Uno de los logros más relevantes de esta Ley es que ha permitido visibilizar a las víctimas. Para ellas, el Gobierno Nacional creó la reparación individual administrativa con recursos del Estado, lo que se calcula puede llegar a costar 7 billones de pesos en diez años. Las confesiones a partir de las versiones libres han permitido a la justicia exhumar 2.579 fosas comunes, en las que han encontrado 3.131 cadáveres, de los cuales 1.046 ya han sido plenamente identificados.

Bogotá, 29 jun (SP). En cinco años de implementación, la Ley de Justicia y Paz ha permitido la confesión de 22 mil 419 delitos en versiones libres ante la justicia, por desmovilizados de grupos armados al margen de la Ley.

Así lo revela el ‘Policy Paper’ realizado y presentado por la Corporación Pensamiento Siglo XXI, la Fundación Konrad Adenauer y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, denominado ‘Buscando un equilibrio entre la Justicia y la Paz: Avances y perspectivas de la Ley 975 de 2005’.

El documento señala que las confesiones de las 4.162 personas postuladas por el Gobierno a la Ley 975 también han permitido a las autoridades exhumar 2.579 fosas comunes, en las que han encontrando 3.131 cadáveres, de los cuales 1.046 ya han sido plenamente identificados.

Víctimas

La Ley de Justicia y Paz permitió visibilizar a las víctimas en Colombia. A la fecha, 281 mil 661 personas se han registrado ante la Fiscalía General de la Nación y de ellas 50 mil 461 han participado directamente en las diligencias de versión libre que han rendido los postulados para conocer la verdad de lo que les ocurrió a ellas o a sus familiares.

A partir del principio de la solidaridad, el Gobierno Nacional creó la reparación individual administrativa de las víctimas con recursos del Estado, lo que se calcula puede llegar a costar 7 billones de pesos en diez años. En el 2009 se realizaron 26 mil 375 giros por un total de 200 mil millones de pesos. Se espera pagar 300 mil millones adicionales durante el presente año.

Además se prepara un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que fije una política pública y un conjunto de estrategias para reparar integralmente, no sólo a las víctimas de grupos armados al margen de la Ley, sino en general a todas las personas que hayan sufrido los estragos de la violencia en el país.

Adicionalmente, como parte del proceso de Justicia y Paz, los victimarios han devuelto bienes para la reparación de las víctimas y han hecho manifestaciones de reparación simbólica y de garantía de no repetición.

Así, los postulados han entregado 93 predios, cuyo avalúo técnico asciende a más de 20 mil 600 millones de pesos. Adicionalmente, el Fondo Nacional para la Reparación cuenta con 8 mil 925 millones de pesos, constituidos en Títulos de Tesorería (TES) provenientes de la venta de los bienes muebles entregados con ocasión de las desmovilizaciones, entre otras fuentes.

Con la implementación de Justicia y Paz, Colombia está a la vanguardia de la aplicación de modelos transicionales de justicia ante el mundo, pues ha creado los mecanismos que permiten someter a ésta a los responsables de crímenes de lesa humanidad, conocer la verdad de los hechos violentos y reparar a las víctimas, lo que ha creado condiciones de no repetición.

“Sin embargo, este Gobierno nunca ha estado más convencido de que la verdad produce justicia y reparación y que reivindicando los derechos de las víctimas, habrá reconciliación nacional y un camino más oportuno para avanzar hacia una nación sostenible y en paz. Estamos seguros, que esta puerta la ha abierto en gran medida la Ley de Justicia y Paz”, puntualiza el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, en el documento.