Ibagué, 31 oct (SP). “Quiero dar a todos ustedes un saludo lleno de afecto. Nos llenamos de entusiasmo de realizar este Consejo Comunitario en un lugar que nos ha ofrecido la empresa privada, una empresa que estábamos esperando con expectativa, con esperanza, este Centro Nacional Logístico de Ibagué, que va a contribuir enormemente a la generación de empleo, a la dinámica de la economía.

Al grupo Oikos, a su presidente, el doctor Gabriel Díaz, a su gerente, a los constructores y a todos los usuarios, nuestra gratitud y nuestro aplauso por esta gran contribución. Les agradecemos muchísimo.

Quiero hacer referencia a algunos temas nacionales.

El tema de la Fiscalía. Dirigí unas palabras al país hace dos días, de manera respetuosa pero dando un testimonio, buscando tener la mayor objetividad en mis palabras sobre la manera como ha procedido el Gobierno.

El Gobierno envió una terna; la Corte nos envió una carta recordando que el período del Fiscal vencía el 31 de julio (de 2009) que el nuevo Fiscal debería empezar el 1° de agosto y nos conminó a que mandáramos temprano la terna.

Guardamos nosotros prudente silencio y enviamos la terna oportunamente, creo que por los días del 7 de julio, para que se dispusiera del tiempo que había requerido la Corte Suprema de Justicia.

Esa terna la consultamos con la Fiscalía, con la Procuraduría, ambos organismos de control expresaron que no había ningún problema; la publicamos en la página de Internet de la Presidencia de la República, no hubo una sola objeción, la enviamos a la Corte.

Inicialmente, quien estaba como presidente encargado de la Corte, el honorable Magistrado Javier Zapata, dijo que los tres ternados reunían los requisitos y lo dijo públicamente. El país lo conoció

Después aparecieron unas grabaciones contra uno de los ternados, grabaciones de las cuales nosotros no habíamos sido informados, no las conocía la opinión pública. La Corte también nos expresó que ellos no conocían antes esas grabaciones y se creó una dificultad.

En las dos últimas reuniones que he tenido con el Presidente (Augusto Ibáñez) y el Vicepresidente (Jaime Arrubla) de la Corte Suprema de Justicia, las cosas han transcurrido del siguiente modo:

En la penúltima reunión les pregunté, les dije: miren, yo llevo más de 7 años en la Presidencia, he perseguido todas las expresiones del crimen, de la delincuencia con toda severidad, sin reservas, un Gobierno que lleva todo este tiempo, para enviar una terna no solamente tiene que revisar sus competencias constitucionales, los requisitos constitucionales, sino su autoridad moral, su legitimidad. ¿Ustedes tienen alguna duda de que el Gobierno, el Presidente de la República en estos 7 años ha combatido la criminalidad con toda la determinación, sin reservas? Me dijeron: ninguna Presidente. Incluso fueron elogiosos. Dije: Me parece eso, fundamental.

Enseguida les pregunté: ¿Ustedes tienen reserva sobre las grabaciones que han aparecido sobre el ex magistrado del Consejo de Estado, el doctor Juan Ángel Palacio? Y me contestaron: sí.

Les pregunté: ¿Tienen alguna observación, una objeción insuperable sobre este ciudadano que está en la terna? Y me dijeron que sí, que a raíz de las grabaciones. Recordé que a él lo escogimos precisamente por su trayectoria, porque había sido Magistrado del Consejo de Estado, que cuando se envió la terna antes de que se conocieran las grabaciones, los comentarios que recibimos fueron que en la Corte habían conocido ese nombre con alborozo, que muchos querían elegirlo Fiscal, pero que las cosas se cambiaron cuando aparecieron las grabaciones.

Enseguida les pregunté por la doctora Virginia Uribe, otra de las ternadas y me dijeron: le fue muy mal en la audiencia. Les dije: pero lleva 34 años de ejercicio profesional respetable en el sector privado y en el público, sin una tacha.
Les pregunté: ¿Tienen alguna objeción insuperable a la doctora Virginia Uribe? Y me dijeron no.

Les pregunté por el doctor Camilo Ospina, me dijeron que no tenían ninguna objeción.

Les dije: entonces el problema se reduce a las grabaciones del doctor Juan Ángel Palacio, y me dijeron sí.

Le dije a mis interlocutores –estábamos en esa reunión el Ministro del Interior (y de Justicia, Fabio Valencia Cossio), el Presidente, el Vicepresidente de la honorable Corte y mi persona- dije entonces ayúdenme, escojamos un validador del Gobierno, por fuera del Gobierno, que examine ese caso, para proceder nosotros con la mayor objetividad.

Me dijeron que les parecía que la propuesta tenía lógica, que iban a consultarlo, que nos reuniríamos a su regreso de Estados Unidos.

