Cúcuta, 21 nov (SP). Al intervenir en el Consejo Comunal de Gobierno en Cúcuta, el Presidente Álvaro Uribe dijo que en el caso de los asesinatos de colombianos ocurridos más allá de la frontera, deben ser las investigaciones y las sentencias de los jueces las que expresen quiénes fueron los victimarios y a qué obedecieron esos crímenes.

“Lo único que pedimos, señor Canciller, es que se proteja a nuestros compatriotas más allá de nuestras fronteras. Y lo que pedimos es que en el caso del asesinato de nuestros compatriotas, sean las investigaciones y las sentencias imparciales de los jueces, los documentos, los que finalmente expresen quiénes han sido y por qué los victimarios”, afirmó.

Y agregó: “Eso que estamos haciendo en Colombia, es lo que pedimos que ocurra con nuestros conciudadanos más allá de las fronteras: que se les proteja, sin buscarles justificaciones a los crímenes”.

De acuerdo con el Jefe de Estado, la reciente destrucción de puentes en Venezuela, “amerita un pensamiento de la comunidad internacional. Esos puentes fueron construidos por esfuerzos comunitarios hace muchos años. Las Comisiones de Vecindad habían propuesto desde hace tiempo que se legalizaran esos pasos”.

“Esos puentes –agregó–, eran conocidos desde hace mucho tiempo. Son puentes que unen dos territorios de dos naciones, pero que al mismo tiempo unen las familias que tienen miembros a uno y otro lado de la frontera. Son puentes por los cuales también transitaban escolares”.

Señaló que si el Gobierno de Venezuela tenía información de que por allí transitaban narcotraficantes o contrabandistas, “en el Gobierno de Colombia encuentra todo el acompañamiento para tomar todas les decisiones contra el delito”.

Pero “lo que no se puede hacer es destruir la infraestructura que le sirve la comunidad, a la sociedad civil, como ahora la llaman en el Derecho Internacional”, señaló.

La declaración

A continuación las declaraciones del Presidente de Colombia sobre este tema:

“Cuando nosotros proponemos una Colombia plena de seguridad, es para que en Colombia haya seguridad para colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos. Cuando nosotros proponemos una Colombia con Seguridad Democrática, es para que aquí esta seguridad con libertades democráticas las disfruten los colombianos, nuestros compatriotas de las naciones hermanas y los ciudadanos del mundo que vengan como turistas o a instalarse en Colombia. Para nosotros es tan preciosa la vida del colombiano, como la vida del venezolano o la del ecuatoriano. Para nosotros es tan fundamental la libertad en nuestro suelo del ciudadano colombiano, como del ciudadano venezolano.

Por eso en reciprocidad pedimos que haya para nuestros compatriotas en el extranjero la misma disposición de darle seguridad, una disposición idéntica a la que nosotros tenemos en Colombia, para dar seguridad a los visitantes extranjeros, a nuestros compatriotas de países hermanos o a nuestros hermanos de otras naciones. Lo único que pedimos, señor Canciller, es que se proteja a nuestros compatriotas más allá de nuestras. Y lo que pedimos es que en el caso del asesinato de nuestros compatriotas, sean las investigaciones y las sentencias imparciales de los jueces, los documentos que finalmente expresen quiénes han sido y por qué los victimarios.

El derecho a la vida hay que protegerlo con total determinación, de manera imparcial. Algo que les he dicho a nuestros compatriotas, hoy lo repito en Cúcuta es que Colombia no puede seguir con el cuento de responder ante un asesinato con una justificación. Hace pocos días, alguien de la Policía me decía: ‘Presidente, por el tal asesinato que usted me pregunta, es que me lo mataron porque debía una deuda’. Le dije: ‘Mi capitán, nada puede justificar un crimen. Nosotros tenemos la obligación de defender por igual a los buenos o a aquellos que son presuntamente malos. Al que delinca, que lo lleven a la cárcel. Pero nuestro deber es proteger la vida de el’.

A mí me parece muy grave lo que ha sucedido en Colombia, que lo estamos superando, y, por supuesto, no podemos permitir que suceda con la vida de nuestros compatriotas más allá de las fronteras. Aquí asesinaban a alguien y entonces, antes de que se rechazara el crimen se decía: es que lo mataron porque estaba vinculado al narcotráfico; es que lo mataron porque estaba saliendo con la mujer de un mafioso; es que lo mataron porque debía una plata; es que lo mataron porque tiene un hermano guerrillero. Eso hay que rechazarlo. Nosotros tenemos que proteger la vida de todos los ciudadanos, sin buscarle justificaciones al crimen.

