Bogotá D.C., 20 de julio de 2010

Honorable Congresistas:

Un médico norteamericano vino hace poco a Colombia con motivo del Foro Económico Mundial. Era su primera visita y nos expresó que estaba admirado porque el País es otro distinto frente a la imagen que antes asustaba su mente. Que dada la historia de violencia había esperado encontrar una ciudadanía amargada, con ceño fruncido de rabia y los ojos inyectados de odio. Que se encontró frente a todo lo contrario: un pueblo alegre, lleno de energía y afectuoso. El comentario puso de presente el gran capital social de esta Nación.

Además del capital social, hemos tenido en la historia buenas políticas públicas, liderazgos, gerencias, administraciones, capacidad de trabajo. A principios del siglo XIX nuestro ingreso per cápita era igual al de Estados Unidos y al concluir la Segunda Guerra Mundial al de los países del Milagro Asiático. Entonces, ¿por qué no se ha dado suficiente prosperidad colectiva? Seguramente los estudiosos de la historia darán su análisis. Como hombre público he querido asomar un aporte a la conmemoración de este Bicentenario: la violencia ha maltratado el camino de Colombia. En dos centurias de vida independiente, escasamente hemos contado con 47 años de paz.

La violencia que destruyó la Cultura Agustiniana nos dejó apenas vestigios de su prosperidad y ocurrió lo idéntico con la Cultura Chibcha.

El Movimiento de los Comuneros es un hito trascendente en la historia del Estado de Derecho, que a semejanza de la Carta Magna de Inglaterra, 600 años antes, buscó radicar en la representación popular la competencia para derramar impuestos y evitar así los abusos del Soberano. Las Capitulaciones de los Comuneros, en sus preocupaciones por esclavos e indígenas, se constituyeron en un reconocimiento al carácter pluriétnico de la Nación. Pero los ideales de Manuela Beltrán, Juan Francisco Berbeo, José Antonio Galán y sus compañeros concluyeron con su asesinato.

A pocos días del Grito de la Independencia de aquel 20 de julio, el General Santander, quien apenas contaba 18 años, se enroló en un ejército, no para consolidar la Independencia sino para participar en el bando centralista del General Nariño, de nuestra primera guerra civil, que enfrentaba al ejército descentralista de Tunja, liderado por don Camilo Torres. Después, Nariño, en La Bagatela, se quejaba de “haber descuidado el primer huevo de la independencia”. Con razón, porque nuestros propios enfrentamientos hicieron posible la sangrienta reconquista que exterminó a los discípulos de Mutis llamados a construir una gran ilustración.

Las dos revoluciones educativas de Santander y la de Bolívar no produjeron suficientes frutos por los enfrentamientos entre los nuestros; el exilio de Santander después del atentado contra Bolívar, el 25 de septiembre de 1828 y, más adelante, la Guerra de los Supremos de Obando, que antes defendió las ideas laicas de Santander y ahora levantaba las armas en defensa de la educación religiosa, que fuera estimulada por Bolívar.

Los magnicidios de Uribe Uribe, Gaitán, Galán y Álvaro Gómez se anteceden por el asesinato de Arboleda en Berruecos. El 4 de junio de 1830, en la misma Cordillera habían matado a Sucre, el Mariscal predilecto del Libertador, quien al conocer la noticia del infortunio ve precipitar su hora final. Y antes, Padilla y Piar. Y el doloroso comienzo del fin de Miranda en los enfrentamientos con Bolívar, cuando juntos habían regresado de Europa para adelantar la emancipación.

La Constitución de Rionegro nos puso a la vanguardia de la modernidad institucional, produjo presidentes de la talla de Murillo Toro, Aquileo Parra y Santos Acosta, precursor de la Universidad Nacional, pero apareció la violencia a frustrarlo todo con el estallido de 30 guerras civiles entre 1863 y 1886.

La reacción del temperamento Caribe contra el desorden y la violencia elige a Núñez, primero, Presidente del Estado de Bolívar y, después, de la Nación entera. La historia reseña siete años de paz que fueron de surgimientos industriales en la Costa y avance en el agro y la caficultura en la Región Andina.

La guerra civil de 1895 se empata con la de los Mil Días. Los pactos de paz que pusieron fin a esta última se dieron, al decir del General Uribe Uribe, porque “los fusiles destructores habían acabado la Nación y no quedaba por qué pelearse”.

Perdimos la joya con la separación de Panamá, protocolizada en acta de hermandad que no amenazó violencia, ni aquí había modo de resistirla. A la negativa nuestra para aprobar una concesión norteamericana para construir el Canal, los intereses económicos y la política del Gran Garrote del Presidente Roosevelt, habría que agregar entre las causas de esa independencia la política del Gran Descuido frente a Panamá, que demandaba un orden que nosotros no garantizábamos, porque nos agotaba nuestra propia violencia local.

En los años 1940 reaparece la violencia entre los partidos, que culmina a finales de los 50 con el Frente Nacional, liderado por los ex presidentes Alberto Lleras y Laureano Gómez. De inmediato llegan las guerrillas marxistas, que en el curso de los años hacen el tránsito de la lucha violenta de clases, la proposición de la dictadura del proletariado y la combinación de diferentes formas de lucha, a convertirse en mercenarios del narcotráfico. En medio de la amenaza, el País amplía la democracia con la elección popular de alcaldes y gobernadores. Las guerrillas que la habían pedido la víspera como condición de paz, la reciben como verdugos y asesinan a los mandatarios locales. Aparece la reacción igualmente cruel del paramilitarismo, y ambos culminan cooptados por el narcoterrorismo.

Las generaciones vivas desde los años 40 no hemos tenido un día completo de paz.

Seguridad Democrática

Propusimos la Seguridad Democrática en compañía de la confianza inversionista y la cohesión social, como pilares de construcción de un sendero que acelere la prosperidad para las nuevas generaciones.

Cuando mi generación era joven, el discurso político de seguridad generaba rechazo, porque se le consideraba un camino a la dictadura. Hoy, la gran mayoría de compatriotas consideran la seguridad como “un valor democrático y una fuente de recursos”.

Los ingresos fiscales para la seguridad han derivado de un impuesto al patrimonio de los sectores más pudientes, que ha permitido que esta política no se adelante a expensas sino en compañía de la ampliación de las coberturas sociales.

La Seguridad Democrática ha desmontado el paramilitarismo y ha recuperado el monopolio de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen. Con la presencia de la Fuerza Pública en todas las regiones se ha restablecido el monopolio de la justicia, que en muchos sitios era desplazada y usurpada por cabecillas terroristas.

Los ciudadanos no denunciaban o no reclamaban por temor o por encontrarlo inútil. Hoy, bastante recuperada la confianza, se registran más de 300 mil víctimas que tramitan sus reclamos. En los últimos dos años se invierten 250 millones de dólares en las primeras reparaciones administrativas. Ese esfuerzo será útil si con la seguridad se garantiza la más importante de las reparaciones: el derecho a la No Repetición.

