Señor Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez
Señor Guillermo Arthur, Presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, Fiap
Señor doctor Miguel Largacha, Presidente del consejo directivo de Asofondos y Presidente de Porvenir
Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuloaga
Señor Ministro de Protección Social, Diego Palacio
Doctora Claudia Jiménez, Ministra Consejera de la Presidencia
Señores y señoras Senadores y Representantes a la Cámara
Señores Viceministros y Viceministras
Señores miembros del Consejo Directivo de Asofondos
Señor Doctor Roberto Borrás, Superintendente Financiero de Colombia
Doctora Alicia Arango, Secretaria Privada de la Presidencia de la República
Señores ex ministros
Doctor Roberto Junguito, ex ministro de Hacienda y Presidente de Fasecolda
Señores presidentes gremiales
Señores conferencistas y panelistas del III Congreso Fiap-Asofondos
Señores de los medios de comunicación,
Señoras y señores:
Comienzo agradeciéndole, señor Presidente, muy sinceramente su participación en este tercer congreso Fiap-Asofondos. Una vez más, usted nos ha honrado con su presencia. Quiero también agradecerle a usted la participación de muchos miembros de su gobierno, de los Ministros de Hacienda y de Protección Social, la presencia del Superintendente Financiero y otros funcionarios.
También quiero agradecer a los conferencistas panelistas y visitantes del exterior. En particular a Guillermo Arthur, nuestro presidente de la FIAP y a todos los conferencistas chilenos para quienes extendemos un mensaje de solidaridad por la tremenda tragedia que afectó a su país. Un agradecimiento muy especial a todos los patrocinadores, a los medios de comunicación y al equipo de Asofondos que una vez más ha realizado una excelente labor.
Se reúne el III Congreso Fiap-Asofondos cuando la economía mundial y la nuestra se recuperan de una de las crisis más grandes desde la Gran Depresión de los años treinta. Es un momento propicio para reflexionar sobre los retos y desafíos que enfrenta el sistema pensional colombiano y sus dos regímenes, el de ahorro individual con solidaridad, Rais; y el régimen público de prima media. Al encontrarnos a unos 113 días del final de su administración, también es una ocasión muy propicia para reflexionar sobre lo que ha sido de Colombia desde el 7 de agosto del año 2002.
Cuando se habla de la naturaleza de los humanos, en todos los temas, pero sobre todo en los eventos que tienen que ver con la historia política, se dice que los pueblos no tienen memoria y que, por no tener memoria, cometen muchos errores y se enfrentan a grandes desgracias. Por ello, Ortega y Gasset tiene toda la razón en su Rebelión de las Masas cuando dice que la memoria, es el más valioso, quizá el único, de los tesoros que tenemos los humanos. Porque la memoria nos permite aprender de los errores pasados, para no repetirlos.
Creo interpretar la opinión y el sentimiento de la mayoría de los colombianos al afirmar que estamos enfrentados a una excepción de esta regla de la sicología colectiva. Porque parece que fue ayer, cuando usted, señor Presidente, asumió la jefatura del Estado, el 7 de agosto de 2002.
Como olvidar el país que usted encontró, al comenzar su mandato:
· Un cuarenta por ciento del territorio bajo control directo o indirecto de los grupos violentos
· 160 municipios sin presencia de la fuerza pública
· Unos 29 mil homicidios por año, equivalentes a una tasa de 69.8 por cien mil habitantes.
· Más de mil setecientos secuestros extorsivos por año
· Una economía que, en términos per cápita, no crecía desde 1998
· Una tasa de inversión total, pública y privada, históricamente baja, alrededor de un 14% del PIB
· Un spread de las tasas de interés de nuestra deuda sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos superior a los mil puntos básicos
· Cómo olvidar que la gente no podía salir al campo, ni podía viajar por carretera.