Cuando regresaron de Estados Unidos volvimos a reunirnos, esa tarde presentó renuncia el doctor Palacio a la terna. Cuando empezó la reunión les expresé que el doctor Palacio había renunciado. Me dijeron: con eso queda superado el impasse, con eso queda superado el impasse.

Yo tengo que cumplir el deber de Presidente de la República, no puedo engañar a mis compatriotas, este es un asunto muy delicado de las instituciones.

Así lo entendió el Gobierno, que quedaba superado el impasse y el Gobierno procedió, humildemente, a cambiar el ternado y el doctor Palacio renunció generosamente.

Y enviamos al doctor Marcos Velilla, Magistrado del Consejo de Estado con toda la respetabilidad, con toda la trayectoria de independencia, con las más elevadas calidades éticas y jurídicas. Nosotros creímos que había quedado satisfecha la expectativa de la Corte Suprema.

Nos preocupan los nuevos desarrollos.

‘Gobierno no entiende que se siga diciendo que la terna es inviable’

Y entonces, uno entra en el tema de las instituciones. Primero, el Gobierno ha sido muy respetuoso con la Constitución en la escogencia de los ternados y muy respetuoso para aceptar la objeción de la Corte sobre uno de los ternados. La aceptamos por unas grabaciones que nadie conocía, que aparecieron después de enviada la terna.

Lo que no puede entender el Gobierno es que se siga diciendo que la terna es inviable.

Nosotros hemos examinado la terna desde el punto de vista de la competencia jurídica, desde el punto de vista de la legitimidad del Gobierno y desde el punto de vista de la idoneidad de los ternados.

La Constitución colombiana es clara en decir que la Corte elige al Fiscal de terna que presenta el Presidente de la República. Esto es: la Corte elige de una terna que envía el Presidente de la República, eso lo dice la Constitución.

Y la Constitución dice sobre los requisitos para ser Fiscal: los mismos que para ser Magistrado. Habla de que tiene que ser abogado –en ningún momento dice la Constitución que tiene que ser penalista- dice que tiene que ser abogado, no haber sido condenado por delitos diferentes al homicidio culposo. En ninguna parte dice que tiene que ser penalista.

Y ese tema es un tema bastante discutible ¿Por qué? Porque la competencia académica y profesional para ser Fiscal General de la Nación puede darse o puede no darse en un penalista.

Puede ser mejor en un penalista que en un abogado que no tenga la especialidad del derecho penal o puede ser mejor en un abogado que no tenga esa especialidad del derecho penal, lo cierto es que la Constitución y la Ley no exigen que sea penalista.

Y cuando se trata de respetar a las instituciones, quiero recordarles a los colombianos que el respeto a las instituciones no es motivo de juicios caprichosos de valor, es motivo de análisis objetivo.

Respeto a la Constitución

La primera institución que hay que respetar es la Constitución.

Yo le digo a mis compatriotas: el Gobierno, al respetar rigurosamente los requisitos de la Constitución, ha dado ejemplo en materia de respeto a las instituciones. Es que la Constitución es absolutamente clara en el tema.

Así como el Gobierno no puede eludir la Constitución, violar la Constitución por defecto o por exceso, tampoco pueden los otros organismos del Estado.

El Presidente de la República no se puede poner a hacerle interpretaciones a la Constitución que resulten en violaciones de la Constitución por exceso o por defecto.

El Presidente de la República no puede poner menos requisitos de los que exige la Constitución, pero tampoco al Presidente de la República se le pueden exigir para sus decisiones más requisitos de los que exige la Constitución.

Yo he sido prudente todo este año, no he respondido una sola de las cartas que han mandado.

Un manto de duda de que el Gobierno estaba ordenando grabaciones a los magistrados desde la Presidencia ¿De cuándo acá? Yo he sido un combatiente de la democracia durante muchos años y nadie de mis contradictores me conoce en trampas. Todos los instrumentos con que he actuado en mi vida política han sido armas sobre la mesa.

Cuando yo he tenido que discrepar de un fallo por tener consecuencias en el orden público –y al Presidente le corresponde la dirección del orden público- lo he hecho con argumentos, con respeto a las personas, sin ironías, sin tratamientos peyorativos a los titulares de las instituciones, solamente buscando la fuerza de los argumentos.

Me ha dado mucho dolor que con comunicaciones públicas tiendan ese manto de duda de que el Presidente les ha ordenado persecuciones ilegales. Eso no se compadece con mi vida política, que ha sido una vida política de combate de frente, con las armas sobre la mesa, con todos los argumentos de cara a la opinión pública.

He tomado la decisión de hablar de este tema del Fiscal, de romper el silencio que mantenía para contribuir a la armonía de las instituciones, porque no se puede hablar del respeto a las instituciones y al mismo tiempo pretender quebrar la más importante de las instituciones, que es la Constitución Nacional.

