Durante el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, 45 mil personas que abandonaron los grupos armados ilegales participaron en el proceso de reintegración a la vida civil, que a través de una ruta de atención integral y personalizada, les permite construir proyectos de vida en la legalidad y desarrollar acciones a favor de la reconciliación en las comunidades que los reciben.

Bogotá, 24 jul (SP). En los últimos cuatro años, la Política Nacional de Reintegración ha beneficiado a más de 45.000 personas que dejaron las armas, más de 110.000 familiares y cerca de 4 millones de personas de las comunidades receptoras.

Así lo resaltó este sábado el Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank Pearl, en el Consejo Comunal de Balance de Gobierno ‘Trabajo, Hechos y Corazón’, que se efectuó en Bogotá, y fue encabezado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez.

En los últimos ocho años, Colombia ha vivido un periodo de grandes desmovilizaciones. 31.671 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y 139 guerrilleros de las Farc y del Ejército Revolucionario Guevarista dejaron las armas en ceremonias colectivas. Y todos los días, en promedio entre seis y ocho personas, abandonan los grupos armados ilegales, llegando a una cifra superior a las 21 mil personas.

Esta población desmovilizada es principalmente masculina, el 87 por ciento son hombres y un 13 por ciento mujeres. El 60 por ciento militó en las autodefensas ilegales y un 40 por ciento en grupos guerrilleros. Se caracterizan por un bajo nivel educativo, tan solo una minoría alcanzó estudios superiores. Los principales lugares de asentamiento después de su desmovilización son, en su orden, Antioquia, Bogotá, Córdoba, Cesar y Magdalena.

Para atender a esta población y de esta manera construir puentes para la paz, el 1° de diciembre de 2008, el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la Reintegración como una política de Estado de largo plazo, equitativa y sostenible, que abarca temas como salud, educación, atención psicosocial, formación para el trabajo, desarrollo económico y comunitario y reconciliación, entre otros.

La Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR), entidad que tiene a cargo el diseño y coordinación de dicha política, en la actualidad tiene cobertura nacional a través de 29 centros de servicio. Además, articula la prestación de servicios con 13 entidades del orden nacional y local y cuenta con el respaldo de 17 gobernaciones y 132 alcaldías del país, que incluyeron el modelo de reintegración en sus planes de desarrollo.

La reintegración en cifras

En estos cuatro años, con recursos cercanos a los 670 mil millones de pesos, el Gobierno Nacional le ha dado herramientas a los desmovilizados para la creación de medios de vida pacífica, al tiempo que trabaja con las comunidades que los reciben, para restablecer la confianza de los ciudadanos y para favorecer la aceptación social de esta población.

Con la asesoría de más de 300 psicólogos y trabajadores sociales en campo, 39 mil desmovilizados han recibido atención psicosocial personalizada, lo que les permite desarrollar competencias para la vida en la legalidad: construcción de relaciones asertivas, resolución no violenta de conflictos, responsabilidad y proyección y orientación al logro, en sus entornos familiares y sociales.

Según el Comisionado Pearl, la familia es actor clave para el éxito del participante dentro del proceso de reintegración, siendo un factor protector para su permanencia dentro del proceso. Por eso, más de 110 mil familiares de personas que dejaron las armas han sido atendidas por el programa.

Por otro lado, el 99 por ciento de las personas en proceso de reintegración hoy tienen cobertura en salud gracias a su vinculación en el Régimen Subsidiado. Adicionalmente, la Alta Consejería, con el apoyo de las secretarías municipales de salud y de las entidades promotoras de salud, ha realizado brigadas donde además del servicio médico y odontológico, se han desarrollado campañas de promoción y prevención de la salud.

Educación y capacitación

La ACR gestionó la vinculación al sistema educativo de 28 mil desmovilizados y 51 mil de sus familiares. Además, con las secretarías municipales y departamentales desarrolló estrategias educativas acordes a los intereses y capacidades de esta población.

Como resultado de la atención en educación, actualmente el 60 por ciento de las personas en proceso de reintegración se encuentran cursando bachillerato, el 36 por ciento primaria y un 4 por ciento estudios superiores.

Para fomentar que los participantes cursen nivel educativo superior, se diseñaron dos fondos de becas con más de 4 mil millones de pesos, que operan con la modalidad de becas crédito. A la fecha 200 personas se han visto beneficiadas con estas ayudas.

Además de la educación, 13 mil personas en proceso de reintegración accedieron a capacitaciones en los niveles técnicos y tecnológicos, que en su gran mayoría es dictada por el Sena.

Modelo internacional

Gracias a los logros obtenidos por esta política de reintegración basada en el desarrollo comunitario, el proceso colombiano cuenta con el aval de la comunidad internacional y es un referente a nivel mundial.

A la fecha Colombia ha compartido su conocimiento con más de 70 países, 28 organismos intergubernamentales y 37 organismos internacionales. Además, el proceso cuenta con la cooperación técnica de 20 países y 9 agencias internacionales, logrando financiar 28 proyectos.

“Es un hecho que la reintegración está transformando la vida de miles de desmovilizados, de sus familias, de las comunidades que los reciben y de todos los colombianos. Esta es una oportunidad histórica, quizá la mejor que tenemos, para consolidar la paz definitiva en Colombia. No la dejemos pasar. La reintegración nos transforma la vida”, concluyó Frank Pearl, tras invitar a todos los colombianos a participar y apoyar el proceso de reintegración.