Bogotá, 30 sep (SP). “A todos un saludo muy afectuoso. Nuestra gratitud por acudir a esta reunión que nos tiene que dar luces sobre cómo avanzar en el mejoramiento de la seguridad.

Mis agradecimientos al señor Ministro (de Defensa Gabriel Silva) y al señor general Óscar Naranjo, Director de la Policía, por esta convocatoria que nos es tan útil.

Si ustedes me preguntaran o me preguntara la comunidad internacional: 'Presidente ¿Por qué Colombia insiste en llamar democrática la acción de seguridad?' Yo diría ¿quiere que le expliquemos en la teoría o a través de un evento práctico? Y me sugirieran un evento práctico que retratara, que pusiera de carne y hueso el valor democrático de nuestra seguridad, bastaría con referirse a las elecciones del domingo anterior.

Las fuerzas institucionales de la Patria en todo el territorio, con todo el compromiso del Gobierno —su comandante—, con todo el compromiso de las diferentes instituciones del Estado dando plenitud de garantías a una expresión de la democracia, sin detenerse a pensar que la concurrencia era afecta o desafecta al Gobierno.

La seguridad como valor democrático y la inversión

Creo que eso retrata, pone de presente el valor democrático de nuestra Política de Seguridad, que la legitima plenamente, que da toda la razón para que la estemos mejorando todos los días.

A mi generación, apreciadas alcaldesas y alcaldes, la formaron en la idea de que la seguridad y las coberturas sociales se excluían. La formaron en la idea del delito famélico, en una exageración que llegó a desvirtuar la teoría positiva del Derecho Penal, según la cual todo delito se origina en un hecho social o económico.

A mi generación la formaron en la idea de que una propuesta de seguridad era una propuesta fachista, antidemocrática, supresora de garantías. Transcurrieron los años y varias generaciones de colombianos notaron cómo la inseguridad y la violencia generaban más violencia, generaban más pobreza, generaban más desempleo, desmejoraban las posibilidades del índice de oportunidades para los colombianos.

Y se ha dado una mutación muy positiva en la Patria. Hoy, la mayoría de los compatriotas entienden que la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, un presupuesto sin el cual no opera la democracia. Que la seguridad es un requisito fundamental para que se den las condiciones mediante las cuales pueda presentarse la prosperidad económica de los colombianos, puedan financiarse las coberturas sociales, pueda avanzar el país hacia una sociedad que supere la pobreza y construya equidad.

Por eso en estos años, apreciados alcaldesas y alcaldes, nosotros, al proponernos avanzar en una Nación que genere más confianza para propios y también para la comunidad internacional, hemos soportado la búsqueda de confianza en tres soportes: la seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y las coberturas sociales que nos permitan concretar un mejoramiento del índice de oportunidades, para que el país cree las condiciones que le permitan reducir aceleradamente la pobreza y construir equidad.

Esos tres factores se juntan en una relación inseparable. Sin seguridad es imposible crear las condiciones de confianza de inversión, por buena que sea la intención en el manejo de la economía. Sin seguridad no fluyen los recursos, sin la seguridad no es posible —para un país de 45 millones de habitantes— obtener unas tasas elevadas y sostenidas de inversión, que con responsabilidad social, le permitan superar las condiciones de pobreza y de inequidad.

La seguridad y la inversión son fundamentales para poder financiar las coberturas sociales. Y en un Estado de Opinión, donde la participación ciudadana es la más elevada expresión del Estado de Derecho, la perdurabilidad de una política como la de seguridad, de una política como la de confianza de inversión, depende de la legitimidad que le den los ciudadanos. Las coberturas sociales son fuente de legitimidad para esa política. Vemos pues que hay una relación indestructible entre estos tres pilares.

Descentralización y terrorismo

Ahora que el señor Ministro hablaba de los intangibles, de aquello difícilmente contabilizable, derivado de la Política de Seguridad, reflexionaba yo sobre esos elementos y la descentralización. Uno de los intangibles más importantes, resultado de esta política, es la recuperación de la descentralización.

El país es un país que elige 32 gobernadores y mil 102 alcaldes que, en medio de escasez de recursos para el ente municipal, para el ente departamental, para el ente nacional, es un país bastante descentralizado en la ejecución del gasto público. El 51, el 52 por ciento del gasto total del Estado lo ejecutan municipios y departamentos.

Pero ¿qué había ocurrido con la descentralización? Estaba siendo derrotada por el terrorismo.

Recuerdo el jueves 8 de agosto de 2002, a la mañana siguiente del inicio de nuestro Gobierno, antes de que despuntara el Sol llegamos a la ciudad de Valledupar a emprender la política de recuperación de la libertad de locomoción de los colombianos.

Como tantas ciudades colombianas, Valledupar estaba incomunicada por los retenes del terrorismo. Y el terrorismo ya estaba en las ventanas y en las puertas de los habitantes de la ciudad.
Y esa tarde nos desplazamos a Florencia a empezar la política de revolución educativa y concurrieron todos los alcaldes del departamento a la capital y me dijeron que lo que pasa es que no podían ir a sus municipios, porque los grupos violentos les impedían actuar como alcaldes, que tenían que ejercer unas alcaldías precarias y a distancia. Eso era una derrota de la descentralización.

Y lo mismo había ocurrido con los presupuestos. En cuántas partes del país los presupuestos públicos estaban interferidos por la coacción terrorista, inducida allí la corrupción por la amenaza terrorista.

Creo que en los intangibles de la Seguridad Democrática tenemos que destacar la recuperación de la descentralización. Alcaldes y gobernadores de Colombia pueden hoy desempeñar sus competencias constitucionales y legales con todas las garantías de la Seguridad Democrática.

Ellos, con las asambleas y con los concejos, han recuperado la autonomía reglada por la Constitución y la Ley para la asignación de los recursos. Ya no hay aquella acción generalizada del terrorismo para penetrar los recursos de los presupuestos de estas entidades.

