Bogotá, 4 may (SP). “Es una reunión sumamente importante desde el punto de vista técnico, y por supuesto, desde el punto de vista de políticas públicas.

Permítanme contar algunas apreciaciones de lo que, en esta materia, ha hecho el Gobierno que concluye, a lo largo de estos ocho años.

Yo empezaría por hacer unas breves referencias sobre lo que para este Gobierno ha significado la relación Estado-sector privado; en segundo lugar, el proceso de construcción de gobernabilidad; en tercer lugar, la relación con las regiones; en cuarto lugar, cómo ha concebido este Gobierno el proceso de ejecución y evaluación, cómo hemos dividido la evaluación en evaluación interna y en evaluación de opinión; cómo hemos procedido a dar todas las oportunidades para que haya evaluación de políticas públicas a cargo de la opinión ciudadana, las consecuencias de los hemos hecho en esa materia.

Entonces empecemos.

Reforma del Estado

El Estado. Para nosotros ha habido dos grandes equivocaciones en América Latina: Una, cuando en nombre de una exageración del consenso de Washington se quiso acabar el Estado, y la otra, cuando se fue al otro extremo: acabar el sector privado, imponer un Estado burocrático, omnipotente, que anule la iniciativa privada.

Nosotros hemos venido trabajando por un Estado de amplia participación comunitaria, que en ningún momento anule la iniciativa privada, que la estimule, pero que la entienda como un medio para garantizar el bienestar colectivo.

Nosotros hemos reformado en este Gobierno 465 entidades del Estado, pero no hemos eliminado el Estado.

Me dicen: ‘Ustedes han eliminado Estado y han eliminado patrimonio público.

De ninguna manera.

Yo les diría que vale mucho más lo que tiene hoy el Estado colombiano en el 50 por ciento menos una acción de Colombia Telecomunicaciones, que lo que tenía el Estado colombiano en Telecom.

Vale mucho más, como patrimonio público, lo que tiene hoy el Estado colombiano, dueño del 88 y medio, del 89 y medio por ciento de Ecopetrol, que lo que tenía el Estado colombiano en el ciento por ciento de la vieja Ecopetrol.

Creo que vale mucho más lo que tiene hoy el Estado colombiano en la Nueva EPS, que gasta el 9 por ciento en gastos de funcionamiento sobre el total de sus ingresos, que lo que tenía el Estado colombiano en la vieja EPS del Seguro Social, que gastaba el 28 por ciento en gastos de funcionamiento, porcentaje medido sobre el total de sus ingresos.

Hemos reformado el Estado sin afectar el patrimonio público, creciendo el patrimonio público, pero también con la idea de que ese Estado le de todo, todo, todo el espacio a la iniciativa privada.

¿Por qué creemos en la iniciativa privada?

Primero, no es para nosotros un fin en sí mismo, es un medio de construcción de bienestar, de superación de pobreza, de construcción de equidad. Y pensamos, con mucha preocupación, que cuando se le afecta, los pueblos se aperezan, la investigación no produce resultados, la productividad se adormece, la competitividad desaparece, y por tanto, se afecta la calidad de vida.

Y esto tiene un respaldo en lo que pasó tras el colapso soviético, tras el colapso de la China de Mao Tse Tung, tras el colapso del Muro de Berlín, etcétera.

Entonces: iniciativa privada con responsabilidad social, y Estado con más eficiencia, Estado con más responsabilidad en sus costos, Estado no derrochador.

Por ejemplo, cuando uno ve el tránsito de las viejas clínicas del Seguro Social a las nuevas clínicas del Seguro Social, uno podría decir que hemos pasado de un concepto de Estado destructor de calidad de vida, de un Estado derrochador de recursos, a un concepto de Estado de eficiencia social.

Yo pienso que ignorar el papel del Estado en la eficiencia social es muy grave.

Aquí había un concepto predominante en algunos sectores de la política, de sostener lo estatal por un prurito meramente ideológico, sin medirle su eficiencia, sin medirle su competitividad, sin medirle su contribución al bienestar de la comunidad. Sostener el Estado a pesar del desgreño administrativo.

Nosotros creemos que ha habido unas trasformaciones que nos ayudan a pasar de ese desgreño estatal, a la eficiencia social, y combinando actores de gran importancia a la sociedad colombiana, que son una institucionalidad que no deberíamos renunciar a ellas, como las cajas de compensación; que por ejemplo en el tema de la Nueva EPS del Seguro Social, las hemos convertido en socio y en operador de esa Nueva EPS.