La Seguridad Democrática ha recuperado la descentralización. Los alcaldes han vuelto a gobernar en sus municipios y los gobernadores sienten más protección, no obstante la tragedia del secuestro y asesinato de Don Luis Francisco Cuéllar, Gobernador del Caquetá. Derrotar al terrorismo significa recuperar el respeto a la Ley, perdido por el asalto que se hizo a los recursos regionales de la salud, las regalías y el Sistema General de Participaciones, actualmente mejor protegidos por la Seguridad Democrática.

En nombre de la seguridad no se han suspendido las libertades; al contrario, se ha profundizado su goce efectivo.

Este proyecto de seguridad ha tenido crítica, doméstica e internacional, constructiva y, también, en ocasiones, destructiva. El Gobierno jamás cerró puertas y jamás renunció a la defensa afirmativa.

Para honra de Colombia, este proyecto de seguridad se ha regido por la legislación ordinaria y el respeto a las garantías individuales y a los derechos políticos, sin apelaciones a la restrictiva legislación marcial. Las ocho elecciones generales adelantadas durante esta administración han acreditado que la nuestra es una seguridad al servicio del pluralismo y la libertad.

En una sociedad democrática la permanencia de la seguridad radica en la credibilidad popular, que a su vez se apoya en la eficacia y en la transparencia. Las violaciones de derechos humanos han sido denunciadas por los ciudadanos que han recuperado la confianza. El Gobierno y las Fuerzas Armadas no han dejado de sancionar un hecho fundamentado. Dimos la cara a todas las dificultades en esta materia, desde Guaitarilla, al inicio del Gobierno. Los Altos Mandos, el Ministro de Defensa y el Presidente han acudido a la televisión a recibir y a responder las quejas de los ciudadanos. Ninguna medida de protección de derechos humanos ha sido ahorrada. Se ha reconocido a la justicia ordinaria la iniciativa para conocer los casos de personas abatidas por las fuerzas legítimas. Bajo la dirección del Vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos, Colombia ha dado ejemplo al someterse al examen periódico universal de derechos humanos. También han proliferado las falsas denuncias utilizadas como artimañas para atentar contra la Seguridad Democrática.

En los últimos 24 meses se ha presentado una notable disminución de violaciones de derechos humanos. En 2009 hubo nueve denuncias que siguen en la Fiscalía; en lo corrido de 2010, una. Solamente nos conformaría poder decir que no hay un solo caso de violación de derechos humanos.

De acuerdo con la Procuraduría, en la actualidad se presenta la menor cantidad de quejas en materia de derechos humanos de los últimos 15 años.

La penetración destructora del narcotráfico ha sido la principal causa de estas violaciones. Nuestra lucha ha sido por una Colombia “territorio libre de drogas”. En el mundo muchos se equivocan al proponer la legalización para enfrentar el crimen involucrado en esta actividad. La legalización se dio hace tiempo con la permisividad sobre el consumo. El País lo vivió hasta ahora, cuando se aprobó la Reforma Constitucional que introduce la rectificación. La legalización del consumo aumentó el crimen, facilitó involucrar a niños y adolescentes y amplió el mercado de un negocio criminal de exportación a la oferta doméstica del microtráfico. Con la nueva orientación, Colombia da un ejemplo.

Podemos ganar la batalla contra las drogas. Los avances así lo acreditan. Desde el ángulo ambiental es un imperativo para evitar la destrucción de la selva, cuya preservación es nuestra mayor contribución a la lucha contra el calentamiento global.

Nos hemos comprometido a proteger la selva y hemos originado el principio de remunerar para preservar. Por eso el programa de Familias Guardabosques incorporó 114 mil familias que abandonaron los cultivos ilícitos y se enrolaron en la protección remunerada del bosque.

Ha sido fundamental el apoyo de los Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo. Primero el Plan Colombia y ahora el Acuerdo de Seguridad, cuyo texto hemos publicado con incurable buena fe.

El narcoterrorismo es amenaza para nosotros y para los vecinos. Un punto medular e irrenunciable de nuestra política exterior ha sido la observancia de las normas internacionales en la lucha contra el terrorismo. Nuestra Patria es una democracia respetable, que tiene la autoridad moral para manifestar ese requerimiento.

Hemos pedido cooperación; también la ofrecemos.

Para hablar sinceramente de hermandad no puede haber criminales de por medio.

La historia de violencia, el futuro de prosperidad, la tragedia del poder de grupos criminales son elementos que concluyen la necesidad de la unidad entre la Constitución, las Fuerzas Armadas y el Pueblo. Invito a mis compatriotas a rodear a los soldados y policías de la Patria. Ellos requieren nuestra colaboración y apoyo; además lo merecen por su heroísmo al exponer su vida y su integridad, y por su coraje para reconocer errores, sancionar, corregir y mejorar.

Los logros técnicos y científicos de las Fuerzas Armadas abren grandes posibilidades de contribución al progreso civil y comercial de la industria aeronáutica y la navegación. Los ingenieros militares tienen a su cargo la ejecución de grandes proyectos viales. Es creciente el pedido internacional para que nuestros policías den capacitación en tareas contra el narcotráfico y el secuestro.

Tantos operativos como ‘Jaque’ y ‘Camaleón’ hablan del profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas.

Vamos ganando la seguridad, pero falta un largo recorrido para consolidarla. Algunos años atrás los colombianos, acongojados por masacres, carros bomba y secuestros colectivos, nos sumíamos en el dolor sin reacción. Hoy, el hurto callejero de un celular prende las alarmas. Este es un buen indicativo: la ciudadanía se rebela contra el mayor y contra el menor de los delitos. Con la seguridad está ocurriendo algo semejante a las necesidades básicas: se asciende por una escalera en la cual no se acepta retroceder. El reto es enorme en la ruralidad y en la Colombia urbana. Una comunidad de pie contra el delito es el mejor seguro para no claudicar en seguridad.

La justicia

En nuestro Gobierno se culminó la introducción del sistema penal acusatorio, se actualizaron los códigos y se adoptó la ley estatutaria de la justicia.

Días antes de la elección presidencial se instauró el arancel judicial, para contribuir a financiar la justicia, y una legislación de descongestión.

Al inicio y al final del Gobierno se expidieron sendas normas para agilizar los procesos de extinción de dominio; la última define que basta con la notificación por edicto y elimina la notificación personal, garantía convertida en expediente dilatorio por parte del crimen.

El presupuesto de la justicia aumentó en un 53 por ciento en pesos reales. Por primera vez la Corte Suprema de Justicia ha contado con su propio equipo de investigación; hay un notable avance en conectividad y hemos logrado financiar actualizaciones de sueldos de magistrados, fiscales, jueces y personal administrativo.