Ahora volvemos a hablar del tema del penalista. Ese es un juicio de valor no un requisito constitucional. A unos les parecerá más conveniente que sea penalista y a otros menos conveniente, pero es que la Constitución no exige que sea penalista.

La Constitución del 91 creó la figura del Fiscal General de la Nación, que se había propuesto durante mucho tiempo atrás en Colombia y nunca se había aprobado.

Yo recuerdo que en aquella fallida reforma constitucional del Presidente (Julio Cesar) Turbay Ayala, del año 78-79, se propuso la creación de la Fiscalía General de la Nación.

El país durante mucho tiempo había pensado la creación de la Fiscalía General de la Nación. La Constitución del 91, sus constituyentes, no lo improvisaron. Esos requisitos no fueron unos requisitos impuestos de la noche a la mañana. El país elaboró el tema de la Fiscalía durante un largo proceso histórico. Esos requisitos no fueron motivo de la improvisación.

Y nosotros estamos cumpliendo lo que dice la Constitución ¿Por qué nos exigen requisitos que no están en la Constitución?

Si el Presidente de la República estuviera enviando personas que no cumplieran los requisitos de la Constitución, el Presidente de la República estaría asaltando las instituciones.

Lo que no se le puede pedir al Presidente de la República es que reúna un requisito que la Constitución no exige.

Ahora sigamos. Primer tema, la competencia jurídica; segundo tema, la legitimidad.

Legitimidad

Repito: un Gobierno que lleva siete años 3 meses combatiendo a los criminales sin ningún sesgo; el Gobierno que ha derrotado a los paramilitares; el Gobierno que lleva más de mil extradiciones; el Gobierno que ha enfrentado a la guerrilla, al narcotráfico, a las bandas criminales, a mañana medio día y noche, es el Gobierno que tiene la autoridad moral para que, cumpliendo los requisitos de la Constitución, pueda presentar la terna del Fiscal General de la Nación.

Por eso lo pensé mucho esta semana y dije: el tema hay que llevarlo al pueblo colombiano. Yo no lo sigo manejando en encerronas entre cuatro paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados.

Mejor que la hipocresía histórica de introducirle politiquería al manejo de la justicia, es traer el debate de cara al pueblo colombiano.

Idoneidad

Y hablemos del elemento de la idoneidad, que el Fiscal tiene que ser idóneo. Por supuesto.

La idoneidad exige competencia académica. Estos ternados son abogados que cumplen el requisito de la Constitución, pero abogados con una amplísima preparación.

Que la competencia académica exige que sea penalista. No lo exige. Una persona bien formada como abogado, con una sólida competencia académica, no requiere ser penalista para dirigir la Fiscalía.

Más aún, eso es un juicio de valor tan subjetivo, tan ajeno a la Constitución, que los conocedores del tema se dividen. Así como hay algunos que dicen que debería se penalista, otros dicen que no.

A los que dicen que no debería ser penalista también les he escuchado esto: ‘cómo van a nombrar un penalista, si los penalistas por el oficio que han tenido que desempeñar, llegan cargados de expedientes y de intereses a la Fiscalía’.

Si yo soy penalista y estoy defendiendo a 500 personas en mi oficina y todas esas defensas he debido adelantarlas ante la Fiscalía, y me ponen en una terna y después me eligen, yo voy a llegar a la Fiscalía cargado de intereses ¿O es que me voy a desvincular en mi alma de los 500 procesos que venía llevando como abogado penalista?

Entonces ahí hay pros y contras. Hay división como ocurre alrededor de todo juicio de valor. Está bien que alrededor de los juicios de valor existan divisiones, lo que no puede haber es división alrededor del cumplimiento de la Constitución.

Que sea penalista es un juicio de valor, pero no un requisito constitucional.

Está bien que unos alrededor del juicio de valor de que sea penalista digan que conviene o no conviene, lo que está mal es que algunos quieran llevar el juicio de valor, invocándolo como una razón para violar la Constitución, que no se puede violar, apreciados compatriotas.

Es bueno en esta pedagogía, que en lugar de estar en la ironía y en las marrullas de los cócteles bogotanos, le hablemos claramente al país sobre la diferencia entre el juicio de valor –que permite que los ciudadanos se dividan en sus apreciaciones- y lo que es el respeto estricto a las normas constitucionales, que no admite reservas.

Pero sigamos hablando de la idoneidad. Primero, la competencia académica.

Los tres ternados son abogados de la mayor preparación, con una competencia académica incuestionable que los habilita para que, como abogados, gracias a su competencia académica puedan asimilar aquello que haga falta en lo sustantivo y procesal para conducir la Fiscalía.

Segundo, la competencia profesional. Los tres tienen un record profesional respetabilísimo, extenso, sin mancha.