Recuperación de monopolios del Estado

Se ha recuperado la libertad para el ejercicio de la política. Diría yo que la política de Seguridad Democrática ha permitido que el país pase de un ejercicio retórico de libertades a un ejercicio eficaz de libertades.

Uno es el juicio de los jueces y otro el de la historia. La historia podrá decirnos que en las regiones colombianas el terrorismo había coartado, eliminado la libertad de acción política. Y ay de aquellos que pretendieran ejercer la política sin someterse a la guerrilla o sin someterse a los paramilitares.

Nosotros, con la Seguridad Democrática, con el heroísmo de nuestros soldados y policías hemos recuperado la libertad para el ejercicio de la política. Este es otro intangible bien importante, resultado de esta acción.

Y otros intangibles. Se ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos. La palabra paramilitar se utilizó en Colombia para denominar las bandas privadas criminales, cuyo propósito era combatir a las guerrillas. Hoy son las Fuerzas institucionales las únicas que en todo el territorio combaten a los delincuentes de diferente pelambre.

La justicia en Colombia es autónoma e independiente. Pero ¿qué había ocurrido? En muchas regiones el terrorismo la había desplazado. Saben muchos de los alcaldes de Colombia que en muchos municipios los terroristas guerrilleros, paramilitares, pretendieron usurpar las funciones de la justicia, desplazaron a los jueces y fiscales; pretendieron conocer crímenes menores y mayores, conflictos de vecinos, dificultades de familia.

La Seguridad Democrática ha recuperado el monopolio de la justicia del Estado en todo el territorio.

Reparación y lucha contra el narcoterrorismo

Las víctimas no reclamaban; lo encontraban inútil o temían hacerlo. Hoy tenemos 240 mil víctimas registradas y avanzamos en el proceso de la reparación. Qué reparación integral no hay, pero todo esfuerzo de reparación es un camino de reconciliación; todo esfuerzo de reparación evita que germinen semillas de odio, evita reacciones de venganza.

En medio de las limitaciones presupuestales, en los años anteriores aplicamos a ese propósito 300 millones de dólares, este año 100 millones de dólares y está incorporada en el proyecto de presupuesto que estudia el Congreso de la República la partida para avanzar en 2010 en el proceso de la reparación de víctimas en su componente pecuniario. Que, por supuesto, el intento de reparación tiene que ser integral.

Algo bien importante. Colombia ha enfrentado un terrorismo criminal como todos e inmensamente rico con recursos propios del narcotráfico.

Cuando uno establece la diferencia entre el caso colombiano y otros casos de la región latinoamericana, El Salvador. ¿Qué hizo posible allí el proceso de paz? El orden establecido aceptó una apertura democrática, que Colombia la ha hecho en un proceso de siglo y medio, sin reservas.

Y el movimiento guerrillero se vio apremiado a negociar, no sólo porque había sido efectiva la contención militar que los ponía en un punto de no avance, sino porque fue notificado por organizaciones no gubernamentales de Europa Occidental que no podían mandarles más dinero. Las que hasta entonces los habían sostenido.

¿Qué pasa en nuestro medio? Aquí hay todas las garantías democráticas y lo que han hecho estos grupos es tratar de destruir una democracia construida por los colombianos con tanto esfuerzo. Además, no hay elemento externos de presión económica, como quiera que estos grupos se han financiado de un negocio infortunadamente interno y criminal que es el narcotráfico. Ahí vemos una inmensa dificultad.

Este terrorismo podría permitirnos decir que Colombia ha enfrentado la amenaza de inseguridad más grave en los últimos 50 años del continente. Pero también podemos decir que la hemos enfrentado sin supresión de libertades, sin censura de prensa, sin abolición del pluralismo. La hemos enfrentado sin legislación marcial, la hemos enfrentado con todas las garantías individuales, con la plenitud de los derechos políticos, con legislación ordinaria. Esto honra a la democracia colombiana.

Disminución de homicidios en capitales de departamento

Y creo que esto da una inmensa legitimidad para reclamar la unidad de los colombianos alrededor del propósito de la seguridad a fin de que ese valor lo puedan disfrutar las nuevas generaciones. Nosotros hemos procurado en estos siete largos años de Gobierno tener el mejor entendimiento con alcaldes y gobernadores, independientemente del origen político de su elección, buscando esa mínima unidad de Patria que se requiere para los avances fundamentales del país.

Y este tiempo trascurrido, en el mismo propósito de buscar siempre ese entendimiento sin discriminación política alguna, nos permite también seguir convocando para que todos unidos rescatemos plenamente la seguridad en nuestra Patria.

Una de mis profesoras solía en clase mencionar a los estudiantes que habían sacado las mejores notas y a quienes habían sacado las otras los invitaba a una audiencia privada.

Yo voy a leer solamente las capitales que en lo corrido del año han triunfado porque han venido disminuyendo la tasa de homicidio. Por ejemplo, Puerto Carreño lleva cero homicidios este año. Mi general (Óscar Naranjo), ¿cuántos municipios colombianos llevan homicidios este año? ¿Trescientos treinta y dos municipios con cero homicidios este año?

Una capital, Puerto Carreño. Qué bueno poderlo decir. El año pasado, en la misma fecha, llevaba tres homicidios. Es la única de las capitales con cero homicidios, Puerto Carreño.

Popayán ha disminuido dos homicidios; Bogotá ha disminuido en 51 homicidios. Es 2009, periodo trascurrido hasta la fecha, versus 2008. Bucaramanga, en siete homicidios disminución; Pasto en nueve; Cúcuta, en 29. Manizales en 18; San José del Guaviare en diez; Riohacha en diez; Armenia en 19; Ibagué en 20, con un desempleo tan alto, Ibagué.

Valledupar en 18; Yopal en seis; Pereira, después de que vivimos unos años de tantas dificultades, es un hecho para destacar, para aplaudir, lleva menos 80 homicidios este año. Eso indica, en las palabras del ex presidente (Belisario) Betancur, que sí se puede. Eso es bien importante y nos anima para saber que podemos tener éxito en las ciudades donde todavía tenemos dificultades con el homicidio.