Como en todas las áreas, queda enorme tarea pendiente. No obstante que se aprobó la Ley 1142 para restringir la excarcelación en casos de delitos y delincuentes peligrosos, muchos continúan en la calle o en la casa. La calificación discrecional de la peligrosidad del sujeto por parte del juez debe ser limitada por normas explícitas y penas que prohíban el beneficio, que en nuestras ciudades ha hecho tanto daño.

A la Ley de Justicia, Paz y Reparación hay que darle tiempo para que madure. Más de 53.000 integrantes de grupos terroristas desmovilizados es una cifra asombrosa. De acuerdo con la Fiscalía, se han esclarecido 25.177 hechos criminales, cuya confesión está concluida y permitió relacionar 30.167 víctimas. Se han exhumado 2.719 fosas.

Este Gobierno ha tenido toda la firmeza contra el crimen y toda la generosidad frente a la desmovilización. Los grupos terroristas que persisten deben saber que son culpables de delitos atroces, que no pueden esperar amnistías ni indultos ni licencias para eludir la Constitución y participar en los altos cargos del Estado. En el derecho contemporáneo el único incentivo que se puede ofrecer es una sentencia reducida, condicionada a la verdad y a la reparación.

Se realizó una cuantiosa inversión en once nuevas cárceles que devuelven la dignidad al recluso y reducen el hacinamiento al 4.6 por ciento.

Hemos multiplicado por veinte el presupuesto para desplazados. Además, se introdujo en el marco fiscal el plan financiero para reivindicarlos. Los avances mayores se han dado en educación, salud y nutrición; los retrasos, en vivienda y acceso a tierras. La nueva norma que agiliza aún más los procesos de extinción de dominio debe acelerar la recuperación de tierras. Se dieron procesos ejemplarizantes de restitución del derecho de dominio como en Jiguamiandó y Curvaradó, en el Chocó. Hemos creado enlaces de confianza de las Fuerzas Armadas con las comunidades para que las operaciones contra el crimen no las desplacen. Para entender las nuevas reglas de medición del proceso, basta saber que en 2008 se atendió a más de 150.000 personas que afirmaron haber sufrido el desplazamiento entre los años 1950 y 1980.

Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo excluyó a Colombia de la lista de países sancionados por maltrato a trabajadores. Esto se debe a los esfuerzos para protegerlos y evitar la impunidad de los asesinos. En el Gobierno pasamos de dos a más de doscientas sentencias condenatorias, con un número similar de convictos en la cárcel.

La Seguridad Democrática ha protegido de manera directa y eficaz a un número aproximado de diez mil ciudadanos, de los cuales cerca de dos mil son líderes sindicales.

Inversión

Cuando yo era joven, el discurso político alrededor del tema social no asignaba mayor importancia a las fuentes de recursos para financiarlo. Hoy es creciente el número de compatriotas que reconoce la necesidad de una alta tasa de inversión para resolver los problemas sociales.

La seguridad y la inversión son medios; la cohesión social, el fin último que valida las dos primeras.

La inversión tiene que ser honesta en las relaciones con el Estado y los particulares; solidaria con el bienestar de la comunidad, por ejemplo, en temas de medio ambiente; fraterna en las relaciones laborales por oposición al capitalismo salvaje y al odio de clases, y basada en el principio de que el capital es un factor de creación de riqueza social y no de especulación.

La inversión necesita tiempo para producir sus efectos en superación de pobreza y construcción de equidad.

La inversión extranjera se ha multiplicado por cinco y ha dejado de ser ocasional para convertirse en permanente. La tasa total de inversión ha pasado del 15 por ciento a más del 25 por ciento del PIB. El año pasado en plena crisis, fue la más alta de América Latina con 25,8 por ciento del PIB. El volumen de inversiones que se anuncia para el País es inmenso.

No hay duda, Colombia está de moda. Ya no se menciona el Estado fallido, sino la Nación con inmediatas condiciones para superar dificultades y ser promisoria.

Hemos empezado a avanzar en los diferentes escalafones de competitividad, pero es necesario introducir ajustes año tras año y región tras región.

Ojalá América Latina despeje los nubarrones que quieren eliminar la inversión privada y detener el progreso en calidad de vida de los pueblos. La caída del Muro de Berlín y del Imperio Soviético, así como la transición china todavía no tienen el veredicto contundente de la historia, pero fue claro que esos fenómenos detonaron por atrasos de calidad de vida percibidos por los pueblos.

Anular la inversión privada es anular la creatividad, aperezar la laboriosidad, dilapidar la investigación.

En la región hay gobiernos abiertamente opuestos a la inversión, otros que no la restringen y tampoco la defienden, algunos que la permiten para favorecer amigos y la expropian para sancionar adversarios. Nuestro Gobierno ha promovido la inversión con responsabilidad social, la defiende y tiene frente a ella una aproximación institucional, no personal.

Hemos avanzado en reformas constitucionales y legales para promover la inversión; que esas reformas se mejoren y complementen, ojalá no se deroguen.

A pesar de la crisis pudimos lograr una notable reducción del porcentaje de endeudamiento y hoy somos menos vulnerables a los choques externos de la economía, porque alrededor del 70 por ciento de nuestra deuda está contraída en nuestra moneda.

Hubiéramos querido mantener el déficit del Gobierno Central en el 2.34 por ciento del PIB de 2008, pero la necesidad de defender la economía frente a las crisis internacional y con la hermana República de Venezuela nos obligaron a elevarlo al 4.5 por ciento del PIB. El esfuerzo valió la pena, porque cumplimos con el aumento definido de transferencias a las regiones; evitamos una caída de la economía; impedimos la destrucción de empleos y que el desempleo fuera mayor; redujimos la pobreza, que en América Latina aumentó; mejoramos levemente el Coeficiente Gini de distribución del ingreso, y a diferencia de crisis anteriores, siguieron creciendo las cotizaciones a la seguridad social y las coberturas escolar y universitaria.

Hemos iniciado la introducción de la Regla Fiscal para que en el período de recuperación, el crecimiento dependa más del sector privado y se permita un alivio correlativo de las cuentas fiscales.

Las regalías territoriales pasaron en nuestro Gobierno de 1.9 billones a 6 billones y se proyectan a 12 billones. Eliminamos la Comisión de Regalías, se terminaron los contratos de interventorías que no mostraron eficacia contra la corrupción y se sustituyeron por las Auditorías Visibles de Planeación Nacional. No tuvimos éxito con los diferentes proyectos para aprobar una regla exigente de ahorro de regalías. Los pronósticos de crecimiento de este rubro hacen inaplazable una nueva norma de ahorro, que le permita al Gobierno atender regiones no productoras y llevar adelante la positiva propuesta del Presidente Juan Manuel Santos de dedicar un 10 por ciento a la investigación y la tecnología.

