Medellín, 16 sep (SP). “Para mis compañeros de Gobierno y para mí constituye un inmenso honor poder asistir nuevamente a esta reunión de la Jurisdicción, después de que en los años anteriores del Gobierno hemos podido compartir con ustedes inquietudes, reflexiones, aspiraciones en los eventos semejantes.

Quiero dar un saludo muy afectuoso al Tribunal de Antioquia, rodeado del respeto de toda la ciudadanía, que arriba a sus 95 años. Qué bueno que el honorable Consejo de Estado haya escogido a la ciudad de Medellín para esta reunión de la Jurisdicción, justamente en los 95 años del Tribunal de Antioquia.

El señor Presidente del Consejo de Estado, el honorable magistrado Rafael Ostau de la Font Pianeta, se ha referido en extenso a la bella historia de la institución en nuestra Patria desde aquel decreto de Angostura de 1817. Lo que ocurrió en las diferentes constituciones, la del 43, la del 53, la omisión de la Constitución Federal de 1863. Lo que sucedió posteriormente, la Ley de 1913.

Y además, ha hecho una exposición bien importante sobre los principales aspectos del nuevo código, que se discutirá como tema central de esta reunión, y que empieza una fase de socialización con el Congreso de la República y de amplia información a la ciudadanía.

Justamente en nuestras deliberaciones conjuntas del año 2007 en el departamento del Quindío, se tomó la decisión de convocar a la Comisión de Reforma del Código (Contencioso Administrativo), se expidió el Decreto 4820. Y celebro el esfuerzo que durante estos dos años, de manera incansable, han realizado la Comisión, el Consejo de Estado, los jueces, mis compañeros de Gobierno y además, el apoyo del Consejo de la Judicatura, de la Superintendencia de Industria y Comercio y de una brillante nómina de asesores.

Quiero destacar cómo, para proteger al ciudadano, en esta propuesta normativa se pretende fortalecer las posibilidades del juez a través de las medidas cautelares. Ese concepto tan importante de la tutela judicial. Cómo en nombre de la celeridad, se propone la posibilidad de acumular, de manera más ágil, pretensiones.

Cómo para evitar la repetición de reclamaciones al Estado para poder descongestionar la Jurisdicción Contenciosa, al recalcar la competencia del honorable Consejo de Estado como el gran organizador de la jurisprudencia en el ramo, se permitirá la extensión de los efectos de la jurisprudencia a fin de regir los casos semejantes, lo que va a dar mucha claridad a los funcionarios públicos que en el espejo de la jurisprudencia deberán mirar más cuidadosamente cómo tomar las diferentes decisiones a fin de evitarle nuevas reclamaciones judiciales al Estado, con lo cual habrá descongestión por un lado y también mejor atención al ciudadano.

Qué importante que el Código avance en la exigencia de la oralidad y del lenguaje electrónico. Nosotros esperamos con mucha expectativa las conclusiones de este encuentro de la Jurisdicción Contenciosa, para iniciar con sus conclusiones, sumadas al trabajo de la comisión de reforma de estos dos años, la tarea de socialización con el Congreso de la República.

Y con ustedes honorables magistrados, definiremos el momento de presentar el proyecto a consideración del Senado y de la Cámara.

Descongestión judicial y arancel

Hace parte de una muy ambiciosa tarea de reformas para la justicia. Confiamos que rápidamente podamos tener aprobados los proyectos que cursan en el Congreso de la República sobre descongestión a la justicia, arancel judicial, el estatuto de convivencia que remplaza al Código de Policía y la nueva ley sobre los delitos menores.

En el tema del arancel quiero hacer unos comentarios. No se trata de eliminar la gratuidad de la justicia, sino de incorporar unos fondos a la justicia, provenientes del pago que por el servicio pueden hacer los sectores más pudientes.

La propuesta es restringida a los juicios civiles y comerciales para cuantías superiores a 200 salarios mínimos, con una tasa del dos por ciento.

Creemos que eso nos va a ayudar a que se piense muy bien en qué casos en cada ocasión que se pretenda acudir a la justicia. Y nos va a ayudar a recaudar unos dineros de gran importancia para la propia justicia.