Florencia lleva 21 homicidios menos este año, la capital araucana 4 menos y Puerto Inírida 2 menos. Tienen el mismo número hasta la fecha —no ha habido variación— Leticia, Mocoa y Mitú.

En las otras capitales donde se nos han presentado incrementos tenemos que hacer un gran esfuerzo para derrotar esos incrementos y poder inducir unas tendencias de reducción del homicidio.

Desafíos y mejoramiento continuo

Esto tiene que vivir en mejoramiento continuo y lo exige la psicología colectiva. Yo recuerdo aquellos fines de semana con puente, de octubre y noviembre de 2002, cuando las Fuerzas Amadas se propusieron cuidar las carreteras y los colombianos salieron. Eso parecía una película que podía haber tenido el título “Liberación de un secuestro colectivo”. Y los colombianos valoraban mucho, han valorado eso. Pero no nos podemos quedar allá.

¿Que hemos pasado de 4 mil secuestros a 102? Se valora, pero no nos podemos quedar ahí.

¿Que la tasa de homicidios estaba en el 66 por ciento, que ahora se sitúa alrededor del 33, 34? Bien, pero sigue siendo muy alta.

Entonces, antes un secuestro más se sumaba, dolía, pero no provocaba reclamo. Hoy duele, se suma y provoca un gran reclamo.

Una ciudadanía más exigente y esta bien que lo sea, y una ciudadanía que ha perdido el temor a denunciar y qué bueno que eso haya ocurrido. Hoy la ciudadanía se siente sin mordaza para denunciar, yo diría que es otro gran intangible consecuencia de la política de Seguridad Democrática.

Y uno tiene que comparar esto con las teorías de los sociólogos sobre el proceso del ser humano en el recorrido ascendente de la escalera de la satisfacción de las necesidades básicas. Se resuelve una y el ciudadano ya quiere resolver la otra. No queda conforme porque resolvió la previa.

Aquí hay algo paralelo se disminuye un delito, pero el ciudadano ya no compara con la cifra anterior, sino con la nueva cifra. Se va perdiendo la preocupación por un delito porque ese delito se va reduciendo sustancialmente, ya la piedra que talla en el talón del ciudadano es otro delito.

En algunas partes hemos visto que el homicidio, la masacre, el secuestro no preocupan. Pero ya la preocupación del ciudadano es el hurto callejero, el hurto a residencias, el raponazo del teléfono celular. Y eso lo tenemos que comprender.

Por eso, si bien nosotros témenos que invocar para tener energías, para que el país avance los logros, tenemos que asignarle toda la importancia a los nuevos desafíos que se van presentando.

Esto requiere un mejoramiento continuo, muy apreciadas alcaldesas y alcaldes.

Ahora, tenemos desafíos. Este desafío de las bandas criminales es enorme y lo tenemos que derrotar y hay que derrotarlo en todas partes.

Una característica de este Gobierno es no ocultar problemas. Lo he pedido siempre a mis compañeros de Gobierno, a los Altos Mandos, contemos por iniciativa propia nuestras dificultades, nuestras vicisitudes; denunciemos por iniciativa propia nuestros problemas, publiquemos por iniciativa propia los casos que conozcamos de errores, de corrupción.

No ocultar, sino resolver

Este Gobierno es un Gobierno con la convicción democrática de que nada se puede ocultar y este fenómeno de las bandas criminales tenemos que derrotarlo.

Y preocupa mucho todavía en Córdoba, en mi ciudad de Medellín, preocupa mucho en el Llano. A mí me duele que me hubieran llamado el domingo unos ciudadanos a decirme que unos bandidos del narcotráfico estaban haciendo retenes a los pescadores en el río Manacacías.

¿Que nos corresponde a nosotros? A nosotros no nos corresponde tapar, a nosotros nos corresponde resolver, conocer los problemas para enfrentarlos. Y hay que tener la mejor disposición todos los días, la más constructiva energía, la mayor fuerza para enfrentar estos problemas.

Ahora ¿cómo es la relación de las guerrillas con las bandas criminales? Es una relación mafiosa. En unas partes del país están unidos para repartirse los dividendos del narcotráfico y en otras partes se enfrentan a disputarse los dividendos del narcotráfico.

Yo pido que comprendamos esa relación y que la circunstancia de que operen esas bandas no nos cree confusiones, porque esas bandas son un factor de perturbación terrorista tan grave como los otros. Y en algunas partes ellas mismas tratan de calificarse como agrupaciones con algún contenido político.

Rechazar in límine esas reivindicaciones es fundamental. Negarles cualquier propósito reivindicativo es fundamental, combatirlos con toda la determinación es fundamental.

Yo tengo un propósito, apreciados compatriotas. Cuando termine la Presidencia poder mirar a mis compatriotas a los ojos por haber combatido a todos los delincuentes, en todos los momentos sin reservas y sin dilaciones.

No permitamos ahora que las bandas criminales traten de tener alguna legitimidad, a estos terroristas hay que tratarlos por su nombre, terroristas y hay que derrotarlos con toda la determinación.

Los gobiernos pueden conseguir logística para las Fuerzas Armadas, pero la más importante de las logísticas es la voluntad. Un Gobierno que tenga toda la logística, pero que tenga voluntad débil, no tiene éxito frente a los criminales.

A pesar de que falte la logística material, cuando sobra voluntad finalmente se tiene éxito en la lucha contra los criminales. El más importante activo nuestro es la logística.

Cooperación comunitaria

Voy a referirme a algunos de los desafíos que ustedes proponen hoy.

Deficiencias en el proceso de judicialización. Creo que es fundamental integrar los gobiernos locales, con la fuerza publica, con los fiscales, con los jueces y con la Procuraduría, las instituciones del Estado. Y al mismo tiempo con la comunidad.

Esa integración entre las instituciones del Estado y de éstas con la comunidad, es fundamental. Eso nos permite que la comunidad gane confianza y al mismo tiempo nos permite que integrados todos, el resultado del Estado sea más eficaz.