Y creemos que hemos dado otro paso en esa reforma del Estado.

Por ejemplo, nosotros no hemos cerrado un solo hospital público, hemos reformado más de 200, incluida la reforma de las clínicas del Estado. Eso sí, lo que hemos eliminado en todos aquellos donde se ha reformado es la politiquería y el exceso sindical, como lo recordábamos hablando del sindicalismo de participación –una orientación en la que creemos profundamente- el pasado 1° de mayo en la ciudad de Popayán.

Entonces, ahí hemos venido impulsando ese concepto de Estado con alta participación comunitaria.

Gobernabilidad y meritocracia

Segundo: la gobernabilidad.

Este Gobierno ha introducido la meritocracia. Yo preguntaba el domingo, en el Sena, en un Consejo Comunitario de evaluación, de lo que ha hecho la entidad en los ocho años, donde estaban todos los directores, y preguntaba: ¿Quienes de ustedes han llegado aquí por meritocracia o han avanzado en estos años por meritocracia? Y la inmensa mayoría levantaba la mano, la inmensa mayoría levantaba la mano, y yo creo que eso es muy bueno para el país.

Y decía: bueno, pero no es para que se apelmacen, es para que se llenen de mística. Un Estado sin mística no funciona.

Y un elemento que uno ha visto en el Estado, infortunadamente, es la ciudadanía, los funcionarios muy preparados, pero se apelmazan, se amodorran.

Entonces, por eso para nosotros ha sido muy importante la garantía de la meritocracia, pero al mismo tiempo el impulso de la mística. Yo creo que esa es una combinación absolutamente necesaria.

Nosotros hemos sustituido clientelismo por meritocracia.

Nosotros eliminamos auxilios parlamentarios. En este Gobierno no ha habido un peso de auxilios parlamentarios.

Se destinaron billón 400 mil millones para apoyar los planes departamentales de agua en todos los departamentos, en lo que podríamos llamar igualdad de condiciones.

Entonces, la gobernabilidad no se ha construido sobre deformaciones del Estado, la gobernabilidad hemos procurado construirla apelando directamente a la ciudadanía.

Yo creo que las leyes que el Congreso nos ha aprobado, las ha aprobado no porque hayamos dado auxilio parlamentarios, sino porque el Congreso ha leído el mandato ciudadano, que el Gobierno ha estado alimentando permanentemente.

Yo creo que en este tema de evaluación de políticas públicas, es muy importante preguntarse de dónde viene la gobernabilidad.

Y en este Gobierno hemos buscado que la gobernabilidad llegue directamente de la ciudadanía, que la gobernabilidad en el entendimiento por ejemplo del Gobierno con el Congreso, se origine en la ciudadanía, no en prebendas. Creemos que eso es algo importante de examinar.

El tema de la relación con las regiones.

Unos años muy difíciles, pero yo creo que hemos avanzado para bien, y me voy a referir a dos o tres temas: la seguridad, la protección de la descentralización, las nuevas normas de transferencias.

Seguridad

Cuando nosotros llegamos, aproximadamente 400 alcaldes de la Patria no podían despachar en sus municipios porque el terrorismo no los dejaba.

Yo recuerdo que el ocho de agosto de 2002 nos montamos en un avión a las 4:00 de la mañana, veía al uno y al otro esperándome ahí en el avión, ojerosos, como que no hubieran dormido.

Llegamos a Valledupar (Cesar) antes de que despuntara el sol a empezar la política de Seguridad Democrática, ya se había posesionado el gabinete la noche antes, y le dije a la Ministra (de Educación) Cecilia María Vélez: apenas empecemos la Seguridad Democrática en Valledupar, nos vamos para Florencia (Caquetá) a empezar la política educativa.

Poco se pudo hablar esa tarde del 8 de agosto de política educativa en Florencia, porque todos los alcaldes del Caquetá estaban asilados en la Brigada (del Ejército) en Florencia y en la Gobernación, que el terrorismo los quería matar, no podían estar en sus municipios.

Hoy todos los alcaldes de Colombia están operando en sus municipios, los gobernadores, con esa enorme tragedia, con ese gran revés de diciembre, que fue el secuestro y asesinato del Gobernador del Caquetá (Luis Francisco Cuellar).

Yo creo que eso ha ayudado mucho a fortalecer las políticas públicas, quitarles esa pesadilla del terrorismo a las autoridades locales.

