De los 200 municipios expulsores de población desplazada por la violencia, 128 se encuentran total o parcialmente con zonas de reserva forestal. Acción Social, a través del ‘Proyecto Protección de Tierras’, impulsa el desarrollo de iniciativas de política pública con miras a formalizar predios urbanos en zonas declaradas como reservas forestales.

Bogotá, 15 oct (SP). Con el propósito de encontrar soluciones a la legalización de los predios pertenecientes a la población desplazada o vulnerable ubicados en zonas de reserva forestal, la Agencia Presidencial Acción Social, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, organizó la convocatoria de alcaldes municipales del país para impulsar un análisis alrededor del tema.

Lo anterior teniendo en cuenta que la Ley 2 de 1959 establecía un total de área de reserva forestal de 65 millones 280.321 hectáreas para esa época, pero debido a las procesos de colonización y desplazamientos masivos, han sido sustraídas de la reserva 13 millones 903.565 hectáreas, cambios que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), afectan la geografía de cada población.

El propósito es impulsar, con el apoyo del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de Acción Social, el desarrollo de iniciativas de política pública y ordenamiento territorial y ambiental que permitan la planeación y adecuado manejo de estas zonas, teniendo en cuenta variables ambientales y sociales que se han presentado; procesos que viabilicen la formalización de los predios urbanos en zonas de reservas forestales, sin desconocer los determinantes ambientales, y la necesidad de armonizar la política pública social con la ambiental.

Según datos del Registro Único de Población Desplazada (Rupd), a febrero de 2009, de los 200 municipios con población más expulsada debido a la violencia, 128 se superponen, total o parcialmente, con zonas de reserva forestal.

La revisión y análisis de este tema, cobra especial relevancia en los procesos de protección, formalización y restitución de tierras y territorios a favor de las víctimas de la violencia, siendo pertinente avanzar en la búsqueda de mecanismos normativos que permitan el reconocimiento de derechos patrimoniales en dichas reservas.

En el caso de comunidades étnicas, éstas gozan del principio de prelación para la adjudicación de baldíos en estas zonas.