Como olvidar que decenas de miles de colombianos, incluyendo muchos profesionales jóvenes, sólo pensaban conseguir una visa y poder emigrar a los Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países. Y miles de ellos se fueron con sus familias. Pero más grave que todos estos factores, cómo olvidar la desesperanza, la pérdida de la fe en el futuro por parte de los jóvenes y el fatalismo que se había apoderado de una buena parte de la clase dirigente e ilustrada del país. En algunos círculos, y al más alto nivel, se daba como válida la teoría según la cual el avance militar y político que habían logrado los grupos insurgentes era irreversible, que habían logrado una especie de equilibrio con el Estado y, por ello, lo único que restaba era entablar un acuerdo de paz que nos llevase a compartir el manejo del estado en la forma menos indigna posible.
El país no olvida, no olvidará jamás, que en medio de ese estado de frustración y desesperanza se alzó una voz que dijo basta; una voz que argumentó con contundencia la falsedad de la susodicha teoría del equilibrio con la subversión; una voz que enfatizó que el país con el que soñaron nuestros mayores sí era posible; una voz que argumentaba cejas de luz, donde la mayoría solo veía tinieblas; una voz que proclamó que, pese a la violencia y tantos problemas, los mejores días de Colombia estaban por venir.
Esa voz fue su voz, señor Presidente. Y con la velocidad de un rayo, y bajo el lema de trabajar, trabajar y trabajar, a las cuatro de la mañana del 8 de agosto de 2002, día siguiente de su posesión como Presidente de los colombianos, usted y su gobierno ya emprendían viaje a Valledupar, luego a Florencia y el día siguiente a otras ciudades y a otros temas para comenzar a restablecer la seguridad, a hacer viables las finanzas públicas, a reformar el Estado. Y lo que muchos creyeron irrealizable comenzó casi de inmediato a generar resultados:
· Muy pronto, todos los municipios del país tenían ya presencia de la fuerza pública
· La tasa de homicidios cayó un 54% entre 2002 y 2009, el nivel más bajo desde mediados de los años ochenta
· El secuestro extorsivo experimentó una dramática caída de un 90% entre 2002 y 2009.
· Por la drástica mejora en la seguridad, el número de asistentes a las salas de cine de las grandes ciudades, que había colapsado a tan sólo 84 mil en el año 2001, saltó a 2.2 millones en promedio para los años 2007 y 2008.
· Las visitas de los colombianos a los parques nacionales crecieron casi un 100 por 100, pasando de 370 a 704 mil entre 2002 y 2009.
· Y, consistente con la mayor seguridad física y el dinamismo de la economía, el tráfico de automóviles y camperos se multiplicó 17 y media veces entre 2002 y el 2008 y el de tracto camiones de seis ejes se multiplicó más de 18 veces. Todo el tráfico nacional medido por las concesiones se multiplicó 17 veces en estos pocos años, una tasa de crecimiento promedio anual de un 49%.
· Entretanto la tasa de inversión total subió de un 14% en 2002 a un 26% del PIB, entre 2007 y 2008.
· La inversión extranjera directa se expandió de US$2,1 billones de dólares en 2002 a US$8.9 billones en promedio durante 2008 y 2009, casi un 5% del PIB.
· Así, pasamos de una economía que difícilmente crecía por encima de la población a otra que se expandió a un 7%, en promedio, hasta que golpeó la crisis económica y financiera internacional.
· Por su parte, las exportaciones totales se expandieron de US$12 billones en 2002 a US$ 35.2 billones de dólares durante 2008-2009 en promedio, en tanto que las exportaciones industriales saltaron de US$ 7.2 a US$ 19.2 billones de dólares en el mismo período.
· Consistente también con la dinámica de la inversión y el crecimiento de la economía, la penetración de telefonía móvil pasó de un 10.5% en 2002 a más de un 91% en 2009.
· Y como resultado de todas estas políticas y procesos, la economía generó 3 millones de empleos entre diciembre del 2002 y diciembre del 2009. De éstos, 1,9 millones fueron empleos formales, según el Dane, Cifra que quizás sea mayor porque en ese mismo periodo los afiliados a cesantías crecieron en 2,3 millones.