Y los hemos rodeado a todos de garantías sin detenernos en el origen político de su elección.

Hemos procurado entendernos con los 32 gobernadores y con los mil 102 alcaldes, sin reparar por el partido al cual pertenezcan, sin preguntar si son afectos o desafectos al Gobierno.

Pienso que eso es necesario para la coordinación de las políticas públicas, para el buen resultado de las políticas públicas, para esa mínima unidad que se requiere en aquello de alimentar el sentimiento patrio, y para la gobernabilidad.

Nosotros por ejemplo en todas nuestras políticas públicas apoyamos a los municipios y a los departamentos en igualdad de condiciones, sin detenernos en el examen: a este alcalde, a este gobernador le gusta o le choca el Gobierno Nacional.

Yo creo que eso es algo bien importante, poder decir al cabo de ocho años –y creo que los gobernadores y los alcaldes lo avalan- que nos hemos entendido con todos, hemos procurado hacerlo con inmenso respeto, prescindiendo de sus orientaciones, de sus inclinaciones políticas.

Y creo que al haberlos rodeado de garantías y enfrentar con la Seguridad Democrática el terrorismo, hemos avanzado mucho en acabar una enorme fuente de corrupción, que era el apoderamiento de los recursos de las regiones por parte de los grupos terroristas.

La falta de seguridad, el desprecio del Estado por la seguridad, abrió enormes espacios para que los grupos terroristas se apoderaran de los recursos de la descentralización.

Este país, diría yo, que ha sido un país de una lucha permanente por la descentralización.

Cuando uno examina ahora el proceso de 200 años de vida independiente, en el que solamente hemos tenido escasos 47 años de paz, ve que la lucha por la descentralización empezó al otro día del grito de Independencia.

La lucha por la descentralización alimentó buena parte de las guerras civiles del siglo XIX, la lucha por la descentralización en el siglo XX tuvo avances muy importantes en el situado fiscal de la reforma constitucional del Presidente (Carlos) Lleras Restrepo; en las leyes 11 y 12 de la administración (Belisario) Betancourt, siendo Ministro el doctor Jaime Castro; en el Acto Legislativo propuesto por el doctor Álvaro Gómez, Senador de la República, que incorporó la elección popular de alcaldes; finalmente en la Constitución de 1991.

Yo creo que el terrorismo estaba acabando con la descentralización, porque no permitía que las autoridades regionales y locales operaran, y porque se robaba, asaltaba los recursos de las regiones.

Uno veía en los departamentos de regalías el zarpazo de parte de las guerrillas. En Arauca se peleaban el Eln y las Farc, a ver quién se apoderaba de las regalías, y le enseñaron ese camino a los paramilitares.

Entonces en muchas regiones uno encontraba las dos guerrillas y los paramilitares asaltando a sangre y fuego los presupuestos públicos.

Yo creo que eso abrió en el país una enorme tronera de corrupción, y creo que el enfrentamiento que este Gobierno le ha hecho al terrorismo ha combatido ese factor de corrupción en beneficio del rescate de la descentralización. Nosotros creemos que eso es bien importante para las políticas públicas.

Transferencias a las regiones

Las transferencias. Cuando empezó nuestro Gobierno las transferencias a las regiones valían 12 billones, este año valen 23 (billones). Yo creo que ahí hay un avance bien importante.

Esta crisis que acabamos de tener de la cual no hemos salido. Colombia doblemente afectada: Colombia afectada por la crisis internacional y por la crisis particular de Venezuela.

Nosotros en lugar de haber reducido las transferencias so pretexto de la crisis, las continuamos aumentando de acuerdo con la regla constitucional de 2007.

Yo creo que eso es algo que hoy debería reconocerse en las regiones.

Con lo que nos pasó a nosotros el año pasado, en caída de los recursos del recaudo de la Nación habríamos tenido razones para lavarnos las manos y presentar una reforma extraordinaria al Congreso diciendo ‘no podemos sostener este nivel de transferencias’.

Sin embargo, las transferencias en los dos últimos años han crecido a ritmos del siete, ocho por ciento anual, en beneficio de la descentralización.

Yo diría que el país es más descentralizado de lo que se le aprecia.

En este país nuestro, las regiones ejecutan el 52, 53 por ciento de todo el gasto del Estado, y en muchos casos hay unas ineficiencias, una incapacidad de reformar el Estado, y entonces las autoridades excusan eso en falta de recursos.

