Censo inicial permite establecer que del territorio venezolano llegaron alrededor de 380 colombianos y 45 brasileños dedicados a la explotación ilegal de una mina. “Vamos a valorar los requerimientos que tengan como atención humanitaria ó apoyo para algún tipo de proyecto productivo que quieran iniciar. Depende de la situación se valorará cada caso particular", indicó el Director de Acción Social, Diego Molano.

Bogotá, 30 nov (SP). Funcionarios del Gobierno Nacional, de la Gobernación del Guainía y de la Alcaldía de Inírida, evalúan la emergencia ocasionada en esta ciudad fronteriza por la llegada sorpresiva de alrededor de 425 personas, que se encontraban en territorio venezolano explotando una mina ilegal de oro. De acuerdo con el primer censo, se trata de 380 colombianos y 45 brasileños.

La misión humanitaria que se trasladó desde la capital de la República hasta Inírida está conformada por representantes de la Cancillería, del Ministerio de la Protección Social, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y del Ejército Nacional, quienes desarrollan su trabajo en coordinación con el Comité de Emergencias, activado inmediatamente se conoció de la llegada de estas personas a territorio nacional.

"Hay un grupo importante de estas personas que tienen casa en Inírida o en la región y han regresado a sus viviendas. Hay otro grupo de personas que no tienen casa y con ellos hemos levantado un censo: hay 50 personas en el Instituto Integrado ‘Custodio García Rovira’ y otras en hoteles pagados por ellos mismos. Nos vamos a sentar con la población para saber qué quieren hacer y cuáles son sus necesidades", explicó el Director de Acción Social, Diego Molano Aponte.

Según se pudo establecer, estas personas, entre las que se encuentra un grupo de niños y miembros de las comunidades indígenas de la región, llegaron a la capital de Guainía debido al cierre por parte de las autoridades venezolanas de la mina de oro ilegal que explotaban.

"La información inicial que ellos nos han suministrado es que fue la presión de las autoridades venezolanas lo que los obligó a regresarse. Entre ellos hay temor y por temor fue que regresaron. Hemos valorado que entre ellos hay un grupo de niños y de indígenas y con ellos estamos haciendo un acompañamiento especial, particularmente con el Ministerio de la Protección Social relacionado con la salud", agregó el Alto Consejero Presidencial.

La primera valoración, además, permitió establecer que entre los colombianos repatriados, que se encontraban en la población venezolana de San Fernando de Atabapo explotando la mina de oro ilegal, varios figuran en los registros de población desplazada.

"Tenemos que de los 380 colombianos hay 70 que figuran en los registros de desplazados en Colombia. Nosotros vamos a valorar los requerimientos que tengan como atención humanitaria ó apoyo para algún tipo de proyecto productivo que quieran iniciar. Depende de la situación se valorará cada caso particular", agregó Molano Aponte.

Así mismo, por información que los repatriados han suministrado, al parecer habría otro grupo de personas colombianas que desean retornar a territorio nacional. Sin embargo, esta es una información que no se ha podido establecer plenamente por impedimentos de las autoridades venezolanas.

Sobre este particular, el Director de Acción Social señaló que "la información que nos suministraron estas personas, y que lo han manifestado incluso a la Defensoría del Pueblo, es que hay otro grupo de colombianos que quieren retornar o repatriarse. Una misión viajó a la zona para verificar la información pero no pudo cumplir con su cometido ya que las autoridades venezolanas le impidieron el paso. Se dice que podrán ser mas de 200 personas".

Sobre los ciudadanos brasileños que llegaron junto a los colombianos, el DAS y la Cancillería evalúan qué hacer con ellos, pues inicialmente se conoció que están en el país en calidad de indocumentados.