Virginia Uribe: 34 años de ejercicio profesional sin mancha, respetable.

El doctor Marcos Velilla: respetable en la academia, respetable en el Consejo de Estado, respetable en el ejercicio profesional.

El doctor Camilo Ospina. Por su excelencia de estudiante, becado por su universidad; uno de los jóvenes promotores de la séptima papeleta; Secretario del Ministerio de Hacienda en una administración anterior; Secretario Jurídico de la Presidencia; Ministro de la Defensa y Embajador de Colombia en la OEA (Organización de Estados Americanos) en los últimos años de tantas dificultades, y defendió en la OEA, con gran patriotismo, los intereses de esta Nación de superar el narcoterrorismo.

Llevamos dos elementos: la competencia académica y la competencia profesional. Veamos uno tercero: la trayectoria laboral. Se puede mirar con lupa la trayectoria laboral de los tres.

Veamos uno cuarto: la firmeza para combatir a los criminales. Nosotros la hemos observado rigurosamente.

El Presidente es el responsable del orden público y he procurado en estos 7 años y tres meses cumplir con esa responsabilidad rigurosamente. El Fiscal General debe coordinar la política criminal con el Presidente de la República.

Yo estimo, apreciados compatriotas, que necesitamos un Fiscal General comprometido a derrotar el crimen, que no tenga temores, que no tenga sesgos, que no tenga reservas, que esté ideológicamente comprometido a derrotar el crimen. Ese criterio lo hemos tenido en cuenta para escoger la terna.

Respeto a las libertades

A mí me parece muy preocupante que los fiscales actúen estimulados por las presiones de la prensa y no exigidos por las necesidades del pueblo colombiano.

Así como el país tiene que respetar la libertad de prensa –y este Gobierno da ejemplo en eso, porque este Gobierno jamás ha ido a un medio de comunicación a decir que le quiten la columna a un escritor porque ese escritor se opone al Gobierno, este Gobierno ha sido absolutamente respetuoso con las libertades- entonces también hay que ser respetuosos con la independencia de la justicia.

Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la Nación. Nosotros hemos mirado cuidadosamente eso en los requisitos de esta terna.

Y también hemos mirado la capacidad gerencial. Cómo se va a ignorar, para escoger al Fiscal General de la Nación, la capacidad gerencial.

Esa institución costaba al año 600 mil millones, ahora va a costar un billón 300 mil. Cuando se fue a adoptar el sistema penal acusatorio nos dijeron que se iban a disminuir los costos de esta institución. Se han crecido enormemente.

Cómo se va a ignorar la capacidad gerencial en una institución con más de 22 mil personas. El Fiscal General de la Nación tiene que ser un gerente que conduzca con eficiencia una institución con más de 22 mil personas.

Estos son los elementos de idoneidad que ha tenido en cuenta el Gobierno.

Y nos parece fundamental en este momento el orden público. Esa interinidad que nos angustia a todos, el Gobierno procuró resolverla en este diálogo con la Corte, aceptándole una objeción a la Corte.

El Gobierno humildemente la aceptó. El ternado que debía renunciar, generosamente lo hizo, fue remplazado. Pero no podemos dejar que se irrespete la Constitución y así como el Gobierno tiene que ser respetuoso de la Constitución y de la Corte, los otros órganos del Estado no pueden maltratar los fueros constitucionales del Gobierno, en una Patria que por primera vez está seriamente superando el problema del orden público.

En estos días, en la víspera del segundo centenario de la Independencia, me he preguntado por qué un país que ha tenido tan buenos gobiernos, buenos líderes, buenas políticas públicas, un país que fue administrado por Santander, por Bolívar, por Núñez, por Murillo Toro, un país con gobierno como el de (Rafael) Reyes, el de Pedro Nel Ospina, el de (Enrique) Olaya, el de (Alfonso) López Pumarejo, el de (Eduardo) Santos, un país con magistrados y líderes de la talla de Darío Echandía, un país, como el país de los Lleras, ¿por qué esta Patria no ha tenido mejores resultados, porque ha tenido una tragedia, la violencia?

La violencia en Colombia

La violencia ha impedido que Colombia progresara en la proporción en que debió hacerlo. Violencia en la conquista, en las guerras de la independencia.

Uno debería preguntarse qué dio más dificultades en las guerras de la independencia, si derrotar a los españoles o superar las rencillas violentas entre los criollos. Es bueno mirar ese fenómeno de la violencia.

Los magnicidios. Hace poco nos congregaron a la conmemoración de los 20 años del asesinato de ese gran líder: Luis Carlos Galán, pero debimos remontarnos a la cadena de magnicidios de la Patria.

