Ante la gravedad de hechos, como los llamados ‘falsos positivos’, el Ministerio de Defensa adoptó medidas drásticas para evitar que esos acciones se vuelvan a registrar. Además, creó una doctrina sobre normas de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, que ha sido transmitida a todos los miembros de la Fuerza Pública.

Bogotá, 24 jul (SP). A pesar del significativo aumento del pie de fuerza, las quejas sobre posibles violaciones de Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas, se disminuyeron considerablemente al pasar de 1.254 en el 2004 a 241 el año anterior. Esa tendencia a la baja se mantiene este año.

El Ministro de Defensa, Gabriel Silva, expresó que la política de Seguridad Democrática basa su eficacia en la transparencia y en el total apego a la Constitución, a la Ley, a la protección de la vida, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

En su presentación durante la jornada de Balance de Gobierno 2002 – 2010, el Ministro Silva señaló que el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ha estado de la mano, en estos ocho años del Gobierno Uribe Vélez, de una política integral de Derechos Humanos, ajustada a las exigencias del Derecho Internacional Humanitario.

Así las cosas, y bajo las directrices de su despacho, el Jefe de Defensa destaca un descenso de las quejas de posibles violaciones a los Derechos Humanos por parte de integrantes de la Fuerza Pública.

“Desafortunadamente, en una institución con cerca de 450 mil integrantes entre militares, policías y no uniformados se han cometido errores, algunos de ellos imperdonables”, lamentó el Ministro de Defensa.

En ese orden de ideas, fue que la propia institución castrense asumió una actitud vigilante y una severidad obligatoria en el cumplimento de la Ley frente a quienes desacreditan con actos indebidos el uniforme militar.

“Este fue el caso de los mal llamados ‘falsos positivos’, en donde uniformados influenciados por la consecución fácil de dinero proveniente del narcotráfico, incurrieron en conductas homicidas contra ciudadanos inocentes”, aseveró.

Ante esta situación, la Fuerza Pública tomó drásticas medidas para evitar que continuaran estas acciones y para impedir la impunidad de los hechos, entre las que se destacan la separación de sus cargos de 27 integrantes del Ejército que pertenecían a unidades involucradas en los casos de Soacha, así como la expedición de Directivas, a las que se les hace un estricto seguimiento en su implementación, además de la colaboración estrecha que se ha mantenido con los organismos correspondientes para que se haga pronta y debida justicia.

Las cifras demuestran el avance significativo en la reducción de estos hechos, pasando de 143 casos comprobados en 2006 a cero en 2009 y 2010, según cifras suministradas por el Programa Presidencial de Derechos Humanos

Derecho al debido proceso

Esas irregularidades también dejaron al descubierto que los miembros de la Fuerza Pública no han contado con una estructura institucional, que les permita acceder a la protección mínima de un abogado que represente sus intereses en las acciones a las que están sujetos por la naturaleza propia de su oficio.

Es por esto que desde el Ministerio de Defensa se pusieron en marcha varias iniciativas para buscar la defensa técnica de militares y policías, entre las que se encuentra la conformación de la ‘Fundación Justicia Derecho y Dignidad’, entidad privada sin ánimo de lucro, que cuenta con la participación del sector privado, la universidad y diferentes gremios.

La misión de esta fundación es trabajar para garantizar la seguridad jurídica, la defensa eficaz y el derecho al debido proceso de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, con aportes del sector privado y eventualmente con recursos públicos. A la fecha se han gestionado cerca de 2 mil millones de pesos.