sea una extensión del paramilitarismo, sino que es un problema motivado por el tema del narcotráfico.
Y en relación con la política del Gobierno, es clara su contundencia. El informe mismo resalta las declaraciones del Presidente ordenando el combate a estos grupos.
En segundo lugar, ustedes han sido testigos de que el 60 por ciento de los consejos de seguridad llevados en los últimos dos años han sido en zonas donde hay presencia de las bandas criminales.
En tercer lugar, el Gobierno ha tenido una política transparente de informar cada mes los resultados del combate a estos grupos, y tiene un mecanismo de seguimiento donde está participando la OEA (Organización de Estados Americanos), Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo.
Adicionalmente a eso, están los resultados. Jefes con ‘HH’, ‘Los Mellizos Mejía’, ‘Don Diego’, ‘Don Mario’ han sido capturados o dados de baja por la Fuerza Pública en este combate.
Solo el año pasado, 45 mil millones de pesos les fueron decomisados en bienes a estos grupos; 55 toneladas de coca les han sido incautadas; 3 mil 500 armas largas, 4 mil armas cortas.
Entonces, la claridad de la política del Gobierno frente a estos grupos está en los hechos; el país ha sido transparente.
El Gobierno quiere invitar al doctor (José Miguel) Vivanco y al equipo de Human Rights Watch a una reunión del comité integrado de inteligencia para discutir el informe a profundidad.
Pregunta: Habla el informe de zonas donde se van a hacer operativos militares y hay información de la Fuerza Pública para que esos grupos se retiren en el momento en que van a haber los operativos. Parece que hay una complacencia, digamos, con estos grupos.
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: El Gobierno no descarta que haya fenómenos de corrupción al interior de la Fuerza Pública. Pero ni es generalizada esta situación de complicidad con grupos armados, y se han tomado medidas. Muchas personas están siendo procesadas por esto o han sido destituidas. Y es igualmente claro los resultados que se han dado contra estos grupos.
Pregunta: ¿Cuándo sería la reunión que se está planteando para revisar el informe?
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: El Gobierno quiere extender esta invitación, porque quiere hacer un análisis serio con ellos, y cuando ellos lo consideren estamos a disposición de ellos desde hoy. Ellos nos dirán la fecha en que quieran participar en esta reunión, y queremos hacer un análisis profundo de este informe.
Pregunta: Son pocos receptivos y tienen alguna tendencia política y sesgo político en su informe.
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: El Gobierno está obligado a hablar con todos quienes estén interesados en los problemas de Colombia, y así lo vamos a hacer.
Pregunta: ¿El paramilitarismo tiene herederos?
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: Nosotros creemos que hay unos problemas, porque Colombia tiene un negocio de narcotráfico que puede valer 7 mil millones de dólares al año, y pueden haber otro tipo de actividades delictivas.
Entonces, el Gobierno es claro que tiene un problema y que se ha presentado ese problema. Donde hay desmovilizaciones en cualquier parte del mundo se ha presentado el problema y donde hay un negocio importante hay quien lo quiere ocupar. Esa es nuestra percepción del tema.
Pregunta: ¿El Gobierno maneja unas cifras de estas bandas emergentes en las que participen desmovilizados del paramilitarismo? ¿Qué porcentaje está participando?
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: Esas cifras se hacen públicas todos los meses. El Gobierno y Human Rights Watch recoge estas cifras en su informe, estima que entre miembros directos y colaboradores de estos grupos hay cuatro mil personas, y es un conteo transparente que la Fuerza Pública hace con la participación de la MAP-OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos), e igualmente la presencia que el Gobierno en su informe ha hecho en 159 municipios.
Y en relación con las personas capturadas, tenemos que menos del 15 por ciento de las personas capturadas de estos grupos son desmovilizados; el 85 por ciento no son desmovilizados. Y esas cifras cada mes las entregamos.
Pregunta: ¿El paramilitarismo está actuando sistemáticamente como en el pasado, con crímenes atroces, en determinados sitios, apoderándose de ciertos sectores?
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: Nosotros tenemos la opinión de que el paramilitarismo en Colombia está extinguido y sus jefes en la cárcel.
¿Qué es lo que tenemos? En primer lugar, un fenómeno de criminalidad, que es organizado. En México existe y nadie puede decir que es un crimen organizado con interés político. Las ‘maras’ existen en Centroamérica; nadie puede decir que tiene una intencionalidad política.
Entonces, creemos que hay un fenómeno criminal organizado en Colombia que se ha estado combatiendo y que tiene, digamos, un poder de crecimiento y un atractivo importante en los volúmenes de dinero que manejan.
Pero quisiera resaltar algo y es que en muchas zonas del país está probado el trabajo conjunto de estos grupos criminales con grupos guerrilleros. Eso es lo que, además, se evidencia en el mismo informe de Human Rights Watch.
Pregunta: El informe sugiere que Estados Unidos no firme el TLC con Colombia. ¿Usted qué opina?
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: Nosotros creemos que es una recomendación de la cual nos apartamos. Nosotros estamos de acuerdo en el fortalecimiento de la Fiscalía, de la Fuerza Pública, que llama a colaborar al mundo con esto. Pero creemos que no firmar el TLC lo único que hace es fortalecer la economía ilegal y, por lo tanto, a estos grupos.
La decisión más contraria, la más negativa para combatir la criminalidad en Colombia es negarle la posibilidad a la economía formal. |
