Esta labor ha contado con el respaldo del Banco Mundial, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Comisión Europea, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Florencia, Caquetá, 22 may (SP). Tres millones 582 mil hectáreas protegidas en todo el país, es uno de los grandes avances del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de Acción Social, en coordinación con entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), y el Ministerio Público.

Esta labor ha contado con el respaldo del Banco Mundial, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Comisión Europea, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Diego Molano Aponte, Director de Acción Social, al referirse al tema dijo: “El tema de tierras ha sido uno en los cuales tenemos mayores retos. Hasta el momento se han entregado 60 mil hectáreas y se han protegido los derechos de más de 3 millones 582 mil hectáreas pertenecientes a desplazados; se han creado nuevos subsidios integrales de tierras que permiten a los desplazados comprar finca y contar con financiamiento para proyectos productivos asociados”.

A través del acompañamiento tanto a las instituciones como a las comunidades, se ha fortalecido la labor del Proyecto generando confianza en el Estado y en las instituciones que por competencia atienden la labor de protección, formalización y restitución de tierras y territorios abandonados o en riesgo de abandono.

La población en riesgo de perder sus tierras a causa del desplazamiento o los que ya están en esa situación, ven la posibilidad de recuperarlas o resguardarlas con la solicitud de protección.

Pero el Proyecto no se quedó solo en la protección de la tierra, también desarrolló la ‘Ruta de Protección Étnica’, para atender el estado de especial vulnerabilidad que presentan estos grupos y la afectación que sobre sus territorios se ha producido. Adicional a esta labor avanzó en procesos de formalización de los derechos sobre la tenencia de la misma, apoyando la tramitología para convertir en propietarios a ocupantes o poseedores.

Ejemplo claro de este logro es la titulación de tierras baldías en Granada y Angelópolis, en Antioquia y Balboa en Cauca; en este último, Acción Social aportó los recursos para el pago de la boleta fiscal y el registro de la resolución de adjudicación ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Así mismo, el Proyecto contribuye al desarrollo de los procesos de reparación a las víctimas que han sido afectadas por el despojo y abandono de tierras y territorios, mediante la formulación de herramientas e instrumentos destinados a operativizar la restitución; la asesoría a las entidades competentes en el diseño, elaboración e implementación de planes, programas y políticas; y el acompañamiento a procesos comunitarios de reclamación de tierras despojadas o abandonadas.

En este sentido ha apoyado a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), en la elaboración del Programa de Restitución de Bienes y ha acompañado al Comité Técnico Especializado, tanto nacional como regional.

En materia de información, el Proyecto desarrolló el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta).

Una de las herramientas claves que emplea el Proyecto para asesorar a las instituciones y orientar a las comunidades son la capacitación, asesoría y el acompañamiento permanente. Para tal fin, ha organizado encuentros en los que han participado cerca de 134 mil personas pertenecientes tanto a instituciones como a comunidades.

Esta es una manera más de atender a la población vulnerable como garante del cumplimiento de sus derechos y como propuesta para mejorar la calidad de sus vidas.