Y podría mencionar otras cifras y otros resultados, pero, más allá de estos números, usted señor Presidente recobró la fe de los colombianos, usted renovó la esperanza de que nuestro país pudiera ser viable. Usted hizo posible que los colombianos pudiéramos volver a reencontrarnos con nuestros familiares en nuestras provincias; usted volvió a hacer posible el sueño de Darío Echandía, cuando dijo que soñaba con un país en el que “pudiéramos salir a pescar de noche.”
Señor Presidente:
El régimen de ahorro individual con solidaridad es una creación suya. En compañía de Luis Fernando Ramírez, de Juan Luis Londoño y otros funcionarios de la administración del Presidente Gaviria, usted como ponente de la Ley de 100 de 1993 logró que el Congreso de la República aprobara la que ha sido, quizá, la mayor revolución a la seguridad social en la historia de Colombia. Desde entonces, nuestro país comenzó a pensar y a implementar una seguridad social moderna, acorde con los cambios demográficos, con consideraciones de sostenibilidad financiera y fiscal y también buscando principios de equidad. Gracias a su gobierno la cobertura en salud se expandió de un 61% en el 2002 a 97% a finales del 2009. Infortunadamente, en pensiones la dinámica no ha sido tan favorable pues sólo 28% de la población económicamente activa cotiza regularmente. Pese a ello, el régimen de ahorro individual con solidaridad ha tenido un gran desarrollo. Hacia 1996, el ahorro de los fondos de pensiones obligatorias representaban menos de un 1% del PIB, y hoy en día equivalen a un 15%, unos $80 billones de pesos. De esta suma, más de la mitad, $46 billones de pesos, corresponden a rendimientos, producto de unas tasas de retorno superiores al 9% real, cifra que es excelente en Colombia y en cualquier parte del mundo. Por ser ahorros previsionales, los fondos de pensiones obligatorias tienen una vocación natural a las inversiones y proyectos de largo plazo, como los de infraestructura. Así, un 18% ya están invertidos en infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía; en telecomunicaciones, en hidrocarburos. Nos gustaría muchísimo invertir más en infraestructura de transporte, como lo han hecho los fondos de pensiones de Chile, de Perú, de México, y, por eso, miramos con expectativa las estructuraciones de proyectos nuevos, como el tramo tres de Ruta del Sol y las Autopistas de la Montaña, proyecto que, después de cuidadosos estudios, va a estructurar y espera construir y operar ISA. El régimen de ahorro individual ha dinamizado el mercado de capitales, ha estimulado una mejor y más eficiente asignación del ahorro nacional hacia inversiones con mayores retornos. Ha inducido una mejora significativa en los estándares del gobierno corporativo de las empresas colombianas, tanto públicas como privadas. Al proveer crédito al gobierno nacional, el Rais también mitigó la dependencia del gobierno del crédito externo y ayudó, así, a disminuir las presiones revaluacionistas y los riesgos provenientes de la tasa de cambio. En los últimos años, los fondos de pensiones privados han sido críticos para el nacimiento y desarrollo de la industria de fondos de capital privado. Hasta el momento, las AFP han comprometido un billón de dólares en doce de estos fondos, dos de los cuales están dedicados al tema de la infraestructura. Y, en medio de la crisis económica y financiera internacional del último año y medio los fondos de pensiones han adquirido un 21% de los bonos que, por monto de 17,7 billones, han emitido las empresas colombianas desde enero del año pasado a la fecha.
Pese a estos desarrollos tan positivos, el sistema pensional colombiano aún enfrenta serios problemas que, tarde o temprano, habrá que resolver. Por eso, quiero a continuación, señor Presidente, hacer referencia a dos grandes temas. En primer lugar, a los problemas que aquejan el sistema pensional como un todo, es decir, problemas comunes al régimen de ahorro individual y al régimen público de prima media. Y, en segundo lugar, haré referencia a los serios problemas de viabilidad del régimen público de prima media y a las consecuencias negativas que éstos están generando en las finanzas públicas y sobre sistema pensional como un todo.