Pero si el Ejecutivo va por un lado, los fiscales por otro, los jueces por otro y la comunidad no sabe a quién acudir, las cosas no mejoran. Esa integración es necesaria.

Yo he sido de la idea que todos los colombianos tienen que cooperar con la Fuerza Pública. El valor democrático demostrado por esta seguridad merece que insistamos en esa convocatoria. Una seguridad que ha demostrado ser útil para todos los colombianos legítima la convocatoria a toda la comunidad para que toda la comunidad coopere.

Nosotros no estamos en condiciones fiscales de atender los requerimientos de Fuerza Pública de todas las ciudades de Colombia.

Una cosa muy buena: hoy todos los colombianos piden por igual más Fuerza Pública y más educación, más Fuerza Pública y más salud. Lo que antes parecía excluyente, la seguridad y las coberturas sociales, hoy en el entendido de las grandes mayorías de colombianos, es convergente.

El problema es que no alcanzamos a atender esos requerimientos. A pesar del crecimiento de la Fuerza Pública de los últimos años, nosotros sabemos que todavía falta mucho y que tenemos limitaciones para lograr las coberturas ideales.

Se necesita la cooperación comunitaria.

Además el país es tan grande, la geografía tan difícil, que podríamos tener aquí la policía del mundo, y sin cooperación comunitaria, no llegaríamos a ser eficaces. Quiero invitarlos a que promovamos en todo el país la cooperación comunitaria con la Fuerza Pública.

Algunos me han preguntado: Presidente, eso se excluye con el desarme. No, de ninguna manera. Es que la cooperación comunitaria no es armamentismo. La cooperación comunitaria se expresa especialmente en comunicaciones, y comunicaciones a tiempo, para lo cual el ciudadano tiene que tener confianza, tiene que saber dónde llegar. Y eso lo tenemos que publicitar, hay que contarle al ciudadano dónde acudir.

Y nosotros tenemos que crear confianza. No hay algo que desaliente más a un ciudadano, que llame a un cuartel de Policía o a un funcionario y no le contesten. O que le conteste con pereza, o que le digan ‘vamos a ver mañana’.

Al ciudadano hay que darle la posibilidad de tener dónde acudir. Y cuando el ciudadano acuda, darle inmediatamente una respuesta diligente.

Muchas veces a mi me dicen: ‘Presidente, pero es para qué se va a recibir a tal o cual informante si eso no sirve’. Hay que recibirlos a todos, mostrar toda nuestra buena voluntad.

Que unas llamadas que simplemente nos hacen perder el tiempo. Es mejor perder el tiempo atendiendo esas llamadas de emergencia, cuando esas llamadas no corresponden a hechos reales, que ser negligente en la atención del teléfono, en la atención del pedido ciudadano, porque eso desalienta la confianza.

Hacer todos esos esfuerzos es una necesidad, para que los ciudadanos cooperen. Requerimos la cooperación de todos los ciudadanos. Nada mejor, que la alcaldesa o el alcalde para promover en su ciudad la cooperación ciudadana con la Fuerza Pública y la integración, en el nivel de la ciudad, del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, los jueces.

Deficiencias en judicialización

Veo otro problema en las deficiencias en el proceso de judicialización, interpretación de normas. Y creo que, en la medida que alcaldes y alcaldesas nos ayuden en el diálogo permanente con fiscales y jueces, podemos mejorar.

A mi me preocupa mucho, cuando expedimos la Ley 1142, con todas las dificultades de trámite, llegamos a la conclusión de que se irían a evitar muchísimas excarcelaciones dañinas al propósito de la seguridad ciudadana.

Yo veo muy difícil reformar la Ley 1142. Es una Ley que lleva dos años y medio. Me parece que después de los debates en el Congreso, avanzar más en limitación de la excarcelación, es bastante difícil.

Lo que requerimos es, con ayuda de la Fiscalía y de los jueces, clarificar. Recibo una queja y recientemente la recibo, especialmente de la ciudad de Medellín, que no se aplica en su rigor la Ley 1142 para evitar la excarcelación de aquellos que violan la prohibición del porte ilegal de armas.

Ahí tenemos que hacer un esfuerzo específico en estos procesos.

Si bien muchas veces hace falta Policía investigativa, también en muchas ocasiones, la apreciación del fiscal o del juez sobre el tipo delictivo o sobre el grado de peligrosidad del acusado o del investigado, esas apreciaciones nos hacen mucho daño.

Personas con varios homicidios a cuestas y gozando de excarcelación, después de que les ha sido hallada un arma ilegal.

Este primer punto, el de las deficiencias de los procesos de judicialización, tiene muchísimos aspectos que tiene una relación de causa – efecto, con la seguridad de nuestras grandes ciudades.

Financiación de seguridad e impuesto al patrimonio

Fuentes de financiación para convivencia y seguridad. El Gobierno Nacional está haciendo un gran esfuerzo. Estamos ahora en el propósito de que el Congreso de la República prolongue la vigencia del Impuesto al Patrimonio.

Cuando fue a empezar nuestro Gobierno decían: ‘No, Gobierno de Uribe: paramilitar, de derecha, fachista. Aquí no va a ver sino guerra, aquí no va a ver nada social’.

Nosotros nos propusimos desde un comienzo buscar acompañar la Seguridad Democrática de las coberturas sociales, y hemos llegado a ejemplos bien importantes que son las zonas de consolidación, que vale la pena, señor Ministro (de Defensa, Gabriel Silva Luján) y doctor Diego Molano (Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social), que las muestre al mundo.

Hemos podido avanzar en seguridad y al mismo tiempo en coberturas sociales, porque los sectores más pudientes de la Nación, han financiado con el Impuesto al Patrimonio, el componente más robusto de financiación de la política de seguridad. Y por eso proponemos que se extienda la vigencia de ese impuesto, ayuda mucho.

Yo creo que para las relaciones entre los colombianos, para construir fraternidad en el país, es muy bueno poder decir que los sectores más pudientes están financiando la seguridad; que no hemos tenido que financiar la seguridad a expensas de salud o a expensas de la educación.

