Gobierno Nacional dispuso de 10 mil millones de pesos adicionales del presupuesto nacional para apoyar la estrategia 'Retornar es Vivir', dirigida a la población desplazada del país. Acción Social y las demás entidades del Estado acompañarán estos retornos.

Sopó, Cundinamarca, 13 mar (SP). La estrategia ‘Retornar es vivir’ le permitirá al Gobierno Nacional garantizar el restablecimiento pleno de los derechos fundamentales de las familias que se encuentran en situación de desplazamiento y que voluntariamente han manifestado sus intenciones de regresar a casa, gracias a la política de Seguridad Democrática y al Plan Nacional de Consolidación.

Liderada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), ‘Retornar es Vivir’ permitirá consolidar 28 retornos que se vienen trabajando en el Oriente Antioqueño, Montes de María, Bolívar, Cesar, Chocó, Magdalena, Nariño, Sucre y Valle del Cauca.

Se busca que las familias retornadas encuentren en su proceso de reconstrucción de vida, el apoyo de las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada (Snaipd).

“Vamos a apoyar estos 28 retornos prioritarios; un retorno es el triunfo de la Seguridad Democrática, un retorno es el triunfo del campo en Colombia, es el triunfo de la reconciliación, y a eso vamos a estar dedicados antes de finalizar el Gobierno”, indicó el Director de Acción Social, Diego Molano, en desarrollo del Consejo de Ministros.

Con el fin de cumplir con este propósito, el Gobierno Nacional dispuso de 10 mil millones de pesos adicionales en el presupuesto nacional, con el fin de apoyar la estrategia. Estos recursos serán utilizados en la reconstrucción de pueblos, viviendas, puestos de salud y adelantar programas de educación, salud, saneamiento básico y ayuda humanitaria.

‘Retornar es Vivir’ está direccionada a la intervención integral de las comunidades a partir de los 13 elementos: habitabilidad, tierras, salud, educación, vías y comunicaciones, acceso de la población al aparato judicial, servicios públicos básicos, seguridad alimentaría, ingresos y trabajo, acompañamiento humanitario, programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, mujeres y población discapacitada, organización social y atención psicosocial.

La puesta en marcha de la estrategia es una más de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para dar estricto cumplimiento a la tutela de la Corte Constitucional T-025 de 2004 y a los autos en los que este Alto Tribunal ordena un trato diferencial para la niñez y la adolescencia, para las comunidades afrodescendientes e indígenas y para los discapacitados.