Bogotá, 27 ene (SP). El siguiente es el texto de la declaración del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al homicidio del Senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994. El pronunciamiento fue hecho por Margarita Rey Anaya, Directora de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente del Estado en este caso:

“Buenos días, señor Presidente

Por su conducto, el Estado extiende un cordial saludo a las juezas y a los jueces de la H Corte, a los miembros de la Secretaría, a la Honorable Comisión, a los ilustres Representantes y los respetados familiares de la víctima.

En nombre del Estado colombiano y por instrucción del Gobierno Nacional, me permito expresar lo siguiente:

Con la venia de la Honorable Corte y con la anuencia de los familiares de la víctima aquí presentes, y por intermedio de ellos a quienes se encuentran ausentes, el Estado colombiano desea reiterar el reconocimiento de su responsabilidad internacional en el caso del crimen cometido en contra del Honorable Senador Manuel Cepeda Vargas, en los términos precisos de la contestación de la demanda y en esta audiencia, y dirigirse a ellos para pedirles perdón por los hechos ocurridos.

Iván, María, María Estela, Olga, Ruth, Gloria María, Cecilia, Álvaro y Claudia:

El Estado lamenta profundamente el crimen del que fue víctima su padre, hermano, compañero y suegro. En el marco de esta audiencia, les pide perdón por haber violado sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y a la dignidad, a la libertad de expresión y sus derechos políticos, por la acción de agentes estatales y por su omisión al no otorgarle una protección suficiente.

El Estado colombiano reconoce como inaceptable que la investigación adelantada por la Justicia haya demorado más de lo razonable y que hasta este momento no se conozca la verdad sobre las circunstancias concretas ni sobre los autores intelectuales que participaron en los injustificables hechos.

El Estado también les pide perdón por la violación directa a su integridad personal, pues la muerte de un familiar querido les causó un profundo e irreparable dolor.

El Estado reprocha, rechaza, y condena enérgicamente los hechos ocurridos el 9 de agosto de 1994, cuando agentes estatales causaron la muerte de su padre, hermano, compañero y suegro, y lamenta no haber adoptado las medidas de precaución suficientes para proteger la vida del Senador Manuel Cepeda Vargas.

El Estado espera que este reconocimiento pueda menguar, así sea en una pequeña parte, la indignación que ustedes, como familiares, sienten frente a las instituciones que le fallaron a su padre, hermano y compañero. Por lo mismo, el Estado no cesará en la búsqueda de la verdad y la justicia que ustedes y la sociedad colombiana reclaman y merecen.

Comprendemos que un reconocimiento de responsabilidad nunca será suficiente frente al daño que ha ocasionado la pérdida de un ser querido en circunstancias tan lamentables. No sólo implica un profundo dolor, sino también conlleva una pérdida de confianza en las instituciones del Estado. Por lo tanto, respeta que esta manifestación sincera, reiterada y hecha con profunda convicción no haya sido considerada suficiente por parte de los familiares de la víctima, sus representantes y la Comisión.

Con el mismo respeto, el Estado colombiano invita a una reflexión: el reconocimiento de responsabilidad que hoy me ha correspondido adelantar es el fruto de un auto examen profundo por parte de cada institución implicada en las fallas que propiciaron la violación a los derechos del Senador Manuel Cepeda Vargas, y al hecho de que no se haya logrado la plena aplicación de justicia a todos los responsables.

Es, así mismo, un reconocimiento del incumplimiento de las obligaciones del Estado que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es el reconocimiento, también, de que la obligación del Estado consistía en evitar que hubieran sucedido los hechos que hoy rechazamos, y consiste ahora en impedir la repetición de crímenes repudiables, como el que acabó con la vida del Senador Cepeda, en el futuro.

Este reconocimiento expresa la convicción, la voluntad y el compromiso del Estado colombiano de continuar avanzando en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, para lograr el cumplimiento cabal de los valores que realizan la dignidad humana y a un Estado democrático.

Como parte en este proceso internacional, por supuesto, corresponde al Estado colombiano valorar el resultado de sus procesos penales internos, al haberse logrado la condena de dos agentes estatales, como autores materiales del crimen y poner de presente las consecuencias de este resultado a nivel nacional e internacional. Y reconoce más allá: acepta que hay que seguir investigando hasta esclarecer plenamente los hechos. Reconoce una acción y una omisión que no fueron analizadas y valoradas de manera integral por los procesos internos, ofrece una serie de reparaciones adicionales a las otorgadas a nivel interno y reconoce públicamente su error y pide perdón a los familiares en esta audiencia.

Deseo extender una invitación a Iván, a María, a María Estela, a Olga, a Ruth, a Gloria a María, a Cecilia, a Álvaro y a Claudia a que, en la medida de lo posible, acepten este reconocimiento de responsabilidad y a que valoren la voluntad del Estado al realizar este reconocimiento, frente a los aspectos que continúan en controversia en este proceso.

El Estado colombiano, por último, reitera su firme compromiso con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.