Los recursos para atender a la población desplazada en Santander ascienden a $57.646 millones, en Norte de Santander alcanzan los $35.708 millones, en Arauca $19.731 millones, en Guainía $2.847 y en Vichada los recursos ascienden a $2.558 millones este año.
Bogotá, 20 may (SP). Con inversiones programadas para el 2010 por 118 mil 490 millones de pesos, el Gobierno Nacional avanza en la prevención y atención integral de la población desplazada en los departamentos de Arauca, Guainía, Vichada, Santander y Norte de Santander, y en los cuales reside un gran porcentaje de la población indígena del país.
De acuerdo con la regionalización preliminar e indicativa del Presupuesto General de la Nación para este año, los recursos para atender a la población desplazada en Santander ascienden a 57 mil 646 millones de pesos, 12 mil 369 millones más que en 2009, y para Norte de Santander alcanzan los 35 mil 708 millones, 8 mil 443 millones más que en el año inmediatamente anterior.
Las inversiones para los departamentos de Arauca y Guainía en 2010 ascienden a 19 mil 731 millones y 2 mil 847 millones, respectivamente, con lo cual superan los 17 mil 461 millones destinados en 2009 para el primero y los 1.852 millones para el segundo.
Para Vichada los recursos pasaron de 3 mil 260 millones en 2009 a 2 mil 558 millones en 2010. Es importante aclarar que esa cifra puede cambiar durante la ejecución de la vigencia.
Por su parte, para la vigencia de 2010 los recursos totales del Sistema General de Participaciones (SGP) para estos departamentos se han distribuido a la fecha de la siguiente manera: Santander 871 mil 727 millones, Norte de Santander 646 mil 314 millones, Arauca 135 mil 518 millones, Vichada 73 mil 214 millones y Guainía 44 mil 432 millones.
Entre los mayores avances registrados en estos departamentos, se encuentra el número de hogares que recibieron atención humanitaria de emergencia, que entre 2008 y 2009 aumentaron 148 por ciento en Norte de Santander, 45 por ciento en Guainía y 77 por ciento en Santander.
De igual manera, otro avance importante es la ejecución del Programa de Protección Integral a los niños, niñas y adolescentes frente al desplazamiento forzado en Arauca y Santander, que se denomina ‘Mis derechos primero’, y la coordinación de los planes de retorno, principalmente en Norte de Santander y en Santander, dentro de la estrategia ‘Retornar es Vivir’, que lidera Acción Social.
Con base en el impulso presupuestal dado por la Nación para la atención de esta población, el Gobierno Nacional hizo un llamado a las entidades territoriales para realizar mayores esfuerzos con el propósito de sumar recursos y acciones que le permitan a la población desplazada el goce efectivo de sus derechos.
De igual manera, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteraron su compromiso de continuar dando prioridad a los recursos para atender las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto para la población desplazada en los trámites presupuestales y en el Plan Anual de Caja para 2010.
Estos planteamientos fueron hechos por las autoridades nacionales ante la Corte Constitucional durante la sexta sesión técnica sobre los avances en la prevención y atención integral de la población desplazada.
A la sesión técnica asistieron los ministros del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; Hacienda, Óscar Iván Zuluaga Escobar; Vivienda, Carlos Costa Posada; Agricultura, Andrés Fernández Acosta; el Director General del Departamento Nacional de Planeación, Esteban Piedrahita Uribe; el Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), Diego Molano Aponte y el viceministro de Salud y Bienestar, Carlos Ignacio Cuervo.
Igualmente participaron el delegado del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada (Cnaipd), Bernardo Moreno, los gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales citadas, el Ministerio Público, la Contraloría, los representantes de organizaciones de población desplazada, representantes de las comunidades indígenas y de la sociedad civil. |