Los del cadalso y aquel 4 de junio de 1830. Sucre y después Arboleda en la misma montaña de Berruecos. Y el General (Rafael) Uribe en octubre de 1914 y Gaitán y Rodrigo Lara y el doctor Luis Carlos Galán.

En el siglo XIX algunos creen que no hubo un solo día de paz. Bolívar debió dedicarse más a la guerra que al buen Gobierno, porque cuando consolidaba la independencia, las guerras intestinas no le permitían dedicarse al buen Gobierno.

¡Qué dificultades!

Y cómo se sacrificó también en ese proceso a tantos líderes de la Patria, que a Piar, que a Padilla, que a José María Córdoba.

Los más optimistas sobre el siglo XIX dicen que apenas hubo unos días de paz en el Gobierno del Presidente Núñez, que esos días de paz sirvieron para que floreciera la industria en el Caribe y para que floreciera el café en la Colombia andina.

Pero las guerras civiles que parecían haber terminado con la consolidación del Gobierno de Núñez, renacieron en 1895.

Allá hay una guerra civil que antecede a la última declarada, aquella de los mil días, que en realidad no fue de mil días sino de mil 128 días, de 100 mil muertos, que concluyó con los acuerdos de paz: de Chinácota en Norte de Santander firmado por el General Ramón González Valencia; en Neerlandia, hacienda del departamento del Magdalena, firmado en nombre del Gobierno por el General Florentino Manjarres y en nombre de las fuerzas insurgentes por el General Rafael Uribe Uribe.

Y en Panamá, donde acudieron los representantes del General Benjamín Herrera a firmar con el General Alfredo Vázquez Cobo.

Terminaba la guerra en 1902, Uribe Uribe hizo un bello retrato de lo que había pasado. Dijo: “Destruimos el país, todo está por reconstruirlo, nuestros padres y nosotros mismos nos equivocamos creyendo que hacíamos Patria con los fusiles destructores de la violencia. Hoy tenemos que rectificar para hacer Patria con lo único posible, las herramientas fecundas del trabajo”.

Tan postrado quedó la Patria, destruida, que al año se separó Panamá. Y fue una separación sin fuerza, sin resistencia. El Presidente de Colombia (José Manuel Marroquín) estaba aquel día en el Palacio de San Carlos y le llegó el General Pedro Nel Ospina a contarle que se estaba firmando el acta de separación de Panamá.

El Presidente de Colombia estaba leyendo una novela en francés. Y los panameños se separaron sin resistencia y sin violencia, diciendo que se separaban como hermanos, que habían llegado a la mayoría de edad. Los separó la postración de la Patria, derivada de la violencia.

Y hubo un proceso lento de reconstrucción. Empezaron esos años de paz entre 1902 y los años cuarenta. Reconstrucción a cargo de (Rafael) Reyes, obras muy importantes a cargo del General Pedro Nel Ospina, con la indemnización de Panamá. Ese Gobierno revolucionario, modernizador, de Alfonso López Pumarejo.

Y rápidamente irrumpió la violencia partidista y desde ese principio de los años cuarenta, cuando reapareció la violencia partidista, hasta nuestros días, no hemos tenido en Colombia un solo día de paz.

Las generaciones anteriores y las vivas sufrieron y hemos sufrido la violencia partidista. Apenas estaban terminando sus cenizas con los pactos del Frente Nacional, cuando aparecieron las guerrillas marxistas y la reacción igualmente criminal del paramilitarismo y el narcotráfico como elemento de financiación de unos y otros. Es la pesadilla que estamos superando.

Este siglo tiene que ser el siglo de la seguridad en Colombia para que sea el siglo del desquite, para que Colombia pueda obtener la prosperidad que requieren 46 millones de ciudadanos.

La seguridad es el camino a la paz, porque también la paz, como en muchas ocasiones se ha entendido, ha sido simplemente la posibilidad de los violentos.

La seguridad con valores democráticos, como se ha practicado en este Gobierno, es el camino a la paz.

Y nosotros creemos que todo esto hay que conectarlo en estas políticas.

Hemos tenido el tema de la seguridad como una devoción, para bien de la democracia colombiana y con esa devoción hemos pensado en la terna del Fiscal General de la Nación.

Acuerdo con los Estados Unidos

La Nación debe saber que nosotros procedemos con las cartas sobre la mesa. En la semana que viene, el Canciller (Jaime Bermúdez) publicará nacional e internacionalmente el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos para derrotar el narcoterrorismo.

Así como tenemos toda la firmeza para avanzar con todos los instrumentos constitucionales y legales para la derrota del narcoterrorismo, también tenemos toda la entereza para que ese texto lo conozca, de principio a fin, la comunidad nacional y la comunidad internacional.

Nosotros nunca hemos escondido nuestra voluntad de derrotar el narcoterrorismo ni la hemos maquillado, por eso tampoco tenemos necesidad de esconder los instrumentos para la derrota del narcoterrorismo.

