Manteniendo la fe en Colombia

Por Barry R. McCaffrey
The Washington Post
Martes, 20 de noviembre de 2007

El proyecto Tratado de Libre Comercio con Colombia se ha estancado en el Congreso. El éxito y la estabilidad de Colombia y la región Panamericana de la  dependerán de nuestra capacidad de reconocer la importancia de este acuerdo para los Estados Unidos, para la economía de Colombia, para los progresos en materia de derechos humanos y para realzar la seguridad de EE.UU.

Este otoño pasé varios días en Colombia, reuniéndome con el Presidente Álvaro Uribe y otros funcionarios de alto rango del Gobierno y militares. Visité los campos de refugiados, zonas de desarrollo económico y de operaciones contra las drogas. La Colombia que recientemente visité es radicalmente diferente a la que visité siete años atrás, cuando me desempeñé como Zar Antidrogas de los EE.UU.

La transformación de Colombia de un débil Estado en el 2000 a una progresiva democracia hoy en día, es una política exterior de EE.UU. que ha triunfado. En menos de una década, los dirigentes nacionales de Colombia han conseguido importantes logros en materia de reducción de la violencia y del número de grupos ilegales, así como un mejoramiento en el país de los derechos humanos. La tasa de asesinatos es la más baja en 20 años, y los secuestros han disminuido en un 80 por ciento. Entre los grupos armados ilegales que han plagado a Colombia, 45.000 combatientes se han desmovilizado. Los tres principales grupos narcotraficantes y guerrilleros (AUC, FARC, ELN) han perdido casi la totalidad de su credibilidad política y han sufrido más de 13.000 deserciones. Adicionalmente, la economía ha crecido vigorosamente, el desempleo ha disminuido significativamente y la inversión extranjera ha aumentado de manera espectacular. Colombia en materia de derechos humanos también sigue mejorando. El nivel de violencia contra los miembros sindicalistas y el número de homicidios por motivos políticos siguen siendo inaceptables, pero las tasas de este tipo de incidentes se ha reducido considerablemente.

La producción ilícita de cocaína y  heroína sigue siendo un gran desafío para Colombia. Sin embargo, más de 525 narcotraficantes han sido extraditados durante la administración de Uribe --, de lejos el mayor número de extradiciones hechas en todos los tiempos hacia EE.UU. La eficacia de la campaña contra la droga es clara: 66 por ciento de la producción de opio en Colombia ha sido eliminada.

Álvaro Uribe es un líder extremadamente popular. Este abogado educado en Harvard y Oxford ha realizado milagros políticos, consiguiendo negociar de manera exitosa con los grupos criminales. Los actos terroristas han disminuido 63 por ciento durante su mandato. Todas las principales carreteras de Colombia están abiertas para los viajes de los civiles por primera vez en la historia moderna del país. Uribe también ha dejado su huella en el sistema legal. Él ha movido la jurisdicción de los abusos de los derechos humanos de los tribunales militares a las cortes civiles y designó al primer civil (y  mujer) para dirigir el sistema de justicia militar.

Colombia ha hecho grandes avances en los últimos años, pero, como cualquier entidad sometida a enormes cambios, las raíces de la política y el progreso económico son todavía superficiales. Importantes perturbaciones podrían comprometer el futuro del país.

Aprobar el acuerdo de libre comercio permitiría a Colombia  continuar en su rumbo positivo.

Consideremos tres razones por las que este acuerdo es necesario: En primer lugar, Colombia es un Estado independiente, de mercado libre, democrático y de larga data aliado de los Estados Unidos. El valor de una relación con este país estratégicamente ubicado no puede subestimarse. La ayuda a Colombia ha sido el apoyo de una mayoría bipartidista en el Congreso durante el gobierno de Bush y en las administraciones pasadas. Abandonar Colombia ahora, pondría en peligro su seguridad y podría ser un catalizador para la regresión los derechos humanos.

En segundo lugar, el hecho de no aprobar el acuerdo, podría hacer ver a Hugo Chávez y el régimen Venezolano como el mejor modelo alternativo para América Latina. Esa elección debilitaría la democracia floreciente colombiana.

En tercer lugar, los términos del acuerdo podrían ayudar aún más a reducir el desempleo en un 2 por ciento – eliminando  posibles amenazas planteadas por el aumento de los combatientes desmovilizados. El hambre es un enemigo que ha producido miles de los cultivadores de drogas ilegales, pero el acuerdo ayudaría a asegurar que tengan un empleo legal y productivo.

Estamos enfrentando una oportunidad sin precedentes para reforzar el triunfo de una política exterior de EE.UU.,  que envuelve un valioso aliado. Colombia ya posee acceso libre de impuestos a los mercados de EE.UU., gracias a la aprobación del Congreso de la Ley de Preferencias Andinas Arancelarias. Los beneficios de la propuesta de acuerdo de libre comercio se encuentran en su propuesta de apertura económica, el estado de derecho y la transparencia -- elementos que son fundamentales para garantizar el crecimiento de Colombia a largo plazo, la estabilidad y la seguridad del país.

