Mayo 28

   

Gobierno propone aumentar penas para autores de homicidios contra defensores de DD.HH.

El Ministerio del Interior y de Justicia señaló, a través de un comunicado, que el Gobierno Nacional es conciente de las situaciones de riesgo que afrontan los defensores de derechos humanos, por eso cree necesario incluir en la normatividad penal aquellas conductas que atentan contra las personas que con su trabajo coadyuvan con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección de los derechos fundamentales.

Bogotá, 28 may (SP). Los Ministros del Interior y de Justicia, y de Relaciones Exteriores, Fabio Valencia Cossio y Jaime Bermúdez, radicaron este viernes ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca aumentar las penas en los delitos de homicidio, secuestro y amenazas, cuando se cometan contra defensores de derechos humanos.

El proyecto que busca modificar el Código Penal, pretende que las penas puedan llegar hasta 56 años de cárcel, según lo expresó la cartera del Interior y de Justicia en un comunicado de prensa.

En el mismo documento el Gobierno reitera que es conciente de las situaciones de riesgo que afrontan los defensores de derechos humanos, por lo que considera necesario incluir en la normatividad penal aquellas conductas que atentan contra las personas que con su invaluable trabajo coadyuvan con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección de los derechos fundamentales.

“El Gobierno viene haciendo un esfuerzo sin precedentes en la protección de la vida y la integridad de los defensores de derechos humanos, con el propósito de resguardar el invaluable trabajo que realizan en defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales”, dice el comunicado.

Asimismo, el Ministerio del Interior y de Justicia anuncia que el próximo 10 de junio la Mesa Nacional de Garantías para defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales, sesionará por cuarta vez, con el propósito de acordar estrategias y acciones que fortalezcan las garantías para el ejercicio de las labores que estas organizaciones adelantan en el país.

A este encuentro han sido invitados representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como de las embajadas de España y Suecia, entre otros.
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