La Corte Constitucional ordenó suspender cualquier pago de indemnización de perjuicios ocasionados a víctimas del desplazamiento forzado. La Agencia Presidencial pedirá revisión de diferentes fallos en los que ha sido condenada a indemnizar en abstracto. El Alto Consejero Presidencial, Diego Molano, recalcó que reparación debe ser integral.

Bogotá, 2 jul (SP). Acatando una decisión de la Corte Constitucional, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), suspendió desde este viernes todos los pagos a población desplazada ordenados por los jueces de tutela, que ordenan la reparación y la indemnización por los perjuicios causados a las víctimas de este flagelo.

Los nueve magistrados del máximo tribunal constitucional del país tomaron la decisión que resuelve:

"Ordenar a Acción Social, respecto de procesos de tutela y análogos o similares, que a partir del momento en el cual se comunique a dicha entidad el presente auto y cuando la Corte adopte la sentencia de unificación, respecto de los asuntos ahora acumulados efectos inter comunis, suspenda el cumplimiento de cualquier orden de pago relativa a indemnización de perjuicios ocasionados a víctimas del desplazamiento forzado que haya sido emitida con ocasión de una acción de tutela o de un incidente de liquidación de perjuicios ordenado por los jueces de tutela con base en el artículo 25 del decreto 2591, y de conformidad con lo establecido en la sentencia T-085 y T-299 de 2009".

La decisión se adoptó teniendo en cuenta que actualmente en el país cursan 3.600 acciones de tutela que reclaman indemnizaciones para desplazados, como reparación por los daños que los violentos les causaron.

De esas acciones de tutela, los jueces y magistrados de tribunales del país han fallado 2.000 a favor de Acción Social, mientras que otras 1.200 fueron falladas en contra; la entidad las apeló y están para pronunciamiento de la justicia. Actualmente, 12 fallos están en firme y obligaban a pagar a Acción Social en los próximos días, la suma de 1.200 millones de pesos.

La decisión de la Corte Constitucional tiene origen en las diferentes posiciones jurídicas que han adoptado los jueces y magistrados para fallar estas tutelas y su objetivo entonces, al tomar esta decisión, es definir un único criterio a seguir "ya que todas estas acciones guardan similitud en cuanto a hechos y pretensiones".

Por considerar que la reparación no se debe mercantilizar o monetizar, la Agencia Presidencial Acción Social insiste en una reparación integral "que incluya el reconocimiento de la oferta del Estado como medida de satisfacción, el derecho a la restitución y la indemnización de las víctimas y avances en su rehabilitación, todo esto enmarcado en las garantías de no repetición", precisó el Alto Consejero Presidencial y Director de la entidad, Diego Andrés Molano Aponte.

Molano agregó que el Gobierno continuará prestando los servicios y ofertas que existen para población desplazada como ayuda humanitaria, salud, educación y generación de ingresos. "Existe una oferta con un presupuesto de 1,5 billones que seguirá operando", puntualizó.