A mí me preocupa mucho en el debate en algunas regiones, oír que simplemente se dice: necesitamos más transferencias, necesitamos más aportes de la Nación, pero nunca se dice qué están haciendo para mejorar sus políticas públicas, qué están haciendo para desburocratizar el Estado.

Porque yo creo hay unos principios elementales en el Estado: uno tiene que escoger entre si tiene un Estado con más costos burocráticos o un Estado con menos costos burocráticos y más esfuerzo en materia de inversión social. Y ese es un tema que se ha presentado en pocas regiones de Colombia.

Entonces uno ve que en algunas regiones reclaman mucho del Gobierno Central, pero hacen pocos esfuerzos para reformar las propias instituciones regionales o locales.

Y hay algunas ciudades de Colombia que tienen muchos ingresos, porque son ricas en empresas del Estado, pero hacen muy pocos esfuerzos en materia de eficiencia en la gestión pública, y eso no se ha examinado.

Y como no han entrado en crisis porque tienen unas empresas muy rentables, entonces la ciudadanía todavía no les ha hecho la evaluación de su eficiencia.

Generalmente la evaluación de la eficiencia se hace es cuando se entra en crisis.

Nosotros por esa crisis de las transferencias fue que nos dimos a la tarea de evaluar si había servido o no el aumento de las transferencias en materia de acueductos.

Y el doctor Santiago Montenegro cuando era Director de Planeación nos sorprendió con algo que nos hizo reflexionar, dijo: aquí ha aumentado tanto la transferencia para acueductos, pero no ha aumentado la cobertura; y mostraba una línea bastante inclinada de aumento de transferencias y una línea bastante horizontal de aumento de cobertura y de mejoramiento de calidad. Y eso lo vimos por la crisis.

Yo creo que hay unas ciudades colombianas que como tienen mucho dinero, entonces todavía no se les ha podido evaluar su grado de ineficiencia.

Ahí el país está en deuda, porque no solamente hay que exigirles eficiencia a los que están mal, sino a los que aparentemente están bien.

Evaluación de las políticas públicas

Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en la idea de concebir las políticas públicas, en la idea de crear esos equipos, de asignar tareas y de evaluarlas.

Y hemos pretendido tener siempre la evaluación interna y la evaluación de opinión.

Si ustedes me preguntaran cómo dividiría yo en el Gobierno nuestro la evaluación de las políticas públicas. (Respondería) En esas dos categorías: la evaluación interna y la evaluación de opinión.

La evaluación interna en el Departamento Nacional de Planeación, en el Ministerio de Consejería de la Presidencia, con el Sigob (Sistema de Programación y Gestión de Gobierno).

En el Departamento Nacional de Planeación yo creo que hemos mejorado bastante en la evaluación, porque se están evaluando más políticas y con más frecuencia.

A mí me preocupan mucho los intervalos tan amplios que ha tenido el país para evaluar las políticas frente a la pobreza, que se evalúan cada cinco, cada siete, cada año, cada 10 años. Yo creo que hay que avaluarlas periódicamente.

Nosotros hemos pedido: tengamos una evaluación periódica, que nos vaya indicando cómo vamos en eso, porque entonces, se evalúa cada cinco años; un Gobierno no tuvo oportunidad de darse cuenta cómo iban de bien o cómo iban de mal sus políticas en la lucha contra la pobreza.

Pienso que allí hay unos avances importantes, que han tenido una integración entre planeación y el Dane.

Otra evaluación que hemos pedido que sea con más frecuencia, para no citar todas esas evaluaciones: el tema de la lucha contra el narcotráfico.

Hemos pedido que haya una evaluación permanente por ejemplo del tema de cultivos ilícitos, una evaluación permanente del impacto de la economía del narcotráfico en el PIB (Producto Interno Bruto), etcétera.

Hemos exigido más información.

Una cosa que me sorprende mucho a mí en el Estado Central –les voy a hacer una confesión sin regionalismo, muy objetiva, con el ánimo de decir cosas crudas para contribuir- cuando era yo Gobernador de Antioquia, con mis compañeros tratábamos de ser muy exigentes en cifras, y dejamos una disciplina muy importante de cifras. Me ha dado mucha lidia en la Presidencia de la República la disciplina de cifras, de información permanente.

