos sin autoridad para trabajar con el Congreso de la República la obstaculización de estas reformas que ya se están tramitando, el rechazo a esas reformas, si por el otro lado fuéramos a avanzar en lo que algunos piden, que es eliminación de beneficios de trabajadores.

Creemos que las reformas laborales que ha hecho Colombia han llevado a tener una legislación con equilibrio, una legislación con suficiente flexibilidad a favor de la contratación, de la finalización de los contratos, y con suficiente garantía de estabilidad para los trabajadores.

Muchas veces los empresarios se quejan de que es muy cara en Colombia la tabla de indemnización para despidos sin justa causa, y los trabajadores dicen: ‘pero se eliminó la acción de reintegro’.

Creemos que hay una legislación bastante equilibrada. El Gobierno le está pidiendo a la opinión pública, al Congreso, a los centros de estudio, que nos ayuden con una garantía de estabilidad en esas normas.

Vamos a seguir trabajando con el Congreso de la República para que todos estos proyectos que están haciendo curso allí se frenen, porque es un momento para no desmontar beneficios de los trabajadores y es un momento también para no crearle nuevos obstáculos al empleo.

El Gobierno ha venido haciendo unos ajustes por la vía reglamentaria. Creo que uno de los puntos más importantes de la Reforma Laboral del 2002 es la redefinición del contrato de aprendizaje. Esa ley lo sustrajo de la órbita laboral, lo asimiló a un contrato de servicios, a un contrato sui géneris.

Aprendices y cifras del Sena

Cuando el aprendiz está en la parte electiva gana un 50 por ciento del salario mínimo. Cuando está en la parte práctica, un 70 por ciento. La única prestación adicional a esa remuneración es la afiliación a salud. No hay una prestación adicional, una sola. Yo creo que fue un gran avance de la reforma de 2002.

Y las cifras son elocuentes, a pesar de que el Gobierno reconoce todo lo que falta.

El país ha pasado de 31 mil aprendices a 102 mil. Ustedes saben que esa reforma es explícita, clara en decir que las empresas tienen que tener un aprendiz por cada 20 trabajadores, o en su defecto pagar la cuota.

Entonces tenemos hoy alrededor de 102 mil aprendices, pero también hay el pago de unas cuotas de aprendizaje que nos están permitiendo la financiación del Fondo Emprender.

Y ustedes conocen los resultados del Sena: hemos pasado de un millón 100 mil trabajadores formados al año, a más de seis millones.

Yo creo que se ha convertido en la entidad líder en la enseñanza de inglés. Está llegando a un millón colombianos aprendiendo inglés vía Internet, una gran masificación.

Y ahora tenemos en proceso una licitación para instalar el cable submarino a San Andrés. La mayoría de los profesores son nuestros compatriotas de San Andrés.

El Sena tenía 41 mil colombianos matriculados en programas titulados: técnicos y tecnológicos. Hoy tiene 298 mil. Y como parte de esta política anticíclica, el Sena está vinculando a otros 250 mil compatriotas matriculados en programas técnicos y tecnológicos, especialmente orientados a empleos nuevos, en la convicción de que esta crisis de la economía una vez se empiece a superar, no va a revivir mucho de los viejos empleos perdidos, y que uno de los esfuerzos de la política anticíclica de cualquier país tiene que ser una reforma estructural que visione, que anticipe los nuevos empleos. Es lo que quiere hacer el Sena.

Ayer se expidió un decreto que estuvo consultado durante el último mes, que aumenta sustancialmente el porcentaje de aprendices voluntarios que puede tener una empresa colombiana.

Nosotros estamos entusiasmados de que las empresas puedan utilizar ese decreto y que haya en el país un gran crecimiento del aprendizaje, del contrato de aprendizaje.

El requisito que se exige es que las empresas no utilicen el aprendiz para sustituir al trabajador de nómina. Eso es hoy más fácil de controlar que antes, porque hoy por fortuna tenemos la planilla única de liquidación, lo que se llama la Pila. Entonces hoy es menos difícil asegurar que cuando una empresa crece en aprendices, no lo hace al costo de disminuir la nómina de trabajadores formales.

Hasta hoy cuando expedimos ese decreto, el potencial para contratar aprendices en Colombia era de un poco más de 300 mil. Con en nuevo decreto, que sube los techos de contrato de aprendizaje, ya no es la cuota obligatoria sino más allá de la cutota obligatoria de aprendizaje voluntario para las empresas, el potencial asciende a un millón 300 mil aprendices.

Lo que nosotros queremos hacer en lo inmediato es una gran concertación con el sector privado, para que los 250 mil muchachos que entran ahora al programa de técnicos en el Sena, adicionales a los 298 mil en esa formación titulada, todos puedan ser vinculados como aprendices por el sector privado.

Entonces así van a tener la formación lectiva en el Sena, y la práctica y el apoyo económico, de acuerdo con el nuevo decreto, en el sector privado.

Hace unos dos meses en una reunión con la Comisión Nacional de Competitividad del Sector Privado y su presidente, el doctor Hernando José Gómez, revisamos la Ley 590 del 2000.

El Gobierno había pensado que esa Ley no necesitaba reglamentarse, porque es una Ley tan clara que debería tener aplicación inmediata, sin necesidad de tener un desarrollo reglamentario.

Infortunadamente la cultura jurídica del país ha venido evolucionando, y el país hoy está muy en la idea de que toda norma necesita reglamento, como condición de aplicación, así la norma no difiera al reglamento la iniciación de su aplicación.

Para ajustarnos a eso el Gobierno dictó el Decreto Reglamentario, que lo quiero recordar: las nuevas medianas y pequeñas empresas el primer año solamente pagan un 25 por ciento de los parafiscales, el segundo año un 50 por ciento, el tercer año un 75 por ciento, y solamente vienen a pagar el ciento por ciento el cuarto año.

En este ejercicio de Gobierno Comunitario, nosotros además de los consejos comunitarios tenemos los consejos de crédito, en lo que nos ayudan las cámaras de comercio en las diferentes capitales de Colombia; unas reuniones que lidera el Ministerio de Comercio, que se llama ‘Colombia Crece’, los consejos de empleo.

Trabajadores independientes y por días

Ha habido un reclamo sobre cómo manejar el tema de los trabajadores por día.

Quiero ponerlos al tanto a ustedes de lo que ha venido haciendo el Gobierno:

Primero, reconocemos que aunque hoy hay alrededor de ocho millones y medio, ocho millones 700 mil trabajadores colombianos vinculados al sistema de pensiones –eran 4 millones y medio, ha habido un gran crecimiento- de todas maneras al Gobierno le preocupa que hay un porcentaje importante de las cuentas –son cuentas con intervalo de inactividad, y hay una población ocupada de 19 millones de colombianos- entonces el Gobierno reconoce que muchos colombianos no tienen expectativa de pensión, y que a medida que se envejezca la población, ahí va a tener el país un problema social muy grave.

¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, hemos avanzado en la atención de ancianos pobres de 60 mil a 868 mil. Vamos a procurar, si la situación presupuestal nos permite, llegar el año entrante a un millón; pero el país necesita llegar rápidamente a la atención de dos millones de ancianos pobres.

Segundo, en el acto legislativo de 2005, una de las reformas constitucionales más difíciles, en la cual eliminamos los regímenes privilegiados de pensiones, con excepción de las Fuerzas Armadas, también se introdujo una norma que permite que el Gobierno aporte a una cotización que hagan los sectores informales de la economía, para obtener un ingreso de retiro.

No lo llamamos ‘pensión’, porque aquel ingreso de retiro que esté por debajo del salario mínimo, constitucionalmente no se puede definir como pensión. Es un ingreso de retiro para poder atender toda esta gran cantidad de compatriotas que no tienen en este momento una expectativa de ganar una pensión.

Eso necesita dos cosas: que el Gobierno cree el esquema mediante el cual ellos cotizan. Ya se ha creado, está en el Decreto 1800 de 19 de mayo, para que los fondos de cesantías y pensiones manejen esa cotización.

Y lo más importante: se requiere que el Congreso, en Ley de la República, autorice al Gobierno a hacer aportes presupuestales.

Entonces si un compatriota de sectores informales entra a cotizar, que el Gobierno haga un aporte mayor para irle acumulando una suma que le permita después tener un ingreso de retiro.

Esa norma está en el Estatuto Financiero, en trámite en el Congreso. Uno de los principales objetivos de ese estatuto es introducirle flexibilidad a los fondos de pensiones, los tres niveles.

No me voy a referir a eso, ustedes lo conocen ampliamente. La semana entrante ya debe haber ponencia para las dos plenarias, está aprobado por las comisiones, pero ha sido una norma de trámite muy lento en el Congreso.

Nosotros confiamos que antes de que termine este periodo legislativo esa norma esté convertida, ese proyecto esté convertido en Ley de la República, y dejemos toda la base jurídica para que el país pueda atender estos sectores que no tiene posibilidades de pensionamiento.

Surge otra pregunta: ¿qué hacer con los trabajadores por días?

Si el nivel de ingreso mensual del trabajador lo califica como informal, para pensiones el mecanismo tiene que ser este.

Para salud el mismo decreto de hoy ha reglamentado la ley, que permite que ese trabajador haga un aporte para el Régimen Subsidiado de Salud, que se debe ir mejorando en el Plan Obligatorio.

Para el tema de Cajas de Compensación, Sena y Bienestar, el decreto dice así: “el pago de estos aportes se continuará calculando sobre el valor total de la nómina”.

Pediría a ustedes hacer aclaración, porque en épocas de crisis aparecen estas confusiones, y cuando la economía está creciendo bien no se le asigna importancia a estos temas. Nosotros hemos sentido ahora mucha preocupación por estos temas en todo el país.

Entonces, este decreto está ajustado a la Ley 21 de 1982. Ustedes tienen dos trabajadores en una empresa de tiempo completo, y tienen dos trabajadores de tiempo parcial. Para liquidar el aporte al Sena, a las cajas y a Bienestar Familiar, suman la nómina pagada. Es indiferente que a estos le hayan pagado todo el mes, y a estos unos días del mes.

Entonces, eso les da masa salarial sobre la cual se liquidan estos aportes.

Y ahora viene la otra pregunta: ¿y ese trabajador por días qué beneficio tiene? El empleador tiene que pagar el aporte, ¿pero cuál es el beneficio del trabajador? Frente a Bienestar Familiar y frente al Sena no interesa que sea o no trabajador, que trabaje por días o que trabaje de tiempo completo, porque una de las expresiones de solidaridad en Colombia que marca una diferencia con oros países, es que el sistema de parafiscales, mientras en otros países beneficia exclusivamente a los trabajadores afiliados, en Colombia es abierto a toda la población.

Bienestar Familiar no le pregunta a los millones de beneficiarios de restaurantes escolares si los papás están afiliados o no a una nómina. Tampoco el Sena. Las Cajas de Compensación tienen unos servicios abiertos al público.

El tema que preocupa y que amerita claridad es si se paga o no el subsidio monetario por hijos a los trabajadores por días.

Entonces, lo que el Gobierno quiere recordar es el artículo 23 de la Ley 21 del 82. Vamos a ver cómo le llegamos a las millones de empresas de Colombia, a través de Internet, con una circular clarificando todas estas normas.

El artículo dice lo siguiente: ‘para que el trabajador tenga derecho al subsidio monetario por los hijos, debe trabajar por lo menos la mitad del mes, no 26 horas’. Nosotros creemos que era necesario haber dictado el Decreto que aclarara cómo se liquida la contribución del empleador.

Simplemente recordar esta Ley de 1982, y yo creo que lo prudente es aplicarla y dejarla intacta, aplicarla y dejarla intacta.

Entonces el Gobierno está atento a pedirle al Congreso de la República estabilidad en esas normas tributarias y en esas normas laborales, a asumir la responsabilidad política de decir, so pretexto de beneficiar a los trabajadores, no le creemos más dificultades al empleo, enfrentando todos estos proyectos que amenazan el empleo en Colombia; también a decir: miren, tengamos cuidado con la propuesta de desmonte de los parafiscales; y a introducir ajustes reglamentarios, como estos ajustes a los cuales acabo de referir, que nos pueden ayudar especialmente en este momento tan difícil de la economía.

Me desvié del tema principal hoy, pero a propósito, porque he sentido mucha preocupación en todo el país sobre estos temas, y no podía desaprovechar una audiencia tan importante como la que ustedes integran, para hacer estas referencias.

Entonces vamos a estrenar a Carlos Costa, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, en este tema tan importante de la vivienda, después al doctor Álvaro Hernán Vélez Trujillo, presidente de la Junta Directiva de Camacol, y a ustedes todos.