Sobre el primer tema, Fedesarrollo acaba de terminar un trabajo sobre el sistema pensional colombiano, que fue presentado en el día de ayer en este Congreso, y que deberá convertirse en un punto obligado de referencia para el gobierno, para los académicos y para los analistas. Un problema común a los dos regímenes del sistema pensional es la baja cobertura, debida fundamentalmente a la altísima informalidad que tiene el mercado laboral.
Tan solo un 36% de los trabajadores colombianos son afiliados activos (han cotizado al menos una vez en los últimos seis meses) a alguno de los dos regímenes y tan sólo un 26% por ciento de la población en edad de pensionarse recibe una pensión, algo más de un millón de personas. Como lo discutimos en el Congreso Fiap-Asofondos de hace un año, al estar tantas personas excluidas del mercado laboral formal, automáticamente están fuera del sistema pensional. El gran problema es que generar empleo formal en Colombia es extremadamente costoso. Estos costos son los no salariales, los costos salariales, los costos de uso del capital y también hay que tener en cuenta los incentivos que tienen los trabajadores a permanecer en la informalidad. Los costos no salariales llegan a representar un 60% del salario y en el caso de los salarios más bajos alcanzan un 70%. Desde 1994, estos costos han subido un quince por ciento y, por ser un impuesto al trabajo asalariado, reducen la demanda por trabajo formal. Los empleadores podrían, en principio, reducir los salarios en un monto equivalente y no caería la demanda por trabajo, pero sucede que en Colombia la gran mayoría de los trabajadores formales ganan alrededor del mínimo, razón por la cual el mercado laboral se ajusta primordialmente por cantidades y no por salarios, cayendo así el empleo formal. Pero, quizá, lo más grave de todos estos costos es que los llamados impuestos puros, es decir, los aportes que no se traducen en beneficios directos ni para los empleados ni para el empleador, también han subido y, hoy en día, representan hasta un 14% del salario, incluyendo los parafiscales. Ningún país en América Latina tiene impuestos a la nómina no asociados a la seguridad social tan altos como Colombia. En tanto en Brasil están en un 8.5%, en México oscilan entre 6 y 8%, mientras en Perú son de un 2% y en Ecuador un 1%.
Según Fedesarrollo, desde 1994 hasta la fecha, o sea en una perspectiva de largo plazo, el empleo más dinámico ha sido el informal, llamado de “cuenta propia,” pues el empleo asalariado formal estuvo estancado y sólo en años recientes ha tenido dinamismo, como lo vimos anteriormente. Pero, quizá lo más grave de este fenómeno es que las personas menos calificadas, quienes ganan cerca del salario mínimo, son las que han caído en el sector informal, el de los cuenta propia. Así, mientras en 1995 un poco menos del 50% de los ocupados en situación de extrema pobreza eran cuenta propia, este porcentaje se subió a un 70% hacia 2006. Por el contrario, los asalariados que estaban en pobreza extrema pasaron de un 40 a un 20%, durante ese mismo período.
Otro gran problema del mercado laboral colombiano ¾y, por lo tanto, de la cobertura de pensiones¾ es el nivel del salario mínimo y su evolución a lo largo del tiempo. El salario mínimo en Colombia es inflexible y es elevado con relación a la productividad de la economía, calculada como el ingreso medio de los colombianos. En Latinoamérica, Colombia tiene el segundo salario mínimo más alto con relación al PIB per cápita, después de Nicaragua. Los países que tienen las más altas tasas de desempleo son aquellos que observan la más alta relación entre salario mínimo y PIB per cápita. Además, en Colombia el salario mínimo ha aumentado a lo largo de los años. En 1996, representaba un 39% del salario medio, relación que subió a un 54% a finales de 2006, un incremento de un 40%. En ese mismo año, esta relación era de tan sólo un 27% en Perú y México, y de un 25% en Brasil. Al subir el salario mínimo por encima de la productividad laboral, más personas terminan ganando menos que un mínimo y, por lo tanto, entran en la informalidad.