Y eso también es bien importante ante la comunidad internacional. Estamos buscando hacer ese esfuerzo adicional.

Creo que la ejecución de obras públicas en departamentos y municipios, les van a permitir a ustedes tener unos recursos más cuantiosos en los fondos de seguridad. Y hay ciudades que hacen un gran esfuerzo, un gran esfuerzo.

Desde el año 82, Medellín hace un esfuerzo enorme con Metroseguridad, para apoyar a la Fuerza Pública. Bogotá lo hace. Cali ha venido recuperando el proceso. Todo esfuerzo que se pueda hacer localmente, para apoyar a la Fuerza Pública, contribuye muchísimo.

Redes de cooperantes y comunicaciones

Porque siempre en los consejos de seguridad nos reclaman que los equipos de comunicación. Hoy hay menos reclamo por equipos de comunicación. Esta cobertura del celular ha ayudado enormemente. Y sí que ha ayudado a las redes de cooperantes, y sí que ha ayudado en las carreteras.

Las redes de cooperantes son hoy mucho más efectivas gracias a este tema de la cobertura del celular. El doctor Santiago Montenegro, ex Director de Planeación, exitoso, compañero nuestro que fue del Gobierno, tiene un estudio bien importante demostrando una relación entre le mejoramiento de las comunicaciones del país y el mejoramiento de la seguridad.

El mejoramiento de las comunicaciones ayuda enormemente a mejorar la seguridad.

Y entonces también hay un reclamo por vehículos, que por motos. El Gobierno esta haciendo las compras más grandes que se han hecho en la historia de Colombia de este tipo de apoyo. Pero su mantenimiento es muy difícil, no sólo la gasolina y el aceite de todos los días sino el otro tema, la reparación. Todo lo que nos puedan ayudar las ciudades en esto contribuye mucho a la seguridad.

Menores, educación, deserción y delincuencia

Menores en conflicto. Aquí hay varios temas que concurren a este: primero, hay que retenerlos en la educación. Por eso el afán de llegar a un ciento por ciento de cobertura en educación básica, el avance en media y la garantía del ciclo educativo completo.

En este año de dificultades de la economía, cuando se presentan los mayores riesgos de deserción escolar, los esfuerzos que se hagan para evitar la deserción escolar son bienvenidos.

Muchos de ustedes están haciendo esfuerzos por la gratuidad educativa, el Gobierno Nacional también, este año les estamos girando 30 mil pesos por estudiante de básica, que alcanza para 5 millones de estudiantes. Además, el incremento de las participaciones, las transferencias crecen en un 6 y medio, en un año que puede que no se dé crecimiento de la economía, con mucho riesgo de crecimiento negativo de la economía.

Todos los esfuerzos que hagamos por evitar la deserción, ese es uno de los objetivos de Familias en Acción, que ya estamos llegando a 2 millones 840 mil.

Segundo, padres de familia. En un consejo mixto comunitario y seguridad reciente en Manrique, en Medellín, la queja de mucha comunidad es que muchos padres de familia aparecen de espaldas a esta problemática; hay que comprometerlos. Se requiere movilizar a toda la comunidad para comprometerlos en la acción preventiva de la vinculación de los niñitos al crimen. Es necesario, lo que no empiece por la familia no tiene un buen suceso.

Vamos a hacer una reunión de evaluación en los próximos días en Medellín, a ver cómo va la convocatoria a los padres de familia. Mi pedido muy respetuoso es la convocatoria a los padres de familia en todo el país, en todas las escuelas y la persona más indicada para dirigirse a esas convocatorias es la alcaldesa o el alcalde.

Bienestar Familiar ha crecido mucho, pero ustedes saben que tiene limitaciones. Todo lo que podamos hacer también ahí con Bienestar Familiar.

No me voy a referir al tema de los menores en estos, en estos comentarios píldoras y el microtráfico, porque ustedes lo tienen más adelante en esta temática.

Desarme y judicialización

Políticas de desarme, bienvenidas. Pero miren las paradojas. Medellín esta ajustando más de un año de desarme y sin embargo, este año tenemos 338 homicidios más que el año pasado.

No es para echar para atrás el desarme. Yo creo que ese, que las experiencias han demostrado que se puede ir ampliando el desarme en el país. Lo que hay que preguntarnos es qué más hay que hacer para que funcione.

Entonces, es el tema de la lucha contra el porte de armas. Algún ciudadano me decía: ‘bueno Presidente ¿Y qué ganamos, con desarme en Medellín, pero no se mete a la cárcel a quienes llevan armas?’ Ahí hay un tema que exige que nos coopere la Fiscalía y que nos cooperen los jueces.

Noto a mi coronel Martínez (Luis Eduardo Martínez) de la Policía Metropolitana de Medellín, muy angustiado por eso. Anoche me escribían a media noche un mensaje, un ciudadano de Medellín y me decía: ‘vea, estoy en el barrio Popular. Aquí estuvo el coronel Martínez ahora haciendo un gran esfuerzo, pero no hemos podido que judicialicen a unos bandidos que hay aquí y que tienen armas’.

Armas ilegales, doblemente ilegales. Armas sin salvoconducto y al mismo tiempo en una ciudad que ha adoptado la política de desarme. Yo creo que es urgente la judicialización y el encarcelamiento de las personas con porte ilegal de armas. Si no, no nos sirve el desarme.

Es bueno también aprender de los ejemplos. Nosotros no estamos hablando de sobre el desarme como una categoría hipotética, sino sobre un experimento que lleva buen tiempo ya en una ciudad como Medellín.

Un día que fuimos, que se habló de desarme en Cali, que yo creo alcalde, que el desarme en Cali está vigente, algunos ciudadanos dijeron: ‘bueno ¿y entonces qué hace el finquero que necesita cruzar la cuidad y que va para el campo y que lleva una escopeta o un revólver, y que es legal y tiene los permisos de Ley?’

