Bogotá, 29 jun (SP). El Conpes dio su aprobación a la Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la Consolidación Territorial, que busca mejorar la sostenibilidad e integralidad de los procesos de erradicación manual, tanto voluntaria como forzosa.

De esta manera el Gobierno Nacional podrá fortalecer la coordinación entre las entidades que participan en las estrategias de lucha contra las drogas; mejorar la información en relación con la detección de cultivos ilícitos; fomentar la cultura de la legalidad en las comunidades afectadas y en riesgo de afectación por cultivos ilícitos y; afianzar procesos integrales y sostenibles de desarrollo alternativo.

“La estrategia de erradicación manual voluntaria está orientada a promover opciones lícitas de empleo e ingresos para comunidades que se comprometan a mantener libres de ilícitos los territorios en los que habitan, bien a partir de procesos de erradicación previa o de prevención de la expansión de los cultivos ilícitos”, explicó el Director del Departamento Nacional de Planeación, Esteban Piedrahita.

En la erradicación voluntaria se destacan dos programas:

El primero de ellos es Familias Guardabosques, que desde 2003 hasta marzo de 2010 ha intervenido en 23 departamentos y 126 municipios y ha vinculado 113 mil 779 familias.

El segundo es el Programa de Proyectos Productivos, que trabaja con organizaciones sociales en la implementación de proyectos como cacao, café, caucho, palma y forestales. La inversión en esta estrategia desde el 2003 hasta abril de 2010 ha sido de 100 mil 612 millones de pesos, lo que ha permitido intervenir 94 mil 93 hectáreas con proyectos legales y el apoyo de cerca de 44 mil familias.

De otro lado, gracias a las acciones de erradicación forzosa ejecutadas por los Grupos Móviles de Erradicación y por la Fuerza Pública, entre 2005 y abril del 2010 se han intervenido alrededor de 312 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

Según el documento aprobado por el Conpes, a pesar de los esfuerzos institucionales, financieros y operativos realizados, y los logros obtenidos en la lucha contra las drogas, se debe afianzar los procesos integrales y sostenibles de erradicación manual de cultivos ilícitos y de desarrollo alternativo en áreas afectadas por cultivos ilícitos o en riesgo de estarlo, en armonía con las estrategias de consolidación territorial.

En la aplicación de esta política, toman parte los ministerios del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación Nacional, y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

También participan la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Departamento Nacional de Planeación.