Bogotá, 1º. jul (SP). Por solicitud del señor Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia convocó y presidió durante los dos últimos días el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, con el propósito de analizar la viabilidad y conveniencia de medidas extraordinarias de carácter jurídico y operativo, necesarias para combatir la criminalidad generada por la bandas y redes criminales.

El Gobierno Nacional, después de analizar las reflexiones y recomendaciones del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaría, acogió el criterio de no declarar la Conmoción Interior, y procedió a la redacción y expedición de un Decreto Reglamentario a través del cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las bandas y redes criminales, se crean jueces de garantías con competencia regional y nacional, se designan funcionarios con competencia nacional por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Judicial y DAS, y se autorizan los ajustes presupuestales y apoyos logísticos necesarios para el funcionamiento de esta Comisión.

Como resultado inmediato de la expedición del mencionado Decreto, se dispone la creación de comités técnico-operativos regionales en las zonas donde las bandas criminales vienen afectando a la población. Con carácter de urgencia, el Ministro del Interior y de Justicia pondrá en operación el primer equipo interinstitucional operativo en la ciudad de Caucasia, departamento de Antioquía, la semana entrante.

El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria consideran, sin embargo, que estas medidas deben ser complementadas a través de urgentes reformas constitucionales y legales. Por tanto, trabajarán conjuntamente en la preparación de los correspondientes proyectos, los cuales serán presentados a consideración del Congreso el próximo 20 de julio.

Algunos de los temas prioritarios para fortalecer la justicia y garantizar la eficacia en la lucha contra las bandas criminales son los siguientes: revisión de los términos procesales, creación y adecuación de tipos penales, modificación de penas y limitación a los beneficios penales, y fortalecimiento institucional de las entidades que operan el Sistema Penal Acusatorio.