Todavía no lo entiendo, todavía el sábado pasado cuando teníamos la reunión con el sindicalismo alternativo en Popayán, hablando de sindicalismo de participación, todavía había bastantes dificultades para el acopio de información.

Yo creo que el país necesita una gran disciplina en todos los niveles, de cifras, y de cifras objetivas. A veces pienso que hay interés en sacar las malas cifras, y desinterés en producir todas las cifras.

Yo creo que el país necesita en esa materia más, más disciplina.

Para hacerle seguimiento interno a estas políticas públicas, evaluarlas periódicamente, creamos el Sigob, a cargo de la Consejería de la Presidencia, hoy desempeñada por la doctora Claudia Jiménez Jaramillo. Ella al principio del Gobierno dirigió toda la política de reformas en el Estado, hoy lo del Sigob.

En estos ocho años todas las agencias del Estado se han sometido a una permanente evaluación, a un seguimiento.

Nosotros vamos a dejar casi todas las entidades del nivel nacional con calificación de alta calidad. Y eso ha sido en buena parte esa presión del Sigob.

Si ustedes miran los indicadores de la Contraloría, en fenecimientos de cuentas y en mejoramiento de calificación, verán un gran progreso en las entidades del Estado, que yo creo Juan Mauricio (Ramírez, Director del Departamento Nacional de Planeación) que como eso lo ha conocido el país cada año una vez, y en esto si no se repite y no se repite no se crea una conciencia colectiva, yo creo que hay que informar qué ha pasado en entidades del Estado; primero, en certificaciones de calidad, segundo en fenecimientos contables, tercero en calificaciones positivas.

Allí hay una gran evaluación que ha hecho la Contraloría, y yo creo que hay algo bueno que mostrar, objetivamente, reconociendo en entidades que todavía tienen una calificación negativa, en entidades que todavía no tienen fenecimientos.

Pero las entidades con fenecimiento han pasado del treinta y pico por ciento al 80, a más del 80 (por ciento), no recuerdo. La evolución ha sido muy positiva en las entidades con buena calificación.

Yo creo que son tres indicadores: la evolución de los fenecimientos, la evolución de la calificación y las entidades del Estado con certificados de calidad.

El Sigob ha sido muy importante en eso, exigiendo permanentemente. Yo creo que hemos dedicado muchas horas de estos ocho años de Gobierno, a hacer control de gestión desde esa oficina de la Presidencia.

Estos son unos temas de control interno, de evaluación interna, de evaluación de opinión. A nosotros nos parece fundamental en el Estado de Derecho, en la democracia, que las evaluaciones no sean solamente internas, sino de opinión.

Cuando yo he hablado de Estado de Opinión no es para ponerlo en contradicción con el Estado de Derecho, sino para resaltar una característica fundamental del Estado de Derecho, que es la participación de opinión; y es fundamental para evaluar.

Evaluación de la ciudadanía

Les voy a dar dos ejemplos muy indicativos que le ilustran a uno que no basta con la evaluación interna, hay que estar permanentemente apelando a la evaluación de opinión. Ayuda mucho.

Alguna vez habíamos hecho la víspera una evaluación del programa Banca de Oportunidades, con el Ministro Jorge Humberto Botero, en el power point en la Presidencia. Buena, y hoy sería buena.

Banca de Oportunidades en este Gobierno ha prestado, ha entregado 7 millones 200 mil microcréditos. Cuando empezó el Gobierno la cartera del microcrédito estaba en 732 mil millones, hoy en más de 8 billones.

Algo ha ayudado Banca de Oportunidades a solventar esta crisis, algo ha ayudado Banca de Oportunidades a que no hubiéramos destruido empleo en la crisis, a que hubiéramos podido decir que a pesar de la crisis redujimos pobreza, contrariamente de lo que pasó en América Latina, donde en la crisis se aumentó la pobreza.

Entonces el Ministro Botero estaba muy contento por esa presentación de power point en la Presidencia.

Al otro día nos fuimos a la Cámara de Comercio de Bogotá a uno de los eventos de participación de opinión que hemos mantenido religiosamente en estos ocho años: los consejos de microempresarios, para saber qué va bien con ellos y que mal, y había mucha queja.

Entonces me dice el Ministro Botero: ‘¿Pero por qué hay tanta queja aquí, si ayer vimos un gran resultado de microcrédito?’

