Tras la reunión de la Mesa Nacional de Garantías, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio,  se permite informar a la opinión pública:

1.     Como resultado de la política de Seguridad Democrática, en los ocho años de la administración del Presidente Uribe se han logrado avances significativos en aspectos tan importantes como,  la reducción de homicidios en un 45 por ciento, la reducción de secuestros en el  93 por ciento  y la de acciones terroristas  del 81 por ciento. No obstante,  estos avances en la seguridad nacional para todos los colombianos,  se ha otorgado  una especial protección individual y colectiva a 16 poblaciones vulnerables, entre las que se destacan sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos, población indígena, afrocolombianos,  dirigentes políticos,  concejales, entre otros.

2.     Con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación y la participación de la Policía Nacional y las carteras del Interior y de Justicia, y Hacienda y Crédito Público, a finales de diciembre de 2009 se inició el estudio y análisis de los programas de protección desarrollados  tanto por el Ministerio del Interior y de Justicia, como por la Policía Nacional, con el propósito de definir las competencias y las poblaciones a ser atendidas por cada uno de los mencionados programas, estableciendo los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.

3. Este proceso dio como fruto la expedición del Decreto 1740 del 19 de Mayo de 2010, que en relación con la participación de los representantes de las poblaciones objeto, respetó la concertación que se hizo entre el Gobierno Nacional y dichos representantes cuando fue expedido el Decreto 2788 del 2 de Octubre de 2003, por el cual se unificó y reglamentó el Crer, Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos de los Programas de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia.

4.     El nuevo decreto conserva y respeta los esquemas y los niveles de riesgo con los que actualmente están siendo beneficiadas las personas cubiertas por los programas de protección. Dichos esquemas y niveles de riesgo solo podrán ser modificados por nuevas evaluaciones que se hagan bajo las nuevas regulaciones.

5.     Con respecto a la eliminación de la medida del apoyo de transporte terrestre’ y el ajuste del ‘apoyo de reubicación temporal’, los cuales  venían otorgándose desde agosto de 2006, estos cambios se produjeron para todas las poblaciones objeto del programa de protección y no solamente para los periodistas y comunicadores sociales, en el mejor ánimo de optimizar los mecanismos de protección.

6. En este espíritu, durante la discusión y estudio del nuevo decreto, se valoró especialmente la necesidad de fortalecer la política de protección del programa, privilegiando el fortalecimiento de las medidas duras a personas con riesgo extraordinario o extremo, por encima de la medidas blandas consideradas en el Decreto anterior, entre las cuales se incluían los apoyos de transporte terrestre.

7.   Adicionalmente, sobre este particular, debe mencionarse que en la evaluación que bajo la administración del Procurador Edgardo José Maya Villazón, en octubre de  2008, hizo la Procuraduría General de la Nación a las políticas públicas en materia de protección a las víctimas y testigos del conflicto armado, dicha entidad consideró que “todas  las entidades  del Estado, con excepción de algunas posturas aisladas de las que conforman el Ministerio Público, mostraron su desacuerdo frente a que las medidas de protección tengan un horizonte temporal indefinido, porque son insostenibles en términos financieros y de recursos humanos”.

8. No se puede permitir que las medidas de protección que se decretaron para una coyuntura de seguridad se desfiguren y se conviertan  en medidas de carácter asistencialista, sin límite en el tiempo. Como ejemplo, citan que en muchos casos la ayuda de transporte y de comunicaciones se sigue prestando, aun cuando los niveles de riesgo han dejado de ser extraordinarios.

9.   Con respecto al tema específico del ‘Apoyo de Reubicación Temporal’, la misma evaluación de la Procuraduría afirma que “varios de los entrevistados consideraron que las reubicaciones, como medida de protección, no responden a las necesidades de los beneficiarios y que incluso fomentan el desplazamiento forzado. Por esta razón, algunos líderes sociales han visto gravemente afectados sus derechos fundamentales y los de la comunidad a la que pertenecen”. En este contexto, al ajustar el monto de los apoyos de reubicación temporal, se busca reducir el efecto negativo que con respecto a la reubicación fue visibilizado por la Procuraduría General de la Nación.

