Con el debido respeto por la independencia y autonomía de la justicia, el Presidente de la República se permite expresar su preocupación por las decisiones judiciales las cuales, alegando vencimiento de términos, han dejado en libertad a personas sindicadas.

La recuperación de la seguridad, que es fundamental para Colombia, requiere la superación total de la impunidad. Antes de la Seguridad Democrática, la impunidad en alguna forma se explicaba porque en muchas regiones los jueces y fiscales habían sido desplazados por terroristas guerrilleros y paramilitares. Hoy, gracias a la Seguridad Democrática, jueces y fiscales actúan en todo el país en un marco de mejores garantías para el ejercicio de sus competencias. Por eso, resulta difícil entender que cuando se ha superado la interferencia terrorista que intentó bloquear la justicia, la impunidad pueda surgir de decisiones amparadas en el vencimiento de términos.

Dar libertad por vencimiento de términos en casos de crímenes graves afecta tanto a la democracia, como dar libertad en delitos de lesa humanidad con base en la figura de la prescripción. Hoy las democracias niegan la prescripción frente a delitos atroces. En la misma forma se debe negar el vencimiento de términos.

El Gobierno respeta que la administración de justicia, al valorar el acervo probatorio de cada caso, tome la decisión de acusar, condenar, precluir o dictar un auto inhibitorio o, simplemente, pronunciarse de fondo. Pero alegar vencimiento de términos hace daño a la credibilidad pública y, en el caso de las Fuerzas Armadas, cuando el vencimiento de términos da libertad a terroristas, desestimula el sacrificio de militares y policías que los capturaron; y cuando ese vencimiento de términos concede libertad a integrantes de las Fuerzas Armadas, estas sienten afectado su honor, que solo se salva con decisiones justas y de fondo que absuelvan o condenen.

Medellín, 11 de enero de 2010.