Le dije: Porque los que están en el power point, hoy se quedaron en la casa o en la empresa. Aquí vinieron los que no se les ha resuelto el problema. Por eso Ministro Botero, nosotros no nos podemos quedar en la evaluación interna, sino que tenemos que someter, sumar una permanente –la palabra permanente es muy importante- una permanente evaluación de opinión’.

Y ya les voy a explicar por qué permanente.

Le dije: ‘Ministro Botero, no basta con el power point, nosotros necesitamos el ‘power people’, es absolutamente necesario’.

¿Por qué permanente? Cuando uno hace evaluación de opinión con poca frecuencia, sin permanencia, esa evaluación también es muy apasionada.

Yo creo que el sometimiento de este Gobierno, durante todos estos años a un control de opinión permanente, yo creo que vamos a completar más de 300 consejos comunitarios, y casi el mismo número de consejos de seguridad con participación ciudadana, y los consejos de microempresarios y los consejos de empleo y las reuniones con alcaldes.

Eso permite que el Gobierno sea menos promesero, pero más comprometido.

El Gobierno no puede salirse con una promesa, porque a los dos días lo van a volver a evaluar y le van a decir: ‘¿Qué hubo de esta promesa?’.

Pero el Gobierno tampoco puede asumir esa actitud olímpica de decir: ‘no, no se puede’.

El Gobierno tiene convertirse en un Gobierno buscador de opciones, porque entonces a los dos días le van a decir: ‘Pero yo sigo con este problema y usted no hace ningún esfuerzo, señor Presidente, usted no hace ningún esfuerzo, señor Ministro’.

Entonces para el Gobierno es muy importante la permanencia de ese control de opinión, lo vuelve menos promesero, más comprometido. Y para la ciudadanía también.

Yo veo una evaluación en los diálogos con la comunidad de cuando empezó el Gobierno a hoy.

Cuando empezó el Gobierno yo sentía una comunidad en el país una comunidad más enrabiada. El diálogo hoy es más tranquilo.

Una comunidad que reclamaba de todo, más con un gran discurso de maximalismo en el reclamo, menos con un sentido de prioridad.

Hoy la comunidad yo la percibo más informada, con mejor sentido de las prioridades, focalizando mejor sus aspiraciones.

Y eso no se consigue sino con oportunidades permanentes.

Si yo hago un Consejo Comunitario en Santa Marta y no le hago seguimiento a eso y vuelvo a los dos años, encuentro la situación igual o peor. Si se le hace seguimiento permanente, eso ayuda mucho al Gobierno y ayuda mucho a la ciudadanía. La permanencia es fundamental.

Y otro ejemplo de por qué además del control interno se necesita esa evaluación de opinión han sido los consejos de seguridad.

El año pasado se hicieron los domingos, este año los volvimos a hacer los lunes porque hemos necesitado los domingos para unos consejos comunitarios de definir lo último que nos faltaba en los últimos 150 días y ahora vamos a entrar en la fase de rendición de cuentas ¿Qué pudimos lograr? ¿Dónde tenemos atraso? ¿Dónde incumplimos? ¿Dónde fallamos? Proceder con la menor subjetividad.

¿Qué pasó, qué ha pasado en los consejos de seguridad? Nosotros los dividimos en dos segmentos: en el primero oímos opinión, en el segundo el Ministro de la Defensa, el respectivo gobernador, el alcalde de la capital, los altos mandos y mi persona hacemos una evaluación de cómo va la política de seguridad allí.

Al principio la ciudadanía era muy temerosa, hoy ya denuncia todo. Yo creo que es una gran ganancia.

¿Y por qué he encontrado muy conveniente eso? Nosotros en el Gobierno y en las Fuerzas Armadas somos muy inclinados a presentar la seguridad mejor de lo que la ciudadanía la percibe.

Entonces, a uno le presentan unas estadísticas en una región y el Gobierno se pone feliz con ellas, pero llega la ciudadanía y dice: ‘Pero es que tenemos tal problema, y en tal sitio están extorsionando, y aquel batallón no ha reaccionado, y estamos desmotivados porque damos información y no encontramos reacción, o mandaron un Emcar (Escuadrón Móvil de Carabineros) de la Policía a tal parte, pero no tienen motos’.

Generalmente eso no se dice en la evaluación interna, y eso sí aparece cuando se le da posibilidad a la ciudadanía de evaluar.