Y este nuevo acuerdo con los Estados Unidos es un acuerdo de vital importancia, apreciados compatriotas, que estará a disposición de todos los colombianos la semana siguiente, de acuerdo con lo que me ha confirmado la Cancillería.

Avances en infraestructura

Esta mañana cuando viajaba hacia el Tolima en compañía de ex Ministro (de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial) Juan Lozano, hacíamos un repaso interesante.

Hay incomodidades, pero unas obras en marcha de gran importancia: en construcción la doble calzada en Soacha, se han construido más de diez kilómetros de la vía ALO (Avenida Longitudinal de Occidente) en construcción el Transmilenio de Soacha, en construcción todos los tramos de la doble calzada hasta Ibagué.

Se terminó la excavación del túnel de la ‘Nariz del Diablo’ en el Boquerón, cerca de Melgar, se está ahora en la construcción del revestimiento, de los acabados, de los drenajes, de la iluminación, de los ductos de aireación, esperamos que en los próximos meses se dé al servicio; hemos pedido que lleve el nombre del ex Presidente, Guillermo León valencia, un faro de honorabilidad y un acero de firmeza contra el terrorismo. Este año se conmemoró el centenario de su nacimiento.

Viene la doble calzada hacia Ibagué, no se observa desde la carretera porque están en construcción las variantes: la que pasa aquí cerca, muy avanzada y también avanzando la de Chicoral a San Rafael, que requiere dos puentes sobre el río Coello. Pero cuando uno las puede ver desde el helicóptero se entusiasma al advertir el avance.

Me confirmaban el señor Gobernador (Óscar Barreto Quiroga) y el señor Alcalde (Jesús María Botero) también del avance de las dos variantes fundamentales de Ibagué: la variante de ‘La Picaleña’, para liberal el centro de la ciudad del peso del tráfico que va hacia Armenia, hacia el Valle del Cauca y hacia Buenaventura, y la otra variante, la que permite que los ciudadanos que vienen del oriente del Tolima hacia el norte del departamento, no tengan que cruzar el centro de Ibagué.

¿Cómo se llama esa variante Alcalde? La variante de ‘Chicalá’.

Y también me confirman que ya está en plena obra la segunda etapa del Túnel de ‘La Línea’. La primera la construimos en los anteriores años. Este año se adjudicó la licitación, se perfeccionó el contrato para el túnel de tránsito y está en plena construcción.

Hemos propuesto que se llame el túnel del ‘Segundo Centenario’, para que cuando transiten por allí abuelos, padres e hijos, puedan hacer una reflexión sobre la historia de la Patria, mirar los aciertos y las dificultades, y cuando vaya despuntando la luz de la salida del túnel le agreguen a esa reflexión un compromiso de contribuir al bienestar de la Patria.

Y avanza también la carretera en el Eje Cafetero. Hace parte esa ‘Autopista del Café’ de las obras que se han reactivado en este Gobierno.

Y la malla vial vallecaucana, y la doble calzada de Buga a Buenaventura. Esta no es la doble calzada Bogotá-Ibagué, esta es la autopista de Caracas a Arauca al Casanare a Boyacá a Bogotá a Girardot a Ibagué a Armenia al Valle del Cauca a Buenaventura.

Esta es la autopista desde el ‘Puerto de la Guaira’, en el Caribe de la hermana República Bolivariana de Venezuela, hasta el puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano. Nosotros miramos esta obra con enorme, con enorme afecto.

Y me confirmaba el Gobernador que el distrito de riego del Triángulo del Tolima, una obra orientada fundamentalmente a redimir a los propietarios minifundistas, a propietarios de pequeñísimas extensiones de terreno en el sur del Tolima. Está avanzada en un 38 por ciento.

Cuarenta años de expectativas, de promesas, de fracasos. Ahora hay una obra en avance.

Y en medio de las dificultades, venimos avanzando con los compromisos para rectificar y pavimentar vías fundamentales del sur del departamento.

Allá no solamente están los soldados de la Patria derrotando a los terroristas, como al señor ‘Jerónimo’ que durante tantos años maltrató al Tolima. Allá también están las obras públicas de la Patria acompañando los soldados.

Allá están las tareas sociales: Familias en Acción, el Sena, Bienestar Familiar, la gratuidad educativa, el régimen subsidiado de salud.

Porque este Gobierno ha sido cuidadoso para que de la mano de la Política de la Seguridad Democrática vayan otras dos políticas: la política de promoción de la inversión y la política social.

Este centro de logística es fruto de los buenos empresarios y de la política de promoción de inversión.

Una inversión de esta naturaleza, que va a generar gran cantidad de empleos, se hace cuando hay un país que está derrotando la violencia y construyendo condiciones de confianza.