Pensamos que en las condiciones actuales, la deducción del 30 por ciento como incentivo a las nuevas inversiones no se requiere en minería, petróleo e hidrocarburos. Este ajuste también puede ayudar al fisco en los años que vienen.

De haber perdido la autosuficiencia en combustibles líquidos, como se pronosticó, estaríamos produciendo menos de 234.000 barriles por día. Sin embargo, estamos casi en 900 mil y las escalas a la vista son de un millón y 1.5 millones.

Los estímulos tributarios y los pactos de estabilidad han sido tan positivos que ya nos empiezan a considerar un destino destacado de inversión.

La situación fiscal es difícil pero el contexto es bueno: no hubo comportamiento negativo en la crisis; se ha anticipado la recuperación de la economía, que este año da señales de crecer por encima del cuatro por ciento; la inversión es alta; 464 entidades del Estado fueron reformadas y están libres de politiquería, con un ahorro fiscal de 25 billones; con abnegación el pueblo asimiló el alza en los precios de gasolina y Acpm que nos permite entregar el Gobierno sin ese subsidio regresivo que estaría costando seis billones anuales.

El Banco de la República, la Seguridad Democrática y los estímulos al campo han construido una ruta de inflación baja, que facilita tasas reducidas de interés y créditos de más largo plazo.

Aunque todavía no tenemos grado de inversión, nuestra deuda es menos costosa que la de países vecinos que sí lo tienen.

Empleo

En el Gobierno que termina han sido creados más de tres millones de nuevos empleos, con crecimientos del 50 por ciento en afiliaciones a Régimen Contributivo de salud, 61 por ciento a riesgos profesionales y 46 por ciento a pensiones.

Estimamos que un reto próximo es acelerar la afiliación a pensiones y proteger con un ingreso a los trabajadores pobres que lleguen sin pensión a la edad de retiro. Creamos, con ustedes, congresistas, el marco constitucional y legal para hacerlo; se cuenta con los primeros recursos en el Fondo de Solidaridad y se demandará un esfuerzo fiscal en el mediano plazo.

Los crecimientos de cotizaciones al Sena y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los que ha influido la reforma que trajo la planilla única de declaración y pago, además de la reorientación de las entidades, han permitido multiplicar sus coberturas por siete en el primer caso y por tres en el segundo.

Queda pendiente el formulario único de afiliación a todas las entidades de seguridad social, que está en implementación.

En las Cajas de Compensación Familiar, las empresas afiliadas crecieron en 92.7 por ciento; los trabajadores afiliados en 67.2 por ciento y la población beneficiaria en 50.3 por ciento. Esto denota un aumento considerable de pequeñas empresas.

Las Cajas de Compensación son un gran instrumento de política social. Han adelantado fusiones que ganan en economías de escala. Pueden dar más amplios resultados en microcrédito y aumentar las transferencias a la salud.

El desempleo había bajado al 10.7 por ciento, la crisis lo subió al 12 por ciento.

En el último año y medio no se destruyó empleo, pero la desaceleración del ritmo de creación y el aumento de la tasa de participación determinaron el aumento del desempleo. Esta tendencia ya parece haberse estancado, como se ha visto con una caída de medio punto en el desempleo de las grandes ciudades.

Entre 2003 y 2007 se aceleró el crecimiento de la economía y se redujeron en la misma proporción el desempleo y la pobreza, lo que demuestra la relación entre estas variables: crecimiento, empleo, pobreza.

El desempleo no depende de nuevas reformas laborales que quiten beneficios a los trabajadores o atraviesen obstáculos a los empleadores. La legislación ofrece garantías de estabilidad a los trabajadores y de flexibilidad a los empleadores.

Una consultoría internacional ha revelado que nuestras normas laborales son competitivas, a pesar de que la seguridad social es costosa. Se debe tener en cuenta que existen agencias de empleo temporal, cooperativas de trabajo asociado que ahora no pueden legalmente eludir los pagos a la seguridad social ni ser intermediarios laborales; contrato de aprendizaje reformado con un espacio indefinido para vincular aprendices voluntarios y pago gradual de parafiscales para nuevas pequeñas empresas.

También existen facilidades para el contrato sindical, a fin de estimular que las empresas contraten tareas de tercerización con las organizaciones de los trabajadores. Esto anima la mayor fraternidad empresarial y la transición del sindicalismo reivindicatorio al de participación, donde los primeros pongan más atención en la calidad de vida de los trabajadores, y los segundos, más interés en la sostenibilidad competitiva de las empresas.

El empleo, el emprendimiento, la reducción de la pobreza y la construcción de equidad dependen de un horizonte de prosperidad determinado por el crecimiento con fraternidad.

Dentro del triángulo de la confianza, en cuyos vértices se ubican la seguridad, la inversión y la cohesión social, el Gobierno que termina ha marcado el primer bosquejo para ese rumbo de prosperidad, empleo y emprendimiento, integrado por seis elementos, a saber: seguridad, inversión, acceso a mercados, innovación productiva, revolución educativa e infraestructura.

La seguridad es una fuente de recursos; en su ausencia, la economía no atrae inversión.

La toma de decisiones de inversión tiene en cuenta la existencia de un mercado interno en ampliación y la voluntad de acceder a los mercados internacionales. En consecuencia, tiene que ser inversión competitiva, que obliga a reconocer que el empleo no es posible al costo de frenar el progreso tecnológico. De aquí se deduce que los mejores estímulos al empleo son aquellos que fomentan la inversión.

Se ha trabajado con toda diligencia para acceder a mercados, para que 46 millones de compatriotas puedan aspirar a llegar con sus bienes y servicios a todos los mercados del mundo.

Resaltamos la hermandad de Canadá que recientemente ratificó el tratado bilateral de comercio.

En las últimas semanas se han suscrito acuerdos con la Unión Europea; con Corea, para protección de inversiones, y con China, que reconoce a Colombia como destino turístico. Está próxima a concluir la negociación con Japón, para promoción de inversiones. Pasamos de 5 a 47 países con acuerdos comerciales.

Los nuevos tratados de comercio responden al criterio social de la globalización, que debe incluir el respeto a los derechos de los trabajadores, a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente.

Los padres de la Comunidad Andina nunca la concibieron para encerrarse, sino para integrarse unidos al mundo. Así lo entendimos, cuando para que naciera se reunieron los ex presidentes Carlos Lleras, Raúl Leoni, Fernando Belaunde y el Presidente de Chile.

Para tener éxito en los mercados se requiere innovación productiva, lo cual ha inspirado nuestro programa de concertar con el sector privado para agregar valor a la producción tradicional y desarrollar los nuevos sectores en los cuales Colombia pueda ser un “jugador de talla mundial”.

El nuestro es un país promisorio en biocombustibles, ya una realidad; en energías alternativas; en turismo ambiental y de salud. De las 80 zonas francas en instalación, hay 7 para salud. Tenemos grandes posibilidades en producción de medicamentos y cosmética a partir de productos naturales, en software y en centros internacionales de contacto de avanzada tecnología, que muestran un desarrollo ejemplar en la ciudad de Manizales.