Las autoridades locales, de acuerdo con la Ley, pueden hacer compatible el desarme con ese tipo de necesidades. Eso dejó de ser problema. Las experiencias de Cali y de Medellín nos demuestran que eso dejó de ser problema. Eso se presentaba antes como un gran problema. Decían: ‘¿Pero cómo le van a quitar las armas a quien las necesita?’ Eso se ha resuelto, yo creo que eso hoy no es problema.

Tráfico de drogas y dosis personal

Tráfico y consumo de estupefacientes. Hay un problema que empieza a tener un nuevo nombre: microtráfico. El problema sumamente grave.

Nosotros, tenemos que —creo yo— cambiar la visión hoy de la corresponsabilidad. Esa visión simplista del mundo entre unos países productores y otros consumidores, creo que los hechos obligan a superarla.

Nosotros sufrimos todavía el problema en todas sus dimensiones: en el tráfico, en los precursores, en la producción, en la distribución y en el consumo. Un país con más de un millón de consumidores. Y hay que ver las quejas por el consumo alrededor de las escuelas y por esa criminalidad inducida por el microtráfico alrededor de las escuelas.

Nos toca acentuar las acciones de extinción de dominio sobre los lugares de expendio y aplicar el Código de Policía. A mi me preocupa la inaplicabilidad del Código de Policía en estas materias.

Es que recordándolo bien, el consumo está prohibido en lugares públicos, en presencia de menores. Y observamos que eso no se está aplicando. Nosotros creemos en la reforma constitucional en curso.

Yo no entiendo que un país que ha tenido estas dificultades, que ha tenido que derramar tanta sangre para enfrentar el narcoterrorismo tenga esta permisividad con el consumo, con la dosis personal. Cuando el mundo dice ‘estudiemos la idea de la legalización de la droga’. Si está legalizada. Con esa permisividad mundial con la dosis personal está legalizada. Lo que hay buscar es lo contrario, cómo la ilegalizamos.

Las dificultades que tenemos, los obstáculos para enfrentar el microtráfico indican que el país tiene que acelerar el proceso de ilegalizar la droga. Y algunos lo satanizan diciendo: ‘es que van a meter a la cárcel a los enfermos, a los adictos’. De ninguna manera. ‘Es que la ilegalización se opone a las políticas de prevención’. Al contrario. Las políticas de prevención son más eficaces cuando están acompañadas de las decisiones que ilegalizan la droga.

‘Es que van a llevar a la cárcel a todos’. No. La reforma constitucional en curso simplemente ilegaliza y define que las personas con adicción, con problemas de salud, tienen que ser tratadas con soluciones de salud pública, no con soluciones judiciales.

Niñez y microtráfico

Pero, la solución judicial se necesita para el criminal que está induciendo la niñez en el microtráfico. Yo recuerdo que a mí me decían una vez aquí en Bosa, en Bogotá, decían: ‘mire, mandamos un muchachito a que juegue aquí en el parque Los Naranjos. Lo seducen unos distribuidores de droga, lo ponen a distribuir droga y terminó convertido en un criminal’.

En casi todos los consejos comunitarios se acercan dos ó tres personas a decir: ‘Presidente, hagan algo por la distribución de droga alrededor de las escuelas’.

Ese es un problema muy grave que nos ha tomado mucha ventaja, que lo tenemos que enfrentar con toda la decisión y con todas las herramientas constitucionales legales.

Yo insisto en la necesidad de aplicar el Código de Policía en esa norma que prohíbe la dosis personal, la utilización de la dosis personal en espacios públicos en frente de menores. Insisto, comandantes, en que llevar una dosis personal en el bolsillo no puede entenderse como un elemento para absolver al traficante, al distribuidor.

Eso tenemos que hacerlo mientras sale la reforma constitucional, que aspiramos que salga adelante, y mientras salen las leyes.

Recuperación del turismo y dosis personal

El país ha recuperado enormemente el turismo, en noticias buenas. Miren, este año el turismo ha caído el 12 por ciento en el mundo; en Colombia ha aumentado el 9 y medio. Y hay muchas esperanzas, ahora van a llegar casi 400 mil personas de cruceros a Cartagena. Armenia que está estrenando Centro de Convenciones y Aeropuerto Internacional. Aquí está doña Ana María (Arango de Londoño, Alcaldesa de Armenia). Recibe el primer vuelo internacional ahora en noviembre, en diciembre.

Pero ¿qué nos pasó el año pasado? La televisión publicó unos videos tratando de desacreditar el turismo en Cartagena diciendo que era turismo narcoturismo y mostraron por allá unas personas comprando droga. Y hubo esfuerzo con la Policía. Y me decía el Comandante de la Policía de Cartagena ‘Presidente capturé 14 distribuidores, pero tenían aquí era dosis personal y los tuve que poner libres’.

Mientras se aprueba la reforma constitucional y se dan los desarrollos legales, creo, apreciados comandantes que buscando un enorme, un total compromiso de jueces y fiscales con el apoyo de alcaldesas y alcaldes, tenemos que capturar a ese distribuidor que tiene la dosis personal, está en los sitios de microtráfico.

El hecho de que esté en los sitios de microtráfico algo indica, es un elemento indiciario. Entonces hay que hacer investigación y si el tipo lo que hace es que va por una dosis personal, la vende; vuelve por otra dosis personal y la vende, ahí se van dando todos los elementos para poder judicializarlo.

La judicialización del traficante que pretende mimetizar su criminal portando en cada momento sólo una dosis personal, esa judicialización necesitamos adelantarla, tiene que ser un propósito de todos, elemento fundamental para combatir ese microtráfico, que empieza hacer un flagelo creciente de primerísima preocupación en nuestra ciudades.

No resignarse con disminución marginal de homicidio

El homicidio. La verdad es que nosotros no podemos resignarnos a tener disminuciones marginales de homicidio. Lo de este año ella es una disminución muy marginal.

Y sí, es muy bueno que ya llevemos una disminución del 3 por ciento, pero ya es muy marginal. Si el país quiere llegar a la tasa de homicidios de países industrializados que se ha puesto en los objetivos de la visión Colombia 2019, no nos podemos resignar con estas disminuciones. Esta disminución es una disminución muy marginal.

