Sesión Especial de la CAJP, 15 de abril de 2010

La Delegación de Colombia saluda y da la bienvenida a este foro al Presidente de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Felipe González, y a los miembros de la Secretaría Ejecutiva, agradeciendo la preparación y presentación de su Informe Anual, correspondiente a las actividades de la Comisión durante el año 2009.

Como lo hemos manifestado en este y otros escenarios, la posición de Colombia en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se centra su fortalecimiento integral a través de tres frentes:

1) Procurar la sostenibilidad financiera del sistema.

2) La definición de reglas claras y permanentes que garanticen la transparencia, y con ello la legitimidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3) Nuestro compromiso con el objetivo de lograr la universalización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En este sentido, entre los años 2007 - 2009, Colombia promovió la creación y reglamentación de dos fondos de capital de aportes voluntarios para el funcionamiento del Sistema y apoyo a las víctimas; ha realizado por 4 años consecutivos (2006-2010) contribuciones voluntarias para ambos órganos del sistema, por aproximadamente US.$1.178.000 dólares. Además, dentro del Programa – Presupuesto del Fondo Regular de la OEA para el 2010, Colombia promovió la inclusión de una extensión de la autorización presupuestaria para cubrir los pagos por concepto de servicios especiales a los miembros de la CIDH y el pago de emolumentos otorgados a los jueces de la Corte.

Así mismo, la Delegación de Colombia ante la OEA, desde el año 2007, respaldó en la CAJP el “Proceso de Reflexión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y, además, participó con sus observaciones en los procesos de reforma reglamentaria de la Corte y la Comisión durante el año 2009.

Centrados en el objeto de esta Sesión, la Delegación de Colombia considera fundamental mantener este tipo de diálogo sobre el Informe Anual, en el cual los Estados puedan hacer observaciones y comentarios con respecto al trabajo realizado por la Comisión.

Frente al Informe que acabamos de recibir, queremos hacer referencia concreta a dos aspectos:

1. Colombia frente a la actividad de la Comisión en el año 2009.

2. Aspectos puntuales referentes a los 3 informes sobre el país que se incluyen en el texto, concretamente:

· El Informe sobre el Desarrollo de los Derechos Humanos incluido en el Capítulo IV.

· El Informe de Seguimiento sobre las recomendaciones del Informe sobre “Las mujeres frente a la violencia y discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, del año 2006, incluido en el Capítulo V.

· Acápite sobre Colombia incluido en el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

I. COLOMBIA FRENTE A LA ACTIVIDAD DE LA CIDH 2009: periodos de sesiones, adopción de medidas cautelares y el Sistema de Peticiones y Casos.

Durante el 134º y 137º Periodo de Sesiones de la CIDH, Colombia participó en 12 audiencias públicas y 11 reuniones de trabajo.

Esto demuestra, en primer lugar, nuestra política de total apertura y transparencia frente al Sistema, frente al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, así como la disposición a recibir las recomendaciones y observaciones que se formulen con un espíritu constructivo.

En un segundo término, Colombia ha consolidado un equipo multidisciplinario, interinstitucional, para la representación y defensa del Estado colombiano, que bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluye delegados de las diversas ramas del poder público y de los órganos de control y vigilancia del Estado.

Con respecto a nuestro país, durante el año 2009 la CIDH decretó 9 medidas cautelares.

Colombia es el país del Hemisferio que cuenta con mayor número de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, lo que representa un reto para la institucionalidad y un esfuerzo económico y logístico en el cumplimiento de la labor de seguimiento e implementación efectiva de la protección especial personal.

Colombia está comprometida con el fortalecimiento del mecanismo de protección de la CIDH, subrayando que los trámites de medidas cautelares no sólo han fomentado el trabajo coordinado y mancomunado entre las instituciones estatales para la protección de la vida e integridad de los beneficiarios, sino que, además, han promovido al interior de estas instituciones una cultura de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones ante los beneficiarios de las medidas, y ante la CIDH que supervisa su cumplimiento efectivo.

No obstante, es importante que la CIDH haga una valoración periódica y sustancial sobre la pertinencia de algunas medidas y sobre el estado de cumplimiento de las mismas, para fortalecer ese proceso de rendición de cuentas por parte de las entidades estatales y, por tanto, mejorar nuestra respuesta frente a los beneficiarios.

