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Pasa a debate en la Cámara de Representantes proyecto de ley que reglamenta la prohibición de porte y consumo de drogas

La iniciativa busca, en primer lugar, hacer una diferenciación entre distribuidor y consumidor, indicó el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. “Aquí lo que distinguimos es entre esa persona que es un adicto, que hay que atenderlo a través del sistema público de salud, y quien es el famoso ‘jíbaro’, que es el promotor, el distribuidor”, dijo.

Bogotá, 17 jun (SP). El proyecto de ley que busca la reglamentación del acto legislativo que prohíbe el porte y consumo de drogas pasará a primer debate en la Cámara de Representantes, tras su aprobación en segundo debate en la Plenaria del Senado.

El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, explicó que la iniciativa busca, en primer lugar, hacer una diferenciación entre distribuidor y consumidor.

"Este proyecto simplemente desarrolla de una manera integral, y produce un gran avance en dos cosas fundamentales: el primero, en entender que el adicto es un enfermo y que es el Estado al que le corresponde el tratamiento de ese enfermo.

“Aquí lo que distinguimos es entre esa persona que es un adicto, que hay que atenderlo a través del sistema público de salud, y quien es el famoso ‘jíbaro’, que es el promotor, el distribuidor, el que induce al niño o al joven al consumo y a la distribución de la droga, que es un delincuente. Esa es la gran diferencia", aseguró el alto funcionario.

Valencia Cossio recalcó que el acto legislativo que prohíbe el porte y consumo de sustancias estupefacientes no penaliza al adicto, sino que le permite al Estado asumir la atención médica del mismo.

"Aquí no hay ninguna penalización al enfermo. Además, el Estado acepta, como decían algunos de los honorables senadores, la responsabilidad de asumir el tratamiento", indicó.

El jefe de la cartera del Interior y de Justicia resaltó que con esta reglamentación también se reducirá a la mitad el tiempo del proceso de la extinción de dominio, lo que facilitará la destinación de inmuebles que son utilizados como ‘ollas’, para ser aprovechados como centros de prevención y rehabilitación.

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