El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, expuso las acciones del Gobierno Nacional en favor de las comunidades indígenas, durante su intervención, este martes, en el ‘Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas’, que se realiza en Nueva York. Destacó la presencia permanente del Gobierno en los resguardos y cabildos indígenas, con respeto a su autonomía y a las particularidades de cada comunidad.

Nueva York, 20 abr (SP). “El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha buscado garantizar los derechos de los pueblos indígenas a los que se les ha dado gran relevancia a través de un diálogo político directo”, señaló este martes el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, al intervenir en la novena sesión del ‘Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas’, que se cumple en Nueva York.

Valencia Cossio agregó que esto ha sido posible gracias a una presencia permanente del Gobierno en los resguardos y cabildos indígenas, con respeto a su autonomía y a las particularidades de cada comunidad.

Dijo que el Ministerio del Interior y de Justicia, como responsable del diseño de la política pública indígena y de la política nacional de derechos humanos -tarea esta que comparte con la Vicepresidencia de la Republica-, ha logrado en estos dos años restablecer el diálogo político con estas comunidades, el cual se había interrumpido en el 2007.

“Hemos restablecido los escenarios de concertación existentes, como la Mesa Permanente de Concertación Indígena, la Mesa Nacional de Derechos Humanos y la Mesa Regional Amazónica. Durante las 14 sesiones en 2009 de estos espacios, hemos creado nuevos y especiales escenarios, como la Mesa de Concertación para el Pueblo Awá, pueblo especialmente victimizado por el grupo narcoterrorista de las Farc”, señaló el Ministro.

También destacó dos directivas presidenciales sobre las comunidades indígenas, la 016 del 2006 y la 01 del 2010, las cuales demuestran la voluntad política del Gobierno Nacional para impulsar el bienestar y desarrollo de esta población.

A través de la primera de ellas –recordó Valencia Cossio- se le imparten instrucciones precisas al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Director de la Policía Nacional para fortalecer la política de reconocimiento, prevención y protección de los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas del país por parte de la Fuerza Pública.

La segunda, la número 01 de 2010, está dirigida a todas las entidades de nivel central y descentralizadas del orden nacional, con el propósito de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa, en el marco de la Constitución colombiana y del Convenio 169 de la OIT.

Protección a las comunidades indígenas

Valencia Cossio agregó que en materia de protección para las comunidades indígenas, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, ha diseñado 16 mapas de riesgo, y hay 283 líderes de estas comunidades protegidos.

“Los últimos dos años hemos concertado las medidas pertinentes de seguridad individual y colectiva para indígenas con enfoque diferencial. Hoy tenemos, en el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, 283 líderes protegidos y 1.171 medidas implementadas, como teléfonos satelitales -según la zona en que habitan- y apoyos de transporte o de reubicación”, indicó.

Señaló que para dar estabilidad y continuidad de la política indígena con el cambio de gobierno, se está elaborando un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

Este documento “contendrá los lineamientos de política pública que ya hemos concertado con todas las organizaciones nacionales indígenas y la metodología del diseño y consulta de los 34 planes de salvaguarda, para replicarlos en 48 más, con el fin de que los 82 pueblos indígenas de Colombia tengan un plan que se articule con su cultura, identidad y plan de vida”.

El Ministro también expuso, entre los avances en materia de política para los pueblos indígenas, la armonización de jurisdicción ordinaria e indígena, políticas públicas con enfoque diferencial, planes de prevención y atención del riesgo de desastres, proyectos productivos y la atención de forma integral y sostenida de cerca de 50 conflictos interétnicos e interculturales, que se han logrado superar.