Bogotá, 7 abr (SP). Ante la detención en Venezuela de un grupo de ciudadanos colombianos, bajo la presunción de haber cometido el delito de espionaje, el Gobierno colombiano informa:

1. En el día de hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de intervención urgente mediante la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de dichos ciudadanos, así como la plena observancia de las garantías judiciales.

2. Ante el Gobierno de Venezuela fue radicada una nota en la cual se exige respeto y garantías plenas de los derechos fundamentales de los detenidos, en particular, sus derechos procesales, a la luz de las normas y estándares internacionales y exige a las autoridades de ese país garantizar el respeto a los derechos que les son inherentes en materia de asistencia consular, tal como lo estipula la Convención de Viena de 1963.

3. Ve con profunda preocupación la práctica sistemática de estigmatización que viene configurándose en Venezuela de prejuzgar y juzgar a ciudadanos colombianos por el solo hecho de serlo. Funcionarios del Gobierno de ese país han hecho afirmaciones en tal sentido, en absoluta inobservancia de los principios universalmente aceptados del debido proceso y la no discriminación por razones de nacionalidad.

4. Esta situación ya se había presentado anteriormente. Por ejemplo, con ocasión de la masacre de nueve colombianos, perpetrada en el sector de Chururú, Estado Táchira, el 11 de octubre de 2009. En ese entonces, el Vicepresidente venezolano, Ramón Carrizález, sindicó como “paramilitares” a las víctimas, sin fórmula de juicio alguna. A la fecha, ni el Gobierno de Colombia ni la opinión pública conocen pruebas que los vinculen con grupos armados ilegales o que por lo menos esclarezcan plenamente los hechos.

5. Al ciudadano colombiano Julio Enrique Tocora Parra, funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), detenido el 26 de septiembre de 2009, las autoridades venezolanas no le han resuelto su situación jurídica, lo cual podría llevar a concluir que las imputaciones que le han sido formuladas, por presuntas acciones de espionaje, no tienen sustentación probatoria.