Como han señalado Fedesarrollo, el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, y recientemente en Bogotá el ex ministro de Economía de la Argentina, Domingo Cavallo, otro factor que ha ayudado a mantener los elevados niveles de informalidad ha sido la caída que ha tenido el costo de uso del capital con relación al costo del trabajo. En tanto el costo del salario mínimo real subió un 20% entre 1998 y 2008, el costo de uso del capital bajó un 56% en ese mismo período. Quienes no estén muy convencidos de este argumento, deberían observar estas mismas cifras en dólares. En tanto el precio promedio de los bienes de capital en dólares en los Estados Unidos subió un 1,5%, entre el año 2000 y 2009, el costo de los salarios colombianos en dólares creció un 108% en el mismo período. En una economía cada vez más abierta, en la cual la producción transable ha tendido a crecer como proporción del PIB, este es un factor muy negativo que atenta contra la generación de empleo formal.
Por otro lado, los subsidios que otorga el Estado a las personas que están excluidas del sistema de seguridad social incentivan su permanencia en la informalidad y desincentivan la búsqueda o la aceptación de un empleo asalariado formal. El problema, por supuesto, no es que existan estos subsidios, sino el que tiendan a ser permanentes y no temporales, y que no estén focalizados a la población de más pobre y que se pretenda cubrir porcentajes demasiado altos de la población. Según la encuesta longitudinal de Fedesarrollo, un 50 por ciento de las personas no están dispuestas a perder los beneficios del régimen subsidiado por un trabajo formal con el mismo ingreso.
Un incremento de la cobertura de pensiones, tanto en cotizaciones como en seguro de vejez sólo será posible cuando se eliminen todas estas deficiencias estructurales del mercado laboral. Muchos analistas, dirigentes gremiales y no pocos funcionarios públicos han argumentado que las medidas requeridas para enfrentar estos problemas no son políticamente viables. Otros argumentan que la Corte Constitucional las declararía inexequibles porque afectarían derechos fundamentales que consagra la Constitución. Junto a centros de investigación y sectores académicos, nosotros creemos que es viable introducir cambios importantes al funcionamiento del mercado laboral, y que dichos cambios profundizan principios fundamentales de la constitución tales como el derecho al trabajo, y los principios de igualdad, de equidad y la prevalencia del interés general sobre el particular.
Para reducir la informalidad y el desempleo se podría diferenciar el salario mínimo por grupos de edad. En Colombia, el salario mínimo de los jóvenes es demasiado alto con respecto a su productividad, razón por la cual el desempleo y la informalidad son tan altos precisamente entre los jóvenes. Esta medida ya se ha implementado con éxito en otros países y también en Colombia, con la reforma laboral de 2002. Así, se podría profundizar el contrato de aprendizaje, ampliando su radio de acción y extendiendo significativamente el tiempo de su aplicación. Colombia debe también cambiar con urgencia el sistema de indexación del salario mínimo, por ejemplo, indexándolo sólo a la inflación durante un período de unos cinco años. Además de inducir una mayor contratación formal de empleo, esta medida es muy importante para el sistema pensional en la medida que facilita a las compañías aseguradoras realizar una mejor estimación de los riesgos actuariales para cotizar las llamadas rentas vitalicias. Reconocemos que la Reforma Financiera, aprobada el año pasado por el Congreso de la República, permite que esta contingencia, de naturaleza eminentemente política, sea compartida por el Estado. Se debería también diferenciar el salario mínimo rural del urbano, porque estudios empíricos señalan que la productividad rural, medida por el salario medio, es tan sólo un 60% de la productividad urbana.