Me parece bien importante la reunión para estudiar cómo más podemos actuar a fin de tener una disminución más acelerada del homicidio.

Un problema que todavía se sigue encontrando es la justificación del asesinato.
Yo recuerdo que durante muchos años, antes que rechazar el crimen, se le buscaban justificaciones. ´Que mataron a fulanito de tal. Ah, lo que pasa es que debía una plata, lo que pasa es que estaba con un combo de narcotráfico, lo que pasa es que saco a bailar la mujer de un duro´. Una actitud gravísima, una tendencia gravísima, antes que rechazar el crimen, la justificación. Eso ha disminuido, pero no se ha superado.

Todavía uno pregunta en muchas partes: ¿Hombre por qué esta tasa? ¿Por qué estos asesinatos de ayer? ´Era que el tipo estaba en una banda de narcotráfico, era que debía una plata´.

No justificar crímenes

Por favor. Yo creo que necesitamos en todo el país, en todos los integrantes de los gobiernos, en todo nivel, en toda la Fuerza Pública —desde los altos comandantes, hasta los más jóvenes de los policías y soldados—, tener dos disposiciones anímicas: el rechazo total de cualquier crimen y la disposición a proteger la vida de cualquier colombiano.

Nosotros tenemos que proteger eficazmente la vida de aquel que pensamos es honorable, como tenemos que proteger eficazmente la vida de aquel que pensamos es criminal. No podemos darle más justificaciones al asesinato en Colombia. Reconozco que ese problema es menos frecuente, pero nos falta mucho.

A veces hay como una especie de tranquilidad: ´Ah no, como se matan entre ellos, eso no vale la pena´. Eso es muy grave. ´Ah no, es que se matan entre esos bandidos´. Entonces no se persigue. Hay que desmontar todas esas bandas de sicarios.

Miren. Yo siento en algunas ciudades de Colombia más preocupación del Gobierno por la tasa de homicidios, que de la ciudadanía local. Y quizás lo que está anestesiando la ciudadanía local es la idea que son homicidios que se producen entre delincuentes.

Pero es que no nos olvidemos, que nosotros para construir país de acuerdo con nuestra Constitución, tenemos que hacer respetar la vida de todos los ciudadanos.

Y tampoco nos olvidemos de lo siguiente: Hoy llegan por el criminal, pero en analogía con el poema de Bertolt Brecht, mañana llegan por el bueno.

Y la historia reciente de Colombia ha estado plagada de estos eventos. Esos bandidos empiezan matándose entre ellos y después van matando a todo ciudadano que no se les somete y llegan hasta donde llegaron en Colombia, al holocausto de la Corte Suprema de Justicia.

Entonces no es excusa, en la lucha contra el homicidio, la idea de que es que se matan entre ellos.

El hurto en todas sus modalidades. Yo creo que también ahí hay un problema de judicialización, no sólo por el tema de cuantías y excarcelación, sino también por la apreciación sobre la peligrosidad.

Es posible que antes al hurto no se le asignara tanta importancia ciudadana, porque las noticias sobre hurto eran opacadas por las noticias de masacres. Pero hoy la ciudadanía sí muy sensible al tema del hurto. Yo creo que eso necesita también mirar cómo avanzamos en las cámaras, en los dispositivos electrónicos y cómo avanzamos en cooperantes en todas las ciudades.

Revisar hoy el Plan Neiva, mi general (Naranjo) ¿Están colaborando con la Fuerza Pública todas las empresas de vigilancia? Las empresas de vigilancia tienen más de 200 mil vigilantes formales. La misma Policía ha dicho que cinco o siete vigilantes cooperando reemplazan a un policía. Pongamos a todos estos vigilantes a cooperar eficazmente, que no solamente cuiden el edificio que está a su cargo, sino el espacio público contiguo y que estén en una comunicación permanente con la Fuerza Pública.

Gestores de vida

Modalidades de transporte ilegal en ciudades capitales. Creo que nosotros tenemos que en el proceso de que toda la ciudadanía coopera, ayude, pedirles a todos los ciudadanos que hoy reciben beneficios del Estado que se conviertan en gestores de vida.

Ahora las campañas no logran resultados de la noche a la mañana, hay que persistir muchísimo, muchísimos. La verdad es que si uno cree que una campaña produce sus efectos con dos o tres reuniones, o dos o tres avisos de prensa, no logra buenos resultados.

Las campañas hay que avanzar en ellas con mucha perseverancia, sembrarlas en el corazón ciudadano, corregirlas, insistir, buscarles resultados. Una campaña, comprometamos como gestores de vida a todos los beneficiarios de la políticas públicas.

Que tenemos dos millones 840 mil Familias en Acción. Que sean gestores de vida, que esas mamás, esos papás se conviertan en los pedagogos de la defensa de vida.

Hoy tenemos 12 millones de beneficiarios de Bienestar Familiar. Con la ayuda de Bienestar Familiar de todos ustedes, esos 12 millones de beneficiarios tienen que ser gestores de vida. Vamos a revisar en los próximos días en Medellín cómo va ese propósito de que todos los beneficiarios de las políticas sociales sean gestores de vida.

Y las alcaldías todas tienen políticas sociales bien importantes, además de las políticas del Gobierno Nacional.

¿Que falta mucho? Pero también se ha avanzado mucho. Ustedes miren esas coberturas de educación, salud, Familias en Acción, nutrición, Banca de Oportunidades, gratuidad educativa, restaurantes, lo que ustedes hacen en sus ciudades y aquello en que les contribuye el Gobierno Nacional.

Vamos convocando a toda esta ciudadanía a que sean gestores de vida.

Participación ciudadana. Aquí es fundamental la participación ciudadana, la ciudadanía como gestor de vida, la ciudadanía como cooperante.