La innovación productiva requiere una revolución educativa permanente, que comentaremos más adelante.

Hemos puesto pilotes para avanzar en el desatraso de infraestructura. Teníamos algo más de 50 kilómetros de doble calzada, llegamos a mil. Los contratos y concesiones en ejecución hacen posible agregar 300 nuevos kilómetros por año. Los puertos han respondido a los estímulos con una formidable modernización. Una Sociedad Portuaria de Cartagena hace ocho años movilizaba cien mil contenedores; este año, millón y medio.

Con las obras en curso, el aeropuerto de Bogotá será de nuevo El Dorado.

Emprendimos con éxito la modalidad de concesiones grupales de aeropuertos. Se avanzó en la recuperación de la capacidad de carga de los ferrocarriles.

Se advierte el despegue de los Planes Departamentales de Agua que aseguran recursos, evitan discriminaciones contra municipios y los agrupan a todos en el ente departamental, para una mejor operación de la descentralización.

La confianza permite que hoy se estén instalando más de 4 millones de kilovatios de energía sin comprometer al fisco ni arriesgar el endeudamiento público. Esa cantidad es un alto porcentaje frente a los 13 millones de capacidad instalada con que cuenta actualmente el país.

Estamos en la vanguardia internacional en la construcción de sistemas de transporte masivo. Además de triplicar el Transmilenio de Bogotá y construir los equivalentes en varias ciudades, algunos están para concluirse y otros para empezar obras, debidamente financiadas.

Anoche, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó para Bogotá y Cundinamarca los sistemas de Metro, Tren de Cercanías y nuevas líneas de Transmilenio. Para este efecto se apropian partidas por 340 mil millones anuales durante 17 años, de los cuales 40 mil millones son para el Tren de Cercanías y 300 mil millones para lo concerniente a Bogotá.

Se construyeron obras esenciales de defensa en el río Magdalena y en La Mojana. Está en ejecución el contrato para el Canal del Dique.

El Túnel de la Línea pasó de la frustración a la realidad. Ojalá se denomine el Túnel del Segundo Centenario, para que al cruzarlo, las nuevas generaciones se comprometan en el tránsito de la oscuridad de la violencia a la luz de la seguridad.

Pavimentar ocho mil kilómetros es nada frente a 160 mil que suma nuestra red de carreteras, y es menos la comparación entre nuestro esfuerzo en vías secundarias y terciarias, frente a su longitud de 130 mil kilómetros. Para estas últimas, es imprescindible buscar alternativas de costos asequibles para su mejoramiento.

Un reto gigante y pendiente es la protección del Litoral Caribe y del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para contener la amenaza de la erosión, conectada con el calentamiento global.

La infraestructura en ejecución ha sido contratada con transparencia, participación ciudadana en prepliegos y discusiones en audiencias públicas.

El valor de Ecopetrol, aumentado en ocho veces, trae la oportunidad al nuevo Gobierno y a ustedes, distinguidos miembros del Congreso, de considerar la enajenación de un pequeño porcentaje para financiar otro escaño en infraestructura de competitividad.

Logramos un avance sustancial en tres distritos de riego reclamados durante décadas: Ranchería, en La Guajira; el Triángulo del Sur, en el Tolima, y Tesalia Paicol, en el Huila. La Ley Agro Ingreso Seguro ha financiado innumerable cantidad de pequeños distritos para el campesinado en varios departamentos.

Cohesión social

La revolución educativa es necesaria en la seguridad, en la inversión y encabeza la política específica de cohesión social.

Durante 100 años hubo 120 ministros de educación. Hemos contado con una Ministra y un equipo de excelencia, con estabilidad y protegidos frente a las vicisitudes de la política, como ha sido la norma de buscar a los mejores y no a los recomendados.

Si bien con el ICBF dejamos una casi plena cobertura en nutrición infantil, apenas logramos empezar la escolaridad de primera infancia para los sectores pobres. Incorporamos a esta escolaridad 650.000 niñitos, pero se necesitan 2.400.000 cupos.

En educación básica y media, las coberturas brutas pasaron del 80 por ciento al ciento por ciento y del 57 por ciento al 80 por ciento, respectivamente. Graduábamos 424 mil bachilleres y este año se graduarán más de 700 mil.

En el propósito de que todos los bachilleres salgan motivados para la universidad y el emprendimiento se han integrado con el nivel técnico del Sena y otras entidades más de 600 mil estudiantes de bachillerato.

El concurso de profesores, el nuevo escalafón que ya ha vinculado a cerca de 60 mil de ellos, las Pruebas Saber y las nuevas herramientas pedagógicas, perfilan una tendencia de mejoramiento de calidad.

La cobertura universitaria ha pasado de menos de un millón de estudiantes a cerca de un millón 700 mil, número que incluye la formación titulada del nivel técnico y tecnológico. En términos relativos, la cobertura pasó del 22 por ciento a cerca del 36 por ciento. Confiamos en que en los próximos años Colombia pueda nivelarse con los países industrializados con coberturas del 50 por ciento en formación universitaria.

El aumento del profesorado con maestría y doctorado, las pruebas para los egresados universitarios, el observatorio de su suerte laboral y de emprendimiento, la conectividad y el apoyo virtual a la educación, auguran un notable mejoramiento en calidad.

Colombia es líder en pruebas domésticas de calidad educativa y en someter a sus estudiantes a competencias con alumnos de países desarrollados.

Reconocemos carencias de infraestructura, que ha sido desbordada por la cobertura, no obstante los colegios de primerísima calidad concluidos y en construcción. Y aunque se ha dado un salto inmenso en conectividad, que llega con banda ancha al 80 por ciento de la matrícula en los colegios públicos, todavía hay severos desequilibrios regionales.

El Icetex, una de las 464 entidades reformadas, ha pasado de 60 mil usuarios de crédito a más de 300 mil, cuyas solicitudes se tramitan por Internet, a través de las universidades y sin necesidad de recomendación política. También introdujo un programa, todavía pequeño, de subsidios de manutención.

El Sena ha adelantado una verdadera revolución. Sustituyó la politiquería por la meritocracia y ha multiplicado por siete la formación vocacional y por más de diez la matrícula en programas titulados del nivel técnico y tecnológico.

Enseña inglés a un millón de estudiantes a través de Internet, programa que se verá fortalecido por el cable submarino entre Tolú y San Andrés, donde un nutrido número de ciudadanos son profesores de la materia. Con el cable, cuya extensión llegó anoche a San Andrés, se aspira a convertir al Archipiélago en una potencia en informática e inducir una gran tendencia de turismo de aprendizaje.

El Sena ha instruido en formación productiva a más de 160 mil integrantes de las Fuerzas Armadas.