Esto demuestra que estas políticas susceptibles de mejoramiento avanzan, pero también como lo vamos a ver hoy, aquí no solamente hay seguridad y promoción de la inversión, sino una política social que ha dado grandes saltos.

Avances de los programas sociales

En los Estados Unidos hoy se discute una reforma a la seguridad social, porque 47 millones de trabajadores norteamericanos no tienen seguro de salud, en un país con 45 con 47 mil dólares de ingreso percapita.

Y en un país todavía pobre, con inequidad en la distribución, con cuatro mil dólares de ingreso percapita, como Colombia, con 46 millones de habitantes, ya tenemos 41 millones con seguro de salud. Un gran avance.

No obstante que sabemos que tenemos que igualar el régimen subsidiado con el contributivo, que así como han mejorado las clínicas del Seguro Social, se ha transformado la vieja EPS en la nueva EPS, se han reformado muchos hospitales, también hay que seguir reformado los que todavía no trabajan eficientemente.

Esta Patria en estos años de la seguridad ha dado un gran salto en educación. Teníamos en educación básica un 78 por ciento de cobertura, ahora estamos llegando a un ciento por ciento.

Cuando empezó nuestro Gobierno, Colombia graduaba 414 mil bachilleres. Este año en grado once tenemos 737 mil.

Había menos de un millón de estudiantes universitarios, hoy hay más de millón y medio de estudiantes universitarios.

El Sena atendía a un millón cien mil colombianos, este año a seis millones y medio, y a través de un programa de Internet concluirá el año enseñándole inglés a un millón de colombianos, sin matrícula.

Hemos avanzado sustancialmente en la gratuidad educativa, el Congreso nos ayudó con los nuevos recursos. Este año se garantiza la gratuidad educativa para más de cinco millones de niños y eso se complementa con esfuerzos de las gobernaciones y de las alcaldías.

Falta mucho, pero ya estamos llegando a un millón de familias en la Red Juntos.

Hemos dicho que nuestra política social no es una política de coyuntura por la crisis de la economía, sino una política permanente de mejoramiento continuo para que los colombianos puedan superar la pobreza y construir condiciones de equidad.

La Seguridad Democrática es una política de libertades

Nosotros hemos sido concientes desde el día cero del Gobierno, que la Política de Seguridad Democrática tiene que ser una política de libertades y también una política acompañada por la prosperidad económica y acompañada por la política social.

Por eso se derramó el impuesto al patrimonio, que honra a nuestra democracia, para que los sectores más pudientes del país paguen, como en efecto lo han hecho, el mayor costo de la Seguridad Democrática.

Por eso hemos propuesto al honorable Congreso que nos aprueben en este periodo legislativo la prorroga del impuesto al patrimonio, para que los sectores más pudientes sigan llevando la mayor carga de la financiación de la Seguridad Democrática, para poder cumplir con algo que se ha cumplido en estos siete años, que no le hemos fallado al pueblo colombiano.

La Seguridad Democrática no se puede adelantar a expensas de las libertades, tampoco se puede adelantar en sacrifico de la política social.

Hoy hay más libertad en Colombia que antes, no porque los gobiernos anteriores la hubieran restringido, que fueron plenamente respetuosos de nuestras libertades, sino porque el terrorismo había intervenido las libertades. Gracias a la seguridad hoy hay más libertades.

Yo recuerdo aquel 8 de agosto de 2002, cuando a las pocas horas de la posesión llegué a Florencia (Caquetá) y allí encontramos a todos los alcaldes del Caquetá asilados, escondidos en la capital.

Era la cruel realidad de 400 alcaldes de la Patria, desalojados de sus municipios por el terrorismo, no podían ejercer sus atribuciones. Hoy, gracias al concepto democrático de nuestro programa de seguridad, todos los alcaldes de Colombia están ejerciendo sus competencias, todos los gobernadores de Colombia lo hacen, rodeados de garantías democráticas.

Nuestro Gobierno ha procurado el entendimiento y el respeto con todos los alcaldes y gobernadores sin detenernos en su origen político, para construir esa unidad fundamental que requiere la Patria en su diversidad.

Creo que ningún gobernador de Colombia de los tres grupos que han coincidido con este Gobierno, ningún alcalde de Colombia podrá decir que este Gobierno lo ha discriminado por razones políticas. Hemos procurado rodearlos a todos de garantías, sin detenernos a calcular que sean afectos o desafectos a las tesis del Gobierno y del Presidente de la República.

¿Y qué había pasado con la política? Se ha juzgado la ‘parapolítica’, sigue impune la ‘farcpolítica’, pero no se ha juzgado lo que ocurrió en el país.

El terrorismo había avanzado a tal punto que en muchas regiones de Colombia para hacer política, había que pedirle permiso al narcotráfico, a la guerrilla o a los paramilitares. Eso no se ha juzgado y era un a realidad.

