Cartagena, 30 nov (SP). Antes de comenzar quisiera invitarlos muy amablemente a que hagamos un minuto de silencio en homenaje a los hombres, mujeres, niños y niñas que han fallecido, o han sido heridos por minas antipersonal en el mundo.

En Colombia desde 1990, son 8.081 víctimas y  6.285 sobrevivientes, que padecen algún tipo de discapacidad.

En nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia les doy la bienvenida a Cartagena. Nos honra mucho que estén aquí.

Agradezco al Embajador Jurg Streuli por su gestión como Presidente de la Novena Reunión de Estados Parte. Su valiosa colaboración con la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal ha sido un apoyo fundamental en todas las etapas de la organización.

Auguramos los mayores éxitos a la Embajadora Susan Eckey de Noruega como Presidente Designada de la Segunda Conferencia de Examen. Estamos bien preparados gracias a su indiscutible liderazgo.

Quisiera igualmente reconocer el papel de la Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convención en el proceso de aplicación de la misma.

Y agradecer la presencia de los sobrevivientes, de los delegados internacionales, de los representantes de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, de los periodistas provenientes de tantos países en esta Conferencia.

No hemos economizado ningún esfuerzo para recibirlos hoy y para que esta semana discutamos sobre el alcance y la calidad de nuestro trabajo en la implementación de la Convención.
Este trabajo, que comenzó hace dos años en la Octava Reunión de Estados Parte en Jordania, cuando Colombia decidió postularse, se materializa en esta reunión y en los eventos que hemos preparado para que los Estados Parte renueven su compromiso con la lucha contra las minas antipersonal.

Para Colombia, esta Cumbre de Cartagena es una oportunidad para que la Comunidad Internacional profundice su conocimiento acerca de las particularidades de nuestra realidad y para que nosotros podamos profundizar a la vez, nuestro conocimiento de las mejores prácticas de los demás Estados Parte en la ejecución de las tareas relacionadas con la Convención.

Colombia es hoy, sin lugar a dudas, un ejemplo de lo que representa la problemática de las minas antipersonal y del tipo de esfuerzos que se requieren para una solución perdurable.

La firma de la Declaración Política constituye una renovación de los compromisos adquiridos con todos los objetivos de la Convención.

El “Plan de Acción de Cartagena” será un punto de partida para la ejecución de las tareas pendientes durante los próximos cinco años.

En este país hemos enfrentado grandes y graves amenazas terroristas.  En el año 2002, cuando llegamos al Gobierno, muchas de nuestras ciudades estaban sitiadas por los grupos armados ilegales. Proliferaban los asesinatos, los secuestros, los atentados, las masacres.

Hoy la realidad es otra. Ustedes llegan a una Colombia que ha recuperado la seguridad. Y gracias a ello, recuperamos la confianza de los colombianos en nosotros mismos y la confianza del mundo en Colombia.  Hemos logrado los mayores avances en la disminución de todos los índices de violencia.  Y al mismo tiempo, la reducción del desempleo y la inflación, el aumento de la inversión extranjera y una mayor inclusión social.

Colombia es un país en progreso. Esto ha sido posible  gracias a la aplicación de una política de seguridad respetuosa del estado de Derecho, sin menguar ninguna de las libertades y elevando la garantía de los derechos humanos.

Les hablo en nombre de un gobierno en el cual todas las políticas están diseñadas en concordancia con los derechos humanos.

Nuestra política de seguridad democrática tiene como propósito fundamental garantizar el ejercicio de derechos sin distinción, con  eficacia y con transparencia;

Nuestro Plan Nacional de Desarrollo también busca  garantizar derechos y tiene los Objetivos del Milenio como propósito esencial.

Hemos avanzado mucho. Pero todavía enfrentamos problemas y tenemos un camino por recorrer para alcanzar el pleno restablecimiento de la paz. 

Nuestro país se vio sumergido en esta tragedia de las minas antipersonal, cuando los grupos armados ilegales iniciaron su uso intensivo e indiscriminado, para evitar el avance de las tropas y para proteger áreas y corredores estratégicos para el tráfico de armas y drogas ilícitas. Esos grupos armados ilegales recurren ahora al uso de nuevas técnicas de fabricación, lo cual empeora nuestra ya compleja problemática, pues se dificultan más las labores de detección y limpieza.

Hemos vivido en carne propia las consecuencias de esta tragedia y tenemos como referente principal de todas nuestras acciones el bienestar de nuestra gente. Por eso nuestro Estado mantiene su compromiso en la condena del uso de estos artefactos, así como en el diseño de políticas de estado que apoyen el restablecimiento de los derechos vulnerados, tanto a los sobrevivientes como a las comunidades afectadas.

Desde la suscripción de la Convención, hemos cumplido rigurosamente nuestras obligaciones: la destrucción de nuestro arsenal, la limpieza de campos minados, la educación en el riesgo de minas y la generación de las condiciones necesarias para la atención de los sobrevivientes.

Encontramos acertado y conveniente que el principio rector de la Convención y de las acciones que se ejecutan en su marco, tenga como centro fundamental a los sobrevivientes.

Acá en Colombia hemos propuesto un esquema de política pública cuyo centro de acción es la garantía en el restablecimiento de cada uno de los derechos vulnerados, de acuerdo con una perspectiva diferencial que atienda las realidades de las mujeres, de los niños y niñas, de los indígenas y de los afrodescendientes.

Somos conscientes, también, de los retos y de las tareas pendientes y estamos trabajando para superar las dificultades que implica un problema de esta envergadura. Este proceso requerirá de la continuación de los esfuerzos conjuntos del Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil.

Esta semana estará llena de discusiones y reflexiones en torno a la temática de minas antipersonal en el mundo. De nuestro empeño y decidida participación depende que logremos un plan de acción y una declaración política que nos una en torno a la superación de la problemática de minas en el mundo.

Hago llegar hasta aquí la voz de miles de hogares colombianos martirizados por la violencia y en su nombre les pido unirse a nuestro reclamo a los grupos armados ilegales para que  no sigan sembrando minas al presente y al futuro de nuestro país. No más minas. No más violencia contra nuestra población. 

Quiero invitarlos a que esta semana sea el escenario para renovar nuestro compromiso, no sólo con la Convención, sino principalmente con los sobrevivientes. Es un compromiso compartido con miles de hombres, mujeres, niños y niñas   que saben, a partir de su dolor, de su tragedia, de sus angustias cotidianas, que tener un mundo sin minas antipersonal, es mucho más que un sueño.

La Cumbre de Cartagena ha sido un anhelo de todos nosotros. Ha llegado el momento de actuar y enviar una clara señal a los pueblos del mundo: las minas antipersonal deben desaparecer de la faz de la tierra.