Yo creo que ese ejemplo, que nunca se irá de mi mente de lo que ha sido la participación de la ciudadanía en los consejos de seguridad, y el contraste entre el power point en la Presidencia y lo que dice la ciudadanía en los consejos de microcrédito son ejemplos, para mí, fehacientemente demostrativos de que se requiere la evaluación, el seguimiento interno y dar todas las oportunidades para el seguimiento externo, el seguimiento de opinión.

Para ese seguimiento de opinión nosotros hemos tenido los consejos comunitarios, los consejos de seguridad, los consejos de empleo, los consejos de microcrédito, periódicas reuniones con alcaldes y gobernadores.

En esas reuniones siempre se ha definido una agenda, y a partir de esa reunión, de acuerdo con el acta, se le hace un seguimiento, y a la siguiente reunión se vuelve no un discurso sino a revisar cómo va la agenda, qué se puede superar y qué cosas nuevas hay que incorporar.

Y también para facilitar eso hay que dar herramientas.

Por ejemplo, nosotros hemos dado herramientas como estas:

En contratación, que la participación ciudadana se dé desde que se concibe el contrato. Por eso introdujimos la figura del prepliego y que se publique ampliamente antes de adoptar el pliego, y la ciudadanía participa criticando los prepliegos.

Y eso sí que ha sido útil, entre otras cosas para evitar esa costumbre corrupta, en muchas entidades, de confeccionar pliegos al tamaño del interés de algunos potenciales proponentes.

Ha sido muy útil lo de discutir los contratos en audiencias públicas, evaluación de opinión.

Y ha sido muy útil dos temas: uno que se llama contratistas visibles y otro que se llama auditores visibles.

En esos consejos comunitarios van los contratistas de obras públicas. Entonces antes el reclamo por las obras públicas era solamente al funcionario del Estado, pero los contratistas no daban la cara.

En esta oportunidad ha sido muy importante obligar a los contratistas a que le den la cara a la ciudadanía, a que no se laven las manos: ‘ah es que no me han pagado’, no a que digan por qué han incumplido o qué inconvenientes tienen. Ese control ha sido definitivo en obras públicas.

Y hemos creado también un sistema que se llama auditorias visibles, para que los auditores estén informando a la ciudadanía sobre el tema de regalías. Yo creo que eso ha ayudado, ha ayudado a ejercer control sobre las regalías en las regiones que las perciben.

Y hemos procurado que todos los beneficiarios de las políticas públicas estén publicados, que los colombianos puedan entrar por Internet y ver quiénes son los beneficiarios de Familias en Acción, quiénes son los beneficiarios del régimen subsidiado de salud; yo creo que de los 23 millones ya tenemos en esa base de datos alrededor de 20 millones.

Confeccionar la base de datos del total de beneficiarios del Régimen Subsidiado no ha sido fácil, pero ahí vamos avanzando bastante.

Entonces, que todos los beneficiarios de las políticas públicas aparezcan en estas publicaciones ¿Para qué? Para facilitar la evaluación interna y el control de opinión.

Entonces así puede decir un ciudadano de San Bernardo del Viento, en Córdoba: ‘Mire, esta familia es de estrato tres, ¿por qué está en Familias en Acción?’.

Creemos que eso es bien, bien importante. Dar todas las posibilidades para que haya seguimiento ciudadano.

En síntesis: la reforma del Estado, el entendimiento con todas las regiones, la gobernabilidad, el control interno y el control de opinión, todas las herramientas de control de opinión.

Es una especie de resumen de lo que nosotros hemos hecho para mejorar la evaluación en Colombia, que corresponde a los funcionarios, a los interventores independientes, a agencias multilaterales y fundamentalmente a la ciudadanía.

Ojala, pues, este esfuerzo de todos ustedes por mejorar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas conduzca a que nuestro país todos los días sea más eficiente.

A mí me queda una preocupación en la cual le quiero insistir a mis compatriotas: el país le ha exigido mucho a los que tienen problemas, pero no le ha exigido a los que ocultan problemas.

Las ciudades ricas ocultan problemas porque tienen dinero, y el país no les ha exigido que hagan las reformas, las evaluaciones y los controles que requieren. Yo creo que ahí tenemos una gran deficiencia.

Yo voy a procurar en estos dos largos meses que quedan de Gobierno reconocer dónde tenemos deficiencias, y en esa evaluación de las ciudades ricas yo creo que tenemos una deficiencia. Como tienen una alfombrita, que es el gran presupuesto, esa alfombrita les tapa las mataduras de la ineficiencia. Ahí se necesita una gran evaluación.