Bogotá, 8 feb (SP). “Quiero agradecer inmensamente a nuestro Presidente de la Conferencia Episcopal, su Excelencia Rubén Salazar, Arzobispo de Barranquilla y a todos los arzobispos y obispos de Colombia, la reunión que acabamos de tener. El Gobierno durante todos estos años ha mantenido un diálogo bien importante con la Iglesia Católica.

Examinamos varios temas, me quiero referir a temas de educación y de salud.

En educación. Yo diría que hemos avanzado mucho en los contratos, convenios de la Iglesia con el Sena. Esto es bien importante.

Entre las muchas cosas buenas de educación se destacó avances de cobertura, calidad, etcétera. Hay una preocupación de la Iglesia Católica, que en algunas regiones, por politiquería, quitan convenios de ampliación de cobertura con la iglesia.

Me manifestaron especial preocupación por el Cesar y por la ciudad de Valledupar. Esos temas se manejan descentralizadamente. El Gobierno Nacional gira convenios para contratación de cobertura educativa, da unas normas que deben reunir los contratantes, pero el Gobierno Nacional no contrata.

Yo siempre les he dicho a gobernadores y alcaldes que lo que se pone en manos de la iglesia opera bien. Vamos a ver ese problema del Cesar como se resuelve.

Al hablar de la salud hablamos ampliamente de las EPS.

Algunos temas: cuando empezó este Gobierno, las de régimen subsidiado podían gastar en administración el 15 por ciento, ahora solamente el 8 por ciento.

Este Gobierno les ha exigido a las EPS un gran esfuerzo en capitalización. La rentabilidad patrimonial de las EPS en Colombia, por año, es del 1,3 (por ciento). Entonces ha habido un permanente pulso, porque el Gobierno les exige habilitadores financieros, capitalización, y ellos dicen: ‘¿Por qué? No podemos, con rentabilidades patrimoniales del 1,3’.

Hay muchas que son sin ánimo de lucro.

Las empresas solidarias que hoy están en Gestar le prestan el servicio más o menos a ocho millones de colombianos, son sin ánimo de lucro. Hay muchas que son del sector solidario, del sector cooperativo.

Este Gobierno encontró que las EPS podían contratar el ciento por ciento con sus propias clínicas. En la Ley 1122 quedó que solamente pueden contratar el 30 por ciento.

Ya pasó el año de transición que dio la Corte Constitucional, ahora tocará entrar a calificar situaciones, a imponer sanciones allí donde corresponda a la Superintendencia de Salud.

Las guías antes las daban las EPS ¿Qué riesgo genera? Si yo soy un médico y trabajo con una EPS y me aparto de la guía que dio la propia EPS, la propia EPS me puede presionar o retirarme.

Ahora estándares y guías provienen de organizaciones científicas de los propios médicos y odontólogos, lo que les da más fuerza en su autonomía y les da más fuerza para que prevalezca su ética médica sobre cualquier presión de una EPS.

Creemos que allí hay un avance bien importante. Hoy también las nuevas normas permiten que la Superintendencia intervenga una EPS, antes no.

Y si una EPS abusa con medicamentos también pueden ser sujeto no solamente de que le devolvamos las cuentas, sino de que sus directivos vayan a la cárcel, porque entre los tipos penales que se han agregado en esta legislación y que además se les ha aumentado las penas, está este.

Aquel que especule con medicamentos puede ser llevado a la cárcel.

Entonces hubo oportunidad de compartir esta noche temas de gran importancia, y he mencionado algunos de estos temas, apreciados comunicadores.

De nuevo mi inmensa gratitud al Presidente de la Conferencia Episcopal, nuestro Arzobispo de Barranquilla, su Excelencia Monseñor Rubén Salazar, y a ustedes comunicadores.

Voy a salir ya de la Conferencia Episcopal para preparar nuestra presencia en Ecuador mañana.