La posibilidad del acceso posterior al grado de educación superior ha animado a los jóvenes a escoger inicialmente programas tecnológicos.

Otra transformación ha ocurrido en Colciencias, que hemos integrado al Consejo de Ministros. A pesar de las restricciones fiscales, tiene un presupuesto récord.

Ha habido sólidos apoyos a la educación. Me permito enumerar algunos:

-Los aumentos de coberturas alimentarias del ICBF, que en solo restaurantes escolares creció de 2.8 millones de beneficiarios a más de 4.1 millones y de 122 a 180 días de atención, que además introdujo el programa de desayunos infantiles para 1.7 millones de niños, mejoró los apoyos a las madres de los hogares comunitarios, ha llegado a los lugares de más difícil acceso y ha ejecutado dos mil obras de mejoramiento y construcción de hogares y jardines de primera infancia;

-Los recursos para la gratuidad que forman parte del aumento de las transferencias;

-Los colegios de excelencia en asentamientos de compatriotas pobres;

-La conectividad y Familias en Acción, entre otros.

Hemos pasado de 320 mil Familias en Acción a más de 2.6 millones que hoy reciben sus pagos; ya se han graduado hijos de 300 mil familias. Deberíamos llegar a cuatro millones de hogares para cubrir la totalidad de los más pobres. En la medida en que este programa garantiza el ciclo educativo de los hijos, hace posible que la pobreza no se herede y por ende se constituye en una política social estructural.

El aseguramiento en salud está próximo a ser universal. Hemos pasado de 23 a 43 millones de ciudadanos con este servicio.

Creemos que en los próximos años, cuatro millones de afiliados al Régimen Subsidiado se podrían trasladar al Contributivo.

La depuración de las EPS, la posibilidad de acceso virtual de los ciudadanos a la Superintendencia y los mecanismos de agilización de pagos deben contribuir al mejoramiento del servicio.

No hemos cerrado un solo hospital y reformamos 243. Ojalá no recaigan en politiquería. Esta semana se concluyen las obras de un gran hospital nuevo en Tumaco, para iniciar la transición de la zona de riesgo de tsunami. Se transformaron todas las clínicas del Instituto de Seguros Sociales (ISS), que pasaron del desgreño administrativo a la eficiencia social. También se reformaron en esta entidad las empresas de pensiones, riesgos profesionales y su EPS. La EPS del Seguro gastaba en funcionamiento el 28 por ciento de los ingresos; la Nueva EPS gasta solamente el 9 por ciento. Se suprimió a Cajanal y se reformó a Caprecom.

La reciente Ley de aumento de recursos para la salud ayuda mucho. Sin embargo, distinguidos congresistas, el sostenimiento de la plena cobertura, el pago del extra POS y la elevación de los servicios del Régimen Subsidiado al nivel del Régimen Contributivo demandarán recursos adicionales. Es necesario que el Presupuesto General de la Nación continúe destinando partidas para estos efectos, lo que será menos difícil al descargarse de los costosos subsidios anuales que sostenían la ineficiencia de clínicas del Seguro Social y otras entidades reformadas.

La Reforma Constitucional sobre el Sistema General de Participaciones introdujo una norma de intervención para protección de recursos y usuarios. El Gobierno la ha utilizado con éxito en varios departamentos en los temas de salud y educación. La defensa de estos recursos da legitimidad y seguridad a la descentralización. Intervenir para proteger recursos, es proteger la descentralización.

El País pasó de construir 51.000 viviendas por año a 141.567. Pero el salto no es suficiente. En el último período se financiaron más de 90.000 créditos con tasa subsidiada de interés. La norma de los macroproyectos permitió el despegue de 10 proyectos de gran tamaño y calidad. En los pocos días que restan esperamos expedir el decreto que regule macroproyectos con el consentimiento de los alcaldes y concejales para atender la sentencia de inexequibilidad que anuló el artículo legal sobre la materia.

Se sanearon 300 mil predios y 242 mil títulos de vivienda social.

Gracias a la simplificación de trámites de vivienda, Colombia avanzó 12 puestos y se situó en el lugar 32 entre 183 países calificados por el Banco Mundial.

El Fondo Nacional de Ahorro se abrió a los sectores más pobres y adjudicó en los últimos ocho años 250 mil créditos; en su vida anterior, 135 mil.

Anotamos que hace falta un gran esfuerzo en las ciudades para impulsar la renovación urbana y evitar que los crecimientos se basen en la ampliación de los perímetros, con el consiguiente costo en afectación de suelos agrícolas, extensión de redes de servicios y sistemas de transporte.

Una de las entidades que más afecto genera en la ciudadanía es la Dirección de Gestión del Riesgo, antes, de Prevención y Atención de Desastres, del Ministerio del Interior y de Justicia. Siempre ha llegado de manera solícita a apoyar a los damnificados de las tragedias naturales.

Le asignamos toda la importancia al microcrédito por intermedio del sistema del Banco de las Oportunidades. Con la participación de la banca pública, privada, de primero y segundo piso, de los fondos estatales y mixtos de garantías, los recursos de redescuento de Bancoldex, los corresponsales no bancarios, fueron desembolsados 7.5 millones de microcréditos, entre ellos a 1.7 millones de familias que por primera vez recibieron un crédito institucional. La cartera del microcrédito representaba el 1.5 por ciento de la cartera total y ahora está en el 6.5 por ciento. En términos absolutos, esa cartera valía 732 mil millones de pesos y ha subido a más de 8 billones de pesos. La cartera de microcrédito ha sorprendido a la comunidad internacional, que registra un aumento de 360 millones de dólares, a cuatro mil millones de dólares. La bancarización, que sigue siendo baja, subió del 37 al 57 por ciento de la población. Aquí hay una magnífica herramienta de formalización de la economía.

Las comunidades campesinas, entre titulaciones y tierras entregadas, recibieron en este Gobierno 4.800.164 hectáreas. Las principales fuentes fueron: compra directa a través de convocatorias, traslados de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Fondo Nacional Agrario, Titulación, Adquisiciones de Familias Guardabosques y tituladas a resguardos indígenas. Debo anotar que se introdujo el procedimiento de que todos los proyectos que aspiren a la compra de tierras tienen que presentar un proyecto productivo factible en lo económico social.

Las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y la adopción de mecanismos institucionales y más transparentes para administrar estos bienes, con la transformación de la Dirección de Estupefacientes y la creación de la nueva entidad, SAE, al estilo de CISA, auguran una aceleración del ritmo de recuperación de tierras apropiadas ilícitamente por el narcoterrorismo y la corrupción.

Hay un alivio, apreciados compatriotas: en todas las regiones se siente que el narcoterrorismo teme entrar a adquirir tierras o a presionar a los legítimos dueños, gracias a la Seguridad Democrática y a las reformas a la extinción de dominio.