A lo largo de estos años, en medio de la situación difícil del país en lo fiscal y en lo financiero, un país con un déficit fiscal todavía alto, con un endeudamiento que si bien se ha reducido, estuvo en el 48 por ciento del PIB, se redujo al 22, y este año, por la crisis, puede nuevamente regresar al 26 por ciento.

En medio de las restricciones fiscales y financieras de Colombia, hemos hecho un gran esfuerzo en la financiación de la justicia, a eso nos tiene que ayudar la propuesta del arancel.

Hemos podido avanzar en salarios de magistrados, de fiscales y de jueces, y de todo lo que es el personal auxiliar de la justicia. Reconocemos lo que falta. Todavía hay pendientes muchos reclamos de nivelación, pero confiamos en que, en la medida que la economía recupere una dinámica de mejoramiento, ingresen recursos frescos como los que buscamos con el arancel, podamos seguir esa tarea de reivindicación presupuestal de la justicia.

Fondos para el mejoramiento de la justicia

Quiero anunciar ante ustedes, que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ha aprobado ya los créditos internacionales por 62 millones de dólares, para el mejoramiento de la justicia.

Quiero repetir ante ustedes que los esfuerzos de estos años no han sido en vano. El aumento del presupuesto para la Fiscalía ha sido de un 55 por ciento por encima de inflación. Para la Rama (Jurisdiccional), de un 37 por ciento por encima de inflación. Sabemos que hay todavía estrecheces enormes en infraestructura, en conectividad.

Reitero nuestro compromiso para sacar adelante las ciudadelas de la justicia de Cali, de Medellín y de Cartagena, con aportes ya definidos por el Consejo Nacional de Estupefacientes y con contrapartidas bien importantes de las ciudades capitales y en el caso de Antioquia, también de la Gobernación del departamento.

Estoy seguro que con el esfuerzo de todos vamos a convertir en realidad estas aspiraciones de la justicia en Cali, Medellín y Cartagena.

Conectividad de la justicia

Con ustedes en el Quindío hicimos un gran compromiso para avanzar en todo lo que es la conectividad de la jurisdicción. Una justicia sin conectividad se convierte en nuestra época en una justicia con un grave problema, en una justicia relativamente minusválida.

La aspiración de ustedes de avanzar en conectividad el Gobierno la comparte plenamente. Los nuevos desarrollos la exigen. En el momento en que esté aprobado el nuevo Código Contencioso, su aplicación dependerá en muy buena parte de que haya una total conectividad con una banda de muy buena capacidad.

El acuerdo de hace dos años en el Quindío arroja los siguientes resultados: de los mil 980 juzgados, mil 224 fueron asumidos por el Ministerio de Comunicaciones. Ya hay 924 conectados por Compartel, con una inversión de 13 mil millones; 300 juzgados en proceso, 756 han sido asumidos para la conectividad por el Consejo Superior de la Judicatura.

Justicia y confianza

Todos los esfuerzos que hagamos en la patria para el fortalecimiento de nuestra justicia, son fundamentales para lo que ha sido un propósito de este Gobierno y que nosotros invitamos a diario a la ciudadanía para que sea un propósito de todos los colombianos, crear más confianza en Colombia.

El propósito de la confianza requiere un elemento estructural esencial: la justicia. Nosotros trabajamos en busca de la confianza procurando avanzar en la seguridad con valores democráticos, en la inversión con responsabilidad social y en la cohesión social.

La justicia es un elemento transversal. La requerimos en la seguridad —pieza esencial–, la requerimos en la inversión –en su ausencia o con una justicia débil no se da–, y la requerimos en la cohesión social, que es aquello que finalmente permite la estabilidad del Estado de Leyes.

Hemos avanzado en seguridad, pero todavía requerimos más apreciados magistrados, jueces y asistentes.

Quiero referirme a algunos intangibles que se han venido ganando con el avance de la Seguridad Democrática en Colombia. Hemos recuperado dos monopolios que nunca debieron perderse, el monopolio de las Fuerzas Armadas para combatir a los criminales y el monopolio de la justicia.

