A través de un comunicado, el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, explicó que la iniciativa tiene como fin permitir que la verdad se conozca, que los victimarios respondan por sus delitos y, sobre todo, que a las víctimas se les continúe restableciendo sus derechos y puedan obtener una reparación por estos delitos.

Bogotá, 21 may (SP). El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, reiteró este viernes el llamado al Congreso de la República para que sea aprobado el proyecto que busca prorrogar la Ley de Justicia y Paz, en beneficio de la reconciliación nacional, de los derechos a la verdad, justicia y reparación.

“Creemos que debe ser una prioridad para el próximo Congreso, una prioridad para todos los colombianos, especialmente para aquellas 281.661 víctimas que se han registrado y esperan la verdad sobre lo ocurrido. Es por ese motivo que hacemos un llamado para que en la próxima legislatura se le dé la importancia que se merece”, señaló el funcionario.

A través de un comunicado, indicó que la iniciativa tiene como fin permitir que la verdad se conozca, que los victimarios respondan por sus delitos y, sobre todo, que a las víctimas se les continúe restableciendo sus derechos y puedan obtener una reparación por estos delitos.

“Con la aprobación de dicho proyecto de ley, se podría ampliar la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para los delitos cometidos después del 25 de julio de 2005 por las personas desmovilizadas postuladas por el Gobierno Nacional”, indicó.

Igualmente, señaló que Colombia ha logrado dar pasos relevantes en términos de Justicia y Paz, y que es importante que no se retroceda en el camino ya recorrido.

“Hoy las víctimas son reconocidas y visibles, el país trabaja para repararlas, y, paralelamente, sigue la reintegración de los desmovilizados que abandonaron las armas para volver a la vida civil. Este es un proceso que para Colombia significa una verdadera reconciliación, y no puede detenerse; por el contrario, debe fortalecerse. Así la discusión de la prórroga de la Ley 975 de 2005 es un debate que debe estar desprovisto de cualquier interés político, no debe y tampoco puede perder vigencia en la próxima legislatura, bajo el entendido que la paz del país es un interés supremo”, dice el comunicado.

Recordó que, actualmente, más de 53 mil personas de la guerrilla y de los grupos de autodefensas ilegales se han desmovilizado, en gran medida gracias al marco jurídico que les otorga la Ley de Justicia y Paz.

Y agregó que con el desarrollo de este proceso se han logrado iniciar más de 1.900 versiones libres y más de 700 están en curso. Existen más de 40.000 hechos enunciados y 22.419 delitos confesados, en pro de reconstruir la verdad y la memoria de violencia en el país y de devolverles a las víctimas sus derechos.

Además, en el marco de la reparación administrativa, se han realizado 26 mil giros, por 200 mil millones de pesos, para repararlas.

“El proceso de justicia transicional colombiano, que se materializa con la Ley de Justicia y Paz, es un proceso sin precedentes, que ya casi en 5 años, en comparación con otros países con procesos similares, ha logrado importantes resultados”, sostiene el comunicado.

Recalcó que “el hecho de no debatir esta problemática iría en contra del derecho a la verdad de la sociedad en general y de las víctimas en particular. Los desmovilizados que no puedan acogerse a la Ley de Justicia y Paz muy difícilmente confesarán los delitos en los que han incurrido, pues no podrán optar a una pena alternativa”.