El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, indicó -durante el Consejo Extraordinario de Ministros este sábado en Hatogrande- que una de las metas de su cartera es avanzar en el proceso de depuración del inventario de bienes incautados y con extinción de dominio, para entregarle al país una nueva administración, clara, técnica, ágil, transparente y productiva de los muebles e inmuebles derivados de la actividad ilícita del narcotráfico.

Bogotá, 13 mar (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, señaló este sábado, durante el Consejo Extraordinario de Ministros, que al finalizar la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, el próximo 7 de agosto, se le habrán entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cerca de 10.500 bienes rurales y urbanos producto de procesos de extinción de dominio.

Al intervenir en la jornada que encabeza el Presidente Uribe, en la Hacienda Hatogrande, para revisar los logros y retos del Gobierno en los 150 días que faltan, el alto funcionario indicó que una de las metas de su cartera es avanzar en el proceso de depuración del inventario de bienes incautados y con extinción de dominio, para entregarle al país una nueva administración, clara, técnica, ágil, transparente y productiva de los muebles e inmuebles derivados de la actividad ilícita del narcotráfico.

Los recursos obtenidos por la administración y venta de estos bienes –dijo el Ministro Valencia Cossio- se emplearán en la terminación de los nuevos centros penitenciarios, así como en el apoyo de entidades que combaten la producción, comercialización y consumo de estupefacientes. También se destinarán a la financiación de programas de prevención y rehabilitación para las personas adictas al consumo de drogas ilícitas.

Cero hacinamiento

Entre los 8 retos que su cartera asumirá en los últimos 150 días de Gobierno figuran, así mismo, la meta de cero hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, así como el fortalecimiento de las políticas públicas en favor de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Ayuda para la reconstrucción de Haití

“Otra de las áreas donde haremos un trabajo especial será la propuesta de reconstrucción que adelantará Colombia en Haití, en el marco de la cooperación bilateral y multilateral. Así mismo, se elaborará un documento Conpes como modelo de reasentamiento y reubicación pos desastres para la Cuenca del Río Páez”, dijo el alto funcionario.

Indicó que para los grupos étnicos se diseñará la Directiva Presidencial que garantice el respeto al derecho fundamental de la Consulta Previa, y concertará el Plan Nacional de Garantías para los pueblos indígenas.

‘El Presidente Uribe le ha devuelto la confianza al país’

“Nos hemos entregado al país, trabajando con honestidad y responsabilidad patriótica, y lo seguiremos haciendo hasta el 7 de agosto, convencidos de que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe ha dividido la historia de Colombia en dos. Los retos que he presentado estarán dirigidos a continuar fortaleciendo la democracia y la Justicia, componentes esenciales de la política de Seguridad Democrática, porque usted, señor Presidente, nos ha devuelto la confianza”, declaró Valencia Cossio al intervenir en la jornada que trazará la agenda del Gobierno en los próximos 150 días.

Sobre su gestión como coordinador de las relaciones entre el Ejecutivo y el poder Legislativo, el Jefe de la cartera del Interior y de Justicia afirmó que en este último período priorizará los proyectos de descongestión judicial y arancel judicial, Código de Convivencia, liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Ley de Delitos Menores.

Compromisos

Los siguientes son los compromisos de la cartera del Interior y de Justicia en lo que resta del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez:

1. Terminar la construcción de diez nuevas cárceles en los municipios de Puerto Triunfo, Acacías, Florencia, Jamundí, Guaduas, Medellín y Bogotá

Con una inversión final de un billón cuatro mil millones de pesos, seguirá fortaleciéndose la política criminal y penitenciaria buscando superar la situación actual de hacinamiento que a la fecha llega al 41,7 por ciento, con la entrega de las diez nuevas cárceles que generarán 22.453 nuevos cupos. Ya se le entregaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Cúcuta, Yopal e Ibagué.

Se continuará con en el mejoramiento de la calidad de vida y la salud de la población reclusa. En lo que resta de este Gobierno se desembolsarán 177 mil millones de pesos antes del 7 de agosto.

2. Concluir el proceso de reconstrucción de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y la entrega de los bienes incautados y con extinción de dominio a la Sociedad de Activos Especiales (SAE)

Se avanzará en el proceso de depuración del inventario de bienes incautados y con extinción de dominio, entregándole al país una nueva administración, clara, técnica, ágil, transparente y productiva de los muebles e inmuebles derivados de la actividad ilícita del narcotráfico.

Para el 7 de agosto se le habrán entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) cerca de 10.500 bienes rurales y urbanos. Los recursos obtenidos por la administración y venta de los mismos se emplearán en la terminación de los nuevos centros penitenciarios, para apoyar a las entidades que combaten producción, comercialización y consumo de estupefacientes, y la financiación de programas de prevención y rehabilitación para las personas adictas al consumo de drogas ilícitas.

3. Impulsar en el Congreso de la República la agenda legislativa, priorizando los siguientes proyectos de ley:

Descongestión judicial, arancel judicial, Ley de Delitos Menores, Código de Convivencia Ciudadana y liquidación del DAS.

4. Implementación del Sistema Administrativo del Interior

Se desarrollará la implementación del Sistema Administrativo del Interior, como modelo de articulación entre la Nación y los entes territoriales, respetando la descentralización y autonomía local y departamental. Se instalarán 32 comisiones regionales del Interior, que permitirán un diálogo fluido con los actores que intervienen, y una coordinación entre las políticas nacionales y su ejecución nacional.

5. Coordinación de la acción de Colombia en Haití

El Ministerio del Interior y de Justicia, como coordinador del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, ha organizado hasta el momento el envío y distribución de la ayuda humanitaria de Colombia en Haití.

Con el ánimo de continuar con este propósito, se trabajará en la coordinación de la propuesta que el país aportará para la reconstrucción de la isla, en el marco de la cooperación bilateral y multilateral, con acciones concretas para 2010, 2011 y 2012, a través de un proyecto integral que permita aportar las mejores experiencias de Colombia en atención de emergencias, prevención, sostenibilidad, consolidación, planeación y reconstrucción.

6. Programa Nacional de Garantías para Comunidades Indígenas

Se realizará la consulta previa y la concertación del programa para garantizar el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en situación o riesgo de desplazamiento, a través de mecanismos efectivos de prevención, protección y atención diferencial. Estará dirigido a 84 pueblos y 4.500 comunidades.

7. Modelo de Política Preventiva por Amenaza Volcánica

Para preservar la vida de los colombianos asentados en la cuenca del río Páez, habitada por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en asocio con instituciones del Estado como Ingeominas, Dane e Igac, entre otras, se trabajará un documento Conpes dirigido a reducir las condiciones de riesgo para la población que vive en la cuenca del río Páez y proyectado para la atención de esa comunidad pluriétnica y multicultural, ubicada en Tierradentro, zona declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Este Conpes permitirá garantizar recursos para ejecutar obras en vivienda, infraestructura, espacios públicos, sector social, reactivación económica, incorporación del riesgo en la planificación, conocimiento del riesgo y capacidad de respuesta.

8. Diseñar una Directiva Presidencial sobre la Consulta Previa

En cumplimiento de la Constitución Política, la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, el Ministerio del Interior y de Justicia se compromete a diseñar una directiva presidencial que permita garantizar el derecho fundamental que tienen los grupos étnicos nacionales a la Consulta Previa, la cual hará referencia a las acciones que requieren de ella y a aquellas que no la necesitan.