Hemos desmantelado el paramilitarismo. La palabra paramilitar surgió en Colombia para denominar las bandas privadas criminales cuyo objetivo era enfrentar a la guerrilla. Y se ha recuperado para el Estado el monopolio para enfrentar a todas las organizaciones criminales.

En muchas partes del país jueces y fiscales habían sido desplazados por la acción terrorista, por la intimidación del terrorismo. Pretendían asumir competencias de la justicia, querían conocer crímenes mayores y menores, conocer litigios de familia, litigios entre vecinos. Esa osadía la practicaban terroristas paramilitares y terroristas guerrilleros.

Desmovilización y reparación

Hemos recuperado la vigencia de la justicia democrática del Estado en todo el territorio. Antes, las víctimas no reclamaban. Temían hacerlo o lo encontraban inútil. Hoy tenemos más de 200 mil víctimas registradas.

Hacemos un gran esfuerzo por la reparación. Sabemos que reparación total no hay, pero todo avance en materia de reparación anula gérmenes de odio, posibilidades de venganza.

En los últimos años hemos invertido 300 millones de dólares en la atención inicial a las víctimas. Y este año hemos empezado, para las primeras 12 mil víctimas, un proceso de reparación pecuniaria que solamente en nuestra vigencia presupuestal vigente supera los 200 mil millones de pesos.

El país había visto severamente afectada la descentralización por acción de los grupos terroristas. El 8 de agosto de 2002 en Florencia, Caquetá, estaban asilados todos los alcaldes del departamento. 400 alcaldes de la Patria no podían desempeñar sus funciones por las intimidaciones del terrorismo.

El terrorismo había infiltrado los presupuestos, había hecho que se enseñoreara la corrupción, había afectado las libertades políticas. Una de sus pretensiones era la de someter a los actores de la política.

Hemos recuperado la descentralización frente a las amenazas del terrorismo. Hoy todos los alcaldes y gobernadores de Colombia pueden cumplir sus competencias y obligaciones en los sitios para los cuales fueron elegidos. Y hemos recuperado la libertad para el ejercicio de la política, algo bien importante.

Otros países enfrentaron desafíos menores de seguridad con legislaciones marciales, con supresión de libertades. Para honra de Colombia, esta política de Seguridad Democrática se ha conducido con pleno respeto a las libertades, al pluralismo. Se ha conducido sin censura de prensa. Se ha conducido sin legislación marcial, con legislación ordinaria. Eso contribuye al buen nombre de la democracia colombiana, que ha enfrentado tantas décadas de dificultades a causa de la violencia.

Durante estos años de seguridad se han desmovilizado 51 mil 783 personas. En la década de los noventa, en nombre de la paz se desmovilizaron 4 mil personas, pero los grupos terroristas alcanzaron a sumar más de 60 mil integrantes. En el periodo de la Seguridad Democrática se han desmovilizado 51 mil 783 y se ha presentado un gran descenso en las organizaciones terroristas.

Tenemos las bandas criminales del narcotráfico y las guerrillas. Hoy, en lo que podríamos llamar una alianza mafiosa, en algunas regiones del país se unen para repartirse los dividendos del narcotráfico y en otras regiones del país se enfrentan para ver quién se queda con esos dividendos.

La Ley de Justicia y Paz ha ayudado bastante. Se han iniciado mil 867 versiones libres, hay 650 en curso, mil 217 concluidas, 29 mil 555 hechos enunciados, 12 mil 104 crímenes confesados. Se han encontrado 2 mil 492 cadáveres; han sido exhumadas 2 mil 43 fosas, se han entregado a los familiares 581 cuerpos de personas que aparecían, que figuraban desaparecidas.

El Fondo de Reparación de Víctimas ha recibido 5 mil 538 bienes. Este es el punto de mayor retraso. Una de las razones nuestras para decidir sobre la extradición de cabecillas de organizaciones de desmovilizados fue justamente su renuencia a cumplir las obligaciones legales frente al Fondo de Reparación de Víctimas.

