A juicio del Gobierno Nacional, el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional debe ser temporal. El Ejecutivo presentó a la Corte Constitucional un plan de inversión estratégico para atender a la población desplazada por 44 billones de pesos durante los próximos 10 años.

Bogotá, 28 jul (SP). El Gobierno Nacional, a través de Acción Social y los ministerios del Interior y de Justicia; Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, le solicitó a la Corte Constitucional que levante el Estado de Cosas Inconstitucionales señaladas por este Alto Tribunal.

Según el Gobierno, el Estado de Cosas Inconstitucionales debe ser temporal. Desde el año 2004 se ha avanzado en mejorar la capacidad de respuesta, se ha multiplicado más de 10 veces los recursos y se tiene el plan de inversión de los 44 billones de pesos. Además en las audiencias presentadas por el Gobierno se muestran avances en identificación, salud, educación, Atención Humanitaria y quedan retos con vivienda, Generación de Ingresos, Tierras y Reparación.

Sobre este particular, es preciso señalar que la Política Pública de Atención a la Población Desplazada diseñada por el Gobierno Nacional, permite orientarla de manera racional para garantizar que la población desplazada efectivamente goce de sus derechos e introduce un enfoque diferencial, como lo ordenó la Corte Constitucional.

De igual manera, estima el Gobierno que hoy existe la capacidad institucional y los recursos económicos necesarios, tanto a nivel nacional como territorial, para atender de manera oportuna, eficiente y eficaz a la totalidad de la población desplazada.

En su petición, las entidades comprometidas con la atención a la población desplazada demuestran que los desplazados y las organizaciones que abogan por sus derechos hoy participan de manera oportuna, significativa y efectiva.

En el documento entregado por el Gobierno Nacional a la totalidad de los Magistrados de la Corte Constitucional, se resalta la contribución suficiente de las entidades territoriales a la superación del Estado de Cosas Inconstitucionales y desarrolla, a través del Sistema Administrativo del Ministerio del Interior, un nuevo esquema de acompañamiento territorial por parte del Gobierno Nacional.

Plan Financiero

El costo total de la Política de Atención a la Población Desplazada asciende a 44,2 billones de pesos constantes de 2010. Recursos que serían destinados, entre otros, a educación, 9,067 billones de pesos; salud, 7,918 billones de pesos; tierras, 7,190 billones de pesos; vivienda, 6,501 billones de pesos; generación de ingresos, 4,645 billones de pesos; alimentación, 2,636 billones de pesos; y Familias en Acción, 2,498 billones de pesos.

De estos recursos, ya financiados, 33 billones de pesos están en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, incluido por la Ley 819 de 2003 como marco legal-institucional para la política fiscal, y presentado anualmente por el Gobierno Nacional, con el propósito de propiciar la transparencia, la disciplina y la responsabilidad fiscal de todo el sector público.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo es una herramienta útil para evaluar el efecto de mediano plazo de las propuestas o decisiones que pueden tener o tienen efectos sobre los ingresos, los gastos y la deuda pública.

Vale la pena resaltar que los recursos asignados para atender a la población desplazada se han multiplicado 10 veces entre el período 1999-2002 y el período 2007-2010. Entre 1999 y 2002, los recursos destinados para tal fin ascendieron a 543 mil 109 millones constantes de 2010; entre 2002 y 2006, los recursos fueron de dos billones de pesos constantes de 2010; y entre 2007 y 2010, el presupuesto para atención a desplazados pasó a 5,3 billones de pesos.