El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración aseguró que la Ley 975 de 2005 ha contribuido en la lucha para garantizarles a los colombianos “la no repetición de delitos de lesa humanidad”.

Bogotá, 22 jun (SP). El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank Pearl, destacó que “la Ley de Justicia y Paz ha permitido visibilizar a las víctimas en Colombia. Se ha creado una conciencia nacional en torno a que las víctimas son sujetos de derechos”.

Así lo informó el funcionario durante la presentación del documento ‘Buscando un equilibrio entre la Justicia y la Paz: avances y perspectivas de la Ley 975 de 2005’, desarrollado por la Alta Consejería.

Pearl reiteró que dicha Ley “ha contribuido a garantizar la no repetición de delitos de lesa humanidad y ha impulsado iniciativas para dejar asentada en la memoria nacional una historia que no puede repetirse”.

Señaló que como parte del respaldo del proceso de Justicia y Paz en Colombia, a la fecha se han registrado 281 mil 661 víctimas de la violencia ante la Fiscalía General de la Nación.

El funcionario explicó que “la Ley 975 de 2005 visibilizó a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, ponderó sus derechos a la justicia y a la reparación”.

Agregó que la Ley de Justicia y Paz encausó los esfuerzos de la Nación en esclarecer la verdad de los crímenes perpetrados contra estas víctimas.

El informe indica que la aplicación de esta Ley permitió conocer 40 mil 455 hechos violentos ocurridos dentro del territorio nacional, así como la confesión de 22 mil 419 crímenes.

Además, 2 mil 579 fosas comunes que fueron halladas y exhumadas, y donde se encontraron los restos de 3 mil 131 personas reportadas como desaparecidas; 1.049 de ellas ya fueron plenamente identificadas.

El Alto Comisionado señaló que la Ley de Justicia y Paz presenta dos caras: “Una, que reconoce los derechos que tienen las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición. La otra otorga beneficios jurídicos a las personas que hicieron parte de los grupos armados organizados al margen de la ley”.

Entre los principales retos de la aplicación de la Ley 975 el Comisionado destacó la necesidad de prorrogar la vigencia de esta Ley, la coordinación institucional para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso y la seguridad de algunas víctimas que están siendo amenazadas por participar en la reclamación de sus derechos.

Señaló que es importante fortalecer los mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos para que desde ese país los ex comandantes extraditados sigan revelando la verdad. Añadió que debe haber un mayor respaldo con recursos, logística y seguridad a la labor realizada por la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Además, afirmó que se deben crear más mecanismos que permitan la efectiva restitución de tierras usurpadas y que permitan obtener celeridad en las sentencias condenatorias.

“Es cierto que aún no hay sentencias condenatorias, siendo este uno de los focos más debatidos en la opinión pública acerca del éxito del proceso. Es claro que debemos avanzar; sin embargo, la eficacia de la Ley de Justicia y Paz no puede medirse únicamente por las condenas”, dijo Frank Pearl.

Puntualizó que en cinco años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz la primera fase de operación ha mostrado avances importantes en la restitución de la paz de Colombia. Y concluyó que en una segunda etapa de aplicación de la Ley el esfuerzo del Gobierno Nacional se concentrará en proferir sentencias.