Pero estamos buscando esas riquezas ilícitas, no solamente a través de la Ley de Justicia y Paz, sino también a través de los mecanismos legales de extinción de dominio. El trabajo con ambos puede ayudar a recuperar esos capitales del crimen para aplicarlos, como dispone la Ley, a la reparación de las víctimas…

Exactamente a la fecha las victimas registradas son 239 mil 758. Y cuando hacemos la comparación, el cotejo entre las victimas registradas y los hechos confesados, encontramos que ya hay 41 mil 820 victimas de las registradas que corresponden a hechos confesados por los sometidos a ley de justicia y paz.

Paz y delitos de lesa humanidad

Es bien importante un debate en el país sobre la legislación que deberá aplicarse en el futuro cuando, a través del ejercicio de la seguridad, los grupos violentos remanentes acepten desmovilizarse.

A diferencia del pasado, el Gobierno estima, muy respetados magistrados y jueces, que los procesos de paz son más limitados en lo legal. En el pasado se dio amnistía e indulto a crímenes atroces en nombre de la paz.

Hoy la constitución, la comunidad, los hechos, la gravedad de los hechos, las circunstancias de la legislación internacional, exigen mucho mayor cuidado en el examen de los crímenes cometidos por las personas que se sometan a los procesos de paz y por supuesto, hay obstáculos insalvables para la amnistía o el indulto a los delitos de lesa humanidad.

En el pasado se permitió que personas responsables de estos crímenes pudieran ser elegidas a los cuerpos de representación. Hoy la normatividad nacional e internacional lo impiden.

Cuando el país quiera asomarse, cuando las circunstancias de voluntad de los grupos violentos indiquen que ya han tomado la decisión de negociar de buena fe, vamos a encontrar un marco normativo menos amplio que los marcos normativos del pasado. Debemos tener absoluta claridad sobre esta materia.

En el proceso de negociación en Gran Bretaña con las guerrillas de Irlanda del Norte, aquellos responsables de delitos atroces recibieron beneficios de libertad condicional, pero no beneficios de amnistía, no beneficios de indulto.

Yo creo que allí hay una referencia importante para pensar en lo quisiéramos que fuera un futuro inmediato en Colombia.

Reto de disminuir crimen en Medellín

Por supuesto, estamos en una ciudad que hace un gran tránsito entre esos años que la mantuvieron totalmente azotada por la violencia y unos años que le esperan de prosperidad. Aquí se ha trabajado muchísimo desde septiembre de 2002, cuando las fuerzas del orden ingresaron a la comuna 13, donde habían tomado posición y posesión los grupos terroristas

Las acciones de nuestras Fuerzas Armadas han sido acompañadas de una muy ambiciosa política social, del municipio, del departamento, del Gobierno Nacional. Pero todavía no se ha logrado reducir la tasa de homicidio hasta niveles cercanos a su eliminación.

Estamos en lo que podíamos llamar la nueva fase del esfuerzo por la seguridad de Medellín. Hemos visto un tránsito de criminalidad, hemos visto la transición de una criminalidad controlada por unos pocos, a una criminalidad cuyo control es disputado por muchos. Esto nos crea unos nuevos desafíos.

El domingo anterior en un Consejo Comunitario en compañía del señor Gobernador (de Antioquia, Luis Alfredo Ramos) y del señor Alcalde (de Medellín, Alonso Salazar), convocamos representantes de todos los sectores comunitarios beneficiarios de las diferentes políticas sociales para comprometernos todos en una magistratura de protección de la vida en Medellín.

La ciudad será la sede en marzo de los Juegos Suramericanos, que se preparan con esmero por parte de todas las autoridades locales y regionales y con apoyos del Gobierno Nacional. Nuestra meta es que para marzo podamos mostrar una acentuada tendencia de disminución del crimen. Lo requerimos.

No podemos estar contentos a pesar de todo lo logrado. Porque finalmente el crimen no es tasable, la aspiración de la humanidad y de nuestro pueblo es que pueda ser eliminable.

Inversión y mercados

Colombia con 46 millones de habitantes para la confianza, necesita una gran inversión que le dé prosperidad. Nosotros creemos profundamente en dos presupuestos para la prosperidad económica: la confianza inversionista y que haya posibilidad de llegarle sin restricciones a muchos mercados.

