Bogotá, 7 nov (SP). “Ante las más recientes críticas acerca de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno Nacional se permite manifestar lo siguiente:

En primer lugar, el Estado colombiano siempre ha sido respetuoso del Estatuto de Roma. La Ley 975, Ley de Justicia y Paz, fue una Ley discutida, una Ley debatida, una Ley aprobada por el Congreso de la República, en el marco de un proceso de negociación de paz con la Autodefensas. Por eso el Gobierno no admite, no acepta ningún pronunciamiento que trate de deslegitimar el marco jurídico bajo el cual se adelantó ese proceso de paz.

Adicionalmente queremos compartir con los colombianos que en los temas de justicia hay dos responsabilidades gruesas. Una es la de definir las políticas, lo cual corresponde al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. Y la otra es la de administrar e implementar justicia, que corresponde a la Rama Judicial.

En el caso de la Ley de Justicia y Paz, las principales entidades que están a cargo de la implementación de esta Ley son la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía General de la Nación ha hecho, a través de su Unidad de Justicia y Paz, unos esfuerzos enormes y tiene grandes resultados: más de 1.800 versiones libres, más de 30 mil hechos nuevos conocidos, más de 12 mil hechos confesados, más de 27 mil víctimas que han asistido a las versiones libres. Es el proceso de justicia transicional más ambicioso del mundo.

Sin embargo, algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia han dilatado o impedido que se haya llegado a los logros de una justicia pronta y eficaz. Específicamente pronunciamientos acerca de las imputaciones parciales, que echaron atrás la única condena que había del señor Carrasquilla, alias ‘El Loro’. Y hay otros pronunciamientos muy respetables de la Corte Suprema, pero que han dilatado la implementación de la Ley de Justicia y Paz.