El Embajador de Colombia en Gran Bretaña, Mauricio Rodríguez Múnera, señaló que los logros no hubieran sido sostenibles sin un sistema judicial fuerte. Así mismo, recordó cómo en años anteriores a esta administración las víctimas de abusos y sus familiares se mostraban temerosos de alertar a las autoridades de cualquier crimen cometido en contra de ellos.

Bogotá, 28 oct (SP). El Embajador de Colombia en Gran Bretaña, Mauricio Rodríguez Múnera, presentó en el Parlamento Británico un documento en el que se muestran los avances y compromisos del Gobierno de Colombia en la protección de los defensores de derechos humanos y la población vulnerable.

“Entre 2002 y 2008 hemos reducido el número de homicidios en un 44 por ciento; el número de víctimas por masacres, en 75 por ciento, y el número de secuestros extorsivos, en 88,5 por ciento.

“Durante el mismo período, el número de homicidios de indígenas cayó en 66 por ciento; el de periodistas, en cien por ciento, y el de sindicalistas, en 80 por ciento. A la fecha, 52 mil 191 actores violentos de grupos armados ilegales se han desmovilizado”, explica uno de los apartes del documento.

El Embajador Rodríguez aseguró que los logros no hubieran sido sostenibles sin un sistema judicial fuerte.

“Para seguir resaltando los esfuerzos emprendidos por esta administración en el fortalecimiento de la Justicia y de la Ley, el presupuesto asignado a la Justicia se incrementó en 112 por ciento desde 2002. Adicionalmente, se estableció una Unidad Especial de Derechos Humanos en la Fiscalía y 2 mil 166 nuevos empleos fueron creados, incluyendo grupos especializados de fiscales y jueces dedicados exclusivamente a la investigación de homicidios de sindicalistas”, agregó el diplomático.

Recordó cómo en años anteriores a esta administración las víctimas de abusos y sus familiares se mostraban temerosos de alertar a las autoridades de cualquier crimen cometido en contra de ellos.

“Como resultado de la Política de Seguridad Democrática, que ha ofrecido salvaguardas y garantías por participar en juicios, hemos pasado de 12 acusaciones por acciones criminales en contra de sindicalistas hasta el 2002, a 207 a la fecha. 305 personas han sido juzgadas y 185 están actualmente en prisión”, señaló.

En el documento al Parlamento Británico el Embajador sostiene que “se dio un paso firme cuando el Congreso Nacional aprobó y el Presidente Uribe sancionó la Ley 1309, que fortalece la protección de los sindicalistas y defensores de los derechos humanos e incrementa las sentencias por crímenes cometidos en su contra”.

De acuerdo con la nueva Ley, la sentencia por el homicidio de cualquier sindicalista se incrementó de 20 a 30 años, al igual que para los crímenes de genocidio, desaparición forzosa, tortura y desplazamiento forzado.

El documento hace referencia a un estudio presentado en octubre de 2009 por Daniel Mejía, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. Se trata de una investigación independiente y rigurosa, la cual concluye: “No se presenta evidencia estadística que soporte la afirmación de que a mayor actividad sindical, mayor es la violencia en contra de miembros sindicales en Colombia”.

Igualmente, el estudio ha ratificado lo que 14 presidentes de grupos sindicales colombianos manifestaron por escrito a la Comisión Europea: “No es cierto que la terrible situación de derechos humanos que ha caracterizado al país en las últimas dos décadas del último siglo ha persistido y menos aún que los causantes sean el Gobierno y los empleadores. Los culpables verdaderos, las guerrillas y los paramilitares, con la perversa financiación del narcotráfico, están siendo combatidos y derrotados, en una sólida alianza del Gobierno y las Fuerzas Armadas y la sociedad civil”, puntualizó el Embajador.

El documento resalta que se ha fortalecido un programa de vigilancia y protección para la salvaguardia de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de aquellos que están bajo cualquier amenaza o en riesgo directo debido a su actividad humanitaria, social, pública o a sus acciones de denuncia y prevención de los abusos de derechos humanos.