Con relación a los costos no salariales, se deberían eliminar los parafiscales (hasta un 9% del salario) para todos los que ganen hasta, por ejemplo, 1,5 salarios mínimos. Y, entre 1,5 salarios mínimos y un nivel que habría que determinar, incrementarlos progresivamente.
Las anteriores medidas, al tender a formalizar la economía y reducir el desempleo, deberán incrementar la cobertura del sistema de pensiones. Pero creemos que se deben también introducir ajustes al régimen público de prima media.
Para comenzar, este régimen es extremadamente costoso para los contribuyentes, pues equivale por año a todo lo que el gobierno recauda con el IVA, y se destina a un millón de pensionados que, en su gran mayoría, no pertenecen a la población pobre. Mientras que, entre 1990 y 1994, el pago de pensiones con cargo al fisco representaba alrededor de 1% del PIB, esta cifra subió a un 4.5% en 2008-2009, equivalente a un 20% del presupuesto nacional. El costo del régimen de prima media para el presupuesto nacional es de $25 billones en 2010. En tanto en Colombia, la deuda pensional está en un 140% del PIB y cubre a un 25% de la población objetivo, en países desarrollados la deuda pensional puede alcanzar un 170%, pero cubre entre el 80 y el 90% de la población objetivo.
Es muy cierto que, sin la Ley 100 de 1993 y sin los ajustes posteriores, como la Ley 797 y el Acto Legislativo 01, de 2005, la deuda alcanzaría hoy un 300% del PIB y el gasto anual con cargo al presupuesto nacional hubiese llegado a un 6% hacia el 2015. Pero, nos preocupan, señor Presidente, cambios en la tendencia del costo pensional público de años recientes. Por vía de tutela, muchos colombianos influyentes están obteniendo liquidaciones de pensiones especiales de unos montos exageradamente altos. Ha habido casos en los cuales se han liquidado pensiones con base en el último salario, desconociendo, no sólo más recientes ajustes paramétricos, sino incluso la misma Ley 100 de 1993. Por efecto demostración, hay proyectos de ley en el Congreso de la República intentando extender estos privilegios a otros conglomerados sociales. Si no se para este proceso a la brevedad, el costo que deberán asumir las generaciones futuras se va a disparar y el daño al sistema pensional puede ser irreparable. La deuda pensional pública también se ha incrementado en el último año por los traslados de afiliados desde el régimen de ahorro individual al régimen público. Estos traslados son indeseables porque representan un incremento en la deuda pensional que es insostenible en el mediano y el largo plazo.
La deuda pensional está también aumentando por otros factores como las nuevas tablas de mortalidad y otros reconocimientos y subsidios que se han otorgado a sectores particulares de la población.
Pero, además de estos problemas de sostenibilidad, el régimen público de prima media debe ser reestructurado por principios de equidad. Según cálculos de Fedesarrollo, en el régimen de prima media las pensiones de aquellos que cotizan por encima de dos salarios mínimos están desfinanciadas en promedio en un 80%, en tanto que las de los que cotizan por un salario mínimo requieren un subsidio de un 88%. Pero, tan grave como lo anterior, un 80% de estos subsidios los recibe el 20% más rico de la población, mientras que el 40% más pobre recibe tan sólo un 5% de los subsidios. Recordemos que, en términos absolutos, estamos hablando de un poco más de un millón de colombianos, en su mayoría no pobres, que reciben unos $25 billones de pesos, una cifra equivalente a lo que el gobierno recauda anualmente con el IVA. Es tan injusta, e insostenible, esta situación que la podemos comparar y contrastar con el sistema educativo, en donde, con menos de la mitad de los recursos de lo que gasta el gobierno en pensiones (unos $10,5 billones), se subsidia a unos 8 millones de niños, en su inmensa mayoría pobres.
A manera de conclusión, entonces, el régimen de prima media tiene unas tendencias de sostenibilidad muy preocupantes y una situación de desigualdad que es intolerable.