Uribe ha trabajado con eficacia y corriendo un gran riesgo personal para combatir la violencia y la pobreza al tiempo que promueve el desarrollo económico. Ha mejorado la vida de sus conciudadanos y la seguridad de nuestro hemisferio. Tenemos una obligación moral y estratégica para respaldar bajo su exitoso liderazgo de una nación en guerra -- una nación que está sólo a tres horas de vuelo de Miami.

Las negociaciones están hechas, y este histórico acuerdo ha sido aprobado por la legislación Colombiana. El apoyo a Colombia y el acuerdo comercial es una inteligente política exterior. El Congreso tiene la responsabilidad de actuar ahora.

Keeping Faith With Colombia
By Barry R. McCaffrey
Tuesday, November 20, 2007; Page A17

The proposed free-trade agreement with Colombia has stalled in Congress. The success and stability of Colombia and the Pan-American region depend on our ability to recognize the importance of this agreement to the United States, to Colombia's economy, to human rights progress and to enhanced U.S. national security.

This fall I spent several days in Colombia, meeting with President ¿lvaro Uribe and other high-ranking officials in the government and military. I visited refugee camps, economic development zones and counter-drug operations. The Colombia I recently visited is drastically different from the place I visited seven years ago when I served as the U.S. national drug czar.

Colombia's transformation from a failing state in 2000 to a progressive democracy today is a U.S. foreign policy triumph. In less than a decade, Colombia's national leaders have made significant achievements reducing violence and the number of illegal groups, as well as improving the country's human rights situation. The murder rate is at its lowest in 20 years, and kidnappings have decreased by 80 percent. Among the illegal armed groups that have plagued Colombia, 45,000 fighters have been demobilized. The three principal narco-guerrilla groups (AUC, Farc, ELN) have lost nearly all of their political credibility and have suffered more than 13,000 desertions. In addition, the economy has grown robustly, unemployment has declined significantly, and foreign investment has increased dramatically. Colombia's human rights record also continues to improve. The level of violence against union members and the number of politically motivated homicides are still unacceptable, but the rates of such incidents are down significantly.

The illegal production of cocaine and heroin remains a major challenge for Colombia. However, more than 525 drug traffickers have been extradited during the Uribe administration -- by far the most extraditions ever from any country to the United States. The effectiveness of the counter-drug campaign is clear: 66 percent of Colombia's opium production has been eliminated.

Álvaro Uribe is an extremely popular leader. This Harvard- and Oxford-educated lawyer has accomplished near political miracles in successfully negotiating with criminal groups. Acts of terrorism have decreased 63 percent during his tenure. All of Colombia's major roads are open for civilian travel for the first time in the country's modern history. Uribe has also left his mark on the legal system. He has moved jurisdiction for human rights abuses from military to civil courts and appointed the first civilian (and woman) to head the military justice system
Colombia has made great strides in recent years, but, as with any entity undergoing tremendous change, the roots of political and economic progress are still shallow. Significant disruption could compromise the country's future.

Approving the free-trade agreement would enable Colombia to continue on its positive course.

Consider three reasons this agreement is necessary: First, Colombia is an independent, free-market, democratic and long-standing ally of the United States. The value of a relationship with such a strategically located country cannot be underestimated. Aid to Colombia has been supported by a bipartisan congressional majority in the Bush administration and in administrations past. Abandoning Colombia now would jeopardize its security and be a catalyst for human rights regression.

Second, failure to pass the agreement would cast Hugo Ch¿vez and the Venezuelan regime as the best alternative model for Latin America. Such a choice would weaken Colombia's thriving democracy.

Third, the terms of the agreement would further decrease unemployment by 2 percent -- eliminating potential threats posed by additional fighters who are demobilized. Hunger is an enemy that has produced thousands of illegal drug cultivators, but the agreement would help ensure that they have legal, productive employment.

We are facing an unprecedented opportunity to reinforce a U.S. foreign policy triumph that involves a valued ally. Colombia already possesses duty-free access to U.S. markets, thanks to congressional approval of the Andean Trade Preference Act. The benefits of the proposed free-trade agreement lie in its mandate for economic openness, the rule of law and transparency -- elements that are critical to Colombia's long-term growth, stability and security.

Uribe has worked effectively and at great personal peril to combat violence and poverty while promoting economic development. He has improved the lives of his fellow citizens and the security of our hemisphere. We have a strategic and moral obligation to stand behind his successful leadership of a nation at war -- a nation that is only three flying hours from Miami.

The negotiations are done, and this historic agreement has been passed by the Colombian legislature. Support for Colombia and the trade agreement is smart foreign policy. Congress has a responsibility to act now.