A través del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, se mantiene el esquema actual de financiamiento de dichas universidades y crea mecanismos para garantizar nuevos recursos económicos. Con esta iniciativa el Gobierno busca crear 500 mil nuevos cupos en educación superior hasta 2019 y alcanzar una cobertura del 50 por ciento.

Bogotá, 12 abr (SP). Con el fin de de asegurar la sostenibilidad de las instituciones y garantizar mayores oportunidades de acceso y permanencia de los jóvenes colombianos a la educación superior, la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, radicó este lunes en el Congreso de la República el proyecto que reforma la Ley 30 de 1992, especialmente en lo relacionado con los recursos que necesitan las instituciones de educación superior (IES) para ofrecer un educación de calidad y pertinente con las necesidades del país.

La iniciativa –radicada ante la Secretaría General del Senado- fue trabajada de manera conjunta entre esas instituciones y el Sistema Universitario Estatal (SUE), la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), las asociaciones colombianas de Instituciones de Educación Superior con Formación Tecnológica (Aciet) y Técnicas Profesionales (Acicapi), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y representantes de los estudiantes.

De igual forma, y con el fin de conocer las experiencias que en materia internacional existen sobre financiación de la educación superior y su sostenibilidad, el Ministerio realizó el pasado 2 y 3 de marzo el Foro Internacional de Financiación de la Educación Superior, al cual asistieron más de 500 personas entre expertos nacionales e internacionales (representantes gubernamentales y de Ascun, el SUE, el Icesi, el Icetex, el Banco Mundial, las universidades Nacional, Industrial de Santander, Minuto de Dios y directivos de Reino Unido, Australia, Chile, Francia, Brasil, Estados Unidos y Colombia, entre otros) y representantes de los estudiantes y las universidades.

Durante la radicación del proyecto de ley, la Ministra Vélez White afirmó que con esta reforma el Ministerio calcula que “entre 2010 y 2019 se adicionarán más de 4 billones de pesos –nuevos a la educación superior-, provenientes principalmente del presupuesto nacional”.

La funcionaria explicó que con los recursos se busca asegurar mayores fuentes de financiación de las instituciones de educación superior del país y crear los mecanismos para un exitoso funcionamiento y gestión de las mismas, factores clave para lograr crear 500 mil nuevos cupos a 2019 y aumentar de 35 por ciento a 50 por ciento, la cobertura en educación superior, mejorar la calidad de este nivel educativo y fortalecer la capacidad de la producción investigativa.

Con esta nueva inyección de recursos para la educación superior, el Gobierno espera garantizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior, enfrentadas al reto de mejorar su oferta tanto en términos de calidad como en cobertura. Para impulsar la calidad, la iniciativa establece mayores recursos para fortalecer el cuerpo docente y la investigación; mientras que en cobertura, se establecen mecanismos para aumentar los cupos de un millón 640 mil estudiantes de educación superior que hay en la actualidad a dos millones 140 mil en el 2019.

¿Qué cambia?

En términos generales, la iniciativa mantiene el actual esquema de financiamiento de la educación superior y plantea nuevos mecanismos de financiación de las universidades públicas. Los puntos clave del proyecto que hará curso en las comisiones sextas del Senado y Cámara son:

- En el artículo 86 se adiciona un parágrafo que establece que las entidades territoriales que tengan alguna deuda con las universidades estatales “deben ponerse al día con las obligaciones y continuar normalmente con los aportes”.

- En el artículo 87, el proyecto plantea incrementos a los aportes adicionales que hace la Nación anualmente a las universidades públicas y que actualmente equivalen al 30 por ciento del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). La iniciativa establece que en el caso de que el crecimiento sea mayor a 0 y menor de 5 por ciento, el aporte adicional será del 30 por ciento de dicho crecimiento; si el crecimiento real es igual o mayor a 5 por ciento y menor a 7,5 por ciento, el incremento será de 40 por ciento; mientras que si el crecimiento real es igual o mayor a 7,5 por ciento, el incremento será del 50 por ciento. Gracias a estos nuevos recursos, las instituciones verán fortalecidas sus finanzas para ejecutar estrategias para mejorar la calidad de sus servicios.

- El proyecto también incorpora un artículo que busca la consecución de nuevos recursos para las universidades públicas. En ese sentido, dispone que a partir de 2011 el Gobierno asignará –además de lo establecido en el artículo 86- recursos adicionales que deberán ser distribuidos entre las universidades públicas para financiar proyectos relacionados con la productividad académica de los docentes y su formación, para fortalecer la investigación e innovación y ampliar a 500 mil el número de cupos para el año 2019. Estos nuevos recursos, con excepción del encaminado a fortalecer la investigación y la innovación, incrementarán la base presupuestal de las universidades públicas.

- Una nueva disposición busca garantizar que los establecimientos públicos de orden nacional y territorial tengan asegurados recursos económicos por parte del Gobierno y los entes territoriales, tal y como sucede en la actualidad con las universidades públicas. Según la propuesta, con estos nuevos recursos, sumados a los que el Sena invierte en educación superior, se espera crear 310.019 nuevos cupos en programas de educación técnica profesional y tecnológica.

- Al actual artículo 112 de la Ley, se le adicionan dos parágrafos en los que se establece que el Gobierno deberá incluir –anualmente- un aporte al Icetex para mantener el actual subsidio de matrícula a los estudiantes de bajos recursos económicos.

Adicionalmente, estos parágrafos establecen la creación del Fondo de Permanencia Estudiantil en la Educación Superior, el cual será administrado por el Icetex y tendrá como objetivo cubrir parte de los gastos de manutención de los estudiantes que –por razones económicas- pueden no ingresar a la educación superior, o bien, llegar a abandonar las aulas de clase.

Finalmente, el proyecto establece que los recursos que corresponden al 2 por ciento del presupuesto de las universidades públicas, que eran deducidos de sus presupuestos, no seguirán descontándose.