El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, y el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), Eduardo Pizarro Leongómez, hicieron este martes un llamado al Congreso de la República para que sea aprobado el proyecto de ley que prórroga la Ley de Justicia y Paz. Los dos advirtieron sobre los efectos que conllevaría su no aprobación.

Bogotá, 27 abr (SP). El Gobierno Nacional, en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, y en compañía del Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro Leongómez, hicieron este martes un llamado urgente al Congreso de la República para que se avance en la aprobación del proyecto de ley que busca la prórroga de la Ley de Justicia y Paz.

El proyecto tiene como único fin permitir que la verdad se conozca, que los victimarios respondan por sus delitos y, sobre todo, que las victimas obtengan la reparación de sus derechos.

Este nuevo término cubriría todos los hechos delictivos cometidos por los miembros de los grupos armados ilegales que infringieron la ley penal antes de desmovilizarse.

“La aprobación de este proyecto de ley le daría la oportunidad al Gobierno Nacional de cumplir lo acordado en la negociación del proceso de paz con los grupos de autodefensas y, además, de cumplirles a los desmovilizados de la guerrilla postulados para el beneficio de la pena alternativa”, aseguró el Alto Comisionado para la Paz.

Por su parte, Pizarro Leongómez advirtió que de no extenderse la Ley de Justicia y Paz, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas se verían afectados.

Agregó que la prórroga beneficia a las víctimas, que a la fecha son más visibles ante la sociedad y merecen acceder a la reparación tanto por vía judicial, como por vía administrativa.

Explicó que además de bienes entregados por los ex victimarios, a través del sistema de Justicia y Paz con destino al Fondo de Reparación a las Víctimas, 11 mil familias ya recibieron la indemnización solidaria contemplada en el programa de reparación individual por vía administrativa, que distribuyó un total de 200 mil millones de pesos en el 2009 y que para el próximo 30 de junio cobijará a 15 mil familias, con recursos por 300 mil millones de pesos.

El objetivo del proyecto de ley es mantener un marco jurídico para que haya continuidad en el proceso que busca construir caminos de paz y reconciliación en el país. Por ello, Frank Pearl consideró que el Congreso debe mostrar el compromiso con la paz y la justicia en el país, ya que de no aprobar esta propuesta, quedarían en el limbo jurídico 25 mil desmovilizados que se acogieron a la Ley después del 25 de julio de 2006, y podrían ser tentados a reciclarse en la vida criminal.

“No podemos dejar solas ni a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ni a la Fiscalía General de la Nación, en su labor de encontrar la verdad, la justicia y la reparación”, puntualizó Pearl.

Tanto Pearl como Pizarro expusieron de la siguiente manera los efectos de la no aprobación del proyecto:

• Va en contra del derecho a la verdad de la sociedad en general y de las víctimas en particular. Los desmovilizados que no puedan acogerse a la Ley de Justicia y Paz muy difícilmente confesarán los delitos en los que han incurrido, pues no podrán optar a una pena alternativa.

• Va en contra del derecho a la Justicia, pues solo se podrán judicializar aquellos delitos que la justicia ordinaria pueda probar. Adicionalmente, la Ley de Justicia y Paz busca el imperio de la Justicia a través de una pena alternativa (efectiva, sin descuentos, sin subrogados penales) y no otorgando amnistías o indultos por delitos de lesa humanidad.

• Va en contra del derecho a la reparación, pues las víctimas no tendrán derecho a la reparación económica, colectiva y simbólica de que trata la Ley 975/05. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, las víctimas ya no son invisibles.

• Va en contra del derecho a la no repetición, pues la Ley 975 de 2005 busca la reconciliación nacional.