Es que además, el principio de cooperación emana de la Constitución. La definición de Estado Social de Derecho, la incorporación del principio de solidaridad en el nivel constitucional, son fuentes para deducir que en todo ciudadano, por la Constitución, está obligado a ser solidario con el colectivo.

Y una manera de expresar esa solidaridad con el colectivo es ayudando a la Fuerza Pública, para que la Fuerza Pública sea más eficaz en aquella tarea, que es la tarea de proteger la vida y de proteger la tranquilidad y los bienes de todos los ciudadanos.

Este Gobierno no tramitó ley para el programa de cooperantes ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que la fuente inmediata estaba en la Constitución. Y está en la Constitución.

¿Cómo hablamos de un Estado Social de Derecho, de un principio de solidaridad, si la ciudadanía no le ayuda a la Fuerza Pública, para que la Fuerza Pública pueda garantizarle el bien superior de la tranquilidad a todo el colectivo?
La cooperación, en mí concepto, es una derivación clarísima del Estado Social de Derecho, y del principio constitucional de la solidaridad.

Y hay muchas formas de participación, además de gestores de vida, de cooperantes.

La experiencia de estos años de los consejos de seguridad ha ayudado mucho, porque en una primera etapa se hacen con participación comunitaria ¿Eso porqué ayuda? Porque muchas veces nosotros en el Gobierno, en el Ministerio de Defensa, en los comandos de las diferentes armas de la Nación, tenemos una lectura del orden publico mejor que la de la ciudadanía.

Y eso se da en todo lo del Gobierno. A uno le muestran en la Presidencia un Power Point de microcréditos, de Banca de Oportunidades, como que todo fuera color de rosa. Y llega uno a una reunión de Banca de Oportunidades en alguna ciudad colombiana y aparecen todos los problemas.

Uno cree leyendo cifras que va muy bien en seguridad, otra cosa es cuando haya la ciudadanía.

Aporte ciudadano

El aporte ciudadano es un aporte critico bien interesante. Además, yo creo que en Colombia hoy es mejor el dialogo ciudadano que el dialogo político. El dialogo ciudadano en Colombia es franco, respetuoso y bien equilibrado.

Se los digo por todos estos años de dialogo ciudadano. La ciudadanía levanta la mano, llama por el teléfono, presenta una queja con franqueza, generalmente con respeto. Y lo habrán escuchado ustedes, comandantes, que la ciudadanía nos critica y también nos reconoce.

En las ciudades colombianas se levanta un ciudadano y dice: ‘Sí, muchas gracias por tal cosa en seguridad, pero tenemos este otro problema’.

Qué bueno que ustedes puedan, alcaldesas y alcaldes, realizar esos dialogaos ciudadanos sobre seguridad, en sus ciudades, en las ciudades grandes por zonas y permanentes, periódicos. Y eso le ayuda mucha al Gobernante y a la Fuerza Publica.

¿Por qué la insistencia nuestra también de vincular en estos consejos de seguridad, no solo los altos comandantes, sino los comandantes regionales? Porque la seguridad debe ser un compromiso desde el Presidente de la Republica hasta el más recientemente vinculado de los soldados o policías.

En estas ciudades grandes es necesario, creo yo, los consejos de seguridad periódicos en todas las zonas y siempre invitar al Procurador, invitar a la Fiscalía, invitar a los jueces.

Qué bueno que ustedes pudieran, los que no lo hayan hecho con suficiente frecuencia, adelantarlo.
Credibilidad, eficacia y transparencia

Nosotros estamos trabajando también la participación ciudadana en Derechos Humanos. La política de Seguridad Democrática es sostenible en la medida que tenga credibilidad. Y la credibilidad reposa en dos pilares: la eficacia y la transparencia. Hay que ser tan eficaces como transparentes.

El país esta haciendo enormes esfuerzos de Derechos Humanos pero necesitamos cero resultado de violaciones.

La semana pasada me visitó el doctor (Christian) Salazar, el delegado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia, y me dijo: ‘Presidente este año no tenemos sino cuatro quejas que pueden tener soportes validos’. Le dije: ‘muy grave, deberíamos llevar cero”.

Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que haya en el país cero violaciones de Derechos Humanos pero también hay un problema muy grave y es el de la falsa acusación. Por alguna circunstancia hoy, muchos opositores de la Seguridad Democrática no se oponen a la seguridad, sino que la desacreditan con falsas acusaciones.

Entonces por eso nosotros tenemos buscar mucho equilibrio para reconocer cuándo hay la violación de Derechos Humanos y cuándo hay una falsa acusación.

Tenemos que ser muy contundentes en la sanción del que viole Derechos Humanos y muy afirmativos en la Defensa de la Fuerza Publica de Colombia contra las falsas acusaciones. Ese equilibrio lo requerimos.

El Gobierno, en esa estrategia de participación ciudadana, periódicamente acude a la televisión con el señor Ministro de Defensa, los altos comandantes, para abrir espacio de quejas a la ciudadanía sobre Derechos Humanos.

Replicar esto en las ciudades puede ayudar mucho. El 17 de octubre vamos a tener un Consejo Comunitario sobre corrupción. Van a ser un serie de consejos comunitarios sobre corrupción.

El primer lo que va a hacer es permitir una llamada de todos las regiones colombianas, sin filtrarlas. Se reciben las llamadas en el orden en que entran en el conmutador, ha sido nuestra norma. Nosotros no filtramos intervenciones, nosotros no manipulamos para evitar críticas, sin filtrarlas y que todos respondamos.

Van a estar allí todos los funcionarios del Gobierno Nacional, desde el Presidente de la Republica, respondiendo a la ciudadanía por quejas de corrupción. Porque tenemos que derrotar ese flagelo también. Es muy difícil derrotar la inseguridad sin derrotar la corrupción.

Porque muchas veces la criminalidad trata de ampararse en que hay corrupción.

Bueno, yo les deseo todos los éxitos en estas deliberaciones que van a tener y reitero a las alcaldesas y a los alcaldes toda nuestra voluntad de cooperar con ustedes con toda la determinación, sin ninguna reserva.

Muchas gracias”.