Hemos dado todos los apoyos posibles al campo, pero también hemos gravado la propiedad inmobiliaria: en 2002, las tierras rurales tenían un avalúo catastral de 32 billones que ha alcanzado la suma de 76 billones. Sin embargo, hay que tener el buen cuidado de no gravar la unidad productiva como activo de especulación, a lo cual acostumbró el narcoterrorismo.

Las áreas sembradas se incrementaron en un 25 ciento, al pasar de 4 millones de hectáreas a 5 millones en agricultura.

Colombia ha reducido la pobreza durante estos años en cerca de 2 millones de personas, sin considerar el efecto de los apoyos de política social, y en cerca de 4 millones cuando se incluye el impacto del gasto social en el bienestar real de las familias.

En el mismo período, el número de personas que no son pobres ha aumentado en cerca de 6 millones e, incorporando la incidencia de la política social, en más de 8 millones.

Hay diferentes maneras de medir la pobreza y los esfuerzos que se hacen para superarla. En todas se registra mejoría. Es pertinente introducir los siguientes comentarios:

-Debido a la crisis de fin de siglo, Colombia se demoró hasta 2005 para recuperar el ingreso real por habitante que tenía en 1997;

-Teniendo en cuenta solamente el ingreso propio de las familias, la pobreza a 2009 se redujo en 8 por ciento y la extrema, en 3.3 por ciento. Esta reducción se debe acelerar este año gracias a la recuperación.

-Los expertos reconocen que la línea de ingreso que se exige en Colombia es bastante alta en la comparación internacional, lo cual incide en que por esta metodología la pobreza por ingreso todavía aparezca en el 45 por ciento;

-La Cepal registra que entre los años 2000 y 2008 el gasto público social por habitante creció un 45 por ciento en términos reales. Este esfuerzo de Colombia, que se redobló en 2009 en medio de la crisis, es muy superior al promedio de países con ingreso equivalente e incluso a países con ingreso mayor;

-Los programas sociales cubren cerca del 60 por ciento del déficit de ingreso de las familias pobres. En 2002 ese porcentaje era significativamente inferior;

-Los expertos consideran que el gasto social reduce la pobreza en 15 puntos y su focalización en los más pobres contribuye a construir equidad y a mejorar la distribución del ingreso;

- Teniendo en cuenta lo anterior, la política social reduce la pobreza medida por ingreso del 45 por ciento al 30 por ciento aproximadamente;

- Pero la pobreza no es solamente la ausencia de ingresos. El Índice Multidimensional de Pobreza que acaba de lanzar el Oxford Poverty and Human Development Initiative, y que examina 10 dimensiones de educación, salud y estándar de vida, señala en un reciente informe que la pobreza en Colombia, teniendo en cuenta este índice, es del 9 por ciento. En Brasil, por ejemplo, con 35 por ciento más de ingreso, este registro de pobreza es del 8.5 por ciento;

-Gracias al esfuerzo en política social, la pobreza, entendida como un fenómeno multidimensional, es menor que lo que podría corresponder al ingreso colombiano;

-Al aplicar la metodología de Oxford, el Departamento Nacional de Planeación concluye que entre 2003 y 2008 la pobreza disminuyó en 3.9 millones de personas;

-Una medida multidimensional de equidad es el Índice de Oportunidades Humanas del Banco Mundial. En términos de igualdad de acceso de los niños a la educación y los servicios básicos, el país ha pasado de menos del 70 por ciento hace 10 años, al 81 por ciento en 2010;

-De acuerdo con las Naciones Unidas, Colombia y Perú fueron los países que después de China avanzaron más en el planeta en la última medición del Índice de Desarrollo Humano.

Nuestra política social ha sido estructural y orientada a superar pobreza y a construir equidad. Es asistencial el subsidio a 855 mil ancianos, pero es lo mínimo que puede hacer una sociedad democrática. No pudimos llegar a 2 millones.

Hemos creado la Red Juntos, que agrupa en el millón y medio de familias más pobres las principales herramientas de inversión social.

Entregamos un sistema de oportunidades sociales que, en la medida en que se amplíe y haya prosperidad económica para financiarlo, debe acelerar la superación de la pobreza.

Estado Comunitario

En estos años procuramos practicar una forma de gobierno de Estado Comunitario al servicio de los ciudadanos y de amplia participación. Marcamos distancia frente al neoliberalismo que deroga el Estado y el burocratismo, que lo quiebra.

Hemos logrado un patrimonio público con más valor y un Estado con menos ineficiencia.

Reformamos 464 entidades del Estado, elevamos al 89 por ciento el número de entidades con fenecimiento contable y solamente faltan dos ministerios por certificaciones de calidad, que esperamos culminen el proceso de obtención en estos pocos días.

Fuimos consecuentes con la creencia de que la participación ciudadana en las decisiones públicas, en su ejecución y vigilancia, es garantía de transparencia y mejor uso de recursos.

Trabajamos con la participación y con la representación, con el pueblo, con los alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, gremios económicos, concejos, asambleas y Congreso.

Creemos en el equilibrio entre la representación y la participación. Sin representación la participación se anarquiza, y sin participación, la representación se deslegitima.

Confieso que el diálogo intenso con mis compatriotas ha sido para mí un cielo en la tierra.

El diálogo permanente hizo un Gobierno más comprometido y menos promesero, menos ligero para decir sí, menos perezoso para disculparse con el “no se puede” y más buscador de opciones.

La vinculación de autoridades regionales al Gobierno participativo las ha unido más con su ciudadanía.

Avivamos un diálogo con credibilidad.

Dialogamos con los compatriotas de trabajo honrado y no gastamos las energías en ruegos al terrorismo.

La ciudadanía ganó en información para priorizar mejor.

Hay un diálogo igualmente ‘reclamante’ pero más cálido, menos dispuesto al odio y a la rabia.

Los maestros permanentemente tramitaron sus reclamos y registramos que no hubo una sola huelga nacional de educadores.
Con diálogo y contradicción sincera y constructiva disminuimos los paros de transporte.

Dialogamos en zonas mineras con comunidades, autoridades y empresas. En La Jagua y La Loma, Cesar, se desbrozaron trochas de soluciones sin reprimir a la comunidad y sin expulsar a las empresas.

La discusión pública de contratos, conciliaciones, derechos humanos; la publicación de beneficiarios de programas oficiales, fueron elementos fundamentales en la lucha contra la corrupción. Creemos en el control de opinión, no como sustituto pero sí como categoría superior de los controles fiscal, disciplinario y penal.

Construimos gobernabilidad en el diálogo con los ciudadanos, en la discusión abierta con el Congreso, en el respeto a todos los alcaldes y gobernadores, con prescindencia del origen político de su elección.

Nunca buscamos gobernabilidad con auxilios parlamentarios o prebendas.

Tememos a la gobernabilidad aparente por manguala entre instituciones, que es rechazada por el pueblo.

Deliberamos frente a la crítica, de pronto no con dulzura, pero siempre la rodeamos de garantías.