Y eso que estamos haciendo en Colombia, es lo que pedimos que ocurra con nuestros conciudadanos más allá de las fronteras: que se les proteja, sin buscarles justificaciones a los crímenes. Por supuesto, el Presidente de Colombia no puede ser indiferente ante los derechos de los ciudadanos de frontera. Yo me formé en una facultad de Derecho en la que primaba el criterio de desconocer las normas que no estuvieran en la legislación. En una tendencia del derecho que reconocía solamente la normatividad legislada y desconocía el derecho natural.

Pero la vida va enseñando. Y especialmente en la frontera hay un derecho natural, un derecho histórico, un derecho que antecede y que es superior al derecho legislado: es el derecho de los ciudadanos de frontera de vivir libremente, de compartir, de transitar con libertad, de entenderse con quienes viven al otro lado de la línea de frontera en las mismas condiciones en que deben entenderse con quienes viven del mismo lado de la línea frontera.

Uno no puede distinguir entre el ciudadano que vive en Cúcuta o el que vive en San Antonio, entre el ciudadano que vive en Los Patios o el ciudadano que vive en Ureña. Aquí hay una comunidad histórica donde hay familiares a uno y otro lado, donde se duerme en un sitio y se trabaja en el otro. Donde se crece en el hogar a un lado de la frontera y se estudia en el establecimiento escolar al otro lado de la frontera. ¿Dónde se compra el arroz? En una tienda que está registrada en Venezuela, y la leche en una tienda que está registrada en Colombia. Ese es un derecho intocable de los pueblos.

Vengo a Cúcuta a reiterar nuestra adhesión al derecho de libertad de los ciudadanos de frontera. Vengo a Cúcuta a decirles a mis compatriotas que jamás nosotros restringiremos las fronteras de la Patria para el acceso de nuestros hermanos de Venezuela, de los otros países, y que jamás restringiremos el derecho de los colombianos a ir al lugar del mundo que quieran hacerlo. Menos en la frontera.

La destrucción de los puentes de esta semana amerita un pensamiento de la comunidad internacional. Esos puentes fueron construidos por esfuerzos comunitarios hace muchos años. Las Comisiones de Vecindad habían propuesto desde hace tiempo que se legalizaran esos pasos. Esos puentes eran conocidos desde hace mucho tiempo. Son puentes que unen dos territorios de dos naciones, pero que al mismo tiempo unen las familias que tienen miembros a uno y otro lado de la frontera. Son puentes por los cuales también transitaban escolares.

Pienso que si el Gobierno de Venezuela tiene información de que por allí transitan narcotraficantes, contrabandistas, pues en el Gobierno de Colombia encuentra todo el acompañamiento para tomar todas les decisiones contra el delito. Lo que no se puede hacer es destruir la infraestructura que le sirve la comunidad, a la sociedad civil, como ahora la llaman en el Derecho Internacional.

Nosotros hemos librado la más ardua batalla contra el narcotráfico. Estas cifras de disminución de la violencia en Norte de Santander, son la clara demostración de nuestra batalla contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Hubo un momento en el que en el Catatumbo había 25 mil hectáreas de coca. Hoy está en extinción, pero ya hay cerca de 13 mil hectáreas de palma africana y un gran crecimiento de los cultivos de cacao. Un Gobierno que durante más de siete años ha combatido sin dobleces todas las expresiones de la delincuencia, es un Gobierno que tiene la autoridad moral para defender la vida de los compatriotas, donde quiera que ellos residen, y que tiene la autoridad moral para defender la infraestructura que sirve a la humilde comunidad civil para el tránsito de niños escolares.

Nosotros, que no podemos renunciar al derecho de los colombianos a la prosperidad, que queremos la prosperidad en toda la región, que no podemos emitir siquiera gestos de guerra, nosotros no tenemos sino un camino: el camino de la apelación al diálogo, el camino de acudir a los organismos internacionales encargados de aplicar el Derecho Internacional Público. Ese es el único camino que corresponde a la tradición y a los intereses de Colombia. Y es el único camino por el cual nosotros seguiremos transitando, apreciados compatriotas.