Con respecto al Sistema de Peticiones y Casos, se mencionan en el Informe Anual nueve (9) Informes de Admisibilidad y una (1) petición archivada.

El Estado colombiano ha demostrado progresos en materia de atención de los requerimientos elevados por la CIDH en el marco de peticiones y casos, así como voluntad política para lograr avances significativos en dicha materia. No obstante, quisiéramos poner de presente la necesidad de reforzar ciertos aspectos técnicos en los informes de admisibilidad, tales como:

· La sustentación de los informes y la necesaria referencia a los argumentos esgrimidos por el Estado.

· Para el Estado es de suma importancia que la CIDH se pronuncie de manera expresa con respecto a los argumentos de inadmisibilidad e incompetencia.

· La necesidad de agotar recursos internos distintos a las acciones penales, tales como la acción de tutela o la acción de reparación directa ante el contencioso administrativo, recursos que cumplen con los requisitos y estándares internacionales en materia de reparación. Se debe evitar que se desvirtúe la naturaleza subsidiaria de la CIDH y que los ciudadanos se dirijan directamente a la Comisión sin agotar los recursos internos disponibles.

II. LOS INFORMES DE PAIS DE LOS CAPITULOS IV Y V DEL INFORME ANUAL DE LA CIDH 2009 Y EL INFORME DE LA RELATORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION.

1. Con respecto al Informe País incluido en el Capítulo IV.

La Delegación de Colombia desea realizar una serie de comentarios al mismo.

Primero, Colombia resalta el reconocimiento que hace la Honorable Comisión a los esfuerzos y acciones del Estado colombiano y a sus instituciones, encaminadas a garantizar, promover y proteger los derechos humanos, en especial aquellas que han dado como resultado la desmovilización de personas pertenecientes a grupos armados ilegales y la protección de los ciudadanos.

De igual forma, se reciben con beneplácito las manifestaciones positivas de la CIDH sobre el desarrollo de:

· La continuidad del Programa de Protección de Defensores de DDHH, Sindicalistas, Periodistas y Líderes Sociales, el cual “en el periodo entre enero y junio de 2009 se extendió a 8.796 personas”[1].

· La evidente reducción de los presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales en el primer semestre de 2009.[2]

· El tratamiento y respuesta de alto nivel que se le ha dado a las investigaciones y correctivos adelantados sobre las actividades ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)[3].

· Los avances evidenciados en algunas de las investigaciones judiciales por asesinatos de periodistas[4].

Así mismo, el Estado encuentra positiva la alusión de la Comisión relativa a la incidencia negativa del negocio del narcotráfico en la situación de violencia en Colombia, además de los esfuerzos que el Estado ha adelantado para hacer frente a dicho fenómeno.

En Colombia no hay justificación para la violencia con supuestos fines políticos ni hay respaldo a la violencia ejercida bajo ningún pretexto.

Colombia es un Estado democrático, una de las más antiguas democracias de América Latina y la solidez e independencia de sus instituciones es reconocida a nivel internacional.

Colombia cuenta, así mismo, con una estructura jurídica avanzada, derivada de su Constitución Política, en cuyo marco están planteadas las garantías para el ejercicio pleno de los derechos.

El Estado colombiano cuenta con mecanismos de participación amplia y plural a través de los cuales todas las tendencias políticas pueden ejercer libremente sus derechos civiles y políticos.

En ese sentido, nuestra práctica democrática nos da la autoridad política para decir que los grupos armados ilegales financiados por el negocio de las drogas ilícitas, no son insurgentes contra alguna forma de opresión, sino terroristas contra la libertad.

El Gobierno de Colombia mantiene una política de cero tolerancia frente a todas las formas de criminalidad; una política de protección a la población a través de la Seguridad Democrática en el marco del Estado de Derecho y del imperio de la Ley, a través del ejercicio de las funciones de sus instituciones democráticas.

De manera paralela, el Gobierno de Colombia ha evidenciado con hechos comprobables su disposición al diálogo con los grupos armados ilegales en busca de escenarios de reconciliación, pero exige que ese diálogo se desarrolle con un cese de acciones armadas por parte de estos grupos y con voluntad real de alcanzar acuerdos.

Así las cosas, Colombia valora positivamente que la comunidad internacional exija de los grupos armados que persisten en su actividad ilegal, una manifestación seria en busca de la reconciliación.

2. Con respecto al Informe de Seguimiento sobre las recomendaciones del Informe sobre “Las mujeres frente a la violencia y discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, del año 2006, incluido en el Capítulo V.

Talcomo se manifestó en la respuesta del Estado del mes de septiembre de 2009 sobre el seguimiento a las recomendaciones[5], la publicación de este informe representa para el Gobierno de Colombia una oportunidad para informar a la Comunidad Internacional de manera detallada los esfuerzos adelantados con el fin de asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos de las colombianas y colombianos, y de manera particular los esfuerzos que se han venido haciendo en materia de protección de las mujeres y niñas frente a los efectos de la situación de violencia exacerbada perpetrada por los grupos armados al margen de la ley.

El Gobierno de Colombia considera que sólo una visión integral y constructiva de la situación colombiana, que diagnostique adecuadamente las dificultades sin sobredimensionar sus características, permitirá que se siga avanzando en el mejoramiento de la situación de las mujeres y la vigencia de sus derechos.

Por ello, se registra con satisfacción que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluya en su informe que desde octubre de 2006, el Estado ha tenido avances significativos en la adopción de leyes y políticas públicas favorables para mejorar la respuesta estatal y los servicios públicos de atención a las mujeres afectadas por la violencia y la discriminación, y que destaque la emisión de resoluciones judiciales trascendentales en el período 2006-2009 para proteger los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las mujeres desplazadas...[6]

Igualmente, el Gobierno de Colombia valora que la CIDH destaque que “las medidas legislativas, judiciales y de políticas públicas adoptadas desde octubre de 2006 a la fecha… demuestran el compromiso, tanto de integrantes del sector estatal como no estatal, para considerar las necesidades de las mujeres en el diseño de una política estatal integral para prevenir, sancionar y erradicar actos de violencia y discriminación contra las mujeres…”.[7].

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de avances que se hace a lo largo del texto, llama la atención que el documento mantiene exactamente la misma lista de recomendaciones generales y específicas que fueron realizadas en el Informe del año 2006. Es evidente que hay muchos aspectos en los cuales se debe avanzar y el Estado debe asumir retos importantes, no obstante, no todas las recomendaciones del Informe de 2006 merecen ser reiteradas textualmente, pues en muchas de ellas se han implementado acciones considerablemente significativas que deben ser reflejadas.

3. Con respecto al Acápite sobre Colombia incluido en el Informe de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, vale la pena una reflexiones:

La política de seguridad democrática nos sólo ha tenido un efecto importante en la recuperación de la seguridad de los ciudadanos, sino en el fortalecimiento de la libertad de información, expresión y prensa. La recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado y el debilitamiento de los grupos armados organizados al margen de la ley, ha significado para la mayoría de los periodistas un nuevo ambiente que facilita el libre ejercicio de su profesión y la expresión de su opinión.

Se destaca que los periodistas constituyen una de las poblaciones objeto de protección por parte del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia que coordina la Dirección de Derechos Humanos de esa entidad, único en el mundo, creado en 1997 como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y la sociedad civil para proteger a ciertos grupos de población especialmente vulnerables por el accionar de organizaciones armadas al margen de la ley, en sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal.

Periodistas beneficiarios del Programa de Protección

AÑO 2000: 14

AÑO 2008: 154

En el 2008 no se presentaron asesinatos a periodistas por razones de su oficio, lo que constituye un hecho para desatacar, el Gobierno ha repudiado públicamente el homicidio de dos periodistas en el año 2009 y rechaza cualquier tipo de acción u amenaza que atente con el legítimo ejercicio de su labor profesional, la cual como hemos dicho está garantizada.

Para concluir, reiteramos nuestra voluntad y disposición de continuar trabajando a favor del fortalecimiento de la labor que adelantan los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, considerando prioritario mantener una relación permanente de cooperación tanto con la Corte como con la Comisión, a través del apoyo a sus iniciativas y la atención especial a sus recomendaciones y decisiones.

Muchas gracias.