10. Sobre las inquietudes respecto a la restitución de tierras de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, se precisó que el pasado 18 de junio se entregó a la Honorable Corte Constitucional un informe sobre el plan de protección y de prevención, así como la metodología para la elaboración del censo segunda  fase, y lo relacionado con los avances de las entidades en cuanto a la diligencia de la suspensión de cualquier acción relacionada con la titulación o cualquier posesión o uso de la tierras, tal como lo solicitó el alto tribunal en el auto del pasado 18 de mayo.

11. En este sentido, la Viceministra del Interior, Viviana Manrique, informó que el próximo lunes 28 de junio se realizará una reunión con los representantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó en Bogotá.

12. Así mismo, el 16 de julio se efectuará una reunión entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Alta Consejería Presidencial para la Acción Social con las representantes de las mujeres desplazadas del país, como parte del cumplimiento de los autos 092 y 200 de la honorable Corte Constitucional.

13. El Gobierno Nacional reitera su voluntad y compromiso con las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó de adelantar no solo la restitución de estas tierras, sino de brindar plenas garantías para su protección, uso y goce efectivo de las mismas.

14. Se acordó con la sociedad civil asistente a la Mesa Nacional de Garantías fijar las fechas para la realización de un Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas en el departamento de Risaralda, así como una reunión con las autoridades locales y departamentales de Norte de Santander, para hacer seguimiento a la articulación Nación-territorio en el tema de derechos humanos.

15. Se informó además de la expedición del Decreto 2271 del 24 de junio de 2010, a través del cual se prorroga el traslado de los esquemas de protección del DAS al Ministerio del Interior y de Justicia, hasta el 31 de diciembre del año en curso.

16. En la Mesa Nacional de Garantías, se reportó por parte del Gobierno Nacional una disminución del 18 por ciento en las masacres perpetradas por los grupos armados al margen de la ley, pasando de 11 casos entre enero y abril de 2009, a 9 en los mismos meses del presente año. También se registra una reducción del 17 por ciento en las víctimas que dejan estas acciones pasando de 54 a 45, en el mismo período comparativo.

17. En cuanto a los homicidios de indígenas, se reportaron en 2009 42 casos y 14 en el 2010, logrando una reducción del 67 por ciento, gracias al compromiso, interés y voluntad del Gobierno Nacional de proteger y garantizar la vida de los pueblos indígenas. Sobre los homicidios a sindicalistas, los resultados de la Política de Seguridad Democrática y del Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, permitieron reducir en un 38 por ciento los casos, pasando de 8, entre enero y abril de 2009, a 5 en los mismos meses del presente año.

18. Así mismo, las acciones terroristas en Colombia durante el último año se redujeron en 81%, los ataques a poblaciones en un 100 por ciento y los ataques contra las torres de energía en un 83 por ciento, según los resultados operacionales registrados entre enero y abril de 2009 y el mismo período del 2010.

19. A la Mesa Nacional de Garantías, asistió por invitación del Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, el electo Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, muestra de la voluntad política del Gobierno saliente y el entrante de continuar con el proceso de diálogo, concertación y garantías a los defensores de Derechos Humanos.

20. En la reunión participaron la Viceministra del Interior, Viviana Manrique; el Viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, el Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar; el Representante de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro; el Inspector General de las Fuerzas Militares, General Carlo Suárez, el Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, Rafael Bustamante; el Embajador de España en Colombia, Andrés Collado; delegados de la Fiscalía General de la Nación, Programa Presidencial de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, las embajadas de Suiza y Suecia, los representantes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comisión Colombiana de Juristas, Minga, Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, Cinep, Corporación Reiniciar y sectores sociales.

 Bogotá, junio 25 de 2010