Demostramos nuestra fe en la democracia, nuestro respeto al pluralismo y en toda oportunidad rechazamos el apaciguamiento a los violentos y a sus patrocinadores.

Compatriotas, apreciados congresistas: apaciguar a los violentos es pretender cabalgar en las ancas del tigre y exponerse a terminar en sus fauces.

Los miembros de grupos terroristas pasaron de 60 mil a 8 mil; subsisten las peligrosas bandas del narcotráfico y sus socios de la narcoguerrilla, todavía con capacidad de hacer daño. Fuimos generosos con 53 mil reintegrados, pero nos negamos a apaciguar a quienes insistían en la violencia.

De habernos dejado seducir del apaciguamiento quizás las cifras serían las opuestas: en lugar de 53 mil desmovilizados estaríamos sumando el mismo número, pero de nuevos terroristas.

El terrorismo pide la paz cuando está estrecho para poder recuperarse; pudimos evitar sus engaños. Los reintegrados son la prueba de que tuvimos voluntad de paz para aquellos que de verdad tomaron la decisión.

Nosotros no compartimos la estatización de los medios de producción y de comunicación; nosotros no compartimos las restricciones a las libertades, pero respetamos a quienes piensan distinto. Lo que no permitimos, aquello frente a lo cual no callamos, es que el terrorismo pueda encontrar refugio.

El pueblo colombiano, empresarios y trabajadores, ha dado un gran ejemplo al mundo: mientras en economías desarrolladas por salvar empresas apaciguan a los enemigos de la iniciativa empresarial y se exponen a perder las empresas y a perder la dignidad, esta Nación, aún pobre, ha puesto la dignidad y el derecho a vivir sin terroristas, por encima de los intereses del comercio.

Colombia no se ha dejado someter por el comercio, porque Colombia sabe que si perdemos el carácter y la lucha por la libertad, perderemos el comercio y también la dignidad.

Con dignidad habrá comercio con el mundo entero; sin ella, nadie nos creerá.

La iniciativa privada se destruye por la corrupción o el servilismo ante los opresores.

El creciente número de turistas que se asoma con admiración a nuestro País, se encanta con la diversidad y belleza de la naturaleza, pero especialmente con la calidez y hospitalidad de los colombianos, negados a que vuelva el terrorismo a tomarse los Montes de María y dispuestos a no transigir en el rescate definitivo de la seguridad.

Bogotá y las regiones saben que el apaciguamiento a los terroristas significó la dejadez por la obligación de cuidar la vida, honra y bienes de los pueblos.

En este Bicentenario hay un ejemplo hermoso de capacidad de llegar al sacrificio para defender la libertad. Policarpa Salavarrieta, en aquella hora previa a su fusilamiento, nos dejó este testamento: “Pueblo, cuán diversa seria vuestra suerte, si conocieseis el precio de la libertad. Ved que aunque mujer y joven, me sobra para sufrir la muerte y mil muertes más. Y no olvidéis este ejemplo”. Tenía escasos 19 años.

Tuvimos un diálogo útil, sincero y prudente con muchos países. Trazamos la línea divisoria entre la tolerancia con el libre examen y la permisividad con el juego de los violentos que ofenden a los pueblos hermanos.

Cuando la tolerancia degenera en permisividad triunfa el crimen. Cuando la tolerancia exige respeto triunfa la Ley y se protege el interés superior.

Respetados congresistas:

Estamos próximos a concluir unos años de Gobierno que coincidieron con enormes dificultades del Congreso. En todo momento defendimos la institución sin detenernos en situaciones personales de sus integrantes. Abogamos por un Congreso transparente y valiente, sin sometimiento a la ilegalidad y sin temor para hacer cumplir la Ley. En estos ocho años no se aprobó una ley de la cual tuviéramos que sentirnos avergonzados. Empiezan ustedes una etapa que Colombia mira con ilusión.

Las buenas semillas que el Ejecutivo pueda dejar como resultado de estos años corresponden a mis compañeros de Gobierno y al valor de los soldados y policías de Colombia.

Señores generales, voy a pedir que los comandantes de nuestras Fuerzas Armadas se pongan de pie. Ellos representan a mil 700 compatriotas mutilados por darnos la seguridad. Ellos son nuestros héroes. Aplaudamos a estos héroes y rodeémoslos de corazón.

Las buenas semillas de estos años de Gobierno corresponden a mis compañeros de Gobierno y al valor de los soldados y policías de Colombia.
Yo debo asumir la responsabilidad por los errores y carencias.

Nunca sacrifiqué a las Fuerzas Armadas para evitar problemas políticos o diplomáticos. Las respaldé con la asunción de mi responsabilidad para que ellas pudieran cumplir el deber de defender a los colombianos.

Pediré permiso al Presidente Santos para ser cooperante de las Fuerzas Armadas, portando exclusivamente un celular.

Invoco solamente una virtud: trabajamos con infinito amor a la Patria, a cada porción y al conjunto integral, a esta Nación hoy reflejada en el Concierto Nacional, que congregó a millones de compatriotas en toda la geografía, que con su cultura se ha preservado en la unidad, a pesar del aleve atentado de la violencia que quiso destruirla.

Hay un ejemplo bellísimo de vida. En aquellos meses iniciales de 1840, en la víspera de su partida final, cuentan los historiadores que el General Santander dijo: “La última hora hábil de mi vida es la primera en que dejo de dedicarme a la tarea del bienestar, la independencia y la libertad de la Nueva Granada”. ¡Qué ejemplo de vida, para que todos los de nuestra generación trabajemos hasta el último día por la Patria!

La ciudadanía rodeará al Congreso y al Presidente Juan Manuel Santos, con fe de encontrar la seguridad consolidada, la inversión del desarrollo y la cohesión social de la fraternidad.

Al comenzar estos nuevos 200 años templemos el ánimo con la verticalidad de José Acevedo y Gómez. Hagamos honor a quienes con tanto sacrificio han forjado esta gran Nación. Recordemos a todos aquellos héroes que en las Actas de formación de Juntas y de Independencia, en 1810, pusieron esas formidables bases para la democracia y la igualdad. Que en nuestros corazones hoy se lea lo que ellos escribieron en Cartagena de Indias, Santiago de Cali, Santa Fe, Villa del Socorro, Tunja, Neiva, San Juan de Girón, Pamplona, Popayán, Mompóx, Nóvita, Quibdó, Santa Marta y Santa Fe de Antioquia. Todas ellas tuvieron como hilo conductor la creación del gobierno originado en el pueblo.

Con el recuerdo emocionado de los héroes, con la entrega a Colombia y con la protección de Dios, amanezcamos mañana no para la violencia sino para la peregrinación del trabajo edificante que consolide la prosperidad, la rectitud y la equidad.

Los invito a un propósito: la felicidad de las nuevas generaciones en el suelo fecundo de la Patria.