"Más de 17 mil casos (de delitos) ya están totalmente esclarecidos. Sabemos cómo ocurrieron y quiénes son los culpables, lo cual habría sido imposible sin un instrumento como la Ley de Justicia y Paz", sostuvo este lunes el Vicepresidente de Colombia al intervenir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra.

Ginebra, Suiza, 1° mar (SP). El Gobierno de Colombia expresó su preocupación por la diferencia de estándares internacionales que se utilizan para medir y evaluar hechos y procesos relacionados con los Derechos Humanos.

Así lo indicó el Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, al intervenir este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza).

“Pareciera que primero se mirara a cuál país se examina antes que la realidad sobre la cual se va a hacer un juicio, una apreciación o un informe”, dijo el Vicepresidente de Colombia.

Durante el segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos, que se realizó este lunes en el Palacio de la Naciones en Ginebra (Suiza), el funcionario consideró que “son injustas e infundadas las críticas que organizaciones y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos formulan al proceso de Justicia y Paz”.

“Gracias a la Ley de Justicia y Paz hoy se encuentran en proceso de verificación 34 mil 377 homicidios, mil 148 masacres, mil 520 casos de reclutamiento de menores, dos mil 786 desapariciones forzadas, tres mil 607 casos de desplazamiento forzado, 297 casos de tortura, 34 casos de violencia sexual y mil 123 secuestros sobre los cuales los paramilitares han asumido su responsabilidad en las versiones libres. Más de 17 mil de estos casos ya están totalmente esclarecidos. Sabemos cómo ocurrieron y quiénes son los culpables, lo cual habría sido imposible sin un instrumento como la Ley de Justicia y Paz”, explicó.

El Vicepresidente expresó que la apertura del Estado y el país a la comunidad internacional debe ser respondida con análisis objetivos y valoraciones que correspondan a la realidad. “Informes realizados con independencia, pero también con imparcialidad y objetividad”, agregó.

Dijo que la mayoría de los informes sobre Colombia sostienen que la Ley de Justicia y Paz no se ajusta a estándares internacionales; que hasta hoy no se ha proferido una condena a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos; que el derecho a la verdad a las víctimas se está desconociendo, además, como política estatal; se pide que se reforme la Ley o que se apruebe otra lo cual carece de fundamento.

“Colombia tiene todo el derecho a preguntarse: ¿de cuáles estándares internacionales nos están hablando? Me parece que lo justo sería proponer nuestra experiencia como ejemplo internacional. Tenemos en proceso de imputación de cargos para condena a 195 procesados, entre ellos 90 por ciento de los máximos comandantes de las Auc, acusados por 16 mil 776 crímenes. En 2009 destinamos 100 millones de dólares para reparaciones que beneficiaron a 26 mil 300 personas pertenecientes a 10 mil 593 familias. En 2010 esta cifra ascenderá a 150 millones de dólares que beneficiarán a 39 mil personas de 15 mil familias”, afirmó.

Expresó que negarle a Colombia la posibilidad de integrarse comercialmente al mundo, equivale a fortalecer la economía ilegal, la informalidad y la violencia. “Quienes promueven esa posición impulsan esos fenómenos, en detrimento del bienestar de nuestra población”, dijo.

Así mismo, mencionó la relación que existe entre tráfico de armas, narcotráfico y violaciones de Derechos Humanos. Dijo que los grupos armados ilegales han crecido y se fortalecen en Colombia por las importantes utilidades que obtienen del narcotráfico.