Gracias a la Seguridad Democrática se adelantan en Colombia las campañas políticas, sin tenerle que pedir permiso a los terroristas.

Hemos adelantado el proceso electoral de 2003, los procesos electorales de 2006, el proceso electoral de 2006 y las recientes consultas garantizando efectivamente la libertad de acción política de todos los colombianos.

Es bueno comparar la Colombia de hoy, en la cual la libertad política se respeta en la realidad, la Colombia de hoy en la cual los políticos no tienen que ir a pedirle permiso al narcotráfico ni a la guerrilla ni a los paramilitares, con la Colombia de hace apenas unos pocos años, en la que en muchas regiones los políticos no tenía libertad, tenían que ir a buscar el salvoconducto de los terroristas para poder hacer política sin que los asesinaran.

Eso es lo que no se ha juzgado en los estrados judiciales, pero lo que tenemos que juzgar en el juicio político, de cara a los compatriotas, enfrentados a la tozudez de los hechos.

¿Y qué había pasado, cuántos presupuestos, cuántas regalías se robó el terrorismo? El terrorismo a sangre y fuego abrió las carreteras de la venalidad, para financiarse con el robo de regalías y de transferencias en muchas regiones.

Esa fuente de corrupción hoy está cerrada por la Seguridad Democrática. Hoy no hay excusas para que exista transparencia en todos los municipios y en todos los departamentos de Colombia y en todas las instituciones nacionales.

Hemos recuperado la libertad para el ejercicio de la política y hemos recuperado la eficacia para el ejercicio autónomo de los deberes de los funcionarios y de las entidades descentralizadas territoriales y locales de Colombia.

Son avances de esta política.

Y mientras en muchos países del continente en el pasado, en nombre de la seguridad, se cercenaban las libertades, mientras en muchos países del continente en el presente, en nombre de las vanidades de los gobiernos se amenaza a los periódicos, en Colombia el Gobierno, el Gobierno ha sido totalmente respetuoso de las libertades.

Mis críticos, muchos vivían en el extranjero, ahora viven en Colombia, todos los días critican al Gobierno, al mismo Gobierno que los rodea de libertades.

Así como el Gobierno da ejemplo, así como el Gobierno ha dado ejemplo de no amordazar a un solo colombiano, también las otras instituciones del Estado tienen que dar ejemplo.

No es admisible que jueces de la República vayan a las direcciones de los periódicos a pedir que descabecen periodistas porque esos periodistas son críticos de decisiones de jueces de la República.

¿Qué tal que el Presidente de Colombia llamara a un director de periódico o a un director de noticiero de televisión o fuera a reunirse con él a decirle: usted por favor suprima a tal periodista que es crítico del Gobierno?

Con la autoridad moral que nos da la circunstancia de respetar plenamente estas libertades, pedimos que las otras instituciones del Estado no abusen de sus prerrogativas, pretendiendo en los cocteles y en las reuniones con los directores de prensa, entre cuatro paredes, sin que den el debate de cara al país, que se supriman libertades, censurando columnistas, censurando comunicadores.

Si vamos a dar el debate de las instituciones y vamos a dar el debate de las libertades, estamos dispuestos a darlo y estamos respaldados en los hechos de un Gobierno que lleva 7 años y 3 meses de un trabajo democrático y patriótico en todas las horas de la vida de estos años de esta gran nación.

Apreciados compatriotas del Tolima: esta tierra por su carácter, por su sufrimiento, por su historia, inspira muchas reflexiones.

Esta mañana, mientras yo trotaba con el Comandante de la Policía de Cundinamarca en las calles de Girardot, y atendía unas llamadas telefónicas, me preguntaba: ‘¿Si será bueno que hoy hable de estos temas? Van a decir que estaba ofuscado, que violando las instituciones, que estoy de pendenciero, de peleador’.

Y me monté en un helicóptero y cuando ese helicóptero cruzó el río Magdalena, cambié de parecer. Ahí mismo dije: no, es que estamos volando aquí sobre la tierra de Murillo Toro, sobre la tierra de Darío Echandía, sobre la tierra del doctor Rocha Alvira, sobre la tierra del carácter.

Hay que hablarle a la Patria con el corazón, independientemente de cómo respondan los que quieran analizar o criticar estas intervenciones.

Una vez escuchemos al Gobernador y al Alcalde, nos ocuparemos en primer lugar del tema agropecuario. Le pido al Gobernador que hagan una lista de diez ciudadanos que quieran hablar de los problemas del agro, y una vez hablen los contestará el Ministro de Agricultura.

Muchas gracias. Nos inspira el Bunde del Tolima. Su carácter, su historia, su sufrimiento y su ilusión.

Muchas gracias, apreciados compatriotas del Tolima”.