Hemos pasado en estos años la tasa de inversión del 12, 14 del PIB al 25, 26, 27 por ciento. A pesar de la crisis de la economía, en el primer trimestre se sitúo en el 25 por ciento y en el segundo trimestre en el 26,5 por ciento.

Una tasa sostenida, elevada, de inversión, con responsabilidad social, es el camino para superar pobreza, para construir equidad, para financiar política social, para financiar ese gran factor de cohesión social que es la administración de justicia.

Colombia, ‘niña de los ojos’ de inversión

Las reformas de estos años, el avance de la seguridad, han hecho de Colombia un país que es hoy ‘niña de los ojos’ de las tendencias de inversión en el mundo. Qué bueno. Eso hay que proyectarlo en el tiempo.

Y las reformas introducidas necesitan complementos. Estamos seguros que los esfuerzos que se harán con el nuevo Código (Contencioso) Administrativo y por los proyectos de ley ampliamente consultados que avanzan en el Congreso de la Republica, dotarán a Colombia de otras reformas muy importantes para el propósito de incrementar la confianza de inversión en nuestro país.

Los esfuerzos reformistas ayudan. Gracias a las reformas introducidas hasta ahora, Colombia es hoy el primer país latinoamericano en el ranking de competividad del Banco Mundial, situado de 37 en el mundo. Nos sigue Chile en el puesto 49. Y también el Foro Mundial de Competitividad, nos ha reconocido el avance en cinco puestos.

Estoy seguro que la aprobación de estas reformas a la justicia le va a dar a Colombia mejor posicionamiento en el ranking mundial de competividad.

Las políticas sociales tienen en la justicia una gran protección. La justicia es ancla de la cohesión social. La cohesión social es el gran legitimante de la inversión y de la seguridad.

Seguridad con cobertura social

Cuando empezaba nuestro Gobierno, algunos lanzaban la advertencia de que seria un Gobierno de guerra, ausente de inversión social. Para construir confianza hemos procurado que la política de Seguridad sea acompañada de las coberturas sociales. Se requieren mutuamente.

En nuestra Nación había la idea de que eran excluyentes. Hoy los ciudadanos de la base popular, los alcaldes de los más humildes municipios, los colombianos en general, comprenden que la seguridad y la política social son factores mutuamente dependientes, complementarios, inseparables.

Por igual nos reclaman en todo el país presencia de la Policía, del Ejército, de la justicia, de los fiscales, de los jueces y nos reclaman políticas sociales.

Para que el país pueda seguir avanzando en la seguridad, nunca en desmedro de la políticas sociales, y al mismo tiempo avanzando en las coberturas sociales, es urgente que además del arancel judicial, obtengamos en el Congreso de la Republica la aprobación del ajuste tributario para que los sectores más pudientes de Colombia continúen pagando el mayor costo de la Seguridad Democrática y así el país pueda continuar financiándola y, al mismo tiempo, financiando las coberturas sociales.

Hay un intervalo entre los esfuerzos de coberturas sociales y sus resultados. Por ejemplo, para que una revolución educativa se traduzca en una acelerada disminución de la pobreza se requiere un largo intervalo de tiempo.

Un niñito que empiece a estudiar hoy, que esté apoyado por Bienestar Familiar, por la gratuidad educativa, por Familias en Acción, por todos los programas locales, departamentales, nacionales, ese niñito solamente percibirá ingresos muchos años más adelante.

Y solamente cuando empiece su percepción de ingresos, tenga las oportunidades de emprendimiento, el esfuerzo de un país para mejorar las coberturas sociales se traducirá en una disminución acelerada de la pobreza, en la erradicación de la miseria y en la construcción de equidad.

La justicia es garante de la cohesión social.

Reitero todo nuestro respeto a los jueces, a los magistrados, a los tribunales contenciosos, al honorable Consejo de Estado. Esta Patria nuestra es una Patria de cotidiano debate, de intenso debate y eso es bueno para la democracia, pero de mucha solidez institucional.

Todos los éxitos en las deliberaciones de estos días aquí en Medellín.