En estas circunstancias, acogemos la propuesta de Fedesarrollo en el sentido de transformar el actual régimen público de prima media en un régimen de solidaridad con los pobres. Las principales características del nuevo régimen podrían ser las siguientes. Primero, el seguro social no debe acabarse, deberá continuar existiendo, en adelante en la forma de la recién creada entidad, Colpensiones. Segundo, la función central de Colpensiones debería administrar un nuevo pilar solidario orientado hacia la población más pobre y con una baja probabilidad de obtener una pensión. Tercero, como en el caso de Chile todos los colombianos y colombianas que cumplan 65 años y pertenezcan al Sisben tendrán acceso a este beneficio. Cuarto, consistente con sus ingresos de esta población pobre, este beneficio deberá ser inferior al salario mínimo. Quinto, las personas elegibles para recibir una pensión, no podrían ser acreedoras a este beneficio. Sexto, para incentivar que las personas pobres coticen al sistema de pensiones, se podría definir un gradiente que adicione estos ahorros al nuevo pilar solidario. Séptimo, este beneficio integraría los programas existentes Juan Luis Londoño de la Cuesta y el Programa de Protección al Adulto Mayor. Octavo, dado que este programa costaría alrededor de un punto del PIB, se podría financiar en parte con una contribución a las pensiones más altas, y el faltante sería con cargo al presupuesto nacional. Noveno, los llamados BEPs, que están siendo reglamentados en la actualidad, deberían diseñarse en forma consistente u consecuente con este nuevo pilar solidario.
Muy apreciado señor Presidente:
Me he extendido en estos dos temas, la falta de cobertura del sistema pensional y los problemas de sostenibilidad del régimen de prima media, porque creo que ellos son críticos para el sistema pensional y van a marcar la agenda en pensiones en los próximos años. No he mencionado a propósito otros temas, como la reglamentación de la Reforma Financiera, porque en diversas reuniones con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera hemos manifestado nuestras inquietudes alrededor de varios problemas. Esperamos que el proceso de consulta y discusión que se ha seguido con todos los gremios lleven a un feliz término la expedición de todos los decretos.
Señor Presidente, señoras y señores:
A diferencia de las clausuras de nuestros congresos de los años anteriores, esta clausura es diferente porque también suena a despedida. Esta es la última vez que, como Presidente de los colombianos, usted asiste al congreso Fiap-Asofondos. Créame, que al pronunciar estas palabras me embarga una gran emoción. Siento que estamos asistiendo a los últimos días de una presidencia, que, como ninguna otra antes, ha mostrado tanta dedicación y tanto esfuerzo por enfrentar y resolver los problemas de nuestro país. A nadie le puede caber la menor duda de que usted honró plenamente el lema de su gobierno de “trabajar, trabajar y trabajar.” Tampoco creo equivocarme al afirmar que, en la historia de Colombia, no había habido antes tanto grado de comunicación, de intercambio de ideas entre un Jefe del Estado y el sector privado. No sabemos a qué se va usted a dedicar después del 7 de agosto de 2010, pero de lo que si podemos estar seguros es de que desde la estación en que se encuentre usted va a seguir trabajando por Colombia, aportando con sus esfuerzos y sus ideas. Usted no se va a quedar quieto, no se va a quedar callado —eso va contra la naturaleza de Álvaro Uribe— y, por eso, no quiero que estas palabras sean de despedida. Porque lo vamos a seguir escuchando, lo vamos a continuar viendo transformar a Colombia. No queremos despedirlo porque deseamos volver a tenerlo aquí en este congreso en los próximos años, en esta casa, que es su casa, señor Presidente. Pero sí queremos darle las gracias, señor presidente. Gracias por haber alzado su voz en los momentos en el que el país estuvo al borde de la disolución; gracias por su obra de gobierno; gracias por haber restaurado la seguridad de los colombianos. Pero, sobre todo, muchas gracias por habernos devuelto la esperanza, la fe en que nuestros hijos y nuestros nietos podrán vivir en un país próspero y en paz.
Muchas gracias. |
