"Estas leyes son de la mayor importancia para el país, no solo porque demuestran el interés y el compromiso que tiene el Gobierno Nacional de mantener la colaboración armónica con la Rama Judicial, sino porque proporcionan las herramientas y los mecanismos necesarios para que Colombia tenga una justicia pronta y eficaz", afirmó el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.

Bogotá, 16 jun (SP). A sanción presidencial pasarán los proyectos de ley de Descongestión Judicial y Arancel Judicial, aprobados ayer por el Congreso de la República y conciliados hoy por las dos cámaras.

De acuerdo con el Ministro del Interior y de Justicia, los dos proyectos son complementarios, puesto que uno de ellos entregará nuevos recursos, y el otro permitirá una justicia pronta, eficaz y cumplida, fortaleciendo de esta manera el sistema judicial.

"Estas leyes son de la mayor importancia para el país, no solo porque demuestran el interés y el compromiso que tiene el Gobierno Nacional de mantener la colaboración armónica con la Rama Judicial, sino porque proporcionan las herramientas y los mecanismos necesarios para que Colombia tenga una justicia pronta y eficaz", afirmó el alto funcionario.

Explicó que la Ley de Descongestión Judicial permitirá evacuar procesos represados por distintos motivos –calculados en un millón 400 mil-, los cuales retardan la administración de justicia.

"Esta norma aprobada por el Legislativo busca la desjudicialización de los conflictos, reducir los trámites judiciales y optimizar el trabajo en los despachos judiciales. Así mismo, establece la creación de los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, los cuales se encargarán de los procesos de mínima cuantía y de esta manera buscamos descongestionar los despachos judiciales", señaló el Jefe de la cartera del Interior y de Justicia.

Indicó que a través de la aprobación de la Ley 1285 de 2009, o Estatutaria de la Administración de Justicia, se crearon 3 nuevos cargos de magistrados para la Sección Tercera del Consejo de Estado.

“De igual manera –agregó Valencia Cossio-, el Gobierno Nacional adquirió la responsabilidad de incluir en el presupuesto de rentas y gastos, durante los próximos 4 años, una partida equivalente al 0.5 por ciento del PIB, para implantar gradualmente la oralidad como mecanismo indispensable para superar la congestión judicial.

En cumplimiento de esta Ley, en el proyecto de presupuesto para 2010 se adicionaron 50 mil millones de pesos para descongestión judicial, además de los 75 mil millones de pesos que se asignan anualmente para este rubro.

Otro logro del Gobierno Nacional fue la aprobación de la ley que busca vigorizar el principio de oportunidad dentro del Sistema Penal Acusatorio, respondiendo así a la implementación de una política criminal orientada a la eficiencia en la administración de justicia. La Fiscalía General de la Nación manifestó un especial interés en este proyecto, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de dicho principio a los desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley.

Así mismo, se presentó, como parte de una reforma estructural a la justicia, el proyecto de ley mediante el cual se crea el Ministerio de Justicia y se reorganiza el Ministerio del Interior, el cual ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes.

"En Colombia, el poder Ejecutivo viene cumpliendo a cabalidad con su mandato constitucional de auxiliar a la justicia para hacer efectivas sus providencias, y de respetar la autonomía e independencia de la rama judicial. Nadie, sin cometer una injusticia, puede afirmar que el Gobierno Nacional no acate ni haga cumplir los fallos judiciales", afirmó el Ministro Valencia Cossio.

Agregó que "es justo reconocer el compromiso y enorme esfuerzo del Gobierno Nacional por fortalecer financieramente las Altas Cortes, los tribunales y juzgados”.

En ese sentido, explicó que de un presupuesto de 831 mil millones de pesos en 2002 se pasó a uno de 1.865 mil millones en 2010, lo que representa un aumento del 52 por ciento. Por su parte, el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación pasó de 657 mil millones en 2002 a un billón 1.453 mil en 2010, lo que representa un aumento del 50 por ciento.

Indicó también que dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en 2008 por el Ministro del Interior y de Justicia, el Gobierno Nacional expidió los decretos de reajuste salarial del 5 por ciento para los servidores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por encima del aumento general.

Con el impulso del Ministerio del Interior y de Justicia -y la previa aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público- se logró la aprobación de créditos internacionales del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por un total de 62 millones de dólares, para la modernización de las Altas Cortes y la Rama Judicial.