Bogotá, 28 may (SP). “Primero, me sumo a la felicitación del Profesor Leiderman (Leonardo Leiderman, Profesor de Economía de la Escuela de Economía Eitan Berglas, de la Universidad de Tel-Aviv) a los organizadores. Creo que Colombia, en su Banco Central, en su independencia, en su buen juicio, tiene una garantía enorme.

Fogafin (Fondo de Garantías de Instituciones Financieras), no obstante que pertenece a la estructura del Ejecutivo central, es una entidad sobre la cual se ha creado una gran conciencia para la mayor calidad en el manejo y la independencia.

Sobre las conclusiones que acaba de resumirnos el Profesor Leiderman, el reconocimiento de dónde empieza la crisis es un tema que tiene una gran importancia en la discusión política latinoamericana.

Y eso va a necesitar clarificaciones y enmiendas, porque en la discusión política latinoamericana, al señalar dónde empieza la crisis, se ha ido más allá de decir que es una crisis que empezó en los mercados más avanzados; una crisis que empezó en un concepto especulativo del capital; que desbordó el concepto de que el capital debe ser un factor de construcción de riqueza social, y en la interpretación política latinoamericana muchos sectores extienden la causa de la crisis a la iniciativa privada, y justifican procesos de estatización que ponen en riesgo la iniciativa privada en el continente.

Yo creo que allí hay que cumplir una gran tarea pedagógica para señalar exactamente qué fue la causa del fracaso, que no la iniciativa privada, que no se puede anular en el continente.

Y la segunda conclusión, lo que refiere al sistema de flotación. Lo que ha destacado el Profesor Leiderman de cómo América Latina ha manejado, primero, el exceso de devaluación, que fue la reacción inicial a la crisis, y después, la etapa de corrección.

El Gobierno respeta, cree que hoy no es objetable el sistema de flotación que ha defendido nuestro Banco Central. Por supuesto hay momentos muy difíciles. Nosotros vivimos unos años de muchísima apreciación.

Yo, particularmente, hoy, tengo temor de que tengamos una corrección de la devaluación que pueda ser excesiva.

Y entonces en el diálogo del Gobierno con los generadores de empleo aparece esta preocupación de muchos de ellos cuando los afecta el proceso de apreciación. Dicen: bueno, las autoridades económicas, el Gobierno, nos exigen avanzar en productividad. Hacemos todos los esfuerzos, avanzamos en productividad y después llega un exceso de apreciación y nos quita la competitividad, nos anula todo lo que hacemos en productividad.

Y en un país con tantas dificultades sociales como Colombia esa es una legación a la cual el Gobierno no puede ser oídos sordos. Nos ha tocado hacer un esfuerzo fiscal muy grande para defender el empleo en actividades que hacen enorme esfuerzo de productividad, a fin de poder compensarles peligrosísimas pérdidas de ingresos en esos momentos de apreciación.

Es una parte de preocupación.

Nosotros, en el Gobierno, tenemos que aplaudir que el manejo del Banco Central ha tenido en esta primera parte del año un gran logro. Antes de que empezara la corrección de ese exceso de devaluación, Colombia fue un país que se destacó, porque tuvo que gastar muy poquito de sus reservas para defender su moneda.

El Gobierno nuestro elogia esa tarea cumplida por el Banco Central.

Compartimos con ustedes el tercer punto: un incremento del déficit para poder avanzar en una política anticíclica tiene que ser transitorio.

Como trataré de decirlo en titulares más adelante, el Gobierno ha hecho una serie de reformas que le han permitido avanzar en una reducción sustancial del déficit, del endeudamiento público frente al PIB. Este año ambos tienen que crecer, pero en el tercer punto de nuestra política anticíclica, que es la financiación del Estado y la financiación de los empleadores, hemos tenido el buen cuidado de lograr un equilibrio entre lo que es la financiación del sector público en el corto plazo y la prudencia para poder mantener los espacios que permitan la financiación sin traumatismo del Estado, en el mediano y largo plazo.

Entonces, hemos venido cabalgando sobre ese raciocinio, y por eso compartimos la precaución que hoy ustedes advierten.

Reforma financiera internacional

La reforma financiera internacional todavía está en el nivel de discurso político. Realmente los gobiernos aún no sabemos hacia dónde marcha.

Yo quiero destacar que Colombia es un país que ha sido providente en legislación, providente en supervisión y providente en tener instituciones como Fogafin.

Colombia manejó bien una crisis muy honda, como fue la crisis de finales de los años 90, y ha manejado bien la recuperación.

Habrán visto ustedes el tema de las coberturas. A mí me preocupó muchísimo que de febrero a marzo el índice de cobertura se redujo de uno 1,11 a 1,9, y me sorprendió gratamente que en abril se pusiera por encima de 1,10. Y en la comparación internacional la solvencia de Colombia, de su sector financiero, aparece destacable.

Quiero atribuir ello a esos tres factores: la legislación, la supervisión y la actuación de entidades como Fogafin.

También quiero destacar que se ha presentado un gran avance en el Seguro de Depósito. Yo creo que en esa materia este Gobierno ha hecho dos ahorros muy importantes:

El ahorro de pagar cumplidamente los bonos de Fogafín, que nos han costado mucho: años de un billón de pesos, 900 mil millones, billón 200 mil millones. Y un Gobierno que vive en permanente debate con el pueblo colombiano piensa cuánto haríamos en carreteras, en educación, en inversión social.

Hemos tenido la disciplina de honrar esos compromisos.

Y por supuesto, ha habido un gran crecimiento en el Seguro de Depósito (otro gran ahorro). Ha pasado en estos años nuestros de 400 millones a 3 billones de dólares. Yo creo que es un ahorro bien importante para la economía colombiana.

Quiero celebrar también decisiones a las cuales se llegó en medio de la preocupación de la apreciación, de la advertencia oportuna del Banco de la República sobre los riesgos de un exceso de endeudamiento en Colombia.

Celebro que la discusión, la angustia, llevó a decisiones razonables en el Banco Central y en el Gobierno. La decisión para ponerle unos costos al endeudamiento externo y a los capitales de corto plazo.

No fue fácil de tomar. Me imagino que al interior del Banco, lo que corresponde a sus competencias, generó mucha discusión, y frente al Gobierno también hubo mucha discusión.

Me preguntaban en muchos sitios del país: ‘Presidente, ¿usted por qué habla de confianza inversionista y le están imponiendo estas restricciones a la llegada de capitales?’.

Nosotros siempre dijimos: ‘Bueno, hay que distinguir, sobre todo en estos momentos de crisis, entre los capitales de corto plazo y los capitales que vienen a establecerse en el país; entre los capitales con una expectativa de ganancia de corto plazo y aquellos que vienen a expandir la economía colombiana’.

Cuando veíamos las primeras calamidades de la crisis que ustedes, doctores de economía, tienen mucho mejor analizadas que lo que la pueda tener yo, observábamos que en los países donde se presentaban esas primeras calamidades se habían registrado unos ingresos enormes de capital de corto plazo, y tan pronto empezó la crisis, esos capitales quisieron apresuradamente salir de esos mercados y sumieron esos países en una crisis profunda, muy difícil, que le costó al Fondo Monetario, en los primeros meses de esta crisis, 41 mil millones de dólares de rescate.

Creo que lo que hizo Colombia, en el Banco Central y en el Gobierno, ayudó mucho a evitar que eso se diera.

Creo que Colombia también ha desarrollado un mercado financiero interno bien importante, cuyas bases se pusieron con la aprobación de los Fondos de Cesantías y de los Fondos de Pensiones.

Y eso ha ayudado a que en los últimos años el endeudamiento público haya pasado de representar 70 por ciento en moneda extranjera, a representar en moneda extranjera entre un 22, 28, que puede subir nuevamente al 30 por ciento.

Eso nos da menos vulnerabilidad en el mercado financiero externo, pero también mayor responsabilidad en el mercado financiero interno, para no copar los espacios de financiación que necesita el sector privado. El Gobierno es conciente de ello.

Creo que si bien se pudo haber desacelerado muchísimo la economía y una de las concausas determinantes de pronto fue la graduación de la tasa de interés, el país ha tenido buena disciplina en los fenómenos de endeudamiento.

Es importante destacar que el año pasado, a finales, las estadísticas oficiales mostraban que el sector privado tenía prácticamente el mismo endeudamiento en moneda extranjera que tenía en el año 1997, y había casi que duplicado su tamaño.

Yo creo que el país ha tenido una buena disciplina en la racionalidad del endeudamiento.

Visión del Gobierno

Permítanme referir a unos temas elementales de la visión del Gobierno:

La palabra clave -lo digo al oído de los muy estimados visitantes internacionales, porque mis compatriotas oyen repetir esto todos los días- pero yo vivo convencido que los gobiernos tienen que tener unos principios elementales que los guíen y persistir en ellos. Estar introduciendo ajustes para no incurrir en el estancamiento, pero también tener esos principios, para poder establecer la distinción entre el ajuste y el bandazo, el cambio brusco.

La palabra clave que busca este Gobierno es ‘confianza’ en Colombia, sobre tres pilares: la seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social. Están profundamente relacionados.

Si uno los mira desde un lado, encuentra que hay una variable determinante y que las otras ejercen réplica; y si lo mira desde el otro lado, encuentra que cualquiera de las otras dos es variable determinante y que la otra ejerce una acción de réplica. Están profundamente relacionados en lo que podríamos llamar ‘un círculo virtuoso’.

Las instituciones

El tema de las instituciones. Una presencia internacional tan importante como la que han convocado ustedes en este Foro no puede llevarme a mí a ignorar el tema de las instituciones.

Nosotros creemos que en América Latina hay una discusión obsoleta entre izquierda y derecha. Creemos que la discusión que hay que proponer es sobre grados de democracia.

Y pensamos que los elementos característicos de una democracia moderna son: la seguridad, las libertades, la cohesión social, la operación de un Estado con instituciones independientes, que de acuerdo con reglas objetivas tienen que cooperar armónicamente por los bienes superiores de la Nación, y, por su puesto, el grado de participación de opinión pública, que es lo que caracteriza la fase superior del Estado de Derecho, que es el Estado de opinión, como factor de transparencia y de construcción de confianza.

Este país tiene un Banco Central independiente. Se alega que sus miembros los va nombrando el Presidente de la República. Es importante destacar esto:

Los periodos de duración de los directores del Banco de la República que les garantizan su independencia. No están sujetos a remociones. Yo creo que esa estabilidad es garante de independencia, cualquiera sea su origen. Esa estabilidad garantiza su independencia, independientemente de que el origen sea una designación del Presidente de la República.

Y, por supuesto, la actitud del Gobierno: ‘Que el Gobierno manifiesta preocupaciones por tasas de interés, por excesivas apreciaciones’. Yo creo que eso es normal en una democracia, como cuando el Banco de la República manifiesta preocupaciones por el gasto público.

Pero es bueno que sepan los visitantes internacionales el total respeto que aquí hay por la independencia del Banco Central.

Muchas veces decía el Presidente colombiano Laureano Gómez: ‘El tema de las instituciones no es de estructura, sino de hombres’.

Uno de nuestros ministros de Hacienda, cuando el doctor Miguel Urrutia -anterior Director del Banco de la República- completó 12 años, y ya se dio su retiro, llamó a preguntarme: ‘Presidente, ¿cómo voto por su sucesor en la Junta del Banco?’.

La única respuesta que tuvo es: ‘De acuerdo con su conciencia, con total respeto al Banco. Simplemente transmítales de este Presidente de carne y hueso la preocupación por el empleo y por esta revaluación’, la que en ese momento vivíamos.

Y otro elemento bien importante: la calidad de las personas postuladas por este Gobierno. Entonces, yo ruego tener en consideración este punto, para el análisis de la institucionalidad democrática de Colombia.

Los organismos de control y de administración de justicia son independientes y autónomos.

El Gobierno no es de la idea que los organismos de control tengan que pertenecer a la oposición o al Gobierno. En la democracia moderna tienen que ser profundamente técnicos y moralmente solventes, y actuar con independencia política, porque tienen un compromiso frente al pueblo, que es finalmente el legitimador de la democracia representativa, ante los cuales ellos tienen que asumir su primera responsabilidad: el Procurador de Colombia lo elige el Congreso de una terna que configuran las Cortes y el Presidente, para un periodo fijo, con posibilidad de reelección, que le garantiza independencia.

El Presidente no interviene en el nombramiento del Contralor. El Defensor del Pueblo, también por periodo fijo, el Presidente lo terna.

Este país tenía alguna administración de la investigación criminal, dirigida desde el Ministerio de Justicia, a través de una dirección que se llamaba de instrucción penal criminal.

La Constitución del 91 creó una Fiscalía autónoma, al nivel del Presidente de la República, para enfrentar toda la política criminal. El Fiscal lo elige la Corte Suprema de Justicia, para periodo fijo, de terna que envía el Presidente de la República.

El Presidente de la República no tiene injerencia alguna en la provisión de las magistraturas de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Magistrados, también, para periodos de 8 años, que tienen todas las garantías de independencia.

Nuestra jurisdicción constitucional, la Corte Constitucional, tiene 9 miembros, períodos de 8 años. El Presidente de la República presenta al Senado la terna para 3 de las 9 magistraturas, y no se puede acumular, como en el debate de opinión sobre las instituciones algunos han sugerido, porque el Presidente de la República terna, cuando el anterior que provino de la terna presidencial ha concluido su periodo de 8 años.

La administración de la Justicia la hacen dos salas de otra entidad independiente: el Consejo Superior de la Judicatura. Pues bien, solamente en una de esas salas tiene injerencia, en la provisión de esas magistraturas, el Gobierno Nacional.

Pero hay tres elementos bien importantes para que los calificados visitantes internacionales se formen una idea de la institucionalidad colombiana:

Este país elige 32 gobernadores, elige 1.101 alcaldes por elección popular directa, con plenitud de libertades. Tienen unas competencias de autonomía, unas competencias de recursos propios y de transferencias obligatorias del ente central, definidas en la Constitución, que impiden la injerencia, la manipulación del Gobierno central en las entidades descentralizadas.

Hoy que hay esa discusión en América Latina, la discusión acerca de si es válido o no que los gobiernos centrales, por razones políticas, afecten la descentralización, es bien importante que este conjunto de visitantes que hoy nos honran, sepan que en Colombia hay una descentralización normada y, además, respetada, y que el Gobierno, para ayudar a construir ese mínimo de gobernabilidad que se requiere como factor elemental de unidad de la Nación, trabaja con inmenso respeto, con total respeto, con todos los gobernadores y con todos los alcaldes, sin importar el origen político de su elección.

Este es un Estado de opinión. El Presidente de la República en Colombia finalmente no es quien determina el contenido de las leyes ni el mismo Congreso. Aquí hay una participación muy dinámica de la opinión para determinar esos contenidos.

La reformas constitucionales de temas tan delicados que se han tramitado durante este Gobierno, han tenido una profunda influencia del debate de opinión. La Ley de Justicia y Paz, todas las reformas que se tramitan en el Congreso, tienen una gran determinante en el debate de opinión.

Seguridad

En seguridad nos falta mucho, pero hemos avanzado bastante.

Quiero referirme a unos intangibles, que son logros bien importantes de lo que llamaríamos ‘producto del acompañamiento de los valores democráticos a nuestra política de seguridad’.

Hemos recuperado dos monopolios que nunca debimos perder: el monopolio del Estado para combatir a los criminales y el monopolio de la Justicia.

La palabra ‘paramilitar’ se utilizó en Colombia para denominar las bandas armadas criminales cuyo objetivo era combatir a la guerrilla.

En todo el territorio, hoy, son las Fuerzas institucionales las únicas que combaten a los criminales.

Tenemos una guerrilla debilitada, con todavía capacidad de hacer mucho daño, que se alía o pelea por circunstancias mafiosas del botín del narcotráfico con las bandas criminales del narcotráfico. Y se ha recuperado ese monopolio de que sean las Fuerzas institucionales las únicas que combatan las fuerzas criminales.

La Justicia de Colombia, respetable, abnegada, en ocasiones heroica, había sido desplazada en muchas zonas y remplazada por los terroristas. Zonas de la Patria donde los conflictos de familia, las disputas entre vecinos, el conocimiento de los crímenes menores o mayores, ya no recaía en los fiscales y en los jueces de la República, sino en el cabecilla terrorista paramilitar o en el cabecilla terrorista guerrillero. Hemos recuperado el monopolio de la Justicia en todo el territorio.

Se ha recuperado capital social. Los colombianos denuncian más. Se ha revertido la tendencia muy peligrosa que vivíamos de que crecía el número de ciudadanos que querían aislarse o resolver el problema de seguridad por sus propios medios. Hoy hay más confianza en el colectivo y en las instituciones para denunciar y para demandar el servicio público de seguridad.

La ciudadanía vigila, en nombre del Estado de opinión. Nuestro Gobierno, periódicamente, a través de los comandantes militares y de Policía, el Ministro de la Defensa y el Presidente de la República, acudimos a audiencias en televisión, para responder todas las críticas de la ciudadanía sobre eventuales violaciones de derechos humanos a cargo de nuestra Fuerza Pública.

Las víctimas, solamente se hablaba de las víctimas en los funerales. No reclamaban por temor y porque lo encontraban inocuo.

En la primera quincena de junio se entregarán los primeros cien millones de dólares para reparar a las primeras 12 mil víctimas, de acuerdo con decisiones tomadas por una Comisión de Reparación de víctimas plural, integrada por ciudadanos respetables de los más diversos orígenes políticos.

Lo más importante en estos intangibles: en otros países de América Latina donde enfrentaron desafíos de seguridad menos graves que en Colombia -aquí hemos tenido un terrorismo rico, excesivamente rico, que se burla de la comunidad internacional apoyado en el narcotráfico- en otros países enfrentaron fenómenos de inseguridad con supresión de libertades, con anulación del pluralismo.

Aquí no hemos acudido a la legislación marcial, no hemos suspendido garantías. Nuestra política de seguridad ha sido regida por la legislación ordinaria, con todas las garantías individuales y el respeto total a las libertades y a los derechos políticos.

Política anticíclica

En este momento de dificultades tenemos esa política anticíclica con cuatro capítulos: el de infraestructura, el de protección a los sectores más pobres, el de conservar la confianza inversionista que ha logrado Colombia y el de la cuidadosa financiación, anticipada y oportuna del Estado, y la cuidadosa financiación de los generadores de empleo.

En el tema de infraestructura, Colombia tiene atraso pero grandes posibilidades. No es fácil enfrentar ese desafío en Colombia.

Esta ciudad es un milagro de prosperidad y uno se pregunta cómo: a mil kilómetros del Caribe, a 580 kilómetros del Pacífico, por una topografía bien abrupta.

La Paz, en un país como Bolivia, que no tiene soberanía sobre costas, está más cerca del Pacífico, que Bogotá del Caribe.

Nuestro plan de infraestructura este año vale el 10 por ciento del PIB. Estamos haciendo todo el esfuerzo para sacarlo adelante.

El Gobierno empezó con temor en el tema de infraestructura, porque la situación financiera y fiscal era muy difícil. Todas las concesiones estaban en pleitos, nuestra ingeniería quebrada, no había proyectos y en alguna forma teníamos ese fantasma del temor del gasto público.

Hoy todos los pleitos de las concesiones están superados. Las concesiones de primera generación, todas están operando; las concesiones otorgadas por este Gobierno, todas están operando. Estamos en un momento de adjudicación de obras de gran trascendencia.

En estos días se están adjudicando corredores de competitividad en todo el territorio nacional, en un proceso transparente de audiencia pública. Esos corredores de competitividad deben ayudarnos mucho en este momento difícil de la economía.

Algunos dicen: ‘Bueno, pero es que eso no es infraestructura anticíclica’.

Lo que pasa es que no es improvisada. Llegar a definir estas obras no fue fácil. Tomamos muchos años de Gobierno y, por fortuna, veníamos madurándolas, de tal manera que en el momento en que se necesita ejecutarlas, por esta situación de la economía, las podemos ejecutar.

Estamos pendientes ahora de la adjudicación de obras de gran trascendencia como la doble calzada Bogotá-Santa Marta, la Ruta del Sol, las autopistas de la Montaña, donde se hará un gran experimento con Interconexión Eléctrica S.A. en un contrato de confianza, donde esa entidad no debe correr riesgos y el Estado va a aprovechar ese capital de confianza que esa entidad ha construido con la opinión pública colombiana, y la fusión de las concesiones del Caribe, en una gran concesión, para la carretera entre Palo de Letras, en la frontera con Panamá, y Paraguachón, en la frontera con Venezuela.

Este país está construyendo nueve sistemas de transporte masivo: el de Bogotá y otros ocho. El Gobierno Nacional aporta el 70 por ciento de esos presupuestos.

Cuando empezó esta administración teníamos en Bogotá 34 kilómetros; hoy, 84 kilómetros. Y se están construyendo otros 20. Y se han aprobado ya sistemas para otras tres ciudades intermedias y hay siete que están en turno.

La comunidad internacional puede tener la certeza de que Colombia hace un enorme esfuerzo en infraestructura, que va a rendir sus frutos, inicialmente para ayudar a contrarrestar esta fase negativa del ciclo económico, y para agregarle competitividad a Colombia.

Nuestro factor fundamental en el capítulo social, tanto en el elemento de cohesión social, uno de los pilares de la confianza, como en la protección de los sectores más pobres en la política anticíclica es la Revolución Educativa.

Teníamos un 76, 78 por ciento de cobertura en educación básica; estamos llegando al ciento por ciento. Un 57 por ciento de cobertura en educación media; estamos llegando al 78. Menos de un millón de estudiantes universitarios; tenemos cerca de millón 600 mil.

Financiábamos 60 mil estudiantes universitarios; estamos financiando cerca de 300 mil.

Tenemos la institución de formación vocacional estatal más importante de América Latina. Cuando la comparamos con un país de una economía muy grande encontramos que la nuestra, financiada por los empleadores, está abierta a toda la población. No es exclusivamente en favor de los trabajadores de las empresas cotizantes.

Capacitábamos en esa institución millón 100 mil personas al año; estamos capacitando seis millones.

Teníamos matriculados en oficios técnicos y tecnológicos 41 mil colombianos. Tenemos allí hoy 298 mil.

Como parte de la política anticíclica hemos abierto cupos para otros 250 mil, pero orientados a nuevos empleos, a los sectores que, en concertación con el sector privado, este país tiene que promover.

Reconocemos que cuando se supere la crisis, muchos de los empleos viejos perdidos no van a renacer. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para visionar los nuevos empleos.

Hemos aprobado una nueva Ley de Ciencia y Tecnología. Nos desborda en muchas partes la cobertura, y nos ha quedado pequeña la infraestructura. Se está haciendo un gran esfuerzo en esa materia.

Este país se ha desatrasado en telefonía celular, y con una gran inversión social en telecomunicaciones, esperamos que el año entrante Colombia tenga el 80 por ciento de la matrícula pública con conectividad, de una banda de buena capacidad.

Hoy una sola entidad, el Sena, la entidad estatal de formación vocacional, está próxima a llegar a un millón de colombianos con enseñanza de inglés, a través de Internet.

Estamos haciendo de nuestro Archipiélago de San Andrés (Providencia y Santa Catalina) un gran centro de informática, por ahora con Internet satelital, pero avanza una licitación para la colocación de un cable submarino.

Hemos avanzado enormemente en nutrición para escolares y niños. Este año el país entrega 14 millones 156 mil raciones alimentarias durante un promedio de 160 días, pero tenemos un gran retraso en escolarización para niños menores de 6 años. Estamos haciendo todos los esfuerzos para superarlos.

Así como tenemos que preservar ese tema de la estabilidad macroeconómica del país, también queremos hacer un llamado a los colombianos para lograr unos criterios de estabilidad en dos frentes normativos de gran trascendencia: en la normatividad laboral y en la normatividad tributaria.

Este Gobierno ha hecho muchísimas reformas estructurales y quedan reformas pendientes, en las cuales estamos trabajando.

Nosotros no somos de la idea de pensar que en los países con tantas dificultades sociales, como Colombia, los gobiernos pueden decir que han hecho la tarea. Nos faltan muchas reformas.

Las reformas que hemos hecho han tenido mucha controversia política, mucho antagonismo ideológico. Muy difíciles de implementar.

Por reforma constitucional eliminamos los privilegios pensionales. Racionalizamos las transferencias a las regiones. Hemos hecho reformas laborales muy, muy difíciles de cimentar en la conciencia de los colombianos. Reformas tributarias. Y hemos reformado 437 entidades del Estado.

Nuestro mayor aporte al saneamiento de las finanzas públicas ha sido la reforma administrativa. De ese tema pocas veces se acuerdan los economistas.

Otra cosa es enfrentar un Estado con una serie en entidades derrochadoras, destructoras de valor; con una serie de entidades insostenibles, defendidas por privilegios politiqueros y por excesos sindicales. Cada reforma de esas ha sido de inmensa dificultad: que en Telecom (Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP), que en Ecopetrol, que en las clínicas del Seguro Social. Y nos quedan muchas pendientes. Ahora estamos en la reforma de Etesa (Empresa Territorial para la Salud), en la reforma de DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).

Nosotros no hemos desmantelado el Estado, pero sí hemos logrado avanzar en esa reforma. Le ha ahorrado al fisco 6,28 del PIB.

Yo creo que si avanzamos en esa reforma eso se puede constituir en el gran legado estructural de este Gobierno al saneamiento de las finanzas públicas.

Y tenemos una serie de reformas legales pendientes. Por ejemplo, la reforma que agilice la Justicia. Esa es una de nuestras prioridades en este momento.

Hemos introducido una legislación laboral de incentivos. Creemos que en un país donde falta construir tanto capital físico, que tiene un gran capital humano que irá mejorando todos los días, y la base de mejoramiento es la Revolución Educativa permanente, un país con todas estas necesidades de capital físico necesita darle un tratamiento estimulante y diferente a aquellos que invierten, frente a aquellos que no invierten.

En lugar de bajar sustancialmente las tarifas para todos, hemos creado los incentivos a la inversión.

Nuestra idea de reforma estructural, no ha sido la tener una tarifa plana para todo el mundo. Eso tendría dos problemas:

El primer problema es que eliminaría la necesidad de darle un tratamiento estimulante a la inversión. Y el segundo problema es que eliminaría un elemento fundamental en las sociedades con desequilibrios: la progresividad.

Además, hemos introducido una reforma de gran importancia que permite que el Estado haga acuerdos de estabilidad con los inversionistas por duración de 20 años.

La tasa de inversión en Colombia ha mejorado mucho. Hemos pasado del 12, 14, y en los últimos años hemos tenido tasas sostenidas del 25 ó más.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestra tasa de inversión no caiga por debajo de 25 por ciento.

Creemos que en una economía con una decisión total de incorporarse a la economía mundial, se hace muy difícil establecer diferencias entre los incentivos a la inversión y los incentivos al empleo.

Finalmente, solo cuando hay condiciones de inversión se puede crear empleo de buena calidad.

Habíamos logrado una dinámica de creación de empleo y de afiliación a la seguridad social importante. Habíamos reducido el desempleo del 18, 20 por ciento, al 10, 12 por ciento.

Todavía no muestran las cifras destrucción de empleo, pero sí una preocupante desaceleración en la dinámica de la creación de empleo. Hemos vuelto a tener ahora desempleos entre el 12 y el 14 por ciento.

Hemos hecho todos los esfuerzos para aumentar la cobertura en la seguridad social. Colombia tiene hoy 41 millones de ciudadanos con aseguramiento en salud.

Por supuesto, nos faltan temas. Hay deficiencias de infraestructura y de calidad en algunas regiones. Y todavía el plan de servicios para los sectores vulnerables es inferior al plan de servicios para los sectores formales.

A pesar de que hemos crecido mucho la afiliación a pensiones reconocemos que la gran mayoría de los colombianos no tiene expectativa de pensión. Por eso, primero trabajamos en una acto legislativo de 2005 en el que se eliminaron los privilegios pensionales, la incorporación de la norma, que en efecto se dio, para autorizar un ahorro de retiro, con una contrapartida del presupuesto público, a fin de que los colombianos que no tienen expectativa de pensión, puedan contar con ese ahorro de retiro.

Confiamos que en las tres semanas que vienen, el Congreso de la República nos apruebe la reforma legal que introduce el desarrollo legal reglamentario a esta norma de la reforma constitucional del año 2005.

Hay un gran debate en Colombia sobre las normas laborales. Unos dicen: hay que reducir el salario mínimo, eliminar obligaciones de los empleadores, y en el Congreso, en el otro lado, encontramos 60 proyectos para crear más beneficios para los trabajadores.

Este país ha hecho reformas laborales profundas y difíciles. Una en 1990 y la que se hizo en el año 2002.

Creemos que tenemos hoy una legislación laboral en un buen punto. De garantías, de flexibilidad a los empleadores para enganchar y desenganchar, y garantías de estabilidad a los trabajadores. Creemos que el país tiene que hacer un gran esfuerzo para dar una señal de estabilidad en las normas laborales.

Hemos venido trabajando con la opinión pública y con el Congreso para que no incurramos ahora en el error o de desmontar beneficios de los trabajadores o de crearle nuevos obstáculos al empleo.

Creemos que una conciencia colectiva sobre la necesidad de dar esas señales de estabilidad en el frente tributario y en el frente laboral es bien importante.

Nosotros confiamos que con educación, con los otros factores que contribuyen a la competitividad, con la recuperación de la economía, con todas las señales de confianza que este país da, en algún momento podamos recuperar la dinámica generación de empleo, con afiliación a la seguridad social.

Valoramos mucho la reunión de ustedes hoy, sus esfuerzos, sus